thumb|Un Formulario I-797 de Aviso de Acción emitido por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos que indica que al destinatario se le ha otorgado acción diferida bajo el programa DACA. La Acción Diferida para los Llegados en la Infancia o DACA (en inglés: Deferred Action for Childhood Arrivals) es una política de inmigración de los Estados Unidos que permite a algunos individuos que, el 15 de junio de 2012, estaban físicamente presentes en los Estados Unidos sin un estatus migratorio legal tras haber ingresado al país como niños al menos cinco años antes, recibir un período renovable de dos años de acción diferida de deportación y ser elegibles para un documento de autorización de empleo (permiso de trabajo). Los beneficiarios de está política son conocidos como dreamers, soñadores en inglés.
El 9 de noviembre de 2023, se presentó una apelación ante el Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos para el Quinto Circuito para determinar si se mantendría y ejecutaría una orden de un tribunal de distrito federal de septiembre de 2023 que pondría fin a la forma codificada de DACA, basándose en que viola la ley federal.El argumento oral en el caso se escuchó el 10 de octubre de 2024.
Antecedentes
Origen El proyecto de ley DREAM Act, que habría proporcionado un camino hacia la residencia permanente para inmigrantes indocumentados traídos a los Estados Unidos cumpliendo con ciertos requisitos, fue considerado por el Congreso en 2007. No logró superar un obstruccionismo bipartidista en el Senado de Estados Unidos. Fue considerado nuevamente en 2011. El proyecto de ley fue aprobado por la Cámara, pero no obtuvo los 60 votos necesarios para superar un obstruccionismo del partido republicano en el Senado. En 2013, la legislación había reformado integralmente el sistema de inmigración, permitiendo a los soñadores permanecer en el país, trabajar y asistir a la escuela; esta reforma se aprobó en el Senado pero no se sometió a votación en la Cámara de Representantes. The New York Times acredita el fracaso del Congreso para aprobar el proyecto de ley DREAM Act como el motivo detrás de la decisión del presidente Barack Obama de firmar el programa.
La política fue creada tras el reconocimiento de que los jóvenes «dreamers» en gran parte habían crecido en los Estados Unidos, y se vio como una forma de alejar la atención de la aplicación de la ley de inmigración de individuos de «baja prioridad» con buen comportamiento.Los "Dreamers" obtienen su nombre de la ley DREAM Act, un proyecto de ley que tenía como objetivo otorgar estatus legal a los jóvenes inmigrantes que residen en Estados Unidos sin autorización después de haber sido traídos al país por sus padres. La población de jóvenes inmigrantes indocumentados estaba aumentando rápidamente; para 2015 aproximadamente 65,000 estudiantes inmigrantes indocumentados se graduaban de las escuelas secundarias de Estados Unidos anualmente.La gran mayoría de los soñadores son de México.
Para ser elegible para el programa, los beneficiarios no pueden tener delitos graves o delitos menores graves en su historial. A diferencia de la propuesta de la DREAM Act, DACA no proporciona un camino hacia la ciudadanía para los beneficiarios. La política, un memorando del poder ejecutivo, fue anunciada por el presidente Obama el 15 de junio de 2012. Esto siguió a una campaña de inmigrantes, defensores y simpatizantes que emplearon una variedad de tácticas. El presidente Obama explicó los límites de DACA, «Seamos claros: esto no es amnistía, esto no es inmunidad. Esto no es un camino hacia la ciudadanía».El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) comenzó a aceptar solicitudes para el programa el 15 de agosto de 2012.
Efectos Los estudios han demostrado que DACA aumentó los salarios y la situación laboral de los inmigrantes elegibles para este programa, y mejoró los resultados de salud mental para los participantes de DACA y sus hijos. Los estudios también sugieren que redujo el número de hogares inmigrantes indocumentados que viven en la pobreza. No hay evidencia que indique que los beneficiarios de DACA tengan tasas de criminalidad más altas que los nativos estadounidenses; la mayoría de los estudios muestran que los inmigrantes tienen tasas de criminalidad más bajas que los nativos estadounidenses. Los economistas rechazan la idea de que DACA tenga efectos adversos en la economía de Estados Unidos o que afecte negativamente los resultados laborales de los nativos estadounidenses. En agosto de 2018, USCIS estimó que había 699,350 beneficiarios activos de DACA en los Estados Unidos.Los investigadores de inmigración estiman que la población oscila entre 690,000 y 800,000 personas. Otra estimación es de «aproximadamente 636,390 beneficiarios de DACA al 31 de diciembre de 2020».
Establecimiento El presidente Barack Obama anunció la política en la Casa Blanca el 15 de junio de 2012, en el 30º aniversario de Plyler v. Doe, una decisión de la Corte Suprema que prohibía a las escuelas públicas cobrar matrícula a niños inmigrantes indocumentados. La política fue oficialmente establecida por un memorando de la Secretaria de Seguridad Nacional titulado «Ejercicio de la Discreción de la Fiscalía con Respecto a Individuos que Llegaron a los Estados Unidos Cuando Eran Niños». Esta política permitía a ciertos inmigrantes evitar la deportación y obtener permisos de trabajo por un período de dos años, renovable con buen comportamiento. Para aplicar, los inmigrantes debían ser menores de 31 años el 15 de junio de 2012, haber llegado a los Estados Unidos cuando tenían menos de 16 años y haber vivido en los Estados Unidos desde 2007. En agosto de 2012, el Pew Research Center estimó que hasta 1.7 millones de personas eran elegibles para el programa.
