La historia LGBTQIA+ en Venezuela se refiere a la diversidad de prácticas, militancias y valoraciones culturales sobre sexualidad y géneros disidentes que se desplegaron históricamente en el actual territorio venezolano.

En los pueblos precolombinos de Venezuela, algunas tribus aceptaban la homosexualidad, mientras otras la castigaban. Cronistas españoles documentaron prácticas homosexuales en grupos indígenas, pero algunos estudios sugieren que estas descripciones fueron exageradas para justificar la conquista. En algunas comunidades, como los waraos, existían identidades no binarias respetadas por su rol en el chamanismo. En el , bajo la Capitanía General de Caracas, la represión de la homosexualidad estuvo a cargo de la iglesia y el Tribunal de la Inquisición, y se castigaban las transgresiones sexuales. En el , la homosexualidad consensual no fue penalizada tras la promulgación del Código Penal de 1836. Durante el , bajo la dictadura de Juan Vicente Gómez, la represión fue intensa, pero surgieron movimientos LGBT+, como el Grupo Entendido y la Alianza Lambda. Durante el con la presidencia de Hugo Chávez, se intentó incluir la no discriminación por orientación sexual en la Constitución, y aunque se lograron ciertos avances, como el reconocimiento de algunos derechos para parejas homosexuales, el matrimonio no fue legalizado. Durante el mandato de Nicolás Maduro, se propuso la legalización del matrimonio igualitario, y aunque no se discutió, el Tribunal Supremo admitió la demanda en 2016. Además, figuras como Tamara Adrián y Rosmit Mantilla destacaron en la representación política de la comunidad LGBT+, aunque los retos persisten, como los crímenes de odio.

Es un hecho notorio que la homofobia aún está muy arraigada en Venezuela dados los patrones culturales y de educación inculcados por generaciones.

Pueblos precolombinos La homosexualidad fue practicada por varios de estos pueblos. Aunque era aceptada por algunos, otros la rechazaban y castigaban. Cronistas españoles mencionaron la existencia de relaciones sexuales entre personas del mismo sexo y como algunas mujeres y hombres tomaban roles del género contrario.

Diversos estudios encontraron la presencia de prácticas homosexuales en las tribus achaguas, bobures, capechos, caribana, caribes, chiricoa, ciparicote, coquibacoa, guahibos, salivas, timotes, waraos, ypuies e itatos.

Los cronistas Francisco López de Gómara y Gonzalo Fernández de Oviedo mencionaron que en la zona costera del país muchos indígenas eran «sodomitas» y que algunos, según López de Gómara, solo le faltaban «tetas y parir» para ser mujeres.Fernández de Oviedo por su parte describió ciertas prácticas como:«Aquel que sirve de hembra en tal crimen, deja crecer el cabello hasta la mitad de las espaldas, como lo traen las mujeres y no osa tomar arco ni flecha ni otra arma, ni ocupar su persona en cosa alguna en que los hombres la ejercitan. Y no es sola aquesta provincia, donde aqueste maldito vicio se acostumbra en la Tierra Firme.»De acuerdo a algunos autores, las referencias a prácticas homosexuales, pudieron haber sido exageradas para justificar la conquista.Desde 1503 se permitió la esclavitud de los indígenas que se rebelaran o cometieran crímenes, lo que pudo influir en que se les asociara a estos hechos para facilitar su sometimiento.

Las identidades de género en algunos pueblos indígenas, como los waraos de Venezuela, trascienden el binarismo hombre-mujer y las categorías de heterosexual y homosexual, vinculándose a aspectos rituales y sociales. En los waraos, la identidad transgénero tida-wina, es un ejemplo de personas con anatomía masculina que viven como mujeres, muchas de las cuales se dedicaban al chamanismo. Tradicionalmente, eran esposas secundarias de hombres polígamos. Sin embargo, el contacto con la sociedad criolla y la pandemia de VIH ha llevado a que sean vistos de forma despectiva y asociadas con estereotipos negativos como el de "maricones", lo que ha generado un cambio en cómo son vistas dentro y fuera de sus comunidades.

En la Venezuela del , la estructura social y administrativa fue consolidada bajo la Capitanía General de Caracas, donde coexistían diversas culturas y etnias. La represión de conductas sexuales transgresoras estuvo mayormente a cargo de la iglesia diocesana y del Tribunal de la Inquisición de Cartagena, que estableció redes de informantes y oficiales para denunciar estas prácticas. Los obispos, especialmente Madroñero y Mariano Martí, llevaron a cabo visitas para fiscalizar y sancionar comportamientos, enfocándose en la moralización de la vida pública y privada. El control social incluía la regulación de la vestimenta y la conducta en público para evitar la confusión de géneros y mantener el orden social, con la comunidad participando activamente en la vigilancia y denuncia de transgresiones.

En 1772, un bando del buen gobierno en Venezuela prohibía que las personas usaran vestimentas no acordes a su sexo, estado o calidad, reflejando una preocupación por evitar la confusión de géneros y mantener la distinción de estamentos sociales a través de la apariencia. Esta norma, que coincidía con las ideas expresadas en el Compendio Moral Salmaticense, buscaba asegurar el control social y moral en una época donde la vigilancia era constante y las delaciones, motivadas por miedo o venganza, eran comunes, especialmente durante momentos de crisis o bajo la influencia de la Inquisición.

