La Operación Sarbakaf es una ofensiva antiterrorista liderada por el Ejército de Pakistán, iniciada el 29 de julio de 2025 en Bajaur, Jaiber Pastunjuá. Las fuerzas de seguridad iniciaron la operación en Mamund alrededor de las 9:00 a. m., con el apoyo de helicópteros artillados y artillería, y simultáneamente impusieron un toque de queda de tres días en 16 aldeas. Las autoridades federales y provinciales afirmaron que su objetivo era la eliminación de los escondites de insurgentes y el restablecimiento de la seguridad en la conflictiva región fronteriza, donde se había reportado un resurgimiento de la actividad del Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP).

Las autoridades impusieron un toque de queda del 11 al 14 de agosto en 27 zonas de Mamund. Como previsión a los desplazamientos masivos, se instalaron tiendas de campaña y colchones en el Bajaur Sports Complex para alojar a los desplazados.

Antecedentes En la primera semana de julio, la explosión de una bomba en Bajaur mató al subcomisario Faisal Ismail, a un funcionario y a dos policías. Más tarde, el 10 de julio de 2025, Maulana Khan Zeb, líder local del Partido Nacional Awami, fue asesinado mientras se preparaba para una manifestación por la paz.

Bajaur se encuentra en la frontera con Afganistán y Mamond comparte frontera directa con Kunar. Mamond es el tehsil más grande de Bajaur y abarca una superficie de aproximadamente 250 km². También limita con los tehsils de Salarzai, Khar Bajaur y Navagai, y con dos distritos afganos: Shagai y Marwana.

Operación El 29 de julio de 2025, el gobierno federal, por recomendación del comité de coordinación de inteligencia regional, impuso un toque de queda por tres días en 16 aldeas de Mamund, incluidas Badi Siah, Tarkho, Irab, Gat, Agra y Khurchai, en virtud del Artículo 144 del Código de Procedimiento Penal.

El 30 de julio de 2025, a primera hora, las fuerzas de seguridad, apoyadas por helicópteros de combate y artillería, lanzaron la Operación Sarbakaf.

Inicialmente, la operación se suspendió temporalmente en respuesta a la ola de protestas generalizadas, lo que permitió que continuaran las conversaciones de paz entre las jirgas y los insurgentes. Sin embargo, las negociaciones fallaron, lo que llevó a las fuerzas de seguridad a reanudar la operación, lo que provocó más desplazamientos.

Los insurgentes debían abandonar Bajaur o enfrentarse a una operación militar a gran escala. Como alternativa, se pidió a las tribus que abandonaran la zona temporalmente para permitir la acción militar. El gobierno rechazó las negociaciones a menos que fueran sometidas bajo las condiciones del Estado.

Entre el 10 y el 13 de septiembre se produjeron enfrentamientos contra los terroristas en diferentes zonas de la región, incluida una operación en Bajaur que dejó 22 muertos.

Bajas civiles El 13 de agosto de 2025, un ataque de mortero en Mamund mató a dos niños y a su madre, y otros dos resultaron heridos por los proyectiles. Cientos de residentes protestaron negándose a enterrar a los muertos hasta que se iniciase una investigación formal.

Violaciones de los derechos humanos En junio de 2025, Amnistía Internacional expresó su preocupación por el creciente número de ataques con drones en Jaiber Pastunjuá, afirmando que las autoridades pakistaníes no habían protegido a la población civil en medio de la escalada de violencia. Isabelle Lassee, directora regional adjunta para Asia Meridional, señaló que los ataques, que se habían intensificado desde marzo, demostraban poco interés por los no combatientes, y citó el incidente reciente en el que murió un niño.

Reacciones

Gobierno y ejército El Gobierno de Jaiber Pastunjuá se opuso públicamente al inicio de la operación sin su consentimiento. El ministro Ali Amin Gandapur declaró que ninguna acción militar debió llevarse a cabo sin «confiar en el gobierno provincial». Gandapur enfatizó la unidad entre las instituciones estatales y la población, advirtiendo que los militantes intentan sembrar la desconfianza ocultándose entre la población civil. Anunció una serie de reuniones con los jirgas, a partir del 2 de agosto, para abordar las quejas locales.

Además, el gobierno estatal impidió los toques de queda unilaterales, transfiriendo las competencias del Artículo 144 de los comisionados de distrito al Ministerio del Interior, y ordenó que no se impusiera ningún toque de queda sin aprobación previa. Gandapur también se reunió con los líderes del partido y de las fuerzas de seguridad y anunció una ayuda financiera: 10 millones de rupias en compensación para cada familia de las personas fallecidas (civiles o fuerzas de seguridad) y 2.5 millones de rupias para cada herido.

El sucesor de Gandapur, el ministro Sohail Afridi, culpó a las «políticas erróneas» del gobierno federal por el nuevo auge de la violencia y lo acusó de retener fondos para la guerra contra el terrorismo. También se opuso a las operaciones militares en la región.

A nivel federal, al igual que en otras operaciones, la información pública fue mínima. El Ejército no emitió declaraciones detalladas sobre el progreso de Sarbakaf. Un informe señaló que «el ejército pakistaní no respondió a una solicitud de comentarios» sobre los acontecimientos.

Local y político La operación provocó protestas locales de forma casi inmediata inmediata. Los días 30 y 31 de julio, cientos de residentes de Bajaur (jóvenes, ancianos y activistas políticos) se congregaron en Umary Chowk y otros puntos, exhibiendo brazaletes negros o copias del Corán, para exigir el fin de la operación. Criticaron la falta de notificación previa y el toque de queda, afirmando que causaba graves dificultades al cortar mercados y rutas de suministro.

Los políticos regionales expresaron su indignación. Varios legisladores y líderes tribales de Bajaur, entre ellos los diputados Hamid Ur Rehman, Gul Zafar Khan, Anwar Zeb Khan, Aimal Wali Khan y Mushtaq Ahmed Khan, condenaron públicamente la ofensiva y el toque de queda. Argumentaron que, según la Constitución de Pakistán (Artículo 245), se requiere la aprobación del gobierno provincial para tales operaciones. Algunos amenazaron con protestas a gran escala: como lo expresó el Dr. Rehman, si no se detenía la ofensiva, «llevaría a todo el pueblo de Mamund a las calles» para manifestarse.

Jamiat Ulema-e-Islam (F) (JUI-F) también criticó la operación como una respuesta de «fuerza equivocada», advirtiendo que tales medidas históricamente no han logrado resolver las insurgencias.

Estos líderes también amplificaron los informes de daños a civiles. El Comité de Acción por la Paz de Bajaur, una coalición de partidos y activistas locales, celebró una reunión de emergencia el 30 de julio y exigió el fin inmediato de Sarbakaf. Sus participantes reiteraron que las autoridades habían asegurado a los aldeanos que no atacarían a civiles, y alegaron que esas garantías se habían roto debido a las bajas civiles reportadas.

Impacto humanitario Para el 12 de agosto de 2025, aproximadamente 100 000 personas habían sido desplazadas por la operación. El Gobierno de Jaiber Pastunjuá autorizó una compensación de 50 000 rupias por cada familia desplazada, mientras que ONG como la Fundación Al-Khidmat distribuyeron ayuda alimentaria a los afectados.

Referencias

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