Se conoce como el Club del Dragón o Club chino de la construcción a un grupo de constructoras chinas que han sido denunciadas por presunto favorecimiento en contratos con el Estado peruano durante los gobiernos de Martín Vizcarra, Francisco Sagasti, Pedro Castillo y José Jerí.

Empresas involucradas Según el informe final de la comisión del congreso, 13 empresas chinas estuvieron involucradas en presuntos procesos ilícitos en 93 contratos con el Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC) durante las gestiones de Vizcarra, Sagasti y Castillo, siendo éstas:

China Civil Engineering Construction Corporation (CCECC) Sinohydro Corporation Limited China Gezhouba Group Company Limited China Railway No. 10 Engineering Group Co. Ltd. China CAMC Engineering Co. Ltd. China Railway Tunnel Group Co. Ltd. China Harbour Engineering Company Ltd. (CHEC) China Railway No. 6 Engineering Group Co. Ltd. China Road and Bridge Corporation (CRBC) China Railway No. 3 Engineering Group Co. Ltd. China Railway Construction Corporation (CRCC) China State Construction Engineering Corporation (CSCEC) China Overseas Engineering Group Co. Ltd. (COVEC)

Acontecimientos

Declaraciones de Karelim López El escándalo del denominado "Club del dragón" inició tras las declaraciones dadas por la lobista Karelim López ante el ministerio público como aspirante a colaborador eficaz, quien señaló que había "una mafia en el Ministerio de Transporte y Comunicaciones conformada por el presidente Pedro Castillo Terrones, el ministro Juan Silva, las empresas chinas Consorcio Conservación Vial Mazocruz (Consorcio Vial Engineering Construction Sucursal del Perú) y otras, siempre con la participación de la empresa peruana INIP Ingeniería Integración de Proyectos SAC, conformada por Roberto Jesús Aguilar Quispe" señalando que la referida empresa INIP tenía vinculación con los congresistas denominados como "Los Niños" y que Zamir Villaverde actuaba como "cajero". Dichas declaraciones fueron dadas el 18 de febrero de 2022, siendo reveladas días después. Tras las revelaciones, se presentó una moción de censura contra Silva. Mientras tanto, Silva negó los hechos a través de una publicación en X a la par que recibió respaldo de los ministros Geiner Alvarado, Rosendo Serna y Diana Miloslavich. A pesar de declarar que no iba a renunciar, el 28 de febrero Silva renunció al cargo, siendo aceptada dicha renuncia por Castillo.

Denuncia de Panorama El 6 de marzo de 2022, el programa Panorama denunció que desde el año 2018 hasta dicha fecha 15 empresas chinas se adjudicaron proyectos de más de 15 mil millones de soles, siendo que en el gobierno de Vizcarra se adjudicó alrededor de 7 mil millones de soles, en el de Sagasti con más de 4 mil millones y en el de Castillo alrededor de 4 mil millones. Según se denunció, el modus operandi de las empresas chinas era el siguiente: al tener dichas empresas "cartas de solvencia económica" adquiridas mediante los bancos estatales ICBC o el Bank of China, que los ponía en ventaja frente a las empresas locales, se asociaban con empresas peruanas sin experiencia pero con contactos con autoridades que les facilitaban la adjudicación de proyectos, además, las empresas chinas simulaban competir para lograr obtener las obras mientras disponían del mismo responsable técnico para éstas.

Denuncia de El Comercio El 4 de abril de 2022, el diario El Comercio denunció que 11 consorcios ganaron la buena pro en 15 proyectos sin registrar propuestas en los procesos, siendo esto realizado en los gobiernos de Vizcarra (3 contratos), Sagasti (4 contratos) y Castillo (8 contratos). Se denunció que a pesar de que la norma dice que si no hay propuesta se debe considerar "desierto" el proceso, en los 15 proyectos no se cumplió tal disposición. Según lo denunciado, durante el mandato de Castillo 4 consorcios ganaron la buena pro por más de 10 millones de soles sin registrar propuestas, siendo dos de ellas conformadas por empresas chinas (China Railway Engineering, parte del Consorcio Bellavista, y China Civil Engineering Construction Corporation, parte del Consorcio Vial Sondo Vado Grande), las mismas que ganaron contratos durante los gobiernos de Vizcarra y Sagasti sin presentar propuestas.

