Los indultos federales en los Estados Unidos solo pueden ser concedidos por el presidente de los EEUU, de acuerdo con la autoridad sobre la Constitución de los Estados Unidos para conceder "aplazamientos e indultos para ofensas contra los Estados Unidos". Los indultos se extienden a todas las ofensas criminales federales, excepto por casos de destitución, y conllevan formas variadas de clemencia, incluyendo la conmutación de penas o posponer una condena, remitir una multa o restitución, demorar la imposición de un castigo, y proveer amnistía a un grupo entero o una clase de individuos. El poder de indulto se extiende a casos involucrando a la corte marcial contra miembros de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, incluyendo el Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea, el Cuerpo de Marines, la Guardia Costera, y la Fuerza Espacial.
El presidente puede conceder los indultos por su propia voluntad o en respuesta a peticiones a través de la Oficina del Fiscal de Indultos (inglés: ) del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. El Fiscal de Indultos investiga y revisa aplicaciones de clemencia pero solo sirven en un papel consultivo; el presidente puede ignorar los resultados o totalmente circunvalar la oficina. Se considera el poder de indulto "plenario", y por consiguiente, generalmente no puede ser restringido o modificado por el Congreso o la Judicatura. En el caso Ex parte Garland (1866), la Corte Suprema de los Estados Unidos confirmó la naturaleza "ilimitada" de indultos federales (excepto por los casos de destitución) y expandió su alcance para incluir ofensas para las cuales procedimientos legales no han sido iniciados. Los indultos han sido usados para casos presuntos, lo más notable fue cuando el presidente Gerald Ford indultó a Richard Nixon por algunos crímenes posibles en conexión con el escándalo Watergate; el efecto legal de ese tipo de "indultos abiertos" no ha sido determinado por la judicatura.
Un individuo puede decidir no aceptar un indulto, y en este caso no tiene efecto, según un veredicto de la mayoría de la Corte Suprema en Burdick v. United States (1915). En 2010, el tribunal de apelación del décimo circuito emitió un fallo que acepta que un indulto no constituye una confesión legal de culpabilidad, reconociendo el fallo anterior de la Corte Suprema como un dictamen autoritario.
Base constitucional El poder de indulto del presidente tiene base en el Artículo II, Sección 2, Cláusula 1 de la Constitución de los Estados Unidos, que provee que:
La Corte Suprema de los Estados Unidos ha interpretado la provisión para incluir el poder de conceder indultos, indultos condicionales, conmutaciones de pena, conmutaciones condicionales de pena, cancelaciones de multas y decomisos, aplazamientos, y amnistías.
Definiciones Un indulto es una orden ejecutiva concediendo clemencia para una condena. Puede ser concedido "en cualquier momento" después de la perpetración de un crimen. Según las regulaciones del Departamento de Justicia, las personas declaradas culpables pueden solicitar un indulto después de cinco o más años de empezar a purgar una pena. Sin embargo, el poder de conceder indultos por parte del presidente no está restringido por ninguna limitación temporal excepto de que el crimen debe de haber sido cometido. Un indulto es una expresión del perdón del presidente y generalmente se concede en reconocimiento por la aceptación de la responsabilidad del crimen del solicitante y por el buen comportamiento por un periodo significativo de tiempo después de la declaración de culpabilidad o la compleción de la condena. No indica inocencia. Su efecto práctico es la restauración de derechos civiles y la revocación o eliminación de discapacidades estatutarias de, por ejemplo, el derecho de arma de fuego, permisos ocupacionales, etcétera relacionados con o causados por una declaración de culpabilidad pasada. En casos más raros, como el del , un indulto puede detener el proceso judicial o las investigaciones, y previene una imputación, pero no se ha probado en la corte. Un aplazamiento es una postergación temporal de una condena. Una conmutación de pena es la mitigación de la pena de alguien cumpliendo una condena por un crimen conforme a una declaración de culpabilidad, sin anular la condena por sí misma.
Historia Origen y trasfondo El concepto de un gobierno tener la autoridad de proveer alivio de pena criminal tiene raíces profundas y más amplias en la historia, incluidos en los principios y la práctica legal de los judíos, griegos, y romanos antiguos. El poder de indulto de la Constitución Estadounidense se originó de la larga tradición inglesa, la cual permitió que el monarca ejerza la "" para retirar o proveer alternativas a la condena de muerte. La primera prerrogativa de merced fue emitida por el rey Ine de Wessex (688–725) y, durante el reinado del rey Enrique VIII (1509–1547), el parlamento lo declaró un derecho exclusivo de la Corona. Para el , el poder ha sido restringido por el parlamento, para que pudiera abordar abusos potenciales, pero retenía su uso original, incluyendo en las Trece Colonias. Los legisladores de la Constitución Estadounidense fueron influidos directamente por la práctica inglesa.
Alexander Hamilton defendió el poder de indulto en The Federalist Papers, en particular en el ensayo 74 en el que discutió que tal poder "debe ser encadenado o avergonzado lo mínimo que sea posible" para garantizar "acceso fácil a excepciones a favor de culpable desafortunado". Hamilton también argumentó que encargar este poder al presidente solamente llevaría a su ejercicio más ventajoso, porque una única persona sería "una distribuidora más apta de la merced del gobierno que un grupo de hombres" quienes "podrían animarse en un acto de obstinación y podrían estar menos sensibles a la comprehensión de sospecha o censura para una clemencia insensata o afectada".
