Las manifestaciones en Ecuador de 2025 son una serie de manifestaciones, paralizaciones y protestas que comenzaron el 15 de septiembre de 2025 en varias ciudades del país, en respuesta a la eliminación del subsidio al diésel y a la aprobación del proyecto minero Loma Larga, situado cerca de la reserva hídrica de Quimsacocha, en la provincia de Azuay.
Las movilizaciones congregaron a decenas de miles de personas en Cuenca, así como en Quito, Guayaquil, Loja, Puyo y otras localidades, integrando a comunidades indígenas, transportistas, organizaciones campesinas, estudiantes y sectores de la clase media, pese a que el país tiene un estatus jurídico de beligerancia interna, declarado en el Conflicto armado interno de Ecuador. Las consignas exigen la reversión del alza en el precio del combustible, que pasó de 1,80 a 2,80 dólares por galón, y el freno a las actividades extractivas que según los manifestantes ponen en riesgo el abastecimiento de agua potable en la región austral.
El gobierno del presidente Daniel Noboa declaró el estado de excepción en seis provincias, implementando restricciones a la libertad de reunión y autorizando la movilización de las fuerzas armadas para el control del orden público. Autoridades informaron bloqueos de carreteras y enfrentamientos aislados entre manifestantes y policías.
Organismos internacionales como Human Rights Watch y medios como Reuters, DW, El País y Mongabay reportaron el desarrollo de los hechos haciendo mención a la magnitud de las marchas y las preocupaciones expresadas sobre los posibles impactos socioambientales del proyecto minero.
El Ejecutivo ha defendido la medida de eliminar el subsidio argumentando que el gasto anual de 1.100 millones de dólares es insostenible, y que además el precio bajo del diésel beneficia principalmente al narcotráfico, por lo tanto la medida, no será revisada. Las comunidades afectadas sostienen que la decisión afecta su situación de exclusión histórica y encarece el transporte de productos agrícolas.
Respecto a una posible restautación del subsidio a combustibles, no existe un acuerdo entre el gobierno y las organizaciones movilizadas. Respecto al proyecto minero, el gobierno ha cedido el análisis técnico a las autoridades locales, paralizando así la extracción minera.
Antecedentes
La eliminación del subsidio al diésel en Ecuador tiene su origen en un proceso de reformas económicas impulsado por el gobierno del presidente Daniel Noboa para reducir el déficit fiscal y cumplir con compromisos de sostenibilidad presupuestaria. El subsidio representaba un gasto anual cercano a 1.100 millones de dólares, equivalente al 1% del PIB nacional. Por ejemplo, el centroderechista neoliberal Gonzalo Escribano Francés, opinó en su artículo calificando el subsidio como regresivo y fiscalmente insostenible, aunque en la década de 1970 fue percibido como un mecanismo clave para distribuir la renta petrolera entre la ciudadanía, opina que en la actualidad este beneficia desproporcionadamente a los sectores medios y altos que consumen más combustibles, fomentando un consumo ineficiente y distorsionando la economía. Según Escribano, estos subsidios representan hasta el 10-12% del PIB en años previos al 2014, equivalentes a más del doble del gasto en educación, y agravan la crisis fiscal post-caída de precios del petróleo (2014-2016), contribuyendo a una recesión con contracción del PIB y pérdida de renta per cápita en PPA superior a USD 200. Ante la crisis, el presidente Lenín Moreno intentó eliminarlos en octubre de 2019 como parte del acuerdo con el FMI, pero las protestas indígenas y sociales (que redujeron la producción petrolera) forzaron su derogación, cuestionando la viabilidad política de reformas. Escribano contextualiza los subsidios como una herramienta populista de redistribución de la riqueza.
De forma paralela, el proyecto minero Loma Larga, operado por la empresa canadiense Dundee Precious Metals, fue aprobado en 2025 con licencia ambiental para explotación de oro y cobre en el páramo de Quimsacocha, una zona que abastece de agua a la ciudad de Cuenca y a varios cantones aledaños. Organizaciones ambientalistas y comunidades campesinas han advertido que las operaciones extractivas podrían comprometer la calidad y cantidad de agua destinada al consumo humano y la agricultura.
Los frentes para evocar manifestaciones y que se han visto afectados por la forma en que el gobierno administra la presidencia, suman diversos sectores políticos y sociales. Entre algunos de ellos, se estuvo a punto de presentar revueltas generalizadas en el marco de los Apagones de 2024 entre octubre y noviembre del mismo año, esto después de haber transcurrido casi todo el año envueltos en la crisis energética. Entre otros, están las 5000 familias que mantenían a uno de sus miembros en la función pública, y que fueron desvinculados para oxigenar los déficits fiscales, y efectivizar la productividad del gobierno reelecto. Por ejemplo, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y la Federación de Servidores Públicos (FES) convocaron a paros sectoriales y plantones en Quito, Guayaquil y Cuenca, en el contexto de aquellas afectaciones. Estos pedían la reincorporación inmediata o el pago de indemnizaciones pendientes. El gobierno defendió las medidas como necesarias para ahorrar USD 420 millones anuales, argumentando que el 42% de los despedidos recibieron liquidaciones completas. Sin embargo, la Contraloría General detectó irregularidades en 312 casos, incluyendo falta de justificación técnica. La Asamblea Nacional creó una comisión para investigar los despidos, mientras sindicatos anunciaron ya una posible huelga nacional indefinida para septiembre si no se revierte el 50% de los ceses.
