miniaturadeimagen|230px|Dina Boluarte en febrero de 2024.Dina Boluarte, quien se desempeñó como presidenta constitucional del Perú entre diciembre de 2022 y octubre de 2025, ha sido denunciada e investigada en diversos casos. Algunos de estos se remontan a antes de asumir la presidencia, cuando fue candidata vicepresidencial por Perú Libre (PL) en las elecciones generales de 2021, así como a su gestión en el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) durante el gobierno de Pedro Castillo. La mayoría de las investigaciones se originaron a partir de denuncias periodísticas que motivaron su apertura. Al igual que Castillo, Boluarte ha negado las imputaciones en su contra y ha calificado las denuncias como parte de una presunta guerra jurídica (lawfare). Para los casos que involucraron a su entorno cercano, véanse los escándalos políticos acaecidos durante su gobierno.
Antecedentes Antes de postular a la vicepresidencia, Boluarte trabajó en la Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) desde 2007, donde llegó a desempeñarse como jefa encargada de la Oficina Registral Surco-Higuereta desde 2015. En 2020, presentó una demanda contra la entidad para reclamar beneficios laborales correspondientes a su tiempo de servicio. Asimismo, entre 2017 y 2021 presidió el Club Departamental Apurímac (CDA).
Caso RENIEC Estado: culminado (a favor de Boluarte)
En el año 2020, Boluarte interpuso una demanda contra la RENIEC señalando que empezó a laborar en dicha entidad mediante contratos de locación de servicios del 7 de marzo de 2007 al 30 de junio de 2008, tras lo cual pasó a suscribir contratos administrativos de servicios (CAS) desde el 1 de julio en adelante. En ese sentido, la demandante afirmó que trabajó de manera continua, permanente y bajo subordinación a la entidad cumpliendo un horario de trabajo. Asimismo, indicó que llegó a desempeñarse como jefe de la oficina registral con una remuneración de 4 500 soles y que la RENIEC suscribió arbitrales con el Sindicato de Trabajadores del RENIEC (SINTRARENIEC), lo que originaba beneficios adicionales a los establecidos por ley. Por ende, Boluarte solicitó el reconocimiento de la desnaturalización de su contrato, su incorporación en planilla como trabajadora en base al principio de primacía de la realidad y, en consecuencia, el pago de beneficios sociales y sindicales que no percibió durante su relación contractual con la RENIEC.
El 30 de diciembre de 2021, en primera instancia, el Sexto Juzgado de Trabajo del Poder Judicial le dio la razón en parte, fijando la compensación en más de S/. 286 000. Además, se declaró desnaturalizados sus contratos reconociendo la «existencia de una relación laboral a plazo indeterminado desde el 07 de marzo de 2007 en adelante». No se accedió al pedido total de Boluarte debido a que había recibido previamente algunos beneficios de los que reclamaba. Tras ello, la RENIEC apeló. En la apelación, la Primera Sala Laboral Permanente confirmó, en mayo de 2022, la sentencia de la primera instancia, aunque modificó el monto y lo ajustó a más de S/. 239 000 soles. La RENIEC, entonces, interpuso un recurso de casación argumentando que, entre octubre de 2010 y noviembre de 2011 y desde 2015 en adelante, Boluarte ocupó el puesto de jefe de oficina registral que estaba clasificado como un puesto de confianza y como tal no le correspondía beneficios sindicales.
En octubre de 2025, la Corte Suprema declaró fundada la casación presentada por la RENIEC determinando que Boluarte ejerció un cargo de confianza en los periodos señalados. Por lo cual, recalculó el monto y ordenó el pago a Boluarte de más de S/. 213 000 soles por concepto de beneficios laborales. El 26 de junio de 2026 se informó que el Poder Judicial inició la ejecución de la sentencia a favor de Boluarte requiriendo que la RENIEC realice el pago correspondiente.
Contexto Boluarte, al culminar las elecciones de 2021, se incorporó al gobierno de Pedro Castillo asumiendo el cargo de ministra de desarrollo e inclusión social. Debido a las denuncias de corrupción contra Castillo, la fiscal de la Nación Patricia Benavides oficializó la creación del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder (EFICCOP) bajo el liderazgo de la fiscal Marita Barreto con el objetivo de investigar los casos de corrupción que involucraban a personas elegidas por voto popular. En apoyo al EFICCOP se dispuso la creación de un Equipo Especial de la Policía Nacional, que quedó bajo liderazgo del coronel PNP Harvey Colchado. Posteriormente, luego del intento de autogolpe del 7 de diciembre de 2022 de Castillo y su posterior vacancia, Boluarte, por su condición de vicepresidenta, asumió constitucionalmente la presidencia de la República.