Dado el precedente histórico, la Convención Constitucional tuvo poco debate sobre la pregunta de consagrar un poder de indulto, ni el plan de Virgina ni de Nueva Jersey, los cuales estuvieron relacionados con la estructura del gobierno nuevo, trataron de indultos. Más bien, la mayoría de las discusiones y los desacuerdos se fijaban en cómo y dónde los indultos presidenciales podrían ser ejecutados. Hamilton propuso enmiendas al Plan de Virginia que otorgaría poder de indulto a una "autoridad ejecutiva" que podría ser ejecutado sobre "todas ofensas excepto la de traición", con un indulto para traición requiriendo la aprobación del Senado. El primer informe del Comité de Detalle () propuso permitir que el presidente coincidiera "aplazamientos e indultos", con la única excepción de que un indulto no sería permitido para defender en la corte por un proceso de destitución, que era similar de las restricciones inglesas de indultos reales.
El delegado de Virginia, Edmund Randolph, presentó una moción para reincorporar una excepción para casos de traición, debido a que ofrecer indultos en tales instancias "era demasiada confianza" que el presidente "puede ser culpable por sí mismo" y que los "traidores pueden ser sus propios instrumentos". Durante la Convención de Ratificación en Virginia, el codelegado de Virginia, George Mason, asimismo razonó en contra de la ratificación, en parte bajo el argumento de que "el presidente no debe tener el poder de indultar porque frecuentemente puede indultar crímenes los cuales él propio recomendó", que eventualmente lleva a que él "establece una monarquía y destroza la república". James Wilson de Pennsylvania argumentó que si el presidente fuera involucrado sí mismo en conducto traicionero, podría ser destituido. James Madison expresó que el Senado debe ser consultado para indultos que traten de traición; Roger Sherman presentó una segunda propuesta para que se requiriera el consentimiento del Senado para todos los indultos, mientras los aplazamientos aplicarían solo hasta la sesión de Senado subsecuente. La moción de Randolph fue vencida al final por un voto de 8–2 (con un voto dividido), mientras la de Sherman fue vencida por un voto de 8–1.
Historia temprana El poder de indulto fue usado por primera vez por George Washington en 1795 cuando concedió amnistía a los participantes de la rebelión del whiskey. Subsecuentemente indultos fueron emitidos por una variedad amplia de condenas y crímenes. Thomas Jefferson concedió amnistía a cualquier ciudadano condenado por un crimen bajo las Leyes de Extranjería y Sedición. Abraham Lincoln usó clemencia durante la guerra civil estadounidense para incentivar las deserciones del Ejército Confederado; en 1868, su sucesor Andrew Johnson indultó a Jefferson Davis, el presidente anterior de la Confederación, el cual fue quizá el indulto más controversial hasta este punto.
Hasta el primer término de Grover Cleveland (1885–1889), los indultos eran escritos a mano por el presidente; después de que las máquinas de escribir llegaron a ser usadas regularmente en la Casa Blanca, los indultos eran preparados por empleados administrativos, solo requiriendo que el presidente los firmara.
Proceso moderno Todas las peticiones para indultos federales son dirigidas al presidente que concede o niega la petición. Típicamente, las peticiones para indultos son enviadas para un análisis y una recomendación no vinculante por parte de la Oficina del Fiscal Abogado de Indultos del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. El número de indultos y aplazamientos concedidos ha variado entre administraciones. Menos indultos han sido concedidos desde la Segunda Guerra Mundial.
Un indulto federal puede ser emitido: Antes del comienzo de un caso o una investigación legal Antes de la emisión de algunas imputaciones Para ofensas no especificadas Antes de una condena por un crimen federal
El indulto amplio del expresidente Richard Nixon otorgado por el presidente Gerald Ford en 1974 para "todas las ofensas contra los Estados Unidos las cuales él, Richard Nixon, ha cometido o pudiera haber cometido, o participado en durante el periodo del 20 de enero de 1969 hasta el 9 de agosto de 1974" es un ejemplo destacado de un indulto federal de un periodo fijo que fue emitido antes de algunas imputaciones y que cubrieron ofensas federales no especificadas que pudiera o no haber sido cometidas. La eficacia legal de esta forma de indulto no ha sido probada en la corte.
El Departamento de Justicia normalmente requiere que cualquier persona haciendo una petición de indulto espere cinco años después de la declaración de culpabilidad o puesta en libertad antes de recibir un indulto. No obstante, esta política no obliga al presidente ni restringe su poder. La constitucionalidad de indultos abiertos, como el indulto de Nixon por Ford, nunca ha sido probada judicialmente en la Corte Suprema, y puede estar abierta a discusión.
Mientras se puede conceder la clemencia sin declarar una petición formal, en la mayoría de casos, la Oficina del Fiscal Abogado solo considera las peticiones de personas que han cumplido su condena y, además, han demostrado su habilidad de vivir responsablemente y productivamente por un periodo significativo antes de la declaración de culpabilidad o puesta en libertad.
En el caso de United States v. Wilson (1833), la Corte Suprema falló que un indulto podría ser rechazado por el presidiario. En Burdick v. United States (1915), la Corte dijo específicamente: