La Crisis de 1750 es referido a un momento de crisis durante dicha década del en el Virreinato del Perú, pues se presentó el punto más alto de rebeliones del en el Virreinato del Perú entre las comunidades indígenas (previo a la Rebelión de Túpac Amaru II), poniendo en riesgo la estabilidad política del Virreinato del Perú (e incluso el dominio español) durante el gobierno de José Antonio Manso de Velasco. En este período sucedió la Rebelión de Juan Santos Atahualpa, la Rebelión de Huarochirí de 1750, la Conspiración de Lima de 1750, y otros tumultos que estuvieron al borde de fusionarse.https://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/bitstream/handle/20.500.12404/4623/BARRIGA_CALLE_IRMA_SOGA.pdf?sequence=6&isAllowed=y También se dio un renacimiento de la autoridad de la Nobleza indígena e incaica (debilitada por las Reformas borbónicas), donde hubo figuras como Fray Calixto de San José Tupac Inca o Juan Bustamante Carlos Inca en la Corte de España representando las demandas del indio en son de una reforma política según el espíritu de las Leyes de Indias, usando también memoriales propagandísticos como la Exclamación Reivindicacionista o el Planctus Indorum Christianorum in America Peruntina.Navarro, José María. Una denuncia profética desde el Perú a mediados del siglo XVIII: el Planctus Indorum Christianorum in America Peruntina. Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú, 2001.
Antecedentes
Problemas económicos y políticos en el Imperio Español Durante la Crisis del siglo XVII (que mostró las primeras señales de la Decadencia española y de la transición de la hegemonía del Capital entre el Mundo Mediterráneo al Mundo Nórdico), el Virreinato del Perú sufrió los efectos adversos a los problemas económicos en España tras la guerra de los Treinta Años, y aunque después el Perú tendría una lenta recuperación que se acentuará en las décadas siguientes (siendo más rápida que en la propia metrópoli de la España peninsular), esto generó que se desatienda en la Corona de Castilla la supervisión de los asuntos americanos, lo que terminó generando un nuevo auge en la corrupción política a vísperas de la guerra de sucesión española, sobre todo porque se volvió usual por la Casa de Austria que simplemente vendiera cargos públicos sin comprobar las aptitudes de los funcionarios (pues se asumía que quienes podrían pagarlo serían personas de bien y de pocas necesidades económicas, pero muchos se pusieron a lapidar las economías locales de las jurisdicciones recibidas y así recobrar la compra de los cargos ante los sueldos bajos por las Quiebras de la Monarquía Hispánica). No ayudó tampoco el contrabando y el aumento de la piratería por parte de países protestantes.
Posteriormente, la llegada de la Casa de Borbón al gobierno del Imperio español provocaría un descontento entre las elites peruanas por las Reformas borbónicas, que crearon un nuevo virreinato indiano (Virreinato de Nueva Granada) en perjuicio de territorios del Perú (afectando las redes de comercio con la Provincia de Quito y el Nuevo Reino de Granada al pagarse más alcabalas). También empezaron a incrementar el poder de los peninsulares en los puestos de poder, con el deseo de supervisar a las autoridades americanas de las denuncias de corrupción en el Consejo de Indias (y también aumentar la soberanía del poder real, en el marco del Regalismo en España e inspirados en el Despotismo ilustrado de la Monarquía francesa), pero que en ciertas ocasiones mostraban desconocimiento de los problemas sociales americanos (o incluso se asociaban con las autoridades corruptas) y se comportaban con arrogancia frente a los americanos (quienes le dieron el apodo de Gachupín). A su vez, las reformas borbónicas regalistas buscaban Centralizar las instituciones, con la creencia de que eso las haría más eficientes al poder supervisar el Rey de mejor manera las cosas públicas y colocar burócratas en razón de su efectividad y no por la tradición de linajes señoriales, pero generaría descontento general por la instauración del Absolutismo español y lo que se percibía era un atentado a los Fueros en los Reinos de Indias, puesto que en el Derecho indiano se exigía que la Corona de Castilla respetase las costumbres locales y leyes regionales entre las múltiples naciones del Virreinato (representados por sus Señores y Caciques), en vez de lo que se percibía eran intentos de castellanización (en la República de españoles) o hispanización (en la República de indios) forzada de las instituciones que iba contra el Pactismo de Vasallaje.
Corrupción criolla y Cédula de Honores En el se habían presentado varias denuncias de que algunos criollos intentaron enajenar de sus bienes y propiedades a varios indios ordinarios y caciques de la Cordillera de los Andes, provocando una ola de reclamos y pleitos legales hacia la Real Audiencia de Lima ante lo que denunciaban era una injusta distribución de las tierras. Debido a la lentitud de los tribunales americanos, varios nobles indios pidieron licencia para viajar a España y presentar sus demandas (y de las comunidades indias que representaban) directamente al Consejo de Indias, en donde aprovecharon en reclamar no solo por los litigios de propiedades, si no que solicitaron también acceso a los mismos cargos políticos que ostentaban los españoles americanos, y de paso que su dignidad como nobles indios sea reconocida como equivalente a la dignidad nobiliaria de los españoles. Esto último llegó a ser noticia en todo el Imperio español y solo provocó que se de una ola de viajes de caciques de todas partes de la monarquía, aumentando que haya un auge de protectores de indios como Procurador en Cortes. A su vez, Mestizos pidieron que tuvieran libertad de elegir su casta y que no sean encasillados directamente como parte de la República de indios. A su vez, había aumentado la Devoción Católica entre los indios de clase alta y querían solicitar que puedan ser ordenados en el Clero e incluso de participar en la Inquisición española (debido a que su condición de Cristianos nuevos les puso limitaciones), habiéndose presentado discusiones sobre el tema ya desde principios del . Finalmente, se emitiría la Real Cédula "de Equiparación", publicada el 12 de marzo de 1697 por Carlos II de España, que exigía que los súbditos del Rey de España (en específico, los funcionarios peninsulares y criollos) no impidan a los indios de tener participación política y social entre las instituciones públicas, militares y religiosas de los Virreinatos españoles en los Reinos de Indias o estarían faltando al Derecho indiano. A su vez, se recalcaba, dentro del Derecho de España y la Legislación nobiliaria, que los nobles indígenas eran equivalentes a los Hidalgos de la Nobleza española, y que eran los representantes políticos legítimos de los indios (no los españoles) ante el Rey, quien gobernaba América por concesión de los indios (Translatio imperii).Enríquez, L. ., & Aguirre Salvador, R. . (2022). La cédula de honores de 1697 y la formación del clero indígena: los casos de Nueva España y Chile en el siglo XVIII. Revista De Indias, 82(286), 645–671.
