Desde el inicio de la guerra de Gaza, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU identificó «pruebas claras» de crímenes de guerra tanto por parte de Hamás como de las Fuerzas de Defensa de Israel. Una Comisión de la ONU para el conflicto entre Israel y Palestina declaró que hay «evidencias claras de que se pueden haber cometido crímenes de guerra en la guerra de Gaza, y todos aquellos que han violado el derecho internacional y atacado a civiles deben rendir cuentas». Un portavoz de la ACNUDH pidió que un tribunal independiente revisara los posibles crímenes de guerra cometidos por ambos bandos.
En respuesta a los ataques de Hamás que cobraron la vida de cerca de 1139 israelíes, desde el 7 de octubre de 2023 las Fuerzas de Defensa de Israel han realizado miles de bombardeos aéreos en la Franja de Gaza, así como incursiones militares, incluyendo asesinatos con el uso de equipos de francotiradores que hasta la fecha han acabado con la vida de , en su gran mayoría civiles (el 83 % según datos de inteligencia de las FDI), entre las cuales hay más de 20 179 niños y más de 10 000 mujeres y han dejado más de heridos. A esto hay que añadir las 14 400 personas desaparecidas, más de 360000 unidades habitacionales destruidas, 368 instalaciones de educación, 370 centros médicos, 203 lugares de culto, así como el corte de suministros de agua y electricidad. Además de las muertes en la Franja Gaza, otros 973 palestinos, entre ellos más de 200 niños perdieron la vida en Cisjordania en ataque de colonos radicales y de las fuerzas israelíes.
El día 29 de diciembre el gobierno de Sudáfrica demandó a Israel por genocidio ante el máximo tribunal de Naciones Unidas. Según dicho comunicado «actos y omisiones de Israel... son de carácter genocida, ya que se cometen con la intención específica requerida... de destruir a los palestinos de Gaza como parte de un grupo nacional, racial y étnico más amplio».
El 26 de marzo la relatora de la ONU para los Territorios Palestinos, Francesca Albanese, presentó un informe de veinticinco páginas ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, donde expone que existen «motivos razonables» para concluir que Israel comete de forma intencionada al menos tres «actos genocidas» definidos como tales por la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de 1948. El portavoz de la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios denunció que Israel «no puede afirmar que cumple» el derecho internacional mientras bloquea el flujo de ayuda humanitaria de UNRWA al norte de la Franja.
El viernes 5 de abril, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas adoptó una resolución en la que pedía que Israel rinda cuentas por posibles crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad cometidos durante la invasión de Gaza.
El 20 de mayo de 2024 el fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, solicitó al tribunal la emisión de órdenes de detención contra el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu y su ministro de Defensa Yoav Galant, además de otras contra tres líderes de Hamás, entre ellos Yahya Sinwar, acusados de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad por los atentados del 7 de octubre contra Israel y la posterior guerra en Gaza. En concreto, Khan solicitó una orden de detención contra Netanyahu y Galant por los crímenes de exterminio, uso del hambre como arma de guerra, denegación de ayuda humanitaria y ataques deliberados a civiles. El 21 de noviembre de 2024, la Corte Penal Internacional emitió órdenes de arresto internacional contra el primer ministro de Israel, el exministro de Defensa del país, y el líder del brazo armado de Hamás, Mohamed Deif, por presuntos crímenes de guerra y contra la humanidad relacionados con la guerra de Gaza.
En mayo de 2026, Israel fue incluido en la lista negra de las Naciones Unidas de países que cometen violencia sexual en tiempos de guerra. Hamás ya estaba incluido en esa lista negra.
