frameless|right|200px «Parapolítica» es el nombre con el que se le conoce al escándalo político desatado en Colombia a partir de 2006 por la revelación de los vínculos de políticos con paramilitares, con posterioridad al proceso de desmovilización que adelantaron varios de los grupos que conformaban las Autodefensas Unidas de Colombia. En Colombia se llama «paramilitares» a los grupos armados ilegales de extrema derecha que se autodenominan como autodefensas, que están generalmente ligados al narcotráfico, y que en el contexto del conflicto armado del país, han tenido nexos clandestinos con miembros de las fuerzas militares o de policía.
Según las investigaciones y condenas judiciales, varios dirigentes políticos y algunos funcionarios del Estado se beneficiaron de estas alianzas por medio de la intimidación y la acción armada de los grupos paramilitares contra la población civil, algunos alcanzaron cargos en alcaldías, concejos, asambleas municipales y gobernaciones así como en el Congreso de la República y otros órganos estatales. A su vez algunos de los políticos desde sus cargos desviaron dineros para la financiación y conformación de grupos armados ilegales y filtraron información para facilitar y beneficiar las acciones de estos grupos dentro de las que se incluyen masacres, asesinatos selectivos, desplazamiento forzado, entre otras acciones criminales con el objetivo de extender su poder en el territorio nacional.
El escándalo se desató en medio de revelaciones de medios de comunicación, sectores políticos e investigaciones judiciales que desencadenaron la detención y condena de varios congresistas y otros políticos en ejercicio, dando lugar a fuertes debates y controversias que polarizaron la opinión pública. La vinculación al proceso de investigación por parte de la Fiscalía General de la Nación y de la Corte Suprema de Justicia de funcionarios y políticos cercanos al entonces presidente de la República Álvaro Uribe Vélez afectaron las relaciones internacionales de ese gobierno con el Congreso de los Estados Unidos y con diferentes organizaciones de Derechos Humanos, a la vez que generaron un fuerte enfrentamiento entre la Corte Suprema de Justicia y el gobierno del presidente Uribe, quienes se acusaron mutuamente de conspiración. Igualmente se vio fuertemente cuestionada la legitimidad del Congreso de la República debido al creciente número de Congresistas implicados en el escándalo.
Para el año 2013 habían sido condenados 60 congresistas por sus vínculos con grupos armados ilegales dentro de este proceso. Igualmente habían sido condenados numerosos funcionarios del Estado, así como alcaldes y gobernadores de diferentes regiones del país.Informe especial de VerdadAbierta.com
Antecedentes
Aunque mucho se especulaba sobre el poderío político de las autodefensas en el país, no fue sino hasta 2006 que se empezaron a revelar hechos y acusaciones concretas sobre cómo los grupos criminales de extrema derecha, con financiación del narcotráfico, se habían adentrado en los gobiernos seccionales, el Congreso, la política, los debates electorales y la Fuerza Pública.
Si bien desde el año 2002, cuando era Representante a la Cámara, el senador Gustavo Petro venía denunciando la presunta infiltración paramilitar en la Fiscalía General de Luis Camilo Osorio, fue durante el año 2005, en vísperas de las elecciones parlamentarias de 2006, que se generaban varias polémicas alrededor de la presencia de personas cercanas al paramilitarismo en las listas de partidos que apoyaban al presidente Uribe; mientras que en mayo de 2005 Petro denunciaba con nombre propio y documentos judiciales a varios parlamentarios de Sucre, en junio del mismo año, Clara López Obregón miembro del Polo Democrático Alternativo denunciaba ante la Corte Suprema de Justicia la presunta vinculación de congresistas con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), después de que se conocieran afirmaciones del jefe máximo de dicha organización Salvatore Mancuso en las que aseguraba que un 35 por ciento del Congreso "eran amigos" de su organización. Ya en diciembre el expresidente César Gaviria, presidente del Partido Liberal advertía sobre la presencia de paramilitares en las listas uribistas. Los líderes de los partidos de la coalición retaron a Gaviria a revelar los nombres y dijeron que las diferentes acusaciones correspondían a una estrategia de desprestigio de la oposición. En enero de 2006 los jefes de los partidos de la coalición de gobierno anunciaron la expulsión de algunos miembros de listas de aspirantes aunque buena parte de los expulsados resultaron siendo acogidos más tarde por otros partidos menores también gobiernistas.
En el año 2005 el exdirector del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), organismo de inteligencia del Estado, Jorge Noguera Cotes es investigado por diferentes acusaciones, entre otras las del exjefe de informática del organismo Rafael García, testigo clave del proceso, de poner este organismo de inteligencia al servicio de las autodefensas del norte del país. Medios de comunicación como la Revista Semana revelaron varias de estas acusaciones que pusieron en aprietos a Noguera, situación que causó la indignación del presidente Uribe quien se enfrentó a los medios y dijo que "pondría las manos en el fuego por él", no obstante Noguera se vio obligado a renunciar y fue nombrado como cónsul en Milán. Pero las denuncias seguirían y Noguera tuvo que dejar su cargo y regresar a responder ante la justicia sindicado por concierto para delinquir y por prestar colaboración y suministrar información a grupos armados al margen de la ley, hechos por los que el 22 de febrero de 2007 fue capturado.
En julio de 2006 la Corte Constitucional condiciona la Ley de Justicia y Paz que había tramitado el gobierno ante el Congreso para el proceso de desmovilización de paramilitares. La Corte estableció que para que los jefes paramilitares pudieran acceder a los beneficios judiciales debían: Es entonces cuando los jefes paramilitares concentrados en cárcel de máxima seguridad comienzan sus revelaciones para poder acogerse a dicha ley. Salvatore Mancuso pone al descubierto hechos criminales de alta gravedad que comprometen a políticos de diferentes regiones del país.