Comisión investigadora del congreso El 31 de marzo de 2022 se conformó la comisión investigadora del congreso para investigar las licitaciones y contratos con las constructoras chinas. Sin embargo, para junio se denunció que ninguna bancada congresal había acreditado miembros para integrar dicha comisión. En septiembre, se aprobó la nómina de integrantes de la comisión. El 5 de octubre, se instaló la comisión siendo integrada por los congresistas César Revilla (como presidente y perteneciente a Fuerza Popular), José Jerí (Somos Perú) y Diego Bazán (Avanza País). El 25 de noviembre se aprobó el plan de trabajo de la comisión, comunicándose que estaba integrada por, además de los tres, Edwin Martínez Talavera (Acción Popular), Cheryl Trigozo (Alianza para el Progreso), Silvana Robles Araujo (Perú Libre), Miguel Ciccia Vásquez (Renovación Popular) y Héctor Valer. En noviembre, se anunció que Revilla dejaría la presidencia de la comisión, renunciando el 16 de diciembre y siendo reemplazo por Valer.

En octubre de 2023, se citó a los expresidentes Vizcarra, Sagasti y Castillo a declarar ante la comisión. El 2 de noviembre, la comisión se entrevistó con Pedro Castillo, recluido en el penal de Barbadillo, para recoger su testimonio. El 20 de noviembre, la comisión citó a una reunión con las personas agraviadas por las constructoras chinas.

Consorcio Piura-Castilla El 13 de marzo de 2023 fue anulado la licitación otorgada por el Ministerio de Vivienda (MVCS) el 16 de febrero del mismo año al consorcio Piura-Castilla (integrado por China Tiesiju Civil Engineering Group y la peruana JPC Ingenieros), esto tras encontrarse deficiencias en el proceso, haciéndose efectivo la anulación el 30 de mayo. El 1 de junio, la fiscalía ingresó a las oficinas del MVCS para recoger documentación sobre el proceso de adjudicación al Consorcio Piura-Castilla tras la denuncia de Hania Pérez de Cuéllar, ministra de vivienda, de presuntos actos irregulares realizados por integrantes del comité de selección del Programa Nacional de Saneamiento Urbano (PNSU), un comité que había sido designado por el exministro Geiner Alvarado y que Pérez de Cuéllar acabó disolviendo. Sin embargo, a pesar de que la licitación fue cancelada y el contrato no fue firmado, la empresa china involucrada siguió participando debido a que, según la legislación peruana, debía tener sentencia firme para ser impedido de participar en procesos de licitación.

Inhabilitación de la CCECC La constructora china CCECC fue inhabilitada temporalmente el 27 de abril de 2023 por "presentar documentos falsos e información inexacta" al Tribunal de Contrataciones del Estado o al Registro Nacional de Proveedores. En mayo de dicho año, la misma empresa fue inhabilitada por segunda vez por presentar "documentos falsos o adulterados" siendo dicha sanción de 37 meses. Sin embargo, la CCECC logró seguir operativa gracias a que ambas sanciones fueron suspendidas por dos medidas cautelares, siendo una de ellas emitida por la jueza Martha Hinostroza Bruno el 30 de abril de 2024 y la segunda por el juez Juan Carlos Nuñez Matos entre el 1 y 9 de septiembre del mismo año.

Inhabilitación de China Railway No. 10 Engineering Group El 4 de junio de 2023, Panorama denunció que, a pesar que en mayo de dicho año se inhabilitó por cinco meses a la China Railway No.10 Engineering Group por presentar información inexacta, las demás empresas que eran parte de la empresa matriz China Railway Group Limited, siendo la N° 10 una de estas empresas, seguían operando a pesar que la legislación peruana estipulaba que si una de las empresas hijas de la empresa matriz era sancionada las demás empresas no debían obtener contratos ya que comparten la misma matriz.

