El proceso iniciado por la República de Sudáfrica contra el Estado de Israel el 29 de diciembre de 2023, conocido oficialmente como Aplicación de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio en la Franja de Gaza (Sudáfrica contra Israel), se refiere a presuntas violaciones por parte de Israel de sus obligaciones en virtud de la Convención sobre el Genocidio de 1948 y el derecho internacional en relación con los palestinos en la Franja de Gaza. La presentación de Sudáfrica sitúa los cargos en lo que describe como «el contexto más amplio de la conducta de Israel hacia los palestinos durante sus setenta y cinco años de apartheid, sus cincuenta y seis años de ocupación beligerante del territorio palestino y su bloqueo de Gaza de dieciséis años». Sudáfrica ha solicitado que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) dicte medidas provisionales de protección.The request for provisional measures is made under Article 74 of the Rules of the Court , which states that "A request for the indication of provisional measures shall have priority over all other cases."

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel ha declarado en cables diplomáticos que un fallo contra Israel «podría tener importantes implicaciones potenciales que no sólo se encuentran en el mundo legal sino que tienen ramificaciones prácticas bilaterales, multilaterales, económicas y de seguridad».

Las audiencias públicas se llevaron a cabo en el Palacio de la Paz de La Haya el jueves 11 y viernes 12 de enero de 2024.Israel fue representado por abogados como Malcolm Shaw y KC.El equipo legal sudafricano incluyó a John Dugard, Tembeka Ngcukaitobi y Vaughan Lowe.Israel nombró a Aharon Barak y Sudáfrica a Dikgang Moseneke como jueces ad hoc.

El 26 de enero de 2024, la Corte Internacional de Justicia dictaminó de manera provisional que había plausibilidad de que se estuviese cometiendo un genocidio y ordenó una serie de medidas cautelares mientras se produjese la investigación oficial, entre las que se encontraban la exigencia a Israel de que se asegurase de que sus tropas no cometiesen actos de carácter genocida, que se previniese y castigase la incitación al genocidio, que se evitase la destrucción de las posibles pruebas de genocidio, y que se permitiese «la entrega de la ayuda humanitaria esencial precisada con urgencia por los palestinos». Sin embargo, la Corte no impuso como exigencia la solicitud de Sudáfrica de imponer un alto el fuego inmediato. Todas las medidas fueron adoptadas por una mayoría de 15 jueces a favor y 2 en contra, salvo por las referentes a la mayor entrada de ayuda humanitaria y a la persecución y el castigo de la incitación al genocidio, que fueron aprobadas por 16 votos a favor (incluido el del juez israelí) y 1 en contra.

El 12 de febrero del 2024, Sudáfrica solicitó a la corte que considerara si la ofensiva militar Israelí en la ciudad gazatí de Rafah «ha llevado ya o resultará en asesinato, daño y destrucción en gran escala», en quiebre tanto de la Convención del Genocidio como de la orden de la Corte del 26 de enero.

El 24 de mayo de 2024, la Corte Internacional de Justicia exigió a Israel que detenga inmediatamente su ofensiva militar en la ciudad de Rafah, en la Franja de Gaza. El Tribunal accede así parcialmente a un recurso urgente presentado por Sudáfrica.

Antecedentes

Después de que Israel comenzara a bombardear Gaza tras los ataques del 7 de octubre, algunos palestinos expresaron su preocupación de que la violencia de respuesta fuera utilizada para justificar el genocidio contra los palestinos por parte de Israel.; ; ; ; ; Después de los ataques de Hamás, Yoav Galant, ministro de Defensa israelí, afirmó: «Estamos luchando contra animales humanos». Avi Dichter, ministro israelí de Agricultura, llamó a la guerra a ser la «Nakba de Gaza» en el Canal 12; Ariel Kallner, otro miembro de la Knesset del partido Likud, escribió de manera similar en las redes sociales que hay «un objetivo: ¡Nakba! Una Nakba que eclipsará la Nakba de . Nakba en Gaza y Nakba para cualquiera que se atreve a sumarse». El historiador israelí del Holocausto Omer Bartov advirtió que las declaraciones hechas por altos funcionarios israelíes «podrían fácilmente interpretarse como una indicación de una intención genocida».

Convención sobre genocidio En 1948 la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó por unanimidad la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, que definió el genocidio como cualquiera de cinco «actos cometidos con la intención de destruir, total o parcialmente, una comunidad nacional, étnica, racial o grupo religioso». Los actos fueron: matar a miembros del grupo, causarles graves daños físicos o mentales, imponer condiciones de vida destinadas a destruir el grupo, impedir nacimientos y trasladar por la fuerza a niños fuera del grupo. Las víctimas deben ser atacadas por su pertenencia real o percibida a un grupo, no al azar.

