Julia del Carmen Chuñil Catricura (Máfil, 16 de julio de 1952 - Máfil, 8 de noviembre de 2024) fue una defensora y activista medioambiental mapuche y presidenta de la Comunidad Indígena Putreguel. Se le reconocía por su labor en la defensa del bosque nativo y la protección de tierras ancestrales mapuche en las comunas de Máfil y Los Lagos, en la región de Los Ríos.
El 8 de noviembre de 2024 desapareció en la comuna de Máfil, región de Los Ríos, en circunstancias investigadas por los tribunales. Aquel día, la dirigente acudió al predio «Reserva Cora Número Uno-A» en busca de animales extraviados. Uno de sus hijos explicó que al buscar a su madre encontró huellas de una camioneta, vehículo «inusual» para el sector, lo que levantó sospechas. En enero de 2026 se conoció que había sido asesinada el mismo día de su desaparición.
Biografía Vida personal Nació el 16 de julio de 1952 en el sector rural de Huichaco, en la comuna de Máfil. Se declaraba Mapuche y tuvo tres hermanas, sin embargo, no creció con sus padres biológicos debido a que su madre falleció y su padre, al enviudar, repartió a las hijas en distintas familias. Finalmente después de malas experiencias fue acogida por la familia Vázquez. A sus 15 años trabajó lavando ropa para juntar dinero. Durante su juventud, se fue un periodo a Valdivia, pero luego regresó al campo. Es madre de 5 hijos y abuela de 10 nietos.
El 2018 luchó por la protección de 900 hectáreas de bosque nativo en la comuna donde residía, Máfil.
Meses antes de su desaparición, se desempeñaba como presidenta de la Comunidad Putreguel.
Defensa ambiental del territorio A lo largo de su vida, se dedicó a la conservación del bosque nativo y a la defensa de los derechos territoriales de su comunidad.
En 2014, la «Comunidad Indígena Putreguel» fue reconocida oficialmente por la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI), y Julia asumió el rol de presidenta y representante legal de las 17 familias que la conforman.
Predio de Huaichaco 7 El predio Huichaco 7, tiene una extensión de 2,83 hectáreas y se encuentra ubicado junto a la ruta T-345, sector de Huichaco, comuna de Máfil, Región de Los Ríos, es de propiedad de Forestal Arauco S. A., que en un informe de marzo del año 2015 lo identifica como un Eltún o antiguo cementerio mapuche. Este predio está considerado como un área de alto valor de conservación por la empresa forestal la cual venía trabajando con la comunidad indígena Putreguel quienes habían solicitado el rescate y conservación del patrimonio cultural y sitios ceremoniales.
Predio Cora N°1-A de Los Ciruelos La Reserva CORA N°1-A se encuentra ubicada en el sector Los Ciruelos, comuna de Los Lagos, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos. Posee 891,40 hectáreas y se encuentra en el kilómetro 12 de la ruta T-39 que une la ciudad de Los Lagos con Panguipulli. Este predio se encuentra en la parte norte la comuna y colindante a la comuna de Máfil.
La Reserva Cora N°1 de Los Ciruelos, fue conocido originalmente como "La Fride" y expropiado durante un corto periodo durante la Reforma Agraria en Chile (1967-1973), fue devuelto a privados tras el golpe militar de 1973. El año 1978 el fundo pertenecía a Alfredo Milthaler Reichert quien lo vendió a la familia Fried. El año 2008 figuraban como dueños Esteban Fried Kopp y su cuñada Susana Reinitz Fried, año en que fue adquirido por el empresario agrícola Juan Carlos Morstadt Anwandter, quien lo vende al Banco Scotiabank Chile el año 2009, es el Banco quien subdivide el predio en dos lotes.
En el año 2011, CONADI compró el lote A, de 843 hectáreas por $1.114 millones de pesos para la beneficiar a la Comunidad Mapuche Blanco Lepín, de la comuna de Lautaro, Región de La Araucanía. Pero tras un proceso que estuvo plagado de irregularidades. La Comunidad Blanco Lepín decide recurrir a Contraloría General de la República el año 2013 y a la justicia en contra de CONADI.
En 2015, bajo el liderazgo de Julia, la comunidad amplió su territorio al ocupar un predio conocido como "Reserva Cora Número Uno-A", tierras ancestrales que habían sido ofrecidas previamente a una comunidad indígena de otra región. La elección de ocupar la propiedad ubicada en la comuna de Los Lagos emergió como reacción a un prolongado proceso de conflicto con el empresario Juan Carlos Morstadt Anwandter con otra comunidad indígena, quien deseaba destinar el terreno a la tala de bosques nativos y a la comercialización de madera, por su parte la CONADI, había sido demandada por anomalías en el proceso de entrega de las tierras. A pesar de que la CONADI ya había reconocido la propiedad como territorio ancestral mapuche, la entrega oficial se vio impedida, lo que llevó a la comunidad Putreguel, liderada por Julia Chuñil, a tomar posesión del terreno. La ocupación del predio por parte de la comunidad Putreguel, se basa en que esta comunidad es de la comuna vecina de Máfil, es decir, de la zona, y eran ellos quienes debían administrar dicho predio dado que este se encontraba abandonado.
Desde entonces, Julia se dedicó a la conservación de la biodiversidad local y a la cría de ganado a pequeña escala. Sin embargo, su defensa del territorio no estuvo exenta de riesgos: durante años, enfrentó amenazas y hostigamientos constantes, los cuales se intensificaron en los últimos días previos a su desaparición. Desde 2018, había denunciado reiteradamente la situación y manifestado su preocupación por la seguridad de su comunidad y la propia; tras la restitución del terreno en cuestión a una empresa, comenzó a recibir amenazas y persecuciones por parte de personas vinculadas al predio.
