miniaturadeimagen|241x241px|Cartel en el que aparecen Alberto Fujimori y su hijo Kenji Fujimori juntos, promoviendo la candidatura de este último a las elecciones generales de Perú de 2011 La propaganda fujimorista, denominada también como fujiprensa o propaganda naranja, engloba las estrategias políticas y mediáticas empleadas para moldear la opinión pública en Perú durante y después de la presidencia de Alberto Fujimori. Dichas estrategias tuvieron un impacto en la política peruana y se tradujeron en la imposición de una narrativa de tintes conservadores que fue adoptada por movimientos fujimoristas y afines a su legado.
Los primeros años de la propaganda fujimorista corrieron a cargo del asesor de inteligencia de Fujimori, Vladimiro Montesinos, quien buscó cuidar la imagen del régimen mientras controlaba el panorama mediático del Perú. De hecho, elaboraba tabloides controlados por el Estado. Además, utilizaba tácticas que presentaban a Fujimori como un salvador y despreciaban a los opositores al señalarlos gratuitamente como terroristas en sus campañas de miedo. Cabe señalar que el fujimorato se vio influido por el Plan Verde, que se concretó en el autogolpe de 1992.
Tras la caída de Fujimori del poder en 2000, persistieron elementos de esta estrategia propagandística en la política peruana, sobre todo a través de las campañas de su hija Keiko Fujimori. En esta etapa, se utilizaron tácticas similares para promover los ideales fujimoristas y nuevas conspiraciones con el fin de recibir el apoyo de los grupos de poder, que se concentraron desde que el Estado adoptó el modelo neoliberal. Algunas de estas tácticas incluían rechazar a quienes incluyeran «agendas culturales» que no fueran compatibles a las suyas, como ocurrió con las investigaciones de la CVR, encargada de esclarecer la época del terrorismo. Se consideraba que la palabra «terrorismo» (de la que viene el «terruqueo») era clave para la propaganda y que «orden» era el principal emblema de las campañas electorales respaldadas por la derecha política.
Antecedentes Desde que asumió el poder en 1990, Alberto Fujimori desarrolló habilidades que se compararían, en una especie de «liderazgo mediático», según Protzel (1994). Sus dotes de liderazgo se manifestaban a través de una serie de actividades, gestos, rituales e incluso eventos que se emitían por televisión, uno de los medios de comunicación al que cualquiera podía acceder. El investigador Carlos Iván Degregori señaló que Fujimori hizo gestos que se podían reproducir fácilmente en noticieros de ámbito nacional, algo que ningún otro político había hecho antes en la historia del país.
Fujimori y sus mandos militares habían planeado un golpe durante sus dos años anteriores en el cargo. El autogolpe de Estado de Perú de 1992 eliminó los obstáculos políticos impuestos por el Congreso al gobierno de Fujimori, lo que le permitió poner en práctica los objetivos esbozados en el Plan Verde. Según Daniel Vásquez, de la Conferencia Episcopal Peruana, el círculo político del entonces presidente tenía planificado liquidar la mala imagen de su antecesor, Alan García, y relacionarlo con partidos políticos tradicionales que eran rechazados por la población.
Tras el autogolpe, se convocaron elecciones constituyentes, de las cuales nació la Constitución de 1993. Los fujimoristas argumentaron que la nueva Constitución elaborada por el Congreso Constituyente Democrático reemplazó a la de 1979 porque la culpaban de «inseguridad y caos». Esta postura ha perdurado desde entonces, pero careció de fundamento fáctico, cronológico y jurídico. Martha Chávez, presidenta del Congreso Constituyente Democrático, justificó que la nueva Constitución garantizaría «el derecho a la vida desde su inicio, la dignidad del ser humano en su dimensión material y espiritual, y la institución de la familia», y que habría «todos los medios posibles de legítima defensa para imponer el orden y la paz sobre el caos o la violencia que algunos [quisieran] imponer».
Alberto Fujimori confiaba en Vladimiro Montesinos, quien posteriormente fue su asesor. El autogolpe convirtió a Montesinos en el dirigente más poderoso de Perú y en uno de los artífices de la red de corrupción. Este asumió como jefe de facto del Servicio de Inteligencia Nacional para controlar todas las funciones del Estado, incluidas las fuerzas armadas, el Congreso, los tribunales, las juntas electorales, los bancos y los medios de comunicación. El sociólogo Guillermo Rochabrun señaló que, con el control institucional de Fujimori, Montesinos y un grupo de asesores, los ministros se situaron como participantes irrelevantes.
No se ejerció un control absoluto sobre los medios de comunicación, ya que se prefirió llevar a cabo una especie de «control difuso», es decir, manipular la visión de los hechos para que fuera favorable al oficialismo. El control difuso era indispensable para la población en situación de pobreza. Adicionalmente, la reducción del número de organismos estatales tras las ventas a empresas extranjeras y la disminución de los empleados del Estado supuso más financiación para los programas populistas.
Historia El régimen fujimorista (1990-2000) ha sido calificado como la «primera dictadura imagocrática del mundo» por el político Manuel Dammert, término que también usó Daniel Treisman en su investigación para el Journal of Economic Perspectives.Dammert Ego Aguirre, Manuel. Fujimori-Montesinos: El estado mafioso. Lima: Ediciones El Virrey, 2001. Su confianza en la prensa amarilla, más que en la represión abierta, para destruir a la oposición política —contrariamente a la norma histórica en América Latina— ha sido especialmente notoria.
