El caso Purga es como se denomina mediáticamente a un proceso judicial penal en Ecuador dentro del cual la Fiscalía General del Estado ha formulado cargos en contra de varios funcionarios públicos y operadores de Justicia, pretende probar los nexos entre la política, la justicia y el narcotráfico.
“El Caso Purga es una demostración de cómo la corrupción se generaba desde las más altas esferas de la política legislativa, que ponía a su servicio y, obviamente, al del narcotráfico, la administración de justicia en una de las provincias más influyentes del país, Guayas, por medio de la cual economías criminales habían encontrado un vehículo de operación muy rentable para que campee la impunidad”, aseguró la Fiscal General del Ecuador, Diana Salazar.
La fase de instrucción fiscal abarca un período de 90 días en el proceso penal vinculado al delito de delincuencia organizada dentro del caso Purga, se inició el 5 de marzo de 2024. Durante esta etapa, se emitieron órdenes de prisión preventiva para ocho de los involucrados, tres enfrentan medidas de presentación periódica con prohibición de salir del país. Además, una persona quedó sujeta a arresto domiciliario. El caso Purga se inicia con un expediente fiscal que consta de 490 cuerpos.
Antecedentes El 4 de marzo de 2024, la Corte Nacional de Justicia fue escenario de una trascendental audiencia de formulación de cargos relacionada con el caso Purga, que implicaba a 12 individuos acusados de delincuencia organizada. Encabezando esta sesión se encontraba el juez de la Corte Nacional de Justicia, Javier de la Cadena, quien, en su papel crucial, evaluó el pedido de la Fiscalía para determinar las medidas cautelares apropiadas para los procesados. El caso tomó un giro inesperado cuando, tras una extensa y minuciosa audiencia que se prolongó desde las 21:00 del 4 de marzo hasta la madrugada del siguiente día, el magistrado decidió dictar prisión preventiva para 11 de los 12 acusados, mientras que uno de ellos, debido a su avanzada edad, recibió la alternativa del arresto domiciliario. En los 43 allanamientos realizados dentro del caso Purga, la Fiscalía incautó celulares, laptops, dispositivos de almacenamiento de información, licores, joyas y dinero en efectivo. Los operativos se dieron en las provincias de Guayas y Pichincha.
Dentro de los nombres que resonaron en la sala de la Corte Nacional de Justicia durante esa jornada se encontraban destacadas figuras, como el exasambleísta socialcristiano Pablo Muentes y la expresidenta de la Corte Provincial de Justicia de Guayas, Fabiola Gallardo. Ambos fueron señalados como parte de la presunta trama de delincuencia organizada. Este importante proceso judicial se caracterizó por su complejidad y la gravedad de los delitos imputados, lo que generó un interés significativo tanto en la opinión pública como en los círculos políticos y judiciales del país.
La audiencia, que se prolongó hasta altas horas de la madrugada, fue suspendida y retomada más tarde, evidenciando la complejidad y el detallado análisis que el juez De la Cadena aplicó en la evaluación de cada caso. La determinación de las medidas cautelares no solo impactó en la vida de los procesados, sino que también generó debates y discusiones en torno a la aplicación de la justicia en casos de esta envergadura, marcando así un capítulo relevante en la historia judicial del país.