El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) comenzaron a aceptar solicitudes para el programa el 15 de agosto de 2012. A junio de 2016 USCIS había recibido 844,931 solicitudes iniciales para el estatus DACA, de las cuales 741,546 (88%) fueron aprobadas, 60,269 (7%) fueron denegadas y 43,121 (5%) estaban en espera de decisión. Más de la mitad de los aceptados residen en California y Texas. Según una encuesta de agosto de 2017, la mayoría de los inscriptos actuales están en sus 20s, y alrededor del 80% llegaron a los Estados Unidos cuando tenían 10 años o menos.
En noviembre de 2014, Obama anunció su intención de expandir DACA para que más personas fueran elegibles. Sin embargo, en diciembre de 2014, Texas y otros 25 estados, todos con gobernadores republicanos, demandaron al Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de Texas solicitando al tribunal que impidiera la implementación tanto de la expansión de DACA como de Acción Diferida para Padres de Estadounidenses (DAPA), un programa similar. En febrero de 2015, el juez Andrew S. Hanen emitió una orden judicial preliminar bloqueando la expansión mientras el caso, Texas v. Estados Unidos, continuaba. Después de avanzar en el sistema judicial, una decisión de la Corte Suprema igualmente dividida (4–4) dejó la orden en vigor, sin establecer ningún precedente.
Reacción Los líderes del Partido Republicano denunciaron el programa DACA como un abuso del poder ejecutivo.
Casi todos los republicanos en la Cámara de Representantes (junto con tres demócratas) votaron 224–201 para retirar los fondos de DACA en junio de 2013. El autor principal de la enmienda, el representante Steve King (R-Iowa), afirmó: «El punto aquí es... el Presidente no tiene la autoridad para derogar la ley de inmigración, ni tiene la autoridad para crearla de la nada, y ha hecho ambas cosas con estos memorandos Morton en este aspecto».
Historia regulatoria En noviembre de 2014, el presidente Obama anunció su intención de expandir DACA para cubrir a inmigrantes indocumentados adicionales. Varios estados inmediatamente demandaron para evitar la expansión, la cual fue bloqueada el 23 de junio de 2016 por una Corte Suprema de Estados Unidos igualmente dividida en Estados Unidos v. Texas.
Bajo el presidente Donald Trump, el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos rescindió la expansión en junio de 2017, mientras continuaba revisando la existencia de DACA en su totalidad. En septiembre de 2017, la administración Trump anunció un plan para eliminar DACA gradualmente, lo que provocó múltiples demandas que impugnaban esta acción. El gobierno aplazó la implementación de este plan por seis meses para permitir al Congreso aprobar la ley DREAM o alguna otra protección legislativa para los inmigrantes indocumentados. El Congreso no actuó y la extensión de tiempo expiró el 5 de marzo de 2018, pero tres tribunales de distrito de Estados Unidos ordenaron una orden judicial para evitar la eliminación de DACA en esa fecha, con base en la probabilidad de que la rescisión fuera arbitraria y caprichosa bajo la Ley de Procedimiento Administrativo (APA). Por separado, el 31 de agosto de 2018, el juez de distrito Andrew Hanen del Distrito Sur de Texas dictaminó que DACA era probablemente inconstitucional, pero permitió que el programa permaneciera en vigor mientras continuaban los litigios. La Corte Suprema, en una decisión del 18 de junio de 2020 sobre las tres órdenes judiciales que bloqueaban la rescisión de DACA, afirmó que el motivo de la rescisión era arbitrario y caprichoso bajo la APA, pero no se pronunció sobre los méritos de DACA ni impidió que el gobierno emitiera una nueva rescisión con mejores fundamentos.
El 20 de enero de 2021, el presidente Joe Biden emitió una orden ejecutiva reinstaurando DACA.El 16 de julio de 2021, Andrew Hanen dictaminó que el programa fue «creado en violación de la ley» e «implementado ilegalmente». Ordenó al gobierno que dejara de aceptar nuevas solicitudes para el programa, lo que efectivamente anuló la orden ejecutiva de Biden. Sin embargo, la decisión permite a los inmigrantes actualmente protegidos por el programa mantener su estatus y permitir las renovaciones de DACA mientras el caso sigue en el proceso de apelación. Un tribunal de apelaciones en octubre de 2022 afirmó que DACA es «ilegal». El caso fue devuelto al mismo juez del tribunal de distrito federal para considerar si un conjunto formal de enmiendas regulatorias promulgadas por la administración de Biden para codificar DACA en regulaciones federales el 31 de octubre de 2022 hacía que el programa fuera legal.
El 13 de septiembre de 2023, Hanen dictaminó que la forma codificada de DACA violaba la ley federal. Sin embargo, «mantuvo el statu quo» para los beneficiarios actuales de DACA al «preservar la suspensión de deportación», y señaló específicamente en el fallo y en una orden suplementaria que no estaba ordenando ninguna deportación ni ninguna otra acción de inmigración o criminal contra ningún beneficiario de DACA. La decisión ha sido apelada ante el Quinto Circuito y finalmente puede ser escuchada por la Corte Suprema.
Implementación DACA fue formalmente iniciado por un memorando de política enviado de la Secretaria de Seguridad Nacional Janet Napolitano a los jefes de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP), Servicios de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS), y el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE). El memo les ordenó formalmente ejercer su discreción de cumplimiento en nombre de los individuos que cumplían con los requisitos.
Para aplicar al programa, los individuos elegibles deben pagar una tarifa de solicitud de $495 dólares estadounidenses, presentar varios formularios y proporcionar documentos que demuestren que cumplen con los requisitos. No necesitan representación legal.
El programa no proporciona actualmente un estatus legal permanente ni un camino hacia la ciudadanía de los Estados Unidos, ni tampoco brinda elegibilidad para asistencia federal de bienestar o ayuda estudiantil.
Elegibilidad