Los derechos de las mujeres en la España franquista (1939-1975) y la transición democrática (1975-1985) fueron limitados. El régimen franquista implementó inmediatamente medidas draconianas que incapacitaban legalmente a las mujeres, convirtiéndolas en dependientes de sus maridos, padres o del Estado. Las reformas moderadas no comenzaron hasta la década de 1960 y las más drásticas tuvieron lugar tras la muerte de Franco en 1975 y la consiguiente transición democrática.

La libertad de asociación era un derecho negado a las mujeres. Franco prohibió todos los sindicatos y partidos políticos tras llegar al poder en 1938. Los grupos de mujeres y las organizaciones feministas no empezaron a surgir hasta la década de 1960. Fue en 1964 cuando se empezó a haber una mayor libertad de asociación, pero el verdadero cambio no se produjo hasta 1978, cuando la ley cambió para permitir la existencia legal de asociaciones feministas. Un año antes, en 1977, se permitió la creación legal de sindicatos. Durante el franquismo, la censura afectaba tanto a la representación de la mujer en los medios de comunicación como a la producción de las escritoras. Había formas de evitarla, pero la censura seguía afectando negativamente a gran parte del trabajo de las mujeres y primeras feministas españolas. Las oportunidades laborales de las mujeres en el periodo franquista estaban muy limitadas. Necesitaban el permiso de sus tutores varones para trabajar y había muchos trabajos de los que estaban legalmente excluidas. Las reformas legales en torno a este sistema no empezaron a producirse hasta la década de 1960 como consecuencia de las necesidades económicas.

Tras la muerte de Franco, mujeres y feministas siguieron con gran interés el proceso de creación de una nueva constitución española y a pesar de haber sido un grupo fuertemente reprimido durante el régimen, quedaron completamente excluidos del proceso. Las decisiones sobre los derechos de la mujer se ignoraron, se utilizaron como capital político o se dejaron para más adelante. Sólo en la parte final del proceso participó una mujer, María Teresa Revilla, de UCD. En 1981, Soledad Becerril fue nombrada ministra del Gobierno español. Fue la primera mujer ministra en España desde la Segunda República Española.

Historia Los pilares para una Nueva España en el franquismo fueron el nacionalsindicalismo y el nacionalcatolicismo. El franquismo supuso una regresión extrema en los derechos de las mujeres, de manera que no tenían derechos y su situación era más regresiva que la de las mujeres en la Alemania nazi bajo Hitler,pero sí tenían obligaciones civiles y no responsabilizarse de ellas era considerado un delito. Muchas de las leyes impuestas por el régimen tenían sus raíces en las leyes españolas del y trataban a las mujeres como si su sexo fuera una discapacidad. El estatus legal de las mujeres en muchos casos volvió al estipulado en el Código napoleónico que se había instalado por primera vez en la legislación española cuando, en 1889, se promulgó el Código Civil de España. El período posterior a la guerra civil vio el regreso de leyes que convertían a las mujeres en personas tuteladas. Dependían de sus maridos, padres y hermanos para poder trabajar fuera de casa. Necesitaban permiso para realizar actividades básicas, entre ellas, solicitar un empleo, abrir una cuenta bancaria o salir de viaje. La ley durante el franquismo permitía a los maridos matar a sus esposas si las sorprendían en un acto de adulterio. Toda la legislación aprobada en España entre 1936 y 1941 que no hubiera sido decretada por Franco fue derogada en 1941.

Pilar Primo de Rivera fue considerada por muchos dentro del régimen como una pieza fundamental para conseguir que Franco suavizara las restricciones impuestas a las mujeres durante los años 50 y 60. En 1969, en el congreso de la Federación Internacional de Mujeres de Carreras Jurídicas, María Telo Núñez presentó en Madrid una ponencia sobre los derechos de la mujer en el Código Civil español. Esta presentación inspiró la creación, en 1971, de la Asociación Española de Mujeres Juristas. El objetivo de la agrupación era reformar el derecho de familia, lo que se hizo con los cambios del 2 de mayo de 1975.

La intención de organizar el Año Internacional de la Mujer fue anunciada por la Organización de las Naciones Unidas en 1972. La Sección Femenina lanzó entonces una campaña política para ser la organización de referencia para los planes de Naciones Unidas en torno a la mujer. A falta de otra organización capaz de hacerlo, el Gobierno aceptó y publicó su decisión en el Decreto 950/1974. El régimen siguió con declaraciones sobre planes para reformar o eliminar leyes que incapacitaban a las mujeres.

El Gobierno de Carlos Arias Navarro dijo en 1974, en vísperas del Año Internacional de la Mujer, que España necesitaba un «genuino y provechoso feminismo español», un feminismo que tuviera orígenes españoles y estuviera libre de influencias extranjeras. No debía proceder de «comunidades de tradiciones bien diferenciadas a las nuestras o que se encuentran en un estado de desarrollo muy distinto». Es probable que Arias Navarro estuviera indicando su apoyo a Sección Femenina y no a otras cualificadas feministas españolas de la época como Mercedes Formica y María Ángeles Durán. Con motivo del Año de la Mujer, el Gobierno creó ocho comisiones para investigar la situación de la mujer española. Fueron: «El Año Internacional de la Mujer en las Naciones Unidas y en los organismos internacionales», «Análisis de la situación de la mujer inadaptada y marginada», «Mujer y asistencia social», «Mujer y trabajo», «Mujer en la educación y en la cultura», «Mujer en el desarrollo socioeconómico», «La mujer y la familia» y «La mujer en la comunidad cívico-social y política». El Gobierno utilizó los informes de estas comisiones para elaborar dos informes que se publicaron en 1975. Fueron La situación de la mujer en España y Memoria del Año Internacional de la Mujer. La abogada María Telo jugó un papel importante en la flexibilización jurídica de las restricciones para las mujeres en mayo de 1975. El régimen permitió el levantamiento de restricciones como parte de sus intentos de cambiar su imagen internacional a la luz del Año Internacional de la Mujer de las Naciones Unidas de 1975.