Entre los casos más graves de hostigamiento, se menciona que un puente que utilizaba con frecuencia fue destruido en más de una ocasión. Según Julia, esta acción fue realizada por José Luis Painean Coronado, quien habría recibido $3.000.000 de parte de Juan Carlos Morstadt Anwandter, dueño de la empresa que intentaba explotar el terreno. Además, Julia relató que Morstadt le ofreció dinero directamente para que abandonara el lugar, diciéndole .
Desaparición El 8 de noviembre de 2024 fue vista por última vez cuando salió de su hogar, acompañada de su perro «Cholito», para buscar animales extraviados en un predio en disputa. Desde ese día no se ha tenido información sobre su paradero.
El 10 de noviembre de 2024 fueron encontrados su bastón y un cojín en una mediagua. Al día siguiente su familia presentó una denuncia por presunta desgracia. Lugareños señalaron que había evidencia que indicaría que Chuñil fue sacada de la mediagua, incluyendo marcas de neumáticos de camioneta «atípicas para la zona», pero mayor evidencia se habría perdido debido a las lluvias. Las siguientes semanas se desarrollaron diversos operativos de búsqueda.? El 8 de diciembre su familia y la ONG Escazú Ahora presentaron una querella criminal contra todos quienes resultasen responsables.
El 14 de febrero de 2025, Pablo San Martín —hijo de Chuñil— declaró que ya no se estaban realizando búsquedas en el sector y que el foco de la investigación recayó en su hermana, Jeanette, quien por dichos de su pareja quedó sospechosa en el caso.
El 15 de octubre de 2025 ocurrió una filtración en la página del Ministerio Público, presuntamente a petición de un fiscal para iniciar una línea investigativa, de la transcripción de un audio del empresario Juan Carlos Morstadt Anwandter en la que este le informaría a su padre que tenía conocimiento de que a Julia Chuñil la habían quemado. La información causó conmoción a nivel nacional, originado diversas manifestaciones a principios de octubre del mismo año.
Investigación judicial Dos días después de la última vez que fue vista, su familia interpuso una denuncia por presunta desgracia, activando una investigación policial por persona desaparecida. Dada la gravedad del caso, este fue asumido por la Fiscalía Regional de Los Ríos, inicialmente bajo la fiscala Tatiana Esquivel. En un comienzo la causa se tramitó como presunta desgracia, pero posteriormente se reclasificó como desaparición con presunción de delito, siendo categorizada como investigación compleja.
Entre noviembre y diciembre de 2024 comenzó la búsqueda de Julia Chuñil tras su denuncia por presunta desgracia, concentrándose en los sectores rurales de Máfil donde fue vista por última vez. Las primeras hipótesis apuntaron a un accidente en el trayecto que recorría diariamente, pero fueron descartadas al no encontrarse rastros. Carabineros realizó peritajes en su vivienda, encontrando manchas que parecían de sangre; sin embargo, los análisis determinaron que eran mayoritariamente de origen animal, lo que debilitó la tesis de un ataque en el hogar y provocó tensiones entre la familia y la Fiscalía, que de todas formas dispuso nuevas diligencias intrusivas.
En enero de 2025 se efectuó un segundo allanamiento con autorización judicial, en el que participó la fiscal regional Tatiana Esquivel. La familia denunció malos tratos durante el procedimiento, donde se usaron perros detectores, excavaciones y un georradar, este último manejado por un funcionario investigado por apremios ilegítimos. En marzo, un informe de Labocar detectó sangre humana en la carreta usada por Julia, perteneciente a su hijo Javier, y halló restos compatibles en su habitación, además de sangre en la puerta de la vivienda de la víctima. Estos hallazgos consolidaron la sospecha de un hecho violento y llevaron a descartar oficialmente la teoría del accidente.
Durante los meses siguientes, la investigación se volvió prioritaria y de alta complejidad. Se ejecutaron más de 150 diligencias con apoyo de unas 20 instituciones, pero la información fue resguardada bajo secreto. Sin embargo, filtraciones a la prensa generaron conflictos con la familia, que presentó querellas por violación de secreto. Paralelamente, interceptaciones telefónicas y rastreos revelaron nuevas pruebas: en una conversación grabada, el empresario Juan Carlos Morstadt, dueño del fundo donde desapareció Julia, señaló que «la quemaron», lo que levantó fuertes sospechas en su contra. Tras difundirse estas grabaciones, las abogadas querellantes fueron bloqueadas de la carpeta digital del caso, denunciando represalias y falta de transparencia por parte del Ministerio Público.
En octubre de 2025, la investigación continuaba sin formalizaciones y sin rastro del paradero de Julia. En una entrevista, la fiscal Esquivel aseguró que solo se presentarían cargos cuando existiera evidencia suficiente. Mientras tanto, las pesquisas se concentraban en dos líneas principales: la hipótesis de un conflicto intrafamiliar y la de un ataque derivado de la disputa territorial que Julia sostenía con el empresario forestal; esto generó un fuerte confrontamiento entre la Fiscalía y la familia.
Principales hipótesis La investigación judicial ha seguido dos grandes líneas o hipótesis sobre lo ocurrido, ambas apuntando a la posible intervención de terceros (descartándose la tesis inicial de un mero accidente).