Declaración del colaborador eficaz N° 08-2023 En febrero de 2024 se hizo público la declaración del colaborador eficaz N° 008-2023, involucrado en el caso "Los intocables de la corrupción", quien declaró que "en el gobierno de Martín Vizcarra se llegó a modificar el reglamento de la Ley de Contrataciones con la finalidad de que solo un grupo de empresas puedan conseguir una carta de solvencia económica de un banco, lo que se pedía como requisito para aceptar la propuesta del postor, lo que no era posible con la banca nacional, sino con empresas extranjeras, beneficiando con ello a las empresas chinas". Según el colaborador eficaz, Alcides Villafuerte, entonces funcionario de Provías Descentralizado, le comentó "que el reglamento de la Ley de Contrataciones había tenido modificaciones y que habían logrado incluir el requerir una carta de solvencia económica como requisito para participar en los procesos... comentó que dicha variación había sido una gestión de las empresas chinas ante el gobierno de Martín Vizcarra para que así las empresas locales queden fuera de competencia, puesto que esa carta es difícil conseguirla". El cambio se realizó a través del Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que fue firmada por Vizcarra como presidente y Carlos Oliva Neyra, ministro de economía de entonces. Además, declaró que los exfuncionarios de Provías Descentralizado, Alcides Villafuerte y Juan José Enciso, eran las personas clave en la adjudicación de obras a constructoras chinas. Según su testimonio, Villafuerte se reunía con representantes de las empresas para arreglar las coimas "equivalente a un porcentaje del costo directo de la obra. Alcides Villafuerte mencionaba que de ese porcentaje él se quedaba con una parte y con la otra pagaba a los miembros del comité, y otro porcentaje, que según refería era la mayor parte del pago ilícito, se iba para arriba, refiriéndose a Carlos Revilla y Martín Vizcarra". Entre los proyectos investigados por la fiscalía en las que presuntamente Vizcarra y los funcionarios habrían recibido coimas están: el mejoramiento y recuperación del camino vecinal en un sector del distrito de Samegua (licitado al Consorcio Vial Samegua, conformado por China Gezhouba Group Company y la Corporación Imaginación S.A.C, habiéndose pactado la entrega del 3% del valor de la obra); la conservación vial en el distrito de Caraybamba y la creación de un puente vehicular interregional entre Ayacucho y Apurímac.

Informe final de la comisión congresal A pesar de programarse para junio de 2024 la votación del informe final de la comisión, dicha votación fue suspendida. Sin embargo, en agosto de 2025 se anunció que para el 14 de agosto se iba a votar el informe final.

Denuncia de Convoca En agosto de 2025, el sitio Convoca reveló que la empresa CCECC en consorcio con Ricardo Prado Building Studio S.R.L., una constructora sin experiencia, había obtenido contratos por 507 millones de soles entre enero y julio del mismo año. A pesar de que dicha empresa estaba investigada por lavado de activos, obtuvo contratos para la gestión y conservación de cuatro corredores viales en los departamentos de La Libertad, Áncash, Lambayeque y Cajamarca.

Chifagate En enero de 2026 se reveló que el 26 de diciembre del año pasado, José Jerí se reunió, encapuchado, con el empresario chino Zhihua Yang en un chifa. Según se detalló, Yang había sido parte del viaje que realizó Dina Boluarte a China en el año 2024, que tenía contactos con altas autoridades del país oriental, que había contratado los servicios de Nicanor Boluarte (hermano de la ex mandataria) y tenía vínculos con el Club del Dragón (situación que conocía al firmar un informe relacionado donde se sindicaba a Yang como operador de dicho Club). Esto desató un escándalo conocido como el "Chifagate", que se incrementó con la aparición de nuevos videos en donde se veía a Jerí reunido con el referido empresario en su tienda.

Véase también

Club de la construcción Caso Odebrecht en Perú

Referencias