derecha|miniaturadeimagen|300x300px|El cuadro "La elección del condado" (1852) de George Bingam muestra los efectos de las campañas que "tratan" (en inglés treat, en el sentido de "invitar, obsequiar", similar a la acepción de "cuidar a alguien de determinada manera" que la RAE da a tratar) a los votantes con bebidas alcohólicas: varios de ellos están demasiado borrachos para permanecer de pie sin ayuda.
La compra de votos ocurre cuando un partido político o candidato distribuye dinero o recursos a un votante o varios antes de unas elecciones con la intención de conseguir su voto. La compra de votos puede hacerse con dinero, objetos o servicios. Si bien esta práctica es ilegal en muchos países como Estados Unidos, Argentina, México, Kenia, Brasil y Nigeria, su prevalencia sigue siendo mundial. Es un concepto relacionado con el clientelismo (clientelism) y con la política clientelista (patronage politics). Existen muchos otros métodos de fraude electoral (consultar abajo el enlace Categoría:Fraudes electorales).
En algunas partes de los Estados Unidos, a mediados y finales del , los miembros de partidos rivales competían, a veces abiertamente y otras en secreto, para comprar y vender votos. Los votantes recibían una compensación en efectivo o la devolución de impuestos. Para mantener en secreto la compra de votos, los partidos abrían puestos de compra de votos con personal completo. Los partidos también contrataban a intermediarios, que salían a buscar votantes indecisos y negociaban con ellos para que votaran por su bando.
En Inglaterra, la documentación y las historias sobre compra y venta de votos también son conocidas. Los episodios más famosos de compra de votos ocurrieron en la Inglaterra del , cuando 2 o más aristócratas ricos gastaron todo el dinero necesario para ganar. Las "elecciones derrochadoras" tuvieron lugar en Northamptonshire en 1768, cuando tres condes gastaron más de 100000 libras (en el eso era muchísimo dinero, millones de libras esterlinas actuales) cada uno en sus candidatos favoritos.
Los votantes pueden recibir dinero u otras recompensas por votar de una manera específica o por no hacerlo. En algunas jurisdicciones anglófonas la oferta o entrega de recompensas por votar de determinada forma se conoce como electoral treating. La traducción literal, trato electoral o tratamiento electoral, no se emplea en español con ese significado. Se hablaría primero, directamente de compra de votos, y después, si no se desea repetir, de pucherazo, aunque estrictamente esa es otra práctica. La compra de votos sigue siendo legal en algunas jurisdicciones, como en la Nación Indígena Seneca.
Objetivos de la compra de votos Una de las principales preocupaciones con la compra de votos radica en qué grupo de votantes es más propenso a aceptar una compensación a cambio de su voto. Académicos como Stokes argumentan que los votantes que solo se oponen débilmente al partido comprador son los más adecuados para la compra de votos. Dirigirse a estos votantes aumenta el recuento de votos del comprador, pero también priva a la oposición de votos que de otro modo habría recibido. Dado que los votantes neutrales podrían votar en ambos sentidos, comprar sus votos resulta menos eficaz.
Otros académicos argumentan que las personas de bajos ingresos son el grupo cuyo voto mejor puede comprarse, ya que son las más receptivas a la compensación monetaria o de otro tipo. Dado que los pobres pueden no tener suficiente dinero para comprar artículos básicos, generalmente bastaría con un pago reducido para comprar sus votos. Los ricos, que cuentan con los recursos suficientes para afrontar problemas importantes en sus vidas, estarían menos dispuestos a vender un voto a menos que se les ofreciera un precio más alto. La evidencia de Argentina y Nigeria respalda esta opinión.
Monitoreo de votos El problema de la compra del voto es la comprobación por parte del comprador de que el vendedor cumple su compromiso. Como en principio el voto es secreto, el comprador no tiene modo de realizar esta comprobación. En el voto por correo esto es diferente. Cuando el votante lo solicita, se le envían las papeletas de voto por correo a su casa. Si el procedimiento de votación exige que el votante escoja una papeleta de varias, toma la del partido comprador y la introduce en el sobre de votación. El partido comprador recoge luego los sobres de los votantes vendidos, comprueba que votan por él y los deposita en la oficina postal. Esto puede evitarse con la doble identificación: primero se exige al votante su documento de identidad cuando pide las papeletas en la oficina postal, y después, cuando deposita su voto.
La comprobación es más difícil cuando las papeletas se emiten en secreto en un centro de votación. Se han dado casos de papeletas de voto supervisadas. Los votantes que habían vendido su voto utilizaban papeletas de voto especialmente proporcionadas, o doblaban su papeleta de una forma específica para indicar que habían votado por el candidato por el que se les había pagado.
Otra estrategia ha sido invocar normas sociales personalizadas para que los votantes cumplan con sus compromisos en las urnas. Dichas normas sociales podrían incluir obligaciones personales como deudas morales (obligación moral), obligaciones sociales del votante con el comprador, o la amenaza por parte del comprador de retener o dejar de producir algo que el votante necesita o disfruta. Esto resulta más eficaz cuando las recompensas son entregadas personalmente por el candidato o alguien cercano a él, para generar un sentimiento de gratitud en los votantes hacia el candidato. Pero tiene el problema de que, si la compra de votos es ilegal en ese país, el candidato podría ser encausado judicialmente con muchas pruebas en su contra.