Implicados en la trama de corrupción miniatura|derecha|Pablo Muentes, exasambleísta detenido a causa del Caso Purga. El Caso Purga se vislumbra una trama de corrupción que involucra a figuras del ámbito legal. Este informe desentraña las conexiones y actividades que apuntan hacia una red de corrupción que ha permeado distintos niveles del sistema judicial. María Fabiola Gallardo Ramia (Expresidenta de la Corte Provincial de Justicia de Guayas). Detenida por presunta delincuencia organizada. Gallardo falló a favor de la acción de protección presentada por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército en contra de la Empresa de Obras Públicas de Quito, por un contrato de USD 30 millones, lo hizo a cambio de la remodelación del piso de la presidencia de la Corte. Johan Gustavo Marfetán Medina (Juez de la Corte Provincial de Justicia de Guayas). Líder de una organización delincuencial, manipuló la justicia mediante un habeas data. En 2015 fue suspendido por revocar una sentencia condenatoria en un caso de sicariato. Su nombre aparece en los chats del narcotraficante Leandro Norero y sus abogados. Investigado por presuntamente haber recibido sobornos por un total de $140,000 para emitir dictámenes favorables a la madre y hermano del narcotraficante Leandro Norero. Pablo Bolívar Muentes Alarcón (Exasambleísta del Partido Social Cristiano) Mantenía el control de la administración de justicia en Guayas y dirigía esta red de delincuencia organizada. Habría financiado la campaña y la operatividad de Fabiola Gallardo, expresidenta de la Corte Provincial de Justicia de Guayas. Habría usado su cercanía con Gallardo para beneficiarse con un fallo judicial que le permitió a él y a su esposa obtener una indemnización de USD 3,9 millones del Banco del Pacífico. Habría usado recibos falsificados y adulterados. Mónica Alvarado Vargas (esposa de Pablo Muentes) se habría beneficiado de los fallos judiciales que consiguió su pareja para que se le validen comprobantes de pago falsos y adulterados, con los que justificó una deuda por USD 314 mil al Banco del Pacífico. Reinaldo Efraín Cevallos Cercado (Juez de la Sala Penal de la Corte Provincial de Justicia de Guayas) Ordenó al Banco del Pacífico que le pagara la suma de 3,9 millones de dólares a Pablo Muentes en un recurso de habeas data. En 2014, fue investigado por el hallazgo de armas de grueso calibre en su vivienda, generando un proceso disciplinario. En 2021, lideró la investigación del asesinato del presentador Efraín Ruales, llamando a juicio a siete personas por el crimen. Hugo Manuel González Alarcón (Actual presidente de la Corte Provincial de Justicia de Guayas). En enero de 2024, asumió el cargo en sustitución de Fabiola Gallardo. La Fiscalía sostiene que colaboró con Mayra Salazar en la "campaña" para la presidencia de la Corte, centrándose en la propuesta del "timbre electrónico". Mercedes Leonor Villarreal Vera (Directora Provincial del Consejo de la Judicatura del Guayas). Colaboró en archivar sumarios administrativos contra Fabiola Gallardo y participó en la introducción del "timbre electrónico" en la elección de Hugo González. Ruth Catalina Solano Padilla (Procuradora judicial del Cuerpo de Ingenieros del Ejército) fue quien planteó la acción de protección contra la EPMOP. Hizo una transferencia de USD 1.400 a Marya Salazar para la remodelación del piso de la Presidencia de la Corte. Fausto Alfonso Mero Zambrano (Asesor de Mercedes Leonor Villarreal). habría participado en el archivo de sumarios administrativos en contra de Gallardo. Mayra Salazar Merchán (Comunicadora, con amplio poder en la justicia de Guayas). Fue una de las parejas sentimentales del narcotraficante Leandro Norero, manejaba cuentas "troll" que usaba en favor Pablo Muentes le pedía. En una chat con Daniel Salcedo, procesado en el caso Metástasis, se le pide difundir un video sobre el asesinato de Fernando Villavicencio, en el que supuestos miembros de Los Lobos desmienten conexiones con el crimen. Nelson Mecías Ponce Murillo (Juez de la Sala Especializada de Familia, Mujer, Niñez, y Adolescencia y Adolescentes Infractores.) Ramos Alberto Lino Tumbaco (Juez de la Corte Provincial de Justicia de Guayas). Votó a favor para ratificar la inocencia de Abdalá y Michell Bucaram Puley y de Gabriela Pazmiño en el caso de corrupción hospitalaria. Tramitó apelación de los sentenciados por el asesinato de Efrain Ruales, luego se excuso de continuar. Pedro Guillermo Valarezo Coello (Juez de la Corte Provincial de Justicia de Guayas). Integró la sala penal que revocó habeas corpus a favor del narcotraficante Junior Roldán (excabecilla de los choneros). Fue parte del tribunal que falló a favor del Cuerpo de Ingenieros del Ejército en su disputa legal contra la EPMOP, lo que resultó en la renovación del piso de la oficina de Gallardo. Henry Robert Taylor Terán (Juez de la Corte Provincial de Justicia de Guayas). Integró el tribunal que favoreció al Cuerpo de Ingenieros del Ejército en su causa contra la EPMOP, por la que Gallardo recibió la remodelación del piso de su oficina. Pedro Moreira (exjuez de Garantías Penitenciarias), por conceder arresto domiciliario a Junior Roldán, líder de Los Choneros. Andersson Boscán (Periodista). aparece en los chats del narcotraficante Leandro Norero. Claudia Garzón (excomisionada de la pacificación de las cárceles durante el gobierno de Guillermo Lasso). Yanina Villagómez (Fiscal provincial del Guayas). Villagómez vinculada en el caso Metástasis debe responder sobre su aparente cercanía con Xavier Novillo, alias Novi, uno de los abogados del narcotraficante Leandro Norero. Fue llamada a rendir versión en el caso Purga. Elcy Rumania Celi Loaiza (Exvocal de la Judicatura). Aparece en los chats de Mayra Salazar.