Por otro lado, en julio de 2024, enero de 2025, y agosto del mismo año, algunos plantones ya probaron el efecto de bloquear vías estatales de importancia moderada y protestar por la falta de pago, en especial para las dialisadoras de los pacientes con enfermedades renales catastróficas que requieren del sistema de salud pública para enfrentar sus necesidades. Entre ellas se menciona una deuda aproximada de 7 millones de dólares con la clínica Dialilife de Quevedo, de los cuales 5 millones corresponden al Ministerio de Salud Pública (MSP) y el resto al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). La clínica atiende a más de 100 pacientes del IESS y 205 del MSP, provenientes también de Valencia, Buena Fe, Vinces y La Maná (Cotopaxi). Se menciona que esta deuda, se arrastra desde la pandemia de 2020, y ha deteriorado la calidad de los tratamientos lo que motivó a las tres protestas de pacientes contra el gobierno. A la última fueron alrededor de 200 personas que el 21 de agosto de 2025, se concentraron pacíficamente en la vía Quevedo-Buena Fe, cercando el anillo vial de Quevedo, para exigir una solución urgente. También se menciona que cerca de 7 meses los empleados llevan sin recibir pago. Los pacientes renales, solicitaron un abono que evite viajar a otras provincias y advirtió sobre el riesgo para la salud de los pacientes. La última manifestación por las hemodiálisis antes de la paralización nacional, estuvo custodiada por la Policía del distrito Quevedo-Mocache, y duró aproximadamente 90 minutos, que concluyó con el desbloqueo de la vía.
En contextos de estallidos de protestas generalizadas como las de septiembre y octubre de 2025, algunos líderes de movimientos indígenas recuerdan que la eliminación de subsidios sin diálogo previo profundiza la exclusión histórica de sus comunidades, que ya enfrentan altos índices de pobreza y falta de acceso a servicios básicos. La memoria de las protestas de 2019, en las que se lograron acuerdos con el gobierno de turno, refuerza la disposición de las organizaciones sociales a movilizarse.
La combinación de estos factores, generó un clima de malestar social que desembocó en la ola de protestas más encrudecida para septiembre de 2025.
Estado actual 300px|miniaturadeimagen|derecha|Plantón convocado por ciudadanos en apoyo a los manifestantes reprimidos en Otavalo.
El gobierno de Daniel Noboa envió vía decreto el 12 de septiembre de 2025 la eliminación del subsidio al diésel, entrando en vigencia al día siguiente, lo que incrementó el precio del galón de diésel de 1,80 a 2,80 dólares. La medida formó parte de un plan de ajuste fiscal orientado a reducir el déficit y liberar recursos para inversión social. Sin embargo, el aumento impactó directamente a transportistas, agricultores, pescadores y comunidades rurales, para quienes el diésel es un insumo clave en la producción y el transporte de bienes.
Por otro lado, la aprobación del proyecto minero Loma Larga fue percibida como una amenaza a las fuentes de agua que abastecen a la ciudad de Cuenca y alrededores en la fase de explotación en el páramo de Quimsacocha. Organizaciones ambientales advirtieron que la minería a gran escala en ecosistemas frágiles podría afectar el caudal y la pureza del agua, así como la biodiversidad de la zona. La medida fue retractada para evitar el escalamiento del malestar ciudadano.
A pesar de aquello, estas causas confluyeron en una protesta nacional y la convocatoria de un Paro Nacional Indefinido que terminó focalizado en pocas provincias, especialmente en Imbabura, con demandas centradas en la reversión del alza del diésel, la suspensión de la actividad minera en Quimsacocha y la instalación de mesas de diálogo para definir políticas públicas que protejan el agua y mitiguen el impacto económico en los sectores vulnerables, entre ellas el alza del salario mínimo, cuya implementación sería el equilibrio para mitigar el impacto de la subida del diésel, ya que el subsidio, abastecía a los sectores afectados.
Hasta el 12 de octubre, después de ser convocada la paralización nacional generalizada, las pérdidas ya representaban aproximadamente 140 millones de dólares, lo que impacta en industrias aledañas como el comercio, la floricultura y el turismo, así como también señala un analista económico "se les suman los daños a bienes públicos y la paralización parcial de actividades en varias provincias del país".
Eliminación del subsidio al diésel
Medida adoptada Decreto Ejecutivo 126: fecha de vigencia (13 de septiembre de 2025 a partir de las 00:00 h), cambio en el precio del diésel de ~ USD 1,80 a ~ USD 2,80/galón, en virtud inicial de lo mencionado en el decreto. Justificación posterior del gobierno: ahorro fiscal, redistribución de fondos, combatir contrabando. El precio del combustible comienza su regulación post-subsidio, y no se deroga el decreto para restablecerlo, pese a las movilizaciones fechada a las declaraciones conjuntas de los grupos sociales a mediados de octubre de 2025. Proyecto minero Loma Larga
Medida adoptada Consulta ambiental realizada por el Ministerio de Gobierno para ejecutar proyectos y reactivar la economía. Apertura de proceso para revocar la licencia de compañía que adjudicó la obra de extracción minera, la misma, reformula sus estudios e informa que apelará.
Reacciones
Gobierno Comunicado presidencial inmediato que exhorta a no continuar con el proyecto minero y trasladar el análisis técnico a las autoridades locales. Estado de excepción en varias regiones tras el estallido de manifestaciones generalizadas. El oficialismo abre frentes de apoyo en vista a medida adicional de convocar constituyente.
Ciudadanía Organizaciones indígenas como CONAIE y sus asambleas extraordinarias, realizaron una declaración conjunta a mediados de septiembre de 2025 de comenzar una paralización de actividades a nivel nacional. Protestas ciudadanas en varias provincias, cierres de vías, malestar en el transporte, y campesinos.
Internacional Se ha dado cobertura de los acontecimientos por parte de medios internacionales como Reuters y France24.