miniaturadeimagen|221x221px|Alberto Otárola ante el congreso como ministro de defensa. Durante el gobierno de Boluarte, estuvo involucrado en un escándalo relacionado con su ex pareja Yaziré Pinedo.Durante el gobierno de Dina Boluarte acaecieron diversos escándalos que involucraron a personajes del círculo cercano de la entonces mandataria peruana. Para las investigaciones que la involucran directamente véase su respectivo artículo.
Escándalo Yaziré Pinedo El programa Panorama reveló que cuando Alberto Otárola se desempeñaba como ministro de defensa benefició a Yaziré Pinedo Vásquez, quien afirmó ser su amiga, con contratos en su sector con valor de 53 mil soles. También se reveló que Rosa Rivera, otra amiga de Otárola, acudió al despacho de Otárola cuando éste era premier recibiendo, una semana después, dos contratos con el Estado con un valor de 54 mil soles. También obteniendo contratos con el Estado por 40 mil soles; Gianella Raida Solorzano Pariasca, que tras una reunión, reportada por Infobae, consiguió una orden de servicio por el valor de 28 mil soles con el MINSA; Amelia Altamirano Aguirre, que consiguió una orden de servicio por 36 mil soles; y las abogadas Sandra Inés Ramírez Méndez, Nathaly Torres López y Grace Fernández Ortega. Otros señalado como beneficiado con las órdenes de servicio fue el periodista Elmer Olortegui Ramírez.
El 3 de marzo de 2024 Panorama difundió un audio de Alberto Otárola solicitando documentos a Yaziré Pinedo para ser contratada. Esto originó un escándalo en Palacio de Gobierno que derivó en una orden de la presidenta Dina Boluarte para que Otárola regrese al Perú desde Canadá, país al cual acudió en visita oficial. Según se rumoreó, la salida de Otárola del cargo de premier era inminente.
El 4 de marzo, en una entrevista para Canal N, Pinedo confirmó que tuvo una relación efímera con Otárola en el 2021 y afirmó que la conversación difundida por Panorama databa de enero de aquel mismo año, cuando Otárola no era funcionario público, además de reconocer que tuvo una reunión con Otárola en su despacho en diciembre del 2022 y que seguía teniendo una relación de amistad con él. Según Pinedo, obtuvo dichos contratos «por una recomendación del señor [Jorge] Chávez [Cresta]» gracias a «la influencia del señor César Roberto Figueredo Muñoz... mano derecha de [Martín] Vizcarra». Pinedo declaró que la difusión del audio, que señaló era un video de 15 minutos, era un presunto complot de Vizcarra y el hermano de Boluarte, Nicanor. En el programa Beto a Saber, Pinedo declaró que «todo está orquestado... para sacar al señor Alberto Otárola del puesto» y que Figueredo le llamó por Signal diciéndole que «Nicanor ha estado ofreciendo 200 mil dólares por sacar lo que yo, en su momento, tenía. Si el señor Alberto Otárola salía del premierato, el señor Nicanor Boluarte podía meter a su gente. Se ha armado un complot». Además, declaró que tuvo una relación con Figueredo, mostró conversaciones por WhatsApp en donde Figueredo le decía sobre vender el video con Otárola y acusó a Figueredo de grabar el audio del video cuando ella acudió hacia él como su abogado. Ante dichas afirmaciones, tanto Chávez, Vizcarra y Figueredo negaron tales declaraciones. Ante las acusaciones de Pinedo de una edición del audio, Marco Vásquez, director periodístico de Panorama, declaró que «el audio no está editado, ya pasó por un especialista», además de mencionar que el audio era de cuando Otárola ejercía funciones ministeriales. Debido al escándalo, Otárola acabaría renunciando al puesto. Pinedo también involucraría en la supuesta trama contra Otárola a Morgan Quero junto a Vizcarra y Nicanor Boluarte.
Meses después, en noviembre de ese año, Pinedo hizo públicas varias grabaciones de su relación sentimental con Otárola. En una entrevista para Panorama, aseguró que personas cercanas al gobierno la habían coaccionado para ocultar esta relación y que, en varias ocasiones, había recibido presiones directas para «limpiar» la imagen pública del político. También denunció que Otárola había pagado a congresistas para que no prospere una denuncia constitucional contra Boluarte cuando era ministra y agresiones tanto físicas como sexuales por parte de Otárola cuando era ministro de defensa. Otárola, por su parte, rechazó tales declaraciones acusando a Zamir Villaverde, investigado en escándalos durante el gobierno de Pedro Castillo, de estar detrás de dicha denuncia para perjudicarlo y a Pinedo de extorsionarlo mientras Pinedo acusó a Boluarte, a la fiscal Marita Barreto (coordinadora del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder (EFICCOP)) y al coronel Harvey Colchado de actuar en red para encubrir acciones del gobierno y señaló a Karelim López, también involucrada en casos durante el gobierno castillista, de armar una trama para presuntamente limpiar a Otárola a la par de denunciar amenazas provenientes de supuestos miembros del Tren de Aragua. Pinedo declararía que fue obligada a declarar contra Nicanor Boluarte, Vizcarra y Quero por parte de Karelim López, quien actuó, según señaló, por órdenes de Otárola. Además se informó que iba a dejar de ser aspirante a colaborador eficaz y que tenía como abogada a Medaly Barriento, del estudio de Villaverde. Por su parte, el congresista Segundo Quiroz, acusado por Pinedo, le exhortó que se retracte de sus declaraciones sobre presuntos pagos recepcionados para beneficiar a Boluarte.
