La revocación de visas estadounidenses a ciudadanos y funcionarios costarricenses se refiere a una serie de medidas adoptadas por el gobierno de los Estados Unidos durante la segunda administración del presidente Donald Trump, que resultaron en la cancelación o denegación de visas a varios individuos costarricenses, incluyendo un expresidente, legisladores y otros funcionarios públicos. Estas acciones se enmarcaron en una política más amplia de restricciones migratorias y diplomáticas destinadas a contrarrestar la influencia china en América Central, promover la seguridad nacional y responder a críticas percibidas como «hostiles» hacia los Estados Unidos.
El caso más destacado involucró al expresidente costarricense y premio Nobel de la Paz, Óscar Arias Sánchez, cuya visa fue revocada en abril de 2025, poco después de realizar críticas públicas hacia Trump. Otras revocaciones afectaron a legisladores opositores al gobierno de Rodrigo Chaves, vinculados a posiciones favorables a la participación china en proyectos de infraestructura como la red 5G.
Estas medidas generaron controversia internacional, con acusaciones de uso político de las visas para silenciar disidentes y promover alineamientos geopolíticos. La Embajada de los Estados Unidos en Costa Rica se negó a confirmar las medidas adoptadas, señalando una política interna de no comentar casos individuales, sin embargo, en todos los casos los anuncios fueron hechos por medios de comunicación afines al gobierno de Rodrigo Chaves Robles, tales como OPA, Trivisión y Noticias Repretel.
Hasta octubre de 2025, el Departamento de Estado de EE. UU. había impuesto restricciones de visa a varios nacionales centroamericanos por supuestas colaboraciones con el Partido Comunista Chino (PCC), aunque Costa Rica no fue mencionada explícitamente en todos los anuncios.
Antecedentes
Exclusión de empresas chinas de la tecnología 5G en Costa Rica En 2022 el gobierno de Rodrigo Chaves Robles emitió un decreto de ciberseguridad que condicionó la participación en los futuros contratos de redes 5G a que el país de origen de las empresas concursantes fuese firmante del Convenio de Budapest contra la ciberdelincuencia. Dado que China no es parte de ese tratado, empresas como Huawei quedaron excluidas de los concursos públicos para la infraestructura 5G en Costa Rica.
Huawei, con amplia presencia histórica en el mercado local y principal proveedora de tecnología a la estatal ICE, intentó frenar la aplicación del decreto mediante acciones legales, mientras el gobierno defendió la medida alegando la protección de datos y la seguridad nacional. Esta política, respaldada implícitamente por Estados Unidos, generó roces con China y divisiones internas.
Varios diputados costarricenses criticaron la exclusión de Huawei por considerar que atentaba contra la libre competencia y el avance tecnológico del país.
En febrero de 2024, un tribunal costarricense suspendió temporalmente la exclusión de empresas chinas mediante una medida cautelar provisional. Sin embargo, para marzo de 2025, el Poder Judicial rechazó la demanda de Huawei, manteniendo la prohibición por motivos de seguridad nacional.
En abril de 2025, el presidente de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias Sánchez, planeó reuniones con autoridades chinas para discutir el impacto de la restricción. Estos opositores, vinculados a posiciones pro-chinas, fueron posteriormente afectados por revocaciones de visas estadounidenses.
Políticas de inmigración y visas bajo la administración Trump (2025-) Tras su reelección en noviembre de 2024 e inauguración en enero de 2025, el presidente Donald Trump implementó una serie de órdenes ejecutivas destinadas a fortalecer las restricciones migratorias, enfocadas en la seguridad nacional, la lucha contra el terrorismo y la contrarreforma a la influencia extranjera adversa. Una de las primeras acciones fue la emisión de la proclama presidencial «Protegiendo a los Estados Unidos de Terroristas Extranjeros y Otras Amenazas a la Seguridad Nacional y la Seguridad Pública» en enero de 2025, que amplió las facultades para revocar visas a individuos con «actitudes hostiles» hacia Estados Unidos. Esta política se extendió a restricciones específicas contra nacionales de países percibidos como cooperantes con potencias adversarias, particularmente China.
En mayo de 2025, el secretario de Estado del gobierno de Trump, Marco Rubio anunció revisiones a los criterios de visas para aumentar el escrutinio a solicitantes chinos y de Hong Kong, como parte de una estrategia para priorizar «América Primero» sobre China. Para junio, el Departamento de Estado impuso restricciones de visa a funcionarios centroamericanos involucrados en acuerdos con China y Cuba relacionados con esquemas de trabajo forzado en el sector médico. Aunque los países específicos no siempre se detallaron, las medidas se dirigieron contra aquellos que «socavan el estado de derecho» en América Central mediante colaboraciones con el Partido Comunista de China.
Estas políticas se contextualizan en un esfuerzo más amplio para contrarrestar la expansión china en la región, incluyendo presiones diplomáticas para excluir empresas chinas de proyectos de telecomunicaciones y ciberseguridad. En febrero de 2025, durante una visita a Costa Rica, Rubio ofreció apoyo al presidente Rodrigo Chaves para «castigar» a funcionarios que colaboraran con actores extranjeros amenazantes para la ciberseguridad del país. El presidente Chaves celebró públicamente la «alineación» de Costa Rica con su principal aliado en decisiones «patrióticas» sobre telecomunicaciones.
