miniaturadeimagen|Letrero en una gasolinera de la ciudad de La Paz en octubre de 2025 refiriéndose a la escasez de gasolina.|281x281pxLa crisis de los combustibles en Bolivia es un conjunto de tensiones económicas y sociales derivadas del desabastecimiento interno de diésel, gasolina y gas licuado de petróleo existentes en el país desde 2023. El fenómeno ha generado largas filas en estaciones de servicio, protestas de sectores de transporte y conflictos políticos en torno a la gestión estatal de la energía. Diversos analistas la vinculan con la política de subsidios a los carburantes, el contrabando fronterizo, la caída de la producción gasífera y la escasez de divisas para importar combustibles, lo que ha situado al sector energético en el centro de la crisis económica del país. Antecedentes históricos Durante los años 90 Bolivia siguió un modelo de “capitalización” que atrajo inversión extranjera en gas natural, construyendo gasoductos hacia Argentina y Brasil. En 2005 el Congreso boliviano aprobó una nueva ley de hidrocarburos que elevó la participación estatal al 50%. Un año después, el 1 de mayo de 2006, el gobierno de Evo Morales nacionalizó el sector: la empresa estatal YPFB recuperó el 51% de las acciones y el 82% de las utilidades, garantizando al Estado el control del excedente petrolero. Esa década previa a 2014 fue una “bonanza” de exportaciones gasíferas con altos ingresos fiscales por gas natural. Sin embargo, a partir de 2014 la producción declinó sostenidamente y comenzó el desplome de la industria: entre 2014 y 2024 la producción de gas cayó aproximadamente 44%, iniciando el actual deterioro del sector.

Política de subvenciones a combustibles y déficit fiscal Bolivia aplica hace años una subvención de precios internos de diésel y gasolina, vendiéndolos muy por debajo del costo de importación. Esto implica un fuerte costo fiscal. En 2023 la subvención anual rondó los $2.000 millones (unos $56 millones semanales), equivalentes a cerca de un tercio del déficit fiscal anual. Al tipo de cambio oficial, el litro de combustible vale alrededor de $0,53, menos de un tercio de su precio internacional (alrededor de $1,20) Ese diferencial abre la puerta al contrabando: se estima que Bolivia pierde unos $600 millones al año por venta ilegal de combustible en las fronteras. En la práctica, más del 80% de ese déficit fiscal se financia con emisiones del Banco Central lo que agrava la presión sobre la economía y la escasez de divisas.

"Gasolinazo" de 2010 y su reversión En diciembre de 2010 el gobierno de Evo Morales intentó reducir el subsidio eliminando un decreto de precios máximos. El 29 de diciembre decretó aumentos de 57% a 82% en diésel y gasolina, igualándolos al precio internacional. Esto desató protestas inmediatas de sindicatos, gremios de transporte y organizaciones campesinas en todo el país. Tras cuatro días de paro nacional, el 31 de diciembre Morales abrogó el decreto y anuló el alza de precios, cancelando incluso el aumento salarial prometido del 20% El vicepresidente Álvaro García Linera había justificado el plan señalando que la subvención creció de $120 millones anuales en 2006 a $380 millones en 2010 pero ante la presión social el gobierno retrocedió. El episodio mostró la fuerte sensibilidad política de los subsidios a combustibles en Bolivia.

Deterioro de la producción y caída de exportaciones Durante el transcurso de los años se ha cuestionado la suficiencia de inversión en exploración, mientras los principales campos gasíferos se iban agotando. Ante la falta de proyectos de exploración, la producción de gas y las reservas decayeron a partir de la segunda mitad de la década de 2010, la producción diaria promedio pasó de un pico de 59 millones de m³ en 2014 a casi 44% menos. Como consecuencia, los ingresos por exportaciones cayeron drásticamente. En 2013 Bolivia vendió en el exterior casi $6.625 millones en hidrocarburos; para 2023 esos ingresos fueron apenas $2.058 millones, una caída de más del 68%. Gran parte de esa caída corresponde a gas natural, cuyo volumen exportado se redujo en forma sostenida. En particular, las exportaciones a Argentina cayeron más de 70% desde 2014 y las a Brasil más de 55%. Esta merma de producción y divisas agrava la escasez interna de combustible.