Primeras acusaciones Cuando era candidata por Perú Libre, Boluarte fue investigada en el marco del Caso Los Dinámicos del Centro. Posteriormente, cuando asumió el cargo presidencial se iniciaron protestas a nivel nacional que desembocó en la muerte de 49 personas en el contexto de la represión a las manifestaciones. A raíz de estos hechos, la fiscal de la Nación Benavides abrió investigación a Boluarte por el delito de genocidio en el Caso Muertes en las Protestas. Luego, tras el estallido del Caso La Fiscal y su Cúpula del Poder, que involucraba directamente a Benavides, asumió como nuevo fiscal de la Nación Juan Carlos Villena tras la suspensión por seis meses de Benavides. Sin embargo, al momento de destaparse el escándalo, Benavides presentó una denuncia constitucional ante el congreso de la República contra Boluarte por el Caso Muertes en las Protestas imputándole la comisión por omisión del delito de homicidio calificado y lesiones graves. Esto motivó que Boluarte acusara a Benavides de realizar la denuncia como una «maniobra política» con la que «se pretende distraer una denuncia gravísima contra la propia fiscal» añadiendo que expresaba su «extrañeza» que la denuncia fuera presentada «luego de que la ciudadanía tomara conocimiento de los allanamientos y detención del equipo [de asesores] de Benavides por presuntos actos de corrupción».
Fricciones entre el Ejecutivo y la fiscalía y acusaciones de filtración En marzo de 2024, se denunció el Caso Rolex. El fiscal de la Nación Villena inició investigaciones y se dispuso el allanamiento a la casa de Boluarte. Tras el allanamiento a su casa, Boluarte denunció que la medida fiscal era «arbitraria, desproporcional y abusiva» y que estaba «siendo atacada sistemáticamente... generando inestabilidad política, social y económica», acusando a la prensa de acosarla y atacarla con «noticias tendenciosas y falsas». De acuerdo con Boluarte, ella no se resistía a las investigaciones y enumeró cinco puntos con los que sustentó su acusación de ser atacada: la acusación de algunos medios de que un abogado suyo había traído el Caso Los Dinámicos del Centro de Huancayo a Lima para favorecerla siendo que ella había pasado de testigo a investigada, las indagaciones de un «sector de la prensa» sobre lo que «usa un presidente» señalando que «quiero creer que no es un tema sexista ni de discriminación», que la habían querido vincular con la huida de Vladimir Cerrón con el denominado Caso Cofre, que alguien se había encargado de perder el cuaderno que registraba quién entraba a su casa «y, qué casualidad, primero dice que lo encontraron en Vía Expresa o en un parque, luego dentro de un vehículo del Estado» y que habían filtrado el informe de balance patrimonial que le habían hecho en 2022 mediante la cual una periodista dejó entrever «en primera plana» que presuntamente lavó dinero a través del CDA. También pidió a la fiscalía que no sea «mesa de partes de alguna prensa tendenciosa» y les exhortó a «que cesen las filtraciones indebidas en todos los casos».
En mayo, Villena presentó una denuncia constitucional ante el congreso. Esto motivó que Eduardo Arana, ministro de justicia, acusara a Villena de infringir la constitución al presentar dicha denuncia. Posteriormente, el ciudadano Jhon Carlos López Goicochea presentó una denuncia constitucional contra Villena acusándolo de prevaricato y de infringir la constitución al no ceñirse al artículo 117 de la carta magna. Villena declaró que no existía una «persecución sistemática», señaló que la denuncia se hizo luego de culminarse la investigación preliminar, que el congreso era el que estaba limitado de realizar la acusación constitucional luego de admitir la demanda y que los ministros estaban «sobredimensio[nando]» la presentación de la denuncia basándose Villena en lo declarado por Juan Carlos Portugal (abogado de Boluarte) al respecto, además desestimó la denuncia presentada por Goicochea. Por su parte, según informó el dominical Punto Final, Boluarte, en su declaración ante la fiscalía, acusó a Villena de filtrar sus declaraciones a la prensa. Mientras, Portugal calificó la presencia de un fiscal en la toma de declaración de Boluarte por el Caso Desactivación del Equipo Especial de la PNP del EFICCOP como «provocadora» ya que dicho fiscal, que estuvo presente en el allanamiento a la casa de Boluarte, no realizó ninguna pregunta ni se consignó su presencia en el acta correspondiente.