Primera oleada de revocaciones (febrero 2025) El 20 de febrero de 2025, se dio a conocer la primera serie de cancelaciones de visas dirigidas a funcionarios costarricenses. Las diputadas Johana Obando Bonilla y Cynthia Córdoba Serrano, electas por el Partido Liberal Progresista (PLP), recibieron notificaciones por correo electrónico sobre la revocación de sus visas para ingresar a Estados Unidos. En los meses anteriores, ambas legisladoras habían expresado críticas abiertas contra la política del gobierno costarricense que impedía la participación de empresas chinas, como Huawei, en las licitaciones para el desarrollo de la red 5G.
El PLP confirmó públicamente la revocatoria de las visas, manifestando solidaridad con las afectadas y reconociendo el derecho soberano de Estados Unidos para adoptar decisiones políticas, diplomáticas y administrativas en materia de visas. La Embajada de los Estados Unidos en Costa Rica se negó a proporcionar detalles públicos sobre la medida adoptada, alegando una política interna de no comentar casos individuales. Posteriormente Obando y Córdoba renunciaron al PLP y se declararon diputadas independientes, argumentando que el partido no les brindó el apoyo necesario tras la revocación de sus visas.
El 25 de febrero se sumó a la lista Ana Sofía Machuca Flores, quien ocupaba el cargo de auditora general del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), y quien fue informada de la cancelación de su visa estadounidense. Machuca respondió públicamente calificando la acción como un «atentado contra la soberanía nacional y la libertad de expresión», y advirtió que formaba parte de un esfuerzo sistemático para socavar los mecanismos de control interno en el ICE.
En su declaración, la auditora recordó que desde 2017 había denunciado diversas irregularidades en las contrataciones del ICE, incluyendo informes y acusaciones relacionadas con adjudicaciones a Huawei, y reafirmó su compromiso con la fiscalización independientemente de presiones externas.
Semanas antes, en diciembre de 2024, el gobierno de Rodrigo Chaves había presentado una denuncia penal contra Machuca por presuntas anomalías en el ICE, asociando el caso con Huawei y su representante en Costa Rica, Yang Peng, en supuestos actos irregulares.
Hacia finales de febrero, medios costarricenses informaron que Estados Unidos extendió su lista de sancionados al incluir cinco nombres adicionales vinculados al sector de telecomunicaciones. Entre ellos figuraban Yang Peng, apoderado general de Huawei en Costa Rica, y cuatro funcionarios o exfuncionarios del ICE: Carlos Luis Mecutchen (gerente de Telecomunicaciones entre 2013 y 2014), Jaime Palermo (gerente de Telecomunicaciones de 2014 a 2019), Luis Diego Abarca (gerente de Telecomunicaciones durante la administración 2022-2024) y Douglas Eduardo Quesada (jefe de la División de Desarrollo y Construcción de la Red del ICE).
Estas inclusiones se agregaron a las revocaciones ya conocidas, lo que llevó a analistas a interpretar las medidas como una forma de represalia diplomática por parte de Washington, en respuesta a las críticas y objeciones en Costa Rica respecto al manejo de la red 5G y las relaciones con Huawei.
Segunda oleada de revocaciones (marzo 2025) miniaturadeimagen|Francisco Nicolás Alvarado, tercer diputado al que le revocaron la visa estadounidense. Durante la primera semana de marzo de 2025, un tercer legislador confirmó la revocación de su visa estadounidense: el diputado Francisco Nicolás Alvarado, del Partido Liberación Nacional (PLN), electo por la provincia de Puntarenas. Nicolás expresó sorpresa ante la decisión y sugirió que podría haber sido influenciada por solicitudes de la administración de Rodrigo Chaves, con el objetivo de silenciar voces opositoras a través de la intervención de Estados Unidos. El diputado mantuvo que había sostenido una relación positiva durante años con la anterior embajadora de Estados Unidos en Costa Rica y negó que una reunión que sostuvo con el ejecutivo de Huawei, Henry Ren, estuviera vinculada a contratos de 5G; en cambio, afirmó que el encuentro se enmarcaba en una investigación legislativa sobre irregularidades en la empresa estatal RACSA, parte del Grupo ICE, e independiente del tema de Huawei.
Miguel Guillén, secretario general del PLN, describió la cancelación de la visa de Nicolás como un acto de represalia que vulneraba los principios de respeto mutuo entre naciones soberanas, enfatizando que «la dignidad nacional nunca estará en venta ni nuestra democracia se somete a presiones externas». Por su parte, el presidente Rodrigo Chaves negó públicamente que su gobierno hubiera solicitado tales medidas, aunque admitió conocer la lista de afectados hasta ese momento.
El 4 de marzo, Chaves indicó que la lista incluía «seis personas» relacionadas con el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), mencionando específicamente a dos exgerentes de telecomunicaciones (Jaime Palermo y Carlos Mecutchen), un exjefe de la división de redes (Douglas Quesada) y la auditora general (Sofía Machuca). La lista incorporaba otros nombres ya reportados en la prensa, como el gerente actual Luis Abarca y el sindicalista Carlos Stradi, líder del Frente Interno de Trabajadores del ICE, quien también recibió una notificación de denegación de ingreso a Estados Unidos. Stradi respondió con ironía, señalando que no poseía visa desde hacía años ni planeaba viajar, cuestionando la utilidad de la medida, pero la denunció como un acto intimidatorio y reafirmó que el sindicato continuaría sus acciones legales contra el decreto de 5G sin concesiones. izquierda|miniaturadeimagen|Vanessa de Paul Castro Mora, vicepresidente del Congreso a la que Estados Unidos le revocó la visa.