El analista político Iván Arenas, que trabajó para Perú 21 y El Comercio, señalaba que Alberto Fujimori logró conectar con la sociedad informal y emergente del país, tanto en Lima como en las regiones, pero esta conexión se fue perdiendo con su hija, Keiko Fujimori. Aun así, para Arenas, el fujimorismo debe enfrentarse a su movimiento antifujimorista de los años 2000 para ser la principal fuerza política capaz de organizar el país; no obstante, necesita establecer ciertos acuerdos con fuerzas políticas afines como Avanza País o Renovación Popular, ya que el paso del gobierno al parlamentarismo ha aumentado.
Gobierno de Fujimori
Vladimiro Montesinos empleó la propaganda para mantener el control sobre prácticamente todas las funciones gubernamentales durante el gobierno de Fujimori y posicionar al gobierno gobierno como el mayor anunciante del Perú. De 1992 a 2000, cuando fue jefe de facto del Servicio de Inteligencia Nacional, Montesinos dominó gran parte del panorama informativo de Perú.
Fujimori supo aprovechar los logros del Grupo Especial de Inteligencia (GEIN) en materia de orden y estabilidad del país para ganarse la simpatía de la población, cuya aprobación alcanzó sus cifras más altas entre 1992 y 1996. A través de varios planes gestados, como el plan Bermudas, el gobierno permitió una presencia mínima de los medios de comunicación de la oposición, principalmente para defenderse de las críticas de las naciones occidentales y para destacar las crisis que surgían de los oponentes políticos.
Calderón Bentin señala que Montesinos orientó al Estado hacia un enfoque significativo en el manejo de la imagen más que en los servicios públicos tradicionales, utilizando recursos de varios ministerios para las operaciones de propaganda del SIN a través del Fondo de Acciones Reservadas. Montesinos pagaba a los medios de comunicación por una cobertura positiva y para que le ayudaran a mantener la presidencia atacando a sus oponentes. Entre 1997 y 1999, el gasto en propaganda estatal aumentó un 52 %.
El resultado fue que se diera un trato preferencial a Fujimori. Los comunicadores pagados por el gobierno se denominaron «geishas» (también señaladas, en el caso de las mujeres, como «chicas»). Esta práctica de relaciones públicas creó dos arquetipos en la población: el político independiente de Fujimori, visto como «pragmático, enemigo del terrorismo comunista y honesto»; y su oposición, el político tradicional, como «corrupto-comunista». Esto fue importante para la opinión pública, ya que esta pudo ser testigo de la detención de los enemigos de los grupos subversivos, incluido Abimael Guzmán, por parte de la policía.
Montesinos se hizo con el control de seis de los siete principales canales de televisión de Perú. Él y los ejecutivos de los medios revisaban diariamente las noticias (a las ), y cualquier contenido que implicara a políticos requería su aprobación explícita por escrito. Los sobornos y las promesas de indulgencia legal se extendieron a entidades mediáticas como el diario Expreso y los canales de televisión Global Televisión, Latina Televisión, ATV, América Televisión y Panamericana Televisión. A algunos canales de televisión se les asignaron agentes de inteligencia personal para desenterrar historias progubernamentales. A veces, Montesinos ofrecía reportajes exclusivos a los canales que le apoyaban, incluido un pago de 3 millones de dólares a la personalidad de la televisión Laura Bozzo. En 2000, ya desembolsaba 3 millones de dólares mensuales por una cobertura televisiva positiva.
Además, múltiples tabloides de la prensa chicha fueron cooptados para la propaganda, y Montesinos ejercía un control editorial directo sobre nueve periódicos. Los oficiales del SIN utilizaban una máquina de fax cifrada para enviar titulares de artículos —a veces escritos por el propio Montesinos— a los periódicos, donde los editores creaban historias basadas en esos titulares. A menudo, se recurría a las noticias falsas, tal como afirmó la profesora de ciencias políticas Jo-Marie Burt en 2024, y se tachaba a la oposición de «terroristas» o «comunistas», aprovechando la división social entre la clase trabajadora y las élites. Montesinos recurrió a una estrategia que sería conocida como «mano dura», que incluía la creación de «cárceles tumba», respaldada con decretos legislativos sobre «terrorismo agraviado», incluso para la crisis de seguridad de 1998.
El oficialismo empleó tácticas de distracción utilizando titulares sensacionalistas para desviar la atención de las crisis. Desde el principio, el gobierno elaboraba historias turbias para los medios de comunicación desde la epidemia de cólera de 1991, siendo la «Virgen que llora» uno de sus mayores hitos. A finales del milenio, se contrató a psicólogos para crear titulares típicos de la prensa chicha, que costaban 3000 dólares cada uno. Entre 1998 y 2000, Montesinos gastó 22 millones de dólares en titulares. Después del fujimorato La influencia del fujimorismo ha calado en el tejido político y social de Perú, estableciendo un entramado por parte de Fujimori y Montesinos que persistió hasta el . Este permitió a los políticos fujimoristas ejercer influencia sin tener mayoría en el gobierno y facilitó la creación de un culto a la personalidad en torno a Alberto Fujimori. La percepción de que Fujimori «salvó» a Perú en la década de 1990 reforzó el apoyo a su hija, Keiko Fujimori, y a su hijo, Kenji Fujimori, como sus sucesores políticos. La imagen de Fujimori como «perseguido político» en los años 2000 permitió que sus simpatizantes calificaran a sus detractores (las instituciones judiciales, el personal político que reemplaza a los fujimoristas, las ONG de derechos humanos) como «caviares» (antes, «cívicos»).