Las relaciones Naciones Unidas-Venezuela se refiere a las relaciones diplomáticas entre la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y Venezuela. Venezuela es uno de los 51 miembros fundadores de las Naciones Unidas en 1945.
Como parte del grupo regional de la ONU de América Latina y el Caribe, Venezuela ha formado parte de los miembros no permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU por cinco periodos y total de 10 años (1962-1963, 1977-1978, 1986-1987, 1992-1993 y 2015-2016), y como miembro del Consejo de Derechos Humanos por tres periodos y un total de 9 años (2013-2015, 2016-2018, y 2019-2022). Venezuela también intentó promover su candidatura como miembro no permanente del Consejo de Seguridad en 2006, pero sin éxito.
Comenzando desde las protestas en Venezuela de 2017, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) documentó y denunció las crecientes violaciones a los derechos humanos en el país. En 2019 Michelle Bachelet fue la primera Alta Comisionada en visitar Venezuela y el mismo año se estableció una oficina técnica de ACNUDH para monitorear la situación humanitaria en el país.
La gestión de Nicolás Maduro expulsó al personal de la oficina técnica en febrero de 2024 después de que la Oficina del Alto Comisionado expresara su preocupación ante la detención de la activista Rocío San Miguel y pidiese su liberación. En diciembre del mismo año el gobierno venezolano le aseguró al fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, que la oficina había sido reactivada en noviembre.
Venezuela ha perdido el derecho al voto en la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2018, 2020, 2022 y 2023 debido a impagos de la deuda con la organización y acorde al artículo 19 de la Carta de las Naciones Unidas. Para 2023 acumulaba una deuda de 76 millones de dólares.
miniaturadeimagen|Carta del canciller Esteban Gil Borges confirmando el retiro de Venezuela de la Sociedad de las Naciones
Antecedentes Venezuela se adhirió a la Sociedad de las Naciones, la precursora de las Naciones Unidas, como país fundador incluido en el anexo I del Tratado de Versalles (1920) como país neutral durante la Primera Guerra Mundial. Venezuela se retiró de la organización el 11 de julio de 1938.
Historia
Venezuela es uno de los 51 miembros fundadores de las Naciones Unidas y fue admitido en la organización en 1945.
El 12 de noviembre de 1962, el canciller venezolano Marcos Falcón Briceño dio una exposición en la Comisión de Política Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas para denunciar el Laudo Arbitral de París de 1899, cuyo dictamente fue favorable a Reino Unido al adjudicarle el territorio conocido como la Guayana Esequiba de 159 500 km² al oeste del río Esequibo, sosteniendo componenda y vicios de nulidad justificativos de un despojo y citando el memorándum de Mallet-Prevost como evidencia. En su exposición recalca que Venezuela considera nulo e írrito (inexistente) el Laudo Arbitral debido a lo que se conoce en derecho internacional como "actos contrarios a la buena fe acaecidos" por parte del gobierno británico y de los integrantes del tribunal. Dichas denuncias conllevaron al Acuerdo de Ginebra de 1966, cuyo depositario es la Secretaría General de las Naciones Unidas, entre Venezuela y Guyana.Marcos Falcón Briceño, Venezuela ante la ONU
miniaturadeimagen|Diego Arria, presidente del Consejo de Seguridad de la ONU en marzo de 1992 que implementó la Fórmula Arria en sus sesiones. Venezuela estuvo entre los países que contribuyeron personal militar para la Misión de Observación de las Naciones Unidas entre India y Pakistán (UNIPOM), la cual operó entre septiembre de 1965 y marzo de 1966.
En 1991, el abogado y diplomático venezolano Andrés Aguilar Mawdsley fue elegido juez ante la Corte Internacional de Justicia, cargo que desempeñó hasta su fallecimiento en 1995. Su sucesor fue el juez también venezolano Gonzalo Parra-Aranguren.
Venezuela presidió el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en marzo de 1992, donde el embajador Diego Arria implementó la epónima Fórmula Arria. Arria formó parte de una misión del Consejo de Seguridad que viajó a Yugoslavia el 25 de abril de 1993 por motivo de la masacre de Srebrenica y figuró en el anexo II del informe sobre la caída de Srebrenica como persona entrevistada durante su preparación. Diego Arria luego se convertiría en asesor del secretario general de las Naciones Unidas Kofi Annan.
En 1997 la exministra venezolana Mercedes Pulido sirvió como presidente del Consejo Ejecutivo de Unicef a nivel internacional.Officers of the UNICEF Executive Board 1946–2014, Unicef.Executive Board , Unicef.
Durante su informe periódico de 1999 ante Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas, el Comité consideró como positiva la entrada en vigor de un nuevo Código Orgánico Procesal Penal que se anticipaba que mejoraría las deficiencias del Código de Enjuiciamiento Criminal previo, al igual que la de la ley para la represión de la violencia contra la mujer y la familia y la aprobación de la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente. Sin embargo, consideró que existía una brecha considerable entre la legislación y tanto su aplicación como la realidad, y expresó su preocupación ante los elevados casos de tortura y de tratos crueles desde la entrada en vigor de la Convención contra la Tortura en 1987, la existencia de disposiciones legales que eximían de responsabilidad penal a funcionarios que obedezcan órdenes de superiores, y el hacinamiento en las cárceles. El Comité le recomendó al gobierno venezolano derogar dichas disposiciones legales, la aprobación de una ley para la prevención y la sanción de la tortura, y reconocer la jerarquía constitucional a los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado.