Aunque se habían producido reformas moderadas hasta antes de la muerte de Franco, en el momento de su muerte las mujeres seguían careciendo de una serie de derechos. Esto incluía la capacidad de conseguir un trabajo sin permiso del padre o marido, abrir su propia cuenta bancaria, poseer propiedades a su nombre sin permiso de su padre o marido, obtener un pasaporte sin permiso o viajar sin permiso.

En la época inmediatamente posterior al franquismo, las feministas consiguieron despenalizar el adulterio, el divorcio, el aborto antes de los tres meses y algunas formas de control de la natalidad. El tratamiento de los derechos de las mujeres en la transición democrática puso a España en línea con otros gobiernos europeos de la época. La influencia europea fue positiva en este período en términos de asegurar que el debate sobre los derechos de las mujeres tuviera lugar.

Asociación El régimen franquista prohibió todos los partidos políticos y sindicatos en 1938. La única organización permitida era Falange, fundada por José Antonio Primo de Rivera en 1933. Esta prohibición incluía tanto a la Unión General de Trabajadores (UGT) como al Partido Socialista Obrero Español (PSOE).

La Ley de Orden Público de 1959 se creó para impedir que la gente protestara castigando económicamente a los organizadores de las protestas. Se podían imponer multas de hasta 500.000 pesetas por celebrar protestas no autorizadas. La ley tuvo un efecto amedrentador sobre quienes pretendían expresar su oposición al régimen. Como consecuencia de esta ley, en diciembre de 1963 se creó el Tribunal de Orden Público (TOP) con la intención de castigar a cualquier persona o asociación que alterara el orden público. Esto incluía paros laborales y huelgas, así como cualquier intento de bloquear las vías públicas o desobedecer a los funcionarios públicos que ordenaran a las multitudes que se dispersaran. Las sanciones podían ser impuestas por los alcaldes, los gobernadores civiles, el ministro del Interior y el Consejo de Ministros. Las multas podían incrementarse en un 50 % si los presuntos participantes tenían antecedentes policiales o penales. Los sindicatos no estaban permitidos oficialmente en la España franquista, con la excepción nominal de la Organización Sindical Española (OSE), dirigida por Falange. Las mujeres no solían participar en ella. Sin embargo, cuando lo hacían, las mujeres falangistas solían trabajar junto a mujeres socialistas y comunistas y servían como fuente de oposición al régimen.

A partir de la década de 1960, comenzaron a surgir grupos de mujeres y organizaciones feministas, entre ellas, grupos universitarios, asociaciones de mujeres juristas y organizaciones clandestinas de mujeres afiliadas a la política. Las asociaciones de mujeres eran toleradas por el régimen pero no eran completamente legales. Esto cambió cuando en 1964 se permitieron legalmente las asociaciones de mujeres. Las asociaciones feministas se permitieron legalmente a partir de 1978, un año después de que el Partido Comunista de España (PCE) se convirtiera en un partido político legal. En 1974 y 1975, no existían asociaciones de mujeres de pleno derecho, ya que el Gobierno exigía que tuvieran más de 19 miembros y la Iglesia católica seguía intentando desalentar el reconocimiento oficial de dichas asociaciones. El Movimiento Democrático de Mujeres de Cataluña se reunió por primera vez en 1963. Celebraron su Primera Asamblea General del Movimiento Democrático en 1965 reuniendo a mujeres de toda España para constituir el Movimiento Democrático de Mujeres (MDM). Aunque la organización catalana desapareció en 1969, continuó funcionando principalmente en Madrid, Galicia y Valencia. El Partido Feminista no se legalizó hasta 1981. Se había constituido legalmente en 1979, pero careció del reconocimiento legal del gobierno como partido político hasta dos años después.

La muerte de Franco en 1975 permitió a las mujeres salir a la luz pública sin necesidad de permanecer en la clandestinidad. Esto condujo a la creación masiva de organizaciones feministas.

La reforma política emprendida por el presidente del gobierno Adolfo Suárez incluyó la aprobación de la libertad de asociación sindical. Esto supuso en la práctica la desaparición de los sindicatos franquistas. Paradójicamente, Adolfo Suárez había sido Ministro-Secretario General del Movimiento hasta su nuevo nombramiento. El 8 de octubre de 1976 el Gobierno de Suárez aprobó la creación de la Administración Institucional de Servicios Socioprofesionales (AISS), organismo autónomo dependiente de la Presidencia del Gobierno en el que se integraba la estructura sindical que asumió la propiedad y gestión del patrimonio inmobiliario de la Organización Sindical Española y de todos sus archivos. El 1 de abril de 1977, se reconoció definitivamente el derecho de asociación y un Real Decreto de 2 de junio de ese mismo año, extinguió la afiliación sindical obligatoria.

Censura

La censura se convirtió en una nueva realidad para muchas escritoras en la España franquista. Las editoriales estaban sujetas al control gubernamental. La Iglesia católica ejercía una gran influencia en lo que se permitía publicar. Las representaciones de mujeres fueron censuradas por los medios de comunicación en la España franquista. El suicidio, el aborto, la desnudez, el consumo de drogas, el alcohol y el alcoholismo eran considerados temas tabú que merecían la censura del régimen. A partir de 1962, la censura en toda España comenzó a relajarse oficialmente. Cuatro años más tarde, en 1966, se produjeron más cambios para suavizarla.