Por Israel
Se han presentado numerosos cargos de crímenes de guerra contra Israel por sus acciones contra civiles. Estas acusaciones provienen de Human Rights Watch, Amnistía Internacional, B'Tselem y grupos y expertos de derechos humanos, incluidos relatores de la ONU. Los críticos argumentan que la administración Biden ha dado una aprobación tácita a los crímenes de guerra israelíes. Antony Blinken indicó que la administración Biden tiene una «alta tolerancia» hacia cualquier cosa que suceda en Gaza. El 27 de octubre, la Casa Blanca declaró que no tenía líneas rojas para las acciones israelíes.
Ataques indiscriminados
miniaturadeimagen| Una mezquita destruida por un ataque aéreo israelí, Jan Yunis, 8 de octubre miniatura|Residentes inspeccionan las ruinas de un apartamento destruido por los ataques aéreos israelíes
En la primera semana de la guerra, las FDI llevaron a cabo 6000 ataques aéreos en toda Gaza, matando a más de 3300 civiles e hiriendo a más de 12 000. Los ataques alcanzaron lugares específicamente protegidos, incluidos hospitales, mercados, campos de refugiados, mezquitas, instalaciones educativas y barrios enteros. Un grupo de relatores especiales de la ONU afirmó que los ataques aéreos indiscriminados de Israel están «absolutamente prohibidos según el derecho internacional y equivalen a un crimen de guerra». El portavoz del ejército israelí, Daniel Hagari, dijo que «el énfasis está en el daño y no en la precisión». Una investigación de la revista +972 encontró que las FDI ampliaron la autorización para bombardear objetivos no militares.
El 9 de octubre, las FDI llevaron a cabo un ataque aéreo que causó un gran número de víctimas en el mercado del campo de refugiados de Jabalia. El ataque provocó la muerte de más de sesenta civiles y grandes daños al mercado. Como resultado de los ataques aéreos israelíes en otras zonas, las personas desplazadas buscaron refugio en el campamento, lo que provocó que el mercado estuviera densamente poblado en el momento del ataque.
El mismo día, las FDI llevaron a cabo un ataque aéreo contra el densamente poblado campo de refugiados de Al-Shati. Los medios palestinos informaron que este ataque provocó numerosas víctimas civiles y la destrucción de cuatro mezquitas, incluidas la mezquita al-Gharbi, la mezquita Yassin y la mezquita al-Sousi, todas las cuales fueron destruidas mediante imágenes satelitales. Según el Estatuto de Roma, es un crimen de guerra atacar intencionalmente lugares de culto en un conflicto no internacional, siempre que no sean «utilizados por una parte en conflicto para actos perjudiciales para el enemigo». Los ataques aéreos en el campo de refugiados de Al-Shati fueron descritos como una «masacre contra todo un barrio» por el Ministerio de Salud palestino. Durante dos ataques aéreos el 10 y el 22 de octubre, las FDI utilizaron municiones de ataque directo conjunto en ataques descritos por Amnistía Internacional como «ataques directos contra civiles» o «ataques indiscriminados».
El 17 de octubre, las FDI llevaron a cabo un ataque aéreo contra una escuela de la UNRWA que albergaba a 4000 refugiados en el campo de refugiados de Al-Maghazi, matando a seis e hiriendo a decenas. Philippe Lazzarini, comisionado general de la UNRWA, calificó el ataque de «escandaloso» y muestra «un flagrante desprecio por las vidas de los civiles». El 19 de octubre, la Fuerza Aérea Israelí bombardeó la Iglesia de San Porfirio, donde se refugiaban cientos de cristianos y musulmanes, matando a 16 personas.La iglesia ortodoxa de Jerusalén lo condenó como «un crimen de guerra que no puede ser ignorado». Tras una investigación, Amnistía Internacional declaró que el ataque a la iglesia fue indiscriminado y debería ser investigado como un crimen de guerra. El 24 de octubre, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, pidió un alto el fuego inmediato, tras afirmar que Israel había cometido «claras violaciones» del derecho internacional humanitario.
miniaturadeimagen|Médicos transportan a niños palestinos heridos al hospital Al-Shifa después de un ataque aéreo israelí el 11 de octubre de 2023.