Informe periódico ante el Comité contra la Tortura de 2002 En las observaciones del informe periódico de Venezuela de 2002 ante el Comité ante la Tortura, el Comité consideró como positiva la entrada en vigor de la constitución de 1999, al igual que la de la obligación constitucional de indemnizar a las víctimas de violaciones de los derechos humanos y la introducción de garantías fundamentales, incluyendo que las personas detenidas deban ser presentadas ante un juez antes de 48 horas y que no pueden ser sujeto a maltratos ni de incomunicación desde el momento del arresto. Sin embargo, concluyó que en Venezuela persistía la tortura a pesar de las disposiciones, y expresó su preocupación ante las denuncias de torturas y abuso de autoridad que demostraban la ineficacia de las disposiciones, al igual que la ausencia de investigaciones prontas e imparciales ante dichas denuncias. El Comité le recomendó al gobierno venezolano adoptar medidas para institucionalizar el derecho de las víctimas de tortura a una indemnización adecuada y el establecimiento de programas dirigidos a sus rehabilitaciones , entre otras recomendaciones y aquellas realizadas anteriormente.
Informe periódico ante el Comité contra la Tortura de 2014 miniaturadeimagen|400x400px|Estudiantes apostados en carpas huelga de hambre, a las afueras de la sede de las Naciones Unidas en Caracas, esperando un pronunciamiento de la ONU en contra del gobierno del presidente Maduro, abril de 2014. En noviembre de 2014, Venezuela compareció ante el Comité contra la Tortura por primera vez en 12 años por casos ocurridos entre 2002 y 2014. Su delegación estuvo encabezada por el viceministro de interior y seguridad ciudadana José Vicente Rangel Ávalos. Los expertos de la ONU se mostraron insatisfechos con las respuestas de Venezuela, concluyendo que no respondió con precisión a las preguntas formuladas por el Comité. La experta Felice Gaer señaló que «sólo 12 funcionarios públicos han sido condenados por violaciones a los derechos humanos en la última década cuando en el mismo período ha habido más de 5.000 denuncias». En el caso de la jueza María Lourdes Afiuni detenida en 2009, la directora de derechos fundamentales del Ministerio Público, María Mercedes Berthé, expresó que: «El Ministerio Público no recibió denuncias sobre la presunta violación sexual narrada en un libro. Sugerimos al comité despreocuparse por eso», a lo que la experta Essadia Belmir respondió: «Es algo muy importante y muy grave, porque trasciende la persona, afecta al concepto del sistema judicial y al Estado de Derecho. Si esto hubiese ocurrido en otro país, hubiese provocado terremotos; no un solo terremoto, muchos terremotos». Otro experto cuestionó la independencia de la Comisión Nacional de Prevención de la Tortura dado que 6 de sus 13 miembros, casi la mitad, eran representantes del gobierno y preguntó sobre la independencia de los médicos y forenses que examinaban a las víctimas. Los expertos también cuestionaron la independencia judicial debido a la permanencia se jueces temporales que podían ser removidos discrecionalmente.
En sus observaciones, el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas expresó su «alarma» por las denuncias de abusos cometidos por las autoridades venezolanas durante las protestas en Venezuela de 2014 que incluían «palizas, quemaduras y descargas eléctricas con el fin de obtener confesiones». El Comité le pidió al Gobierno venezolano que llevara a cabo investigaciones más exhaustivas, ya que de las 185 investigaciones por abusos durante las protestas sólo se habían presentado cargos en 5 casos. El Comité también pidió la liberación de liberación del líder opositor Leopoldo López y del exalcalde Daniel Ceballos. El 11 de marzo de 2015, el relator especial sobre la tortura Juan E. Méndez declaró ante el Consejo de Derechos Humanos que el gobierno venezolano no había respondido a múltiples solicitudes de información. Méndez declaró: «En este caso Venezuela no ha respondido, por lo que he redactado mis conclusiones basadas en la falta de respuesta, pero también obviamente en lo que sé de los casos. Y llegué a la conclusión de que el gobierno ha violado los derechos de los reos», y que gobierno de Maduro no cumplió «con la obligación de investigar, juzgar y sancionar todos los actos de tortura y los tratos crueles, inhumanos o degradantes».
Durante el 167 período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, durante la audiencia de con el motivo de alimentación y salud en Venezuela, el representante del Estado presentó una entrevista en Telesur al relator especial Alfred de Zayas en la cual aseguraba que no había una crisis humanitaria en el país y que para resolver los problemas económicos debía finalizar la «guerra económica» y se debían suspender las "acciones unilaterales". Como respuesta Susana Raffalli, asesora de la Organización Caritas de Venezuela, mostró su preocupación y declaró que durante su visita al país de Zayas se limitó a tomarle fotos al mostrador de embutidos del automercado al frente de su hotel.
Informes y visitas de ACNUDH a Venezuela miniaturadeimagen|250x250px|El Alto Comisionado para los Derechos Humanos, Zeid Ra'ad Al Hussein, y familiares de las personas asesinadas durante las protestas conversan sobre la crisis en Venezuela.