Los presos políticos durante la Revolución bolivariana son aquellas personas arrestadas y encarceladas en Venezuela de manera arbitraria y con motivos políticos desde la elección de Hugo Chávez como presidente.Para el 12 de agosto de 2024, la ONG Foro Penal verificó e identificó 1.315 detenciones arbitrarias como parte de la represión post-electoral desde el 29 de julio. Entre ellas se incluyen a 177 mujeres, a 117 menores de edad, a 14 indígenas, y a 17 personas con discapacidad.

Actual e históricamente, la mayoría de los presos políticos en el país no han sido políticos de profesión o militantes de partidos, pero personas de varias profesiones, incluyendo pero no limitado a estudiantes, periodistas, activistas, abogados, militares, entre otros.

El 10 de marzo de 2025, Foro Penal determinó que se desconocía el paradero de 64 presos.

Definición La organización no gubernamental Foro Penal, la cual lleva el registro de los presos políticos en el país, ha elaborado una definición para los presos políticos durante la Revolución bolivariana:

Por causas políticas: Aquellas personas perseguidas o detenidas arbitrariamente a las que se les atribuyen crímenes o infracciones tradicionalmente caracterizados como “políticos”, incluyendo “rebelión”, “complot”, "incitación al odio" o “traición a la patria”, entre otros (siempre y en cuando no se haya hecho uso de la violencia), con un objetivo político que a su vez puede dividirse en una o más categorías. Por propósitos políticos: Aquellas personas perseguidas o detenidas arbitrariamente para cumplir con un objetivo político. Sobrevenido: Aquellas personas que no son perseguidas o detenidas de forma arbitraria o ilegal, pero posteriormente son sometidas por las autoridades a condiciones de persecución, procesamiento o encarcelamiento que vulneran flagrantemente sus derechos humanos con un objetivo político, formalmente declarado o no, de las autoridades.

Foro Penal también divide en seis categorías diferentes los objetivos o propósitos que determinan que una acción de persecución o represiva sea política:

Exclusión: Perseguidos políticos por representar individualmente una amenaza política para el gobierno, por ser líderes políticos o sociales. El objetivo de la persecución es la exclusión del individuo del ámbito político, su neutralización como factor de movilización política o social, y su aislamiento del resto de la población. Intimidación: Perseguidos políticos que forman parte de un grupo social, en vez de representar una amenaza política individual para el poder. El objetivo de la persecución es la intimidación del grupo o sector al que pertenecen, incluyendo estudiantes, activistas, periodistas, jueces, militares, entre otros. Propaganda: Perseguidos políticos que, sin ser considerados como una amenaza política individual o colectiva, son utilizados para respaldar una narrativa o discurso oficiales relacionadas con una situación nacional con el objetivo de evadir la responsabilidad del fracaso de políticas o medidas públicas. Extracción: Perseguidos políticos, generalmente privadas de libertad, con el objetivo de obtener información que permita la ubicación de otras personas perseguidas con fines políticos. En la categoría se encuentran los casos de detención de familiares o amigos de la persona buscada, y en varios casos la extracción de la información se realiza bajo tortura. Venganza: Perseguidos políticos cuyos derechos son violados como expresiones de abuso de poder, personal y directo, de autoridades que usan su influencia política y cargos en estructuras represivas para defender intereses personales o individuales. El objetivo político no es colectivo sino personal. Rehenes: Personas detenidas o perseguidas para obtener influencia en negociaciones con países u organismos internacionales de acuerdo con las necesidades de la política exterior del gobierno venezolano.

Historia

Hugo Chávez En el estado Táchira, personas fueron arrestadas y encarceladas acusados del cargo de rebelión civil, durante el golpe de Estado del 11 de abril de 2002. En este sentido el oficialismo le suelen denominar "políticos presos" aunque solo una parte de los implicados habían tenido algún tipo de actividad política. Según el chavismo, las personas arrestadas se apoyaron de la impunidad al régimen de facto de Pedro Carmona que gobernó por dos días y derrocó temporalmente al presidente Hugo Chávez mediante un golpe de Estado, el 11 de abril de 2002, y entre sus acciones estaba el presunto intento de asesinato al gobernador del Táchira Ronald Blanco La Cruz, la acusación formal y los trámites judiciales la realizó el citado gobernador.

La oposición de Chávez y los medios de comunicación declararon que los arrestos fueron improcedentes, injustos y hechos por fines políticos, y de amedrentamiento de la oposición. En 2003, una ciudadana y tres militares vinculados a los soldados disidentes en la Plaza Altamira durante el paro general de 2002 fueron asesinados. Zaida Peraza, de 28 años; Darwin Argüello, de 21; Ángel Salas, de 21, y Félix Pinto, de 22, fueron encontrados en dos lugares diferentes de las afueras de Caracas con signos de haber sido torturados, atados de pies y manos, habiendo sido asesinados con tiros de escopeta a corta distancia. El líder del grupo, el general Enrique Medina Gómez, declaró que varios testigos vieron cómo los militares, junto a dos mujeres que les acompañaban, fueron detenidos y obligados a abordar dos camionetas por hombres vestidos de negro y con las caras cubiertas con pasamontañas.

José Dacre "Maraco" fue arrestado el 20 de enero de 2009, es considerado el primer preso político del movimiento estudiantil venezolano por participar en una marcha en contra de la nueva Ley de Educación. La detención del estudiante Julio César Rivas el 22 de agosto causó una huelga de hambre estudiantil a nivel nacional para exigir su liberación. El 17 de diciembre de 2009 fue detenida la jueza María Lourdes Afiuni y recluida en el Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF), una cárcel de mujeres en las afueras de Caracas. En enero de 2010, la fiscalía presentó cargos oficiales contra Afiuni por presuntas irregularidades en la liberación de Eligio Cedeño.Afiuni rompió el silencio y habló en el juicio Ese mismo año, el diputado opositor Biagio Pilieri fue arrestado.

