miniaturadeimagen|259x259px|Barreiro Abad Caso Nene es el nombre con el cual Fiscalía General del Estado de Ecuador denominó al controversial operativo y la investigación que se realiza en el marco por presunta oferta de tráfico de influencias en la Vicepresidencia de la República. El caso Nene que involucra a Francisco Sebastián Barreiro Abad, hijo de la vicepresidenta de la República, Verónica Abad, y su presunta participación en supuestas actividades ilícitas dentro de la Vicepresidencia. Verónica Abad por su parte ha denunciado a este caso como uno más de los ataques que demostrarían violencia política en contra de ella para presionarla a renunciar a su cargo. Verónica Abad inició varias demandas contra Daniel Noboa por violencia política. La controversia vendría desde mucho antes de la detención del hijo de Verónica Abad. La Vicepresidente fue relegada a una única función fuera de su país como Embajadora en Israel, Daniel Noboa firmó un decreto quitándole la seguridad fuera de Ecuador, La Canciller nombrada por Daniel Noboa ordenó a la Vicepresidente que se calle y cuando luego vino la detención del hijo de la Vicepresidente. La controversia se daría porque Daniel Noboa corre como candidato para su reelección presidencial y según la Constitución del Ecuador la persona que debe asumir la presidencia es el vicepresidente.La Vicepresidente Verónica Abad ha llamado la atención que el gobierno de Daniel Noboa la persigue. "¿Cómo puede ser que más de 11 instituciones públicas estén inmiscuidas en esta persecución a la vicepresidenta? Han perdido recursos, han gastado todo el tiempo del mundo para inventarme cualquier horror porque esto es para escribir un libro de horror", dijo la vicepresidenta del Ecuador, Verónica Abad".Consistentemente, el hijo de la Vicepresidente, ha dicho ser víctima de persecución política, que sobre su casa vuelan drones, que ha recibido amenazas de muerte.Así mismo su abogado ha denunciado que militares detuvieron a 3 policías infraganti, haciendo seguimiento ilegal al hijo de la Vicepresidente, fotografiándolo y filmándolo, policías que están bajo las órdenes del gobierno.
Antecedente miniaturadeimagen|178x178px|Verónica Abad Francisco Sebastián Barreiro Abad, con una formación en Derecho y Ciencias Políticas y Sociales obtenida en la Universidad de Cuenca, Barreiro Abad ha consolidado una trayectoria profesional que lo ha llevado a ocupar diversos cargos de importancia en el ámbito público. El periodo que va desde el año 2020 hasta el presente revela su participación como profesional independiente en el Centro de Arbitraje y Mediación, así como su ocupación como Director Nacional de Servicios de Mediación entre diciembre de 2023 y enero de 2024. Estas posiciones evidencian su involucramiento en actividades relacionadas con la resolución de conflictos y la gestión de procesos legales.
Barreiro es el primero de tres hijos que tiene Abad. Barreiro Abad ha ocupado roles de autoridad en el ámbito policial, como lo demuestra su experiencia previa como intendente de Policía del Azuay, así como su desempeño como comisario nacional de Policía en los cantones Pucará y Cuenca. Estos antecedentes, aunque no directamente relacionados con sus actividades actuales, podrían arrojar luz sobre sus relaciones, influencias y prácticas profesionales.
En este sentido, los eventos recientes que lo sitúan en el centro de una investigación por una presunta oferta de tráfico de influencias ponen de relieve la importancia de analizar su historial completo, desde su formación académica hasta sus roles más recientes, para entender mejor los posibles factores que contribuyeron a su involucramiento en el caso Nene y las implicaciones que esto puede tener tanto para él como para otras figuras prominentes en la esfera pública.
La Vicepresidente Verónica Abad ha identificado este caso penal contra su hijo dentro de una serie de ataques y persecuciones contra ella por parte del presidente Daniel Noboa y sus Ministros para presionarla para que renuncie a su cargo. En una de las demandas de la Vicepresidente contra Daniel Noboa se identifican al menos 12 ataques del gobierno incluyendo el uso de este caso como forma de presión para que renuncie.
La asesora presidencial Diana Jácome directamente cuestionó a la Vicepresidente por no salir de Israel y regresar a Ecuador (lo cual hubiese accareado una potencial destitución por abandono del cargo) cuando su hijo fue ordenado prisión preventiva. A continuación cito las palabras de Jácome mismas que ciertos medios han calificado de mostrar la verdadera intención al encarcelar al hijo de la Vicepresidente en la cárcel de máxima seguridad "La Roca" por parte del SNAI, institución que controla cárceles, dirigida por el ejecutivo. "Si tu hijo está preso, ¿tú te regresas o prefieres mantenerte porque prefieres el poder?"
Detención El allanamiento simultáneo de la residencia y los espacios de trabajo de Francisco Sebastián Barreiro, llevado a cabo por las autoridades pertinentes, marca un giro dramático en la trayectoria de este individuo, quien, hasta hace poco, se desenvolvía en roles profesionales de importancia. La detención, efectuada en la mañana del 21 de marzo, revela un presunto caso de oferta de tráfico de influencias que pone en entredicho la integridad y la transparencia en la esfera pública. Este acontecimiento no solo afecta a Barreiro en su calidad de individuo, sino que también arroja una sombra sobre la figura de su madre, la vicepresidenta Verónica Abad, cuyo prestigio y credibilidad se ven inevitablemente cuestionados por la supuesta implicación de su hijo en actividades ilícitas.