El escándalo El computador de 'Jorge 40' La incautación de un computador portátil decomisado a alias 'Don Antonio' uno de los hombres de confianza de Rodrigo Tovar Pupo, jefe del bloque norte de las autodefensas, más conocido con el alias de Jorge 40, desató diversas indagaciones judiciales luego de que los investigadores lo descifraran y encontraran una serie de documentos que revelaban múltiples crímenes contra líderes sociales de la Costa Atlántica y la alianza con diferentes políticos que incluían alcaldes, gobernadores y aspirantes a congresistas, con el propósito de expandir su poder en el país, hechos que desencadenaron en diferentes masacres, asesinatos y un número aun desconocido de congresistas y otros servidores públicos elegidos con la influencia paramilitar. Muchos de los crímenes detallados en aquel computador se realizaron cuando se adelantaba el proceso de paz entre estos grupos y el gobierno, después de que dicha organización anunciase un cese al fuego.
Las revelaciones del computador llevaron al procurador Edgardo Maya Villazón a afirmar que este escándalo sería igual o peor al escándalo del proceso 8.000. Dichas revelaciones también salpicaron inicialmente a cuatro senadores de la república pertenecientes a la coalición uribista (Zulema Jattin, Dieb Maloof, David Char y Álvaro García Romero) por lo que la información pasó a manos de la Corte Suprema de Justicia que se encargaría de investigar estos y otros casos que más tarde se revelarían.
Debates políticos Dichos hechos agitaron el debate político en el Congreso de la República donde el senador Gustavo Petro, como vocero del partido de oposición al gobierno Polo Democrático Alternativo, citó a un debate donde reiteró las denuncias que ya venía haciendo y reveló documentos que comprometían a varios políticos con grupos paramilitares y reclamó, según dijo, por la permisividad del gobierno frente a los hechos, denunciando en el Congreso a Salvador Arana, exgobernador de Sucre, quien había sido nombrado como embajador de Colombia ante Chile, por ordenar el asesinato de Eudaldo Tito Díaz, alcalde de El Roble en el departamento de Sucre, después de que este en un consejo comunitario había advertido al presidente Uribe que lo querían matar e incluso señaló los nombres de quienes serían sus asesinos; así mismo Petro denunció la supuesta permisividad del exfiscal General de la Nación Luis Camilo Osorio a quien venía denunciando desde el año 2002 y quien durante su gestión firmó el auto inhibitorio para investigar a Arana por conformación de grupos paramilitares. Durante el mismo debate Petro señaló al senador Álvaro García Romero, conocido como El gordo García, presentando una grabación y otros documentos que lo comprometían con supuesta conformación de grupos paramilitares en Sucre y su presunta participación en la "Masacre de Macayepo" donde fueron asesinadas 15 personas. García quien después de haber ocupado por más de veinte años una curul en el parlamento, y tras el acalorado debate en el congreso donde a voz en cuello negó las acusaciones, se entregó a la justicia el 16 de noviembre de 2006 tras varios días de fuga.
Alrededor de un año y algunos meses antes de desatarse el escándalo, Petro había denunciado los presuntos nexos con los paramilitares de la exrepresentante a la cámara Muriel Benito Rebollo a quien acusó entre otras cosas de tener nexos con alias 'Diego Vecino' y Rodrigo Mercado Pelufo, alias 'Cadena'; la entonces representante negó las acusaciones y señaló a Petro de querer ganar protagonismo con calumnias, sin embargo la aparición de su nombre en el computador de alias 'Jorge 40' como candidata de 'Diego Vecino' para el congreso en las elecciones de 2006 provocó que se abriera la investigación que terminaría en la posterior captura de Benito Rebollo quien finalmente reconoció sus vínculos con Diego Vecino y fue condenada a 6 años de prisión.
Dichos hechos fueron el comienzo del escándalo donde terminaron detenidos tres congresistas que están siendo investigados. Sin embargo, como se advertía por los denunciantes, este escándalo sería solo el inicio de una serie de acontecimientos que revelaría nuevos vínculos de los políticos con grupos ilegales de autodefensas. The New York Times publicó un artículo de investigación, en el que salen a la luz los testimonios de tres testigos que relacionaban a la familia del senador y expresidente Álvaro Uribe con acciones paramilitares en la década de los noventa; entre ellos, con Los Rastrojos. Los testigos señalaron a Santiago Uribe, hermano del expresidente y senador, como responsable de ordenar al escuadrón paramilitar, conocido como “Los Doce Apóstoles”, el asesinato de varios civiles. Tal y como indicaron los testigos, las órdenes venían de “Don Santiago”. Recientemente, The New York Times publicó varios documentos desclasificados que demuestran los nexos de Uribe con los narcotraficantes del extinto Cartel de Medellín. Los cables informan de que el expresidente se reunía y tenía una gran cercanía con los miembros del Cartel de Medellín entre los años 1992 y 1995https://www.hispantv.com/noticias/colombia/382118/alvaro-uribe-paramilitares-testigos-familia y con el grupo paramilitar Los Rastrojos, con quienes Uribe había movido dinero a través de ONG para financiar la campaña de Mauricio Macri para la jefatura de gobierno de la ciudad de Buenos Aires en 2003. Velásquez Rivera, Edgar de Jesús (2007). «Historia del paramilitarismo en Colombia» (HTML). História (São Paulo) 2 (1): 134-153. ISSN 1980-4369
Pacto de Ralito
thumb|300px|Fragmento del documento donde aparece la firma de los máximos jefes de las autodefensas junto a la de varios políticos.