Para enero de 2025, Villaverde presentó una denuncia por organización criminal contra Boluarte, el periodista Beto Ortiz, López, Pinedo, Colchado y otros, siendo esa presunta organización encabezada por Otárola. Ante la denuncia, Ortiz la calificaría de «mamarracho» ya que él se dedicaba a investigar los casos que involucraba a Boluarte y acusó al ministro Juan José Santiváñez y al teniente alcalde de Lima Renzo Reggiardo de estar detrás de esa denuncia por las cercanías que tenían con Villaverde. Posteriormente, para abril de dicho año, Otárola revelaría una carta escrita por Pinedo y fechada en enero de 2024 donde ella decía: «Necesito 850 000 soles para traer y cuidar de mi familia por culpa de tus cagadas. Solo te espero 2 días para que me respondas. Besos. Te amo» señalando que era una evidencia de la extorsión que sufría por parte de Pinedo y acusó a Boluarte, a Quero y al premier Gustavo Adrianzén de estar en su contra. En dicho mes, la fiscalía de la Nación presentó una denuncia constitucional contra Otárola por las contrataciones realizadas, incluida la de Pinedo.
En mayo de 2026, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) inició audiencia de las denuncias constitucionales acumuladas contra Otárola por la contratación de Pinedo y otros. El 13 de junio, la SAC del congreso archivó de manera definitiva la denuncia constitucional presentada por el fiscal de la Nación Juan Carlos Villena contra Otárola por la contratación de Rosa Rivera al no acreditarse la presunta injerencia en la contratación, que la fiscalía no había presentado pruebas adicionales y que no se había acreditado una vinculación directa entre Otárola con la trabajadora. El 26 de junio, la SAC archivó la denuncia constitucional, acumulada de congresistas y de la fiscalía de la Nación, por la contratación de Pinedo al no encontrarse injerencia de Otárola en los órganos encargados de las contrataciones ni presiones de Otárola a los funcionarios involucrados en dichos procesos determinando que las contrataciones se habían realizado siguiéndose el proceso regular, además se archivó la denuncia por presunto uso indebido del carro asignado a su persona debido a que la fiscal de la Nación había determinado que no se habían obtenido elementos de convicción para acreditar el uso indebido de los vehículos y había archivado el caso.
Caso Frigo Inca - Qali Warma Es una investigación penal que inició durante el gobierno de Dina Boluarte que involucró a Fredy Hinojosa, director del programa Qali Warma durante los años 2019 y 2022 y hombre de confianza de la mandataria. El caso inició tras una investigación del programa Punto Final en donde se mostró las coordinaciones entre Ronald Loza, funcionario de la Dirección Regional de Salud de Puno (DIRESA Puno), y Noemí Alvarado, ejecutiva de la empresa de conservas Frigo Inca. En dichos chats, se reveló que la empresa realizó pagos a dicho funcionario para obtener informes favorables para los productos de Frigo Inca vendidos a Qali Warma, siendo que dichas conservas contenían carne de caballo. El caso se masificó luego de las intoxicaciones de niños que fueron denunciadas y que derivó en el cierre del programa, tras otros casos reportados de intoxicaciones, y su reestructuración como Wasi Mikuna.
Según la investigación fiscal, el líder de la organización criminal era Michael Burga Farro, director comercial de Frigo Inca que desplegó el esquema de corrupción en Qali Warma. Otros involucrados son Nilo Burga (presidente del directorio de Frigo inca y muerto en extrañas circunstancias, también señalado como líder de la organización criminal), Delia Zavaleta (gerente general de Frigo Inca), Alvarado y Edgar Capani (jefe de calidad de Frigo Inca). Mientras tanto, los funcionarios del programa Qali Warma involucrados son Hinojosa (en cuya gestión como director de dicho programa la empresa Frigo Inca obtuvo un presunto trato privilegiado, además de ser sospechoso de estar detrás de la muerte de Burga), Víctor Salazar Cóndor (jefe de evaluación, monitoreo y supervisión, cercano a Hinojosa habría impedido que se realicen pruebas de ADN a las conservas de Frigo Inca), Davilton Rodríguez Delgado (funcionario del área legal que emitió informes y resoluciones presuntamente favorables a Frigo Inca), Deyvis Espinoza Mendoza (funcionario de la Unidad de Organización de Prestaciones del programa, que se habría encargado de impedir el cambio de las fichas técnicas de las conservas para beneficiar a Frigo Inca), Yesabella Pazos Cribillero y Ronald Loza (funcionarios de DIRESA investigados por emitir informes favorables a Frigo Inca a cambio de presuntas contraprestaciones ilícitas). Otros implicados son Alejandro Mendiola (dueño de Mevalab, que habría validado los productos de Frigo Inca) y Paúl Burga (con quien habrían coordinado la emisión de certificados falsos).