Nicolás Maduro

miniaturadeimagen|300x300px|Manifestación pidiendo la liberación de presos político en 2014. Durante las protestas en Venezuela de 2014, la ONG Foro Penal documentó 33 casos de torturas contra detenidos, afirmando que los abusos fueron «continuos y sistemáticos» y que las autoridades venezolanas eran «acusadas en general de golpear a los detenidos, en muchos casos fuertemente, y muchas personas han indicado que las fuerzas de seguridad les han robado, tomando sus teléfonos móviles, dinero y joyas».

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) denunció que durante las protestas en Venezuela de 2017 «varios miles de personas han sido detenidas arbitrariamente, muchas de ellas han sido víctimas de malos tratos e incluso de torturas». Algunas de las víctimas de desaparición forzada aun no han aparecido como es el caso de Hugo Marino Desde 2015 al menos 12 presos políticos han muerto en prisión. Según el Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos, entre 2013 y 2023, han sido privadas de su libertad 53.075 personas por razones políticas o en el marco de acciones ilegales de policías o militares.

miniaturadeimagen|300x300px|Leopoldo López en la Cárcel de Ramo Verde en 2017.

Una larga lista de 110 venezolanos entre diputados y opositores, algunos perseguidos protegidos en embajadas y otros presos por motivos políticos desde 2017 fueron indultados por el gobierno y anunciados en la Gaceta oficial extraordinaria N.º 6569 mediante decreto N.º 4277 del 31 de agosto de 2020 entre los principales diputados aparecen Freddy Guevara, Mariela Magallanes, Freddy Superlano, Américo de Grazia, Carlos Lozano, Jorge Millán, José Guerra, Richard Blanco, Tomás Guanipa, Luis Stefanelli, Carlos Paparoni.

Después del resultado de las primarias de los partidos de oposición en octubre de 2023, el gobierno inició una persecución sistemática contra representantes de la Plataforma Unitaria, trato de anular el resultado de las primarias por medio del TSJ que sentenció como nulo el proceso electoral de octubre, y ordenó la presentación de los líderes de la comisión de las primarias con el material electoral, supuestamente para ser investigados, algunos quedaron detenidos como Nelson Piñero activista del partido Encuentro Ciudadano y Roberto Abdul Hadi presidente de la asociación civil Súmate.

En un movimiento diplomático importante, Estados Unidos y Venezuela han alcanzado un acuerdo de canje de prisioneros que ha resultado en la liberación de varios ciudadanos de ambos países. Álex Saab, empresario colombiano y supuesto testaferro del presidente venezolano Nicolás Maduro, fue excarcelado en Estados Unidos y regresó a Venezuela el 20 de diciembre de 2023. Su liberación fue parte de un intercambio negociado que incluyó la puesta en libertad de 10 estadounidenses y 20 venezolanos que estaban detenidos en Venezuela.

Álex Saab quien fue detenido originalmente en 2020 por cargos de lavado de dinero, con fiscales estadounidenses alegando que había desviado unos 350 millones de dólares de Venezuela. Su liberación se produjo después de recibir un indulto del presidente estadounidense Joe Biden el 20 de diciembre de 2023, en un acuerdo mediado por Catar. A su llegada a Venezuela, fue recibido por el presidente Maduro en el palacio presidencial de Miraflores en Caracas, donde Maduro lo elogió como un "hombre valiente" y celebró su regreso como un triunfo de la verdad. El presidente Biden confirmó la liberación de los 10 estadounidenses, destacando que reunir a estadounidenses detenidos injustamente con sus familias ha sido una prioridad para su gobierno. Entre los estadounidenses liberados estuvieron Joseph Ryan Cristella, Jerrel Kenemore, Jason Saad, Eyvin Hernández y Savoi Wright, quienes llegaron a una base militar en San Antonio, Texas, el 20 de diciembre. Adicionalmente fueron liberados 16 venezolanos, incluyendo seis sindicalistas detenidos en 2022 y condenados a 16 años de prisión por "conspiración".

La negociación también implicó la devolución de Leonard Glenn Francis, alias "Fat Leonard", un empresario malasio involucrado en un importante escándalo de corrupción en la Armada de Estados Unidos. Este intercambio refleja un importante giro en las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Venezuela, que habían estado marcadas por tensiones y la ruptura de relaciones diplomáticas hace más de cuatro años. La mesa de negociación, que había sido suspendida en 2021 debido a la extradición de Saab, se retomó recientemente bajo la mediación de Noruega, señalando un nuevo canal de comunicación directo entre Washington y Caracas. Los diez ciudadanos estadounidenses que habían sido detenidos injustamente en Venezuela atterizaron en Kelly Field, San Antonio, Texas. Entre ellos se encontraban Eyvin Hernández, Savoi Wright, Jerrel Kenemore, Joseph Cristella, Jason Saad y Edgar José Marval Moreno. Savoi Wright relató sobre las condiciones de su detención en Venezuela, donde él y otros cuatro estuvieron confinados en una celda pequeña y enfrentaron constantes preocupaciones por su seguridad. Eyvin Hernández declaró sufrir maltrato psicológico durante todo su encarcelamiento y le agradeció al presidente Biden por su papel en su liberación. Roger Carstens, enviado para Asuntos de Rehenes, afirmó que para entonces no quedaban más estadounidenses detenidos en instalaciones penitenciarias de Venezuela y que durante la administración de Biden se habían liberado a 45 detenidos y rehenes injustos.