El 31 de octubre de 2023, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) atacaron un edificio residencial de seis plantas ubicado cerca del campamento de Nuseirat en el centro de la Franja de Gaza. La destrucción del edificio, que albergaba a cientos de residentes y desplazados, provocó la muerte de 106 civiles, entre ellos 54 niños. Human Rights Watch (HRW) informó que durante su investigación no encontró ninguna evidencia que indicara la presencia de un objetivo militar en las cercanías del edificio en el momento del ataque, lo que convierte el ataque en un crimen de guerra.
El 1 de noviembre, tras dos ataques aéreos contra el campo de refugiados de Jabalia, la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas declaró: «Tenemos serias preocupaciones de que se trate de ataques desproporcionados que podrían constituir crímenes de guerra». El 3 de noviembre, Israel bombardeó un convoy médico afuera del Hospital Al-Shifa, alegando que tenía como objetivo a Hamás. En respuesta, Yanis Varoufakis señaló: «Incluso si la ambulancia llevaba a un jefe supremo de Hamás, bombardearla viola la Convención de Ginebra». El jefe de la ONU, Antonio Guterres, declaró que estaba «horrorizado» por el ataque. El 5 de noviembre, un ataque aéreo israelí alcanzó un automóvil cerca de Ainata, Líbano, matando a tres niños y a su abuela, e hiriendo a su madre. El ejército israelí admitió haber atacado el vehículo. Human Rights Watch afirmó que sus asesinatos deberían investigarse como un aparente crimen de guerra. Najib Mikati, primer ministro interino del Líbano, calificó el ataque de «crimen atroz» y dijo que el Líbano presentaría una queja ante el Consejo de Seguridad de la ONU. El 13 de noviembre, Israel bombardeó el Comité de Reconstrucción de Gaza, lo que llevó a tres estados árabes a condenar el ataque, y Jordania lo calificó como «un crimen de guerra atroz que se sumaría al historial criminal de Israel».
En un vídeo fechado el 8 de diciembre de 2023, se ve al ejército israelí matando a dos palestinos del campo de refugiados de Far'a en Cisjordania, en lo que B'Tselem describió como «ejecuciones ilegales». Un hombre que sostenía un bote recibió un disparo y luego fue abatido a tiros mientras yacía sangrando en el suelo. Un segundo hombre, que estaba completamente desarmado y escondido debajo de un automóvil, fue asesinado a tiros en el instante. El ejército israelí dijo más tarde que investigarían los ataques.
El 13 de diciembre de 2023, se descubrieron los cuerpos de quince palestinos en la escuela Shadia Abu Ghazala, incluidos mujeres, niños y bebés, baleados a quemarropa, la escuela está situada al oeste del campo de refugiados de Jabalia en Al-Faluja, Franja de Gaza. La instalación educativa había sido utilizada como refugio por los palestinos que se habían visto obligados a abandonar sus casas por los intensos bombardeos israelíes y había estado rodeada por las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) durante varios días. Imágenes y vídeos publicados varios días después mostraban importantes daños en el interior de la escuela, así como cadáveres amontonados en las aulas, algunos en avanzado estado de descomposición. Según los testigos presenciales las víctimas habían sido asesinadas a tiros a quemarropa por soldados israelíes.
A principios de enero, apareció un vídeo fechado el 12 de noviembre que mostraba a palestinos desplazados evacuando la ciudad de Gaza, entre ellos una mujer y su hijo. A pesar de que el grupo claramente llevaba banderas blancas, la mujer fue asesinada a tiros por un francotirador israelí.
Según Reuters, Israel sitió Gaza, hogar de 2,3 millones de personas, y lanzó la campaña de bombardeos más poderosa en los 75 años de historia del conflicto palestino-israelí, destruyendo barrios enteros. Luego, las fuerzas terrestres israelíes irrumpieron en Gaza con el objetivo declarado de aniquilar a Hamás, que dirige el enclave.