alt=Fotografía de la estela con el Código de Hammurabi en el Museo del Louvre|miniaturadeimagen|Las sociedades llevan al menos casi cuatro mil años luchando contra la corrupción. Entre los primeros esfuerzos documentados se encuentra el Código de Hammurabi, que data de alrededor de 1754 antes de Cristo.
La lucha contra la corrupción es el conjunto de actividades y medidas que tienen como objetivo detectar la corrupción política, castigarla una vez detectada o dificultar que surja. Así como la corrupción adopta múltiples formas, las iniciativas anticorrupción varían en alcance y estrategia.
A veces se establece una distinción entre medidas reactivas y preventivas. La investigación y los intentos de revelar prácticas corruptas se considerarían reactivas, mientras que la educación sobre el impacto negativo de la corrupción o los programas de cumplimiento normativo interno de las empresas (compliance) se clasificarían como preventivas.
En inglés anti-corruption o anticorruption es sustantivo y adjetivo, mientras que en español "anticorrupción" solamente es adjetivo, por lo que no puede hablarse de anticorrupción a secas, sino de medidas anticorrupción, fiscalía anticorrupción, leyes anticorrupción, etc. El adjetivo tiene siempre que calificar a un sustantivo.
Historia
Historia temprana El código de Hammurabi (), el Edicto de Horemheb ( ), y el Artha-shastra () se encuentran entre las primeras pruebas escritas de las iniciativas anticorrupción. Todos estos textos condenan los sobornos para influir en las decisiones de los funcionarios públicos, especialmente en el sector judicial. Durante el Imperio romano también se luchó contra la corrupción, por ejemplo mediante un decreto del emperador Constantino I en el año 331 D.C.
En la antigüedad, los principios morales basados en creencias religiosas eran comunes, ya que varias religiones importantes, como el budismo, el cristianismo, el hinduismo, el islam, el judaísmo, el sijismo y el taoísmo condenan la conducta corrupta en sus respectivos textos religiosos. Los comportamientos descritos con fines legales y morales abordaban exclusivamente el soborno, pero no se ocupaban de otros aspectos que solo se empezaron a considerar corrupción muy posteriormente.
En tiempos antiguos la malversación de fondos, el amiguismo, el nepotismo y otros comportamientos de empleados públicos para beneficiarse injustamente de su cargo no se consideraban ilegales o inmorales, ya que los puestos de poder se consideraban una posesión personal en lugar de una función encomendada. Con la popularización del concepto de interés público y el desarrollo de una burocracia profesional en el , los puestos comenzaron a percibirse, no ya como propiedad del titular, sino como un encargo del pueblo o la nación, por lo que el titular debía actuar siguiendo el interés general y no en beneficio propio. Esto llevó a que esas formas adicionales de corrupción estuvieran mal vistas y se promulgara diversa legislación contra ellas. Aunque en la diplomacia y para fines de comercio internacional, la corrupción siguió siendo un fenómeno generalmente aceptado de la vida política y económica a lo largo del y gran parte del .
En la sociedad contemporánea En la década de 1990, se percibía cada vez más que la corrupción tenía un impacto negativo en la economía, la democracia y el Estado de Derecho, como señaló el entonces secretario de las Naciones Unidas Kofi Annan. Esos efectos denunciados por Annan podían probarse mediante diversos estudios empíricos, como dejó patente Juli Bacio Terracino.
La mayor conciencia de la corrupción fue generalizada y compartida a través de las fronteras profesionales, políticas y geográficas. Si bien un esfuerzo internacional contra la corrupción parecía poco realista durante la Guerra Fría, se hizo posible una nueva discusión sobre el impacto mundial de la corrupción, lo que llevó a una condena oficial de la corrupción por parte de los gobiernos, las empresas y varias otras partes interesadas.
La década de 1990 también vio un aumento en la libertad de prensa, el activismo de las sociedades civiles y la comunicación global a través de una infraestructura de comunicación mejorada, que allanó el camino hacia una comprensión más completa de la prevalencia mundial y el impacto negativo de la corrupción. Como consecuencia de esos acontecimientos, se fundaron organizaciones no gubernamentales internacionales (por ejemplo Transparencia Internacional ) y se tomaron iniciativas intergubernamentales (por ejemplo el Grupo de trabajo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos —OCDE— sobre el soborno) para combatir la corrupción.
Desde la década 2001-2010, el discurso se amplióː se hizo más común referirse a la corrupción como una violación de los derechos humanos, lo que fue debatido por los organismos internacionales responsables. Además de intentar encontrar una descripción adecuada de la corrupción, la integración de la corrupción en un marco de derechos humanos también estuvo motivada por subrayar su importancia y educar a la población sobre sus costes.
Marco legal En la legislación nacional e internacional, existen leyes que se consideran dirigidas contra la corrupción. Estas leyes pueden surgir de resoluciones de organizaciones internacionales, y luego traspuestas a la legislación nacional por los países que las ratifican, o ser aprobadas directamente por el respectivo poder legislativo nacional.
Las leyes contra la corrupción están motivadas por razones similares a las que generalmente motivan la existencia del Derecho penal, ya que se cree que esas leyes, por un lado, brindan justicia al responsabilizar a los individuos por sus malas acciones, y por otro lado, disuaden a los que están considerando delinquir al hacer entrar en sus cálculos los castigos por actos ilegales.