Las transgresiones sexuales, especialmente lésbicas, eran raramente documentadas debido a la censura y al enfoque en la moralidad pública. Un caso notable es el de María Josepha Bohórquez y María Concepción Carrasquero, dos mujeres en Maracaibo cuya relación fue denunciada y reprimida por el obispo Mariano Martí en 1774. Este caso resalta la preocupación de Martí por mantener las normas de género y controlar la visibilidad del estatus social a través de la vestimenta y el comportamiento público, en un contexto donde la vigilancia social y las delaciones eran comunes, a fin de reforzar la jerarquía y el orden moral de la época:

La legislación colonial sobre la sodomía o "pecados contra natura", era estricta y permitía a cualquier ciudadano denunciar a los infractores, como lo establecía la ley II del título XXI de la Séptima Partida:

Este marco legal fue seguido al pie de la letra en Caracas, donde se conservan registros en el Archivo Arquidiocesano, donde se registran varios casos de denuncias por este delito. Entre ellos, destacan las acusaciones de dos jóvenes contra sacerdotes por acoso durante confesiones en 1797. Aunque la gravedad de las acusaciones se incrementaba debido a la posición de los sacerdotes como confesores, no se hallaron pruebas de que los clérigos fueran perseguidos, lo que sugiere que estos casos pudieron haber sido desestimados para evitar el escándalo. Un ejemplo de cómo se trataban estos casos es el de Fray Joaquín de Castilloveytia, cuya acusación de sodomía fue silenciada mediante un decreto de "perpetuo silencio" para proteger la reputación de la orden de San Francisco. A pesar de los esfuerzos por borrar estos eventos, el rumor persistió entre la comunidad, revelando una tensión entre los diferentes grupos sociales, como los "morenos" que lo acusaban y los "mantuanos" que lo defendían.

Otro caso documentado es el de Miguel Antonio Landaeta, quien fue sentenciado al destierro en 1799 por sodomía, aunque la información disponible es escasa. Más detallado es el caso de Joseph Díaz, un soldado acusado en 1765 de sodomía con un joven de 18 años. Según los testimonios, Díaz habría agredido al joven en un bosque cercano a Puerto Cabello. La investigación se prolongó hasta 1767, cuando Díaz fue condenado a servir en el presidio de San Juan de Ulúa sin sueldo ni ración.

Los registros muestran que las relaciones sodomíticas entre adultos y jóvenes eran las que más a menudo llegaban a juicio, aunque las condenas no siempre seguían al pie de la letra la severidad que dictaba la ley.

miniaturadeimagen|230px|Vigésima sexta edición del Manual de Carreño, de 1875 Desde la promulgación del primer Código Penal de Venezuela en 1836, la actividad sexual consensual entre personas del mismo sexo no ha sido objeto de criminalización penal en el país. Esta legislación inicial estableció un marco jurídico en el que tales actos no estaban penalizados, y hasta la fecha, no se ha introducido ninguna ley que modifique esta situación, lo que ha permitido que la legalidad de estas prácticas se mantenga desde entonces.

Durante el guzmanato (el periodo de gobierno de Antonio Guzmán Blanco), la política sexual y textual del régimen, influyó en las prácticas y hábitos sociales, especialmente entre los hombres. El gobierno, al igual que otras autoridades de la época, promovió un modelo de nación basado en la monogamia, la heterosexualidad, la blancura y el patriarcado. Este modelo tenía como objetivo formar una nación capitalista, ordenada y metódica, donde los hombres fueran los principales depositarios de la autoridad simbólica, política y económica.

Un manual emblemático de esta formación fue el Manual de Carreño, un texto de urbanidad que dictaba normas de comportamiento para adultos y niños, y que servía para reforzar los valores de una sociedad estrictamente controlada en términos morales y sexuales. Este manual es un ejemplo sobre el control de los cuerpos y las conductas a través de reglas de comportamiento social, perpetuando la idea de un "hombre ideal" que debía alinearse con los valores de la naciente república.

Paralelamente, a pesar de estos intentos de control social, los relatos de viajeros europeos (ingleses y alemanes) que visitaron Venezuela durante la segunda mitad del describen una realidad más compleja. Estos viajeros no sólo notaron el exotismo de las tierras americanas, sino también la sensualidad y la provocación de los cuerpos, tanto de mujeres como de hombres. Sus escritos sugieren que la disciplina y la racionalidad que guiaban sus expediciones científicas se veían desafiadas por un deseo colonialista, que buscaba apropiarse de culturas y cuerpos ajenos.

Entre 1908 y 1935 se registran políticas represivas en Venezuela contra las personas homosexuales y consideradas afeminadas, bajo la dictadura de Juan Vicente Gómez. Un decreto de este régimen ordenaba el confinamiento de estas personas en la Colonia Correccional de la Isla del Burro, ubicada en el lago de Valencia, Carabobo. La dictadura de Gómez se caracterizaba por un rígido control social, y el general solía emplear la frase: «Mire mijo, usted como que se escapó de Valencia» para reprochar a quienes no cumplían con sus expectativas de masculinidad. Esta actitud también originó la expresión «Valencia la ciudad de las naranjas dulces y los hombres complacientes», un dicho que persiste hasta el presente y se ha tomado como una actiud prejuiciosa para con los nativos de la capital carabobeña.

miniaturadeimagen|275px|Detenidos bajo la Ley de Vagos y Maleantes, fueron trasladados y recluidos en la Colonia Penal de El Dorado, hacia 1965 En 1923, se produjo un asesinato que marcó un precedente inquietante: Juan Crisóstomo Gómez, vicepresidente de la república y hermano de Juan Vicente Gómez, fue apuñalado 27 veces. Este crimen, según diversas versiones, podría ser el primer homicidio relacionado con la homosexualidad registrado en la historia de Venezuela.

En 1939, se promulgó la Ley de Vagos y Maleantes, que, aunque no criminalizaba explícitamente la homosexualidad, permitía la detención y reeducación de personas consideradas potenciales delincuentes. Inspirada en normativas similares de España y Argentina, esta ley abría la puerta a la persecución y control de grupos marginalizados.