Aunque dicha Cédula de Equiparación llegó a ser aplicada sin dificultades en la Nueva España (donde el estamento caciquil estaba más debilitado y la República de españoles accedió sin temores a empoderar a los indios), en el Virreinato del Perú no se acató la real cédula, dado que los nobles indios eran un estamento poderoso en la sociedad virreinal peruana, donde los caciques, garantes de la República de indios, se comportaban como auténticos Señores que nada tenían que envidiar al Feudalismo en España, siendo el cacicazgo una institución por derecho propio (con señorío no solo territorial, sino también jurisdiccional en el Aillu) y que competían con los Encomenderos españoles por el dominio de las relaciones políticas a nivel local. Por tanto, los funcionarios criollos corruptos hicieron todo lo posible por no cumplirla con efectividad, aunado a que también habían prejuicios despectivos en ciertos oligarcas que se negaban a tratar al indio como españoles, con la excusa de que estaban tratando de asegurar la soberanía del Rey de España en el Perú, pues acusaban a los indios de que tenían una doble identidad entre su sumisión a la hispanidad del Imperio español y su sumisión a la indianidad de su cacicazgo, y que por tanto, estaban predispuestos a no ser fieles súbditos del rey, y con ello eran indignos de que se les reconozca estas libertades. Estas acusaciones serían respondidas por la Nobleza indígena y el Cabildo de Indios con hacer varias declaraciones de lealtad al Rey de España, como en su participación en la Ceremonia de Coronación de Fernando VI de España en Lima, o enlistarse al Ejército Real del Perú y criticar duramente a los indios rebeldes como Juan Santos Atahualpa o Túpac Amaru II.
Tales argumentaciones de los criollos (notificadas por el cacique Vicente de Morachimo) fueron entendidas como excusas en las Cortes españolas, y fue así que Felipe V de España se vería obligado a hacer una ratificación de la cédula de 1697 en otra real cédula del 21 de febrero de 1725, actuando como garante del Corporativismo entre todas las clases sociales y dejando claro a las autoridades peruanas que la cumplieran «sin permitir que con pretexto ni motivo alguno se falte al cumplimiento, y puntual observancia de su contenido», lo que haría José de Armendáriz.
Aquel apoyo de la Monarquía Española generó alegría entre los indios, que percibían al Rey de España e Indias Occidentales (el Inca católico) como una figura Paternal e intachable de moralidad, por ser el máximo garante de justicia (lo cual estaría demostrando con estos gestos a favor de la causa justa del indio) en un sistema monárquico que consideraban justo ante el Derecho natural por ajustarse a la Ley divina, siendo el monarca totalmente inocente de la corrupción de sus representantes españoles en América (percibido como cuestión de imperfecciones humanas muy irritables, mas no señal de alguna ilegitimidad del dominio del Imperio español). Sin embargo, siguió dándose resistencia entre los funcionarios criollos, por lo que en 1726 se firmó entre los nobles indígenas el memorial de «los cabos militares, caciques principales y gobernadores y sus descendientes mestizos nobles de este Reyno Peruano» para demandar el acatamiento del real decreto. Y observadores como Fray Isidoro de Cala y Ortega (misionero apostólico de la provincia franciscana de Lima) seguirían reportando noticias del incumplimiento.
Durante estos años de inicios del , se presentó el Manifiesto de agravios de Oruro, el cual pudo influir ampliamente en envalentonar los descontentos (de hecho Miguel Surruchaga, un conspirador limeño, tuvo contacto con este).También los éxitos políticos de Juan Bustamante Carlos Inca como Gentilhombre de boca del Rey en la Corte de Fernando VI de España, puesto que generaría un aumento en la confianza de los indígenas por sus reclamos a la Monarquía Española.
Situación Social en el Perú La falta de acatamiento de las autoridades criollas generó resentimiento entre los indios peruanos, lo cual propició las condiciones de la crisis.Vargas Ugarte, Historia general, t. 4 Con ello, hubo varios nobles indios de carácter reformista, como Vicente Mora Chimo (noble chimú que fue procurador de pueblos de indios), Juan Bustamante Carlos Inca (noble inca acriollado que fue Gentilhombre de boca del Rey), Fray Calixto de San José Tupac Inca (noble inca y sacerdote católico), etc que viajarían a Madrid para notificar a la Corte de España (durante el reinado de Fernando VI de España y Carlos III de España) de que había un mal gobierno representado por oligarcas criollos y servidores suyos del Rey que seguían impidiendo el cumplimiento de la cédula a mediados de la década de 1750 y 1760, implorándole al Rey que ponga orden en sus dominios.