Derecho internacional Abordar la lucha contra la corrupción en un contexto internacional suele preferirse a abordarla exclusivamente en el contexto del Estado nación. Las razones de esta preferencia son multidimensionales, desde la necesaria cooperación internacional para rastrear los escándalos de corrupción internacionales hasta el carácter vinculante de los tratados internacionales y la pérdida de competitividad que podría producirse en un país que ilegalizara una actividad si en otros países continuara siendo legal. Aunque generalmente la corrupción se considera un obstáculo para la competitividad.
OCDE La Convención de lucha contra la corrupción de agentes públicos extranjeros en las transacciones comerciales internacionales (título original en inglésː Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions; convention se puede traducir al español por convenio o por convención, y bribery, por soborno o por cohecho), a veces abreviada por "Convenio antisoborno de la OCDE" o "Convenio anticohecho de la OCDE" fue la primera convención a gran escala dirigida a un aspecto de la corrupción, cuando entró en vigor en 1999. Ratificar la convención obliga a los gobiernos a implementarla, lo cual es monitoreado por el Grupo de trabajo de la OCDE contra el soborno. La convención establece que será ilegal sobornar a funcionarios públicos extranjeros. 46 países han firmado la convención, los 38 miembros de la OCDE y otros 8 que no pertenecen a ella.
El alcance de la convención es deliberadamente limitado, ya que solo se ocupa del soborno activo (delito cometido por quien recibe la dádiva, mientras que quien la ofrece, o acepta darla cuando el empleado público se la solicita, comete cohecho pasivo). Es más restringido que otros tratados contra la corrupción precisamente para influir más en su objetivo específico, como explicó el presidente del citado grupo de trabajo, Mark Pieth.
La investigación empírica de Nathan Jensen y Edmund Malesky sugiere que las empresas con sede en países que han ratificado esta convención tienen menos probabilidades de pagar sobornos en el extranjero. Los resultados no son exclusivamente explicables por los mecanismos regulatorios y las posibles sanciones que pueden llegar a través de este proceso, sino que también se ven influidos por mecanismos menos formales. Por ejemplo, la revisión por pares de un país realizada por funcionarios de otros países signatarios y el posible daño a la imagen del país revisado. Sin embargo, organizaciones como Transparencia Internacional cuestionaron si los resultados del proceso son suficientes, especialmente porque un número significativo de países no están persiguiendo activamente los casos de soborno.
Naciones Unidas alt=Color-coded world map of ratifiers signatories, and others in the United Nations Convention against Corruption|miniaturadeimagen|Un mapa mundial que representa la participación internacional en la CNUCC. 20 años antes de que se ratificara la convención de la OCDE, las Naciones Unidas discutieron un borrador para una convención sobre la corrupción. El borrador de un acuerdo internacional sobre pagos ilícitos, propuesto en 1979 por el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, no halló eco en la Asamblea General y no prosperó. Tuvo más éxito la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) cuando presentó su borrador de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (CNUCC) en 2003.
La CNUCC fue ratificada en 2003 y entró en vigor en 2005. Constituye un tratado internacional, actualmente firmado por 186 socios, incluidos 182 Estados miembros de las Naciones Unidas y 4 signatarios no estatales. La CNUCC tiene un alcance más amplio que la Convención contra el soborno de la OCDE, ya que no se centra exclusivamente en los funcionarios públicos, sino que incluye además, entre otros, la corrupción en el sector privado y la corrupción no relacionada con el soborno, como por ejemplo el lavado de dinero y el abuso de poder.
La CNUCC también especifica diversos mecanismos para combatir la corrupción, como la cooperación internacional para detectar y perseguir la corrupción, la cancelación de permisos cuando estén relacionados con conductas corruptas y la protección de los denunciantes. La aplicación de esta convención es supervisada por la Asociación Internacional de Organismos Anticorrupción (IAACA por sus siglas en inglés).
Organizaciones internacionales
Corte Internacional Anticorrupción En 2012, Mark Lawrence Wolf planteó la idea de crear una Corte Internacional Anticorrupción, ya sea como parte de la ya existente Corte Penal Internacional o como equivalente. La sugerencia fue ampliamente debatida y respaldada por diversas ONG, entre ellas la Organización Mundial de Parlamentarios Contra la Corrupción (GOPAC por sus siglas en inglés), Global Witness, Human Rights Watch, Integrity Initiatives International (III) y Transparencia Internacional. Actualmente, ninguna organización con autoridad para llevar a cabo esta medida tiene prevista su implementación.
Organizaciones internacionales existentes En 2011 se creó la Academia Internacional contra la Corrupción como organización intergubernamental mediante tratado para impartir formación sobre la lucha contra la corrupción.
Muchas otras organizaciones intergubernamentales combaten la corrupción por medios distintos a las convenciones vinculantes. Entre ellas puede citarse al Banco Mundial (por ejemplo, a través de su Grupo de Evaluación Independiente), al Fondo Monetario Internacional (FMI) y a la Comunidad Andina (en el marco del Plan andino de lucha contra la corrupción).
Regulaciones de las organizaciones continentales
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