Votación en cadena Si un comprador consigue una papeleta en blanco (por robo, falsificación o una papeleta legítima de voto en ausencia), puede marcar en ella a sus candidatos y pagar a un votante para que la lleve a un colegio electoral, donde recibirá una papeleta en blanco. Depositará en la urna la papeleta marcada y llevará al comprador la que le dieron en blanco. El comprador podrá rellenarla y dársela a otro votante comprado, quien a su vez le traerá otra en blanco, y así el número de veces que dé tiempo en la jornada electoral. Esto se conoce en inglés como chain voting, que se podría traducir como votación en cadena, pero esa expresión no se usa en español, ya que en los países hispanohablantes generalmente no se emplean sistemas de votación que permitan esta trampa. Se puede controlar en los colegios electorales emitiendo un número único para cada papeleta en blanco, que se verifica y se arranca al depositarla en la urna.
Consecuencias Los académicos han señalado varias consecuencias negativas de la compra de votos. En los países democráticos representa una amenaza para la propia democracia, ya que interfiere con la consideración del voto popular como medida del apoyo ciudadano a las políticas de los posibles gobiernos. Sin embargo, según el politólogo Eric Kramon, la compra de votos no es necesariamente perjudicial para la calidad de la democracia; más bien, la relación entre la compra de votos y la calidad de la democracia es mucho más matizada.
Otra consecuencia notable es que se socava la autonomía de los votantes. Dado que recibir pagos o recompensas por sus votos genera ingresos que podrían necesitar para su sustento o el de sus familias, carecen de autonomía para emitir el voto que realmente desean. Esto es extremadamente problemático, ya que si son los políticos más corruptos quienes se dedican a la compra de votos, sus intereses siguen siendo los que dictan cómo se gobernará el país. Esto, a su vez, perpetúa aún más la corrupción, creando un círculo vicioso.
En tercer lugar, la compra de votos puede crear una dependencia de los votantes en los ingresos o bienes que reciben por sus votos, y puede perpetuar aún más un tipo de trampa de pobreza. Si, por ejemplo, el intermediario que les compra sus votos en las elecciones es el que habitualmente les proporciona medicamentos, podrían quedarse sin ellos si se impide actuar a ese intermediario. Puede que ese traficante de votos no tenga interés o incentivo para aumentar realmente el nivel de vida de los miembros de la comunidad, y solo esté interesado en obtener la retribución de trabajar para el partido que compra los votos.
Prevalencia
Europa Se han reportado algunos casos de compra de votos sin monitoreo del cumplimiento de los compromisos de los votantes comprados.
España
En 2023 se dio un caso de compra masiva de votos en las elecciones municipales de Melilla. Cada elector recibió 150 euros. Las autoridades, alertadas por el injustificado crecimiento del voto por correo (de 4 200 en las anteriores elecciones —2019— a 11 700 en las de 2023), hicieron fracasar el plan exigiendo la doble identificación de los electores. El presidente del partido Coalición por Melilla y cuatro exconsejeros fueron encarcelados por diversos cargos y meses después puestos en libertad provisional, mientras su caso judicial sigue tramitándose. También se dio un intento de compra de votos en Mojácar por parte de candidatos del Partido Socialista Obrero Español.
Moldavia 400 ciudadanos moldavos fueron investigados por presuntamente recibir dinero para votar por un candidato determinado en la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Moldavia de 2024 y para escoger "no" en el referéndum constitucional de Moldavia de 2024 sobre la adhesión a la Unión Europea. Quienes fueron hallados culpables sufrieron multas de 37000 lei moldavos (más de 1 900 euros en aquel momento), pero se les dio la opción de perdonárselas si cooperaban con las autoridades.
América Latina Las encuestas de 2010 y 2012 para el Barómetro de las Américas mostraron que al 15% de los votantes encuestados en América Latina se les había ofrecido algo de valor a cambio de votar de una manera particular.
Argentina La compra de votos y, en general, el clientelismo, están muy extendidos en Argentina. Según Simeon Nichter, uno de los principales responsables de estas actividades ilegales fue el partido peronista. La relación entre votantes y candidatos peronistas supuestamente consiste en ofrecerles bienes, servicios, favores o compensaciones monetarias a cambio de su apoyo político al partido. Estas recompensas pueden incluir trabajo, medicamentos, techo, ropa, alimentos y otros bienes o servicios.
El caso de Argentina, en particular, depende en gran medida de las interacciones presenciales y cotidianas entre intermediarios y votantes. Dado que muchas comunidades argentinas se encuentran sumidas en la pobreza y necesitan estos recursos específicos, estas comunidades, que estadísticamente se han clasificado como pertenecientes a un determinado grupo demográfico, fueron el blanco de la compra de votos. Además, la compra de votos en esta región se centra en ciudadanos que no están fuertemente a favor ni en contra de la maquinaria política, y cuya lealtad política no necesariamente recae en un partido u otro. De esta manera, la compra de votos actúa como un mecanismo para influir en las decisiones de los votantes que se oponen solo débilmente al partido comprador.
En un estudio realizado por Susan C. Stokes, se descubre que los intermediarios en estas comunidades son conocidos por todos los ciudadanos y tienen acceso a los recursos necesarios del municipio. Mantienen relaciones con los votantes y les otorgan recompensas y favores continuamente para mantener al partido para el que trabajan en el poder. Esta es una de las principales explicaciones de por qué muchos votantes de bajos ingresos votan por líderes populistas, así como por líderes autoritarios. Muchos ciudadanos ven a estos intermediarios como pilares positivos en sus vidas y respetan al máximo la ayuda que brindan. Sin embargo, otros los ven como la mano de la corrupción.