thumb|Cartel con familias afectadas por tres años o más de retraso La Crisis de reunificación familiar en Quebec se refiere a las políticas migratorias de la provincia de Quebec que han creado un profundo desequilibrio entre la demanda de reunificación de familias y la capacidad del sistema para gestionar dichas solicitudes. Una situación marcada por restricciones cuantitativas y tiempos de espera que se han más que triplicado, las familias enfrentan un proceso angustioso y prolongado para reunirse con sus seres queridos. Para 2024, este incremento en los tiempos de espera de más de tres años contrasta con las demás provincias canadienses, donde el proceso suele ser 13 meses. La política de reagrupamiento familiar adoptada por el gobierno del partido Coalition Avenir Québec (CAQ) está siendo objeto de crecientes críticas debido a los excesivamente largos períodos de espera para el procesamiento de los expedientes de inmigración.

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y organizaciones no gubernamentales canadienses, abogan por una mayor respuesta a las necesidades de reunificación familiar por parte del gobierno