Prisión Preventiva En una jornada judicial cargada de tensiones, el magistrado Javier de la Cadena dictó prisión preventiva contra dos figuras prominentes: Fabiola Gallardo, expresidenta de la Corte Provincial de Justicia de Guayas, y el juez Johan Marfetán. Ambos enfrentan acusaciones de liderar una red de delincuencia organizada en el caso Purga, según la Fiscalía. Este veredicto marcó un hito en el proceso legal que se desarrolló el 5 de marzo de 2024 a las 8:00. No obstante, el caso también reveló una situación particular con Pablo Muentes, exasambleísta socialcristiano, quien alegó depresión para evitar la prisión preventiva. A pesar de la presentación de certificados médicos que mencionaban trastornos depresivos, ansiedad e hipertensión arterial, el juez desestimó estos argumentos, subrayando que no se configuraban como casos especiales contemplados en el Código Penal.
Tras un receso de más de 10 horas, el juez de la Corte Nacional de Justicia, Javier de la Cadena, retomó la audiencia de formulación de cargos contra los 12 detenidos en el caso Purga. La llegada de los aprehendidos, custodiados bajo un fuerte resguardo policial, coincidió con la entrada de la fiscal General, Diana Salazar, quien portaba un chaleco antibalas. Durante esta fase crucial, el magistrado analizó el pedido de la Fiscalía, contemplando la imposición de prisión preventiva para la mayoría de los detenidos y arresto domiciliario para el juez Bernardo Cevallos, argumentando su edad avanzada, superando los 70 años. Este momento destacado en la audiencia reflejó la complejidad y la meticulosidad con la que se abordaron las decisiones judiciales.
Luego de escuchar los alegatos de los abogados de los procesados, el juez Javier de la Cadena se retiró de la sala para deliberar sobre el pedido de prisión preventiva de la fiscal Diana Salazar. La audiencia, inicialmente programada para reinstalarse a las 16:00, sufrió un aplazamiento y finalmente se reanudaría a las 18:00. Este episodio prolongado subrayó la importancia y la sensibilidad del proceso judicial, manteniendo en vilo a la opinión pública y generando expectativas en torno a las decisiones judiciales que definirían el destino de los implicados en el caso Purga.
Ante la emergencia en la Corte de Guayas, en rueda de prensa el 8 de marzo de 2024, Álvaro Román, presidente del Consejo de la Judicatura, Solanda Goyes, vocal del Consejo de la Judicatura, y Ana María Ayala, directora provincial del Guayas, explicaron que se nombrarán a nuevos jueces de la Sala Penal. A los 7 jueces aprehendidos por caso Purga se les retuvieron sus sueldos, los valores de los salarios de siete magistrados se mantendrá hasta que haya alguna resolución.
La Red de Intrigas Judiciales
Elcy Celi Loaiza emerge en el caso Purga como una figura central