El traslado de Francisco Sebastián Barreiro Abad hasta las oficinas de la Fiscalía se convirtió en un evento altamente mediático, con la presencia de la Policía y la atención de los medios de comunicación. Durante aproximadamente una hora, Barreiro estuvo bajo escrutinio mientras la Fiscalía llevaba a cabo su procedimiento. Al salir de estas instalaciones, escoltado por agentes de seguridad, Barreiro emitió un comentario en respuesta a una pregunta del medio cuencano Motepodcast Radio, afirmando: "Todo es político y doy todas las facilidades". Esta declaración, cargada de implicaciones, sugiere una percepción personal sobre la naturaleza de los eventos y su contexto político.
La naturaleza del delito imputado a Barreiro, oferta de tráfico de influencias, está definida en el artículo 286 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). Este artículo establece que comete este delito cualquier persona que, mediante aceptación o solicitud de remuneración, busque influenciar a un servidor público para obtener actos o resoluciones favorables a sus intereses o a los de terceros. Es importante distinguir este delito del tráfico de influencias, que implica el abuso de cargos o funciones por parte de servidores públicos o personas con potestad estatal para obtener beneficios personales o para terceros. Esta diferencia legal subraya la gravedad de las acusaciones y el contexto en el que se desarrolla la investigación contra Barreiro y sus posibles implicaciones políticas y legales.
El Denunciante admite no haber pagado un solo dólar por el alegado diezmo. Rommel Esteban Pérez Chicaiza, el denunciante en el Caso Nene, admite en su denuncia y testimonio que nunca ha pagado un solo dólar por el supuesto acuerdo que está bajo investigación. Esta declaración pone en tela de juicio la base de la acusación y resalta la importancia de la distinción entre “tráfico de influencias” y “oferta de tráfico de influencias” en muchas legislaciones internacionales.
En varias legislaciones para que un acto sea penalizado, generalmente se requiere que el ilícito se haya concretado, es decir, que exista evidencia de un intercambio real de dinero o favores en función de la influencia ejercida.Inclusive la misma influencia per se no es ilegal sin intercambio.Influence peddling per se is not necessarily illegal
Legislaciones Comparativas
Estados Unidos: La Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) regula las prácticas de soborno y corrupción, estableciendo que para que se considere tráfico de influencias, debe haber una acción efectiva, no solo una oferta. Reino Unido: La Bribery Act 2010 penaliza el soborno y el tráfico de influencias, pero solo si hay una transacción real o un acuerdo comprobado para obtener un beneficio. La falta de materialización puede resultar en la no penalización de simples ofertas. Suiza: El Código Penal Suizo (Artículo 322) aborda delitos relacionados con la corrupción y el tráfico de influencias, centrándose en la realización efectiva del favor o pago, y no penaliza la mera oferta sin pruebas de influencia ejercida o beneficio concretado.
La ausencia de pago por parte del denunciante es un factor clave que podría debilitar su acusación, alineándose con las prácticas legales internacionales que exigen evidencia concreta para la penalización de delitos relacionados con el tráfico de influencias.
Prisión preventiva Barreiro fue arrestado el jueves por la mañana en Cuenca como resultado de los allanamientos realizados por la Fiscalía en relación con este caso. Posteriormente, fue llevado a Quito, donde se llevó a cabo una audiencia para presentar los cargos en su contra y se ordenó que permanezca en prisión preventiva para evitar su fuga del país. El hijo de la vicepresidenta, Verónica Abad, deberá cumplir los 90 días de prisión preventiva en la cárcel de máxima seguridad La Roca, en Guayaquil.Entre las pruebas con las que cuenta Fiscalía hay dos CDs con grabaciones de audio de llamadas, además de fotografías y videos.
Es notable que todas las supuestas pruebas de Fiscalía corroboran que nunca hubo pago de un solo dólar por parte del acusador Rommel Esteban Pérez Chizaiza. El estado está persiguiendo al hijo de la vicepresidente por una supuesta conversación.
Francisco Sebastián Barreiro Abad, hijo de la vicepresidenta Verónica Abad, no pudo recuperar su libertad a pesar de haber pagado una fianza de $20,000 sino hasta casi un mes después del pago, debido a maniobras legales que retrasaron el proceso. El 12 de abril, la jueza María Fernanda Castro Angos aceptó la fianza, pero un día después, Rommel Esteban Pérez Chicaiza, el denunciante, contrató como abogado a David Roberto Meza Angos, primo de la jueza. Esto creó un conflicto de interés, ya que el abogado no podía asumir la defensa de Pérez mientras su prima tramitaba el caso, violando el artículo 335 del Código Orgánico de la Función Judicial.
Meza Angos presentó una petición de excusa el 15 de abril, alegando su parentesco con la jueza y problemas familiares. Como resultado, la jueza Castro Angos perdió la competencia en el caso, lo que impidió que firmara la orden de excarcelación de Barreiro, quien permaneció en la cárcel de La Roca, Guayaquil.
El juez Vicente Fernando Hidalgo Maldonado revisó la solicitud de excusa/recusación el 22 de abril y la rechazó, ordenando devolver el caso a la jueza Castro Angos. Además, solicitó que se iniciaran procedimientos disciplinarios contra Meza Angos. Aunque la jueza Castro Angos recuperó la competencia, su primo Meza Angos presentó recursos de aclaración y ampliación, retrasando aún más la liberación de Barreiro.
El abogado de Barreiro, Oswaldo Trujillo, consideró estas acciones como tácticas dilatorias, argumentando que su cliente cumplía con los requisitos legales para la fianza, pero que el proceso se vio obstaculizado por estos recursos legales que, según él, faltaron a la lealtad procesal.
Extorsión y tráfico de poder