Crisis vigente: escasez y protestas Desde 2024 Bolivia sufre sucesivos episodios de desabastecimiento de diésel y gasolina. El gobierno admitió que no puede cubrir la demanda interna debido a la falta de dólares, lo que ha provocado largas filas de vehículos en las estaciones de servicio. Las imágenes de camiones y buses haciendo cola son frecuentes llegando incluso a varios kilómetros, con esperas de hasta 24–30 horas. Ante esto, diversos sectores realizaron movilizaciones entre marchas y bloqueos de caminos, muchos exigiendo la renuncia del presidente, en los que participaron transportistas, cooperativistas, agricultores, maestros, y otros miembros de la sociedad civil. En general la escasez de combustible ha reducido el servicio de transporte y alterado el acceso servicios básicos en las ciudades.

El gobierno respondió con un paquete de “diez medidas” para enfrentar la emergencia. Entre ellas figuraron la reducción al 50% del parque automotor estatal, más transporte público priorizado y el uso de una aplicación para ubicar surtidores con stock. Además, se dispuso horario continuo de trabajo en el sector público y privado y clases virtuales en las ciudades principales para ahorrar combustible. No obstante, estas medidas fueron vistas como paliativos. A principios de 2025 el presidente Luis Arce Catacora, reconoció que el problema central era la “iliquidez” de dólares para pagar importaciones, y buscó créditos externos. Internamente, la crisis desató enfrentamientos políticos: incluso senadores oficialistas exigieron la destitución del presidente de YPFB, Armin Dorgathen, acusándolo de responsabilidad en el desabastecimiento.

Crisis cambiaria y déficit fiscal El desabastecimiento de combustibles está ligado a la escasez crónica de divisas desde 2023. Un “corralito” al uso de dólares redujo drásticamente las reservas: los bolivianos no pueden retirar libremente sus ahorros en dólares ni acceder al mercado cambiario pleno. Esto limitó la capacidad del Estado para importar combustible (Bolivia llegó a importar casi el 90% del diésel y 56% de la gasolina que consume). La fuerte brecha del tipo de cambio oficial con el mercado paralelo (dólar blue) encarece aún más las importaciones. En conjunto, el déficit fiscal ampliado por los altos subsidios obliga al gobierno a financiarse con deuda y emisión monetaria, tensionando las reservas. Se estima que entre 2023 y 2024 el déficit fiscal llegó a unos $5.000 millones anuales, de los cuales alrededor de $2.000 millones corresponden a subvenciones a carburantes. La falta de un ingreso estable de dólares y un déficit público elevado son así parte de la misma crisis económica estructural que restringe el sector energético.

Casos de corrupción y cambios en YPFB En medio de la crisis, se documentaron denuncias de corrupción en la cadena de suministro de hidrocarburos. En 2024–2025 la Fiscalía abrió una investigación preliminar por supuestos sobreprecios en la importación de diésel y gasolina a través de la empresa estatal Botrading (filial de YPFB). Esta pesquisa (basada en denuncias de un exfuncionario) detectó indicios de anomalías: de acuerdo con un informe legislativo, la compra de combustibles podría haber ocasionado perjuicios por sobreprecios de USD 18,7 millones en 2023 y USD 37,4 millones en 2024. Entre los investigados figuran el propio presidente de YPFB, Armin Dorgathen, y otros directivos. Ante estas denuncias, sectores políticos demandaron transparencia; incluso se pidió cambiar a todo el directorio de YPFB. Por el momento, las investigaciones están en curso, pero han aumentado la presión pública sobre la estatal petrolera en medio de la crisis.

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