Actas miniaturadeimagen|Se celebrarán audiencias públicas en el Palacio de la Paz de La Haya. El procedimiento se inició el 29 de diciembre de 2023 ante la Corte Internacional de Justicia de conformidad con la Convención para la Prevención y la Sanción del delito de Genocidio, de la que tanto Israel como Sudáfrica son signatarios, y se inició de conformidad con el artículo IX de la convención.

Balkees Jarrah, director asociado de justicia internacional de Human Rights Watch, señala que el caso de la CIJ no es un procesamiento de individuos y no involucra directamente a la Corte Penal Internacional, que es un organismo separado, que lleva a cabo su propia investigación. Jarrah afirmó que el caso presenta una oportunidad para «proporcionar respuestas claras y definitivas sobre la cuestión de si Israel está cometiendo genocidio contra el pueblo palestino».

Posición sudafricana Sudáfrica acusa a Israel de cometer genocidio en Gaza en violación de la Convención sobre Genocidio. El equipo legal sudafricano incluye a John Dugard, Adila Hassim, Tembeka Ngcukaitobi, Max Du Plessis, Tshidiso Ramogale, Sarah Pudifin-Jones, Lerato Zikalala, Vaughan Lowe y Blinne Ní Ghrálaigh. Varias figuras políticas internacionales se unirán a la delegación sudafricana, incluido Jeremy Corbyn.

En la demanda de 84 páginas se alega que las acciones de Israel «son de carácter genocida porque tienen como objetivo provocar la destrucción de una parte sustancial del grupo nacional, racial y étnico palestino». ALT Link Sudáfrica solicitó que la CIJ emitiera una orden legal vinculante de manera provisional (es decir, antes de una audiencia sobre el fondo de la solicitud), exigiendo a Israel «suspender inmediatamente sus operaciones militares en y contra Gaza». Si bien la resolución del fondo del caso puede llevar años, dicha orden podría emitirse en unas semanas. Además, el presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, también comparó las acciones de Israel con el apartheid.

La presentación afirma que «los actos y omisiones de Israel... son de carácter genocida, ya que se cometen con la intención específica requerida... de destruir a los palestinos en Gaza como parte del grupo nacional, racial y étnico palestino más amplio».

Las acciones genocidas alegadas en la demanda incluyeron la matanza masiva de palestinos en Gaza, la destrucción de sus hogares, su expulsión y desplazamiento, así como el bloqueo de alimentos, agua y ayuda médica a la región. Sudáfrica dijo que Israel había impuesto medidas que impedían los nacimientos palestinos mediante la destrucción de servicios de salud esenciales y vitales para la supervivencia de las mujeres embarazadas y sus bebés. La demanda argumentaba que estas acciones estaban «destinadas a provocar la destrucción [de los palestinos] como grupo». Sudáfrica afirma que las declaraciones hechas por funcionarios israelíes, como el primer ministro Benjamín Netanyahu, son prueba de intenciones genocidas.

La demanda sudafricana solicita a la corte nueve medidas provisionales de protección: +NúmeroResumenDescripción completa1Suspensión de las operaciones militaresEl Estado de Israel debe suspender inmediatamente sus operaciones militares en y contra Gaza.2El Estado de Israel debe asegurar que cualquier ejército o unidad armada irregular que sea dirigido, apoyado o influenciado por él, así como organizaciones y personas que sean sujetas a su control, dirección o influencia, se abstengan de tomar medidas que añadan a las operaciones militares del punto anterior (1).3Prevención del GenocidioLa República de Sudáfrica y el Estado de Israel cada uno, de acuerdo a sus obligaciones bajo la Convención para la Prevención y el Castigo del Crimen de Genocidio, en relación con la población Palestina, tome toda medida razonable en su poder para prevenir el genocidio.4Desistir de matar, herir, destruir vidas e impedir nacimientos.El Estado de Israel deba, de acuerdo a sus obligaciones bajo la Convención para la Prevención y el Castigo del Crimen de Genocidio, en relación con la población Palestina como un grupo protegido por la Convención para la Prevención y el Castigo del Crimen de Genocidio, desistir de la comisión de alguno y todos los actos delimitados en el Artículo II de la Convención, específicamente: (a) asesinar miembros del grupo, (b) causar daños corporales o mentales serios a los miembros del grupo, (c) activamente buscar infligir en el grupo las condiciones de vida calculadas para provocar su destrucción física en totalidad o en parte, e (d) imponer las medidas necesarias para prevenir nacimientos entre el grupo.5Prevenir el desplazamiento, la privación y la destrucción de la vida.El Estado de Israel deba, según el punto anterior (4)(c), en relación con la población Palestina, desistir de y tomar todas las medidas en su poder incluyendo la rescisión de órdenes relevantes, de la restricción o de las prohibiciones para prevenir: (a) la expulsión y el desplazamiento forzado de sus hogares; (b) la depravación de: (i) acceso a comida y agua; (ii) acceso a asistencia humanitaria, incluyendo acceso a niveles adecuados de combustible, refugio, ropa, higiene y sanidad; (iii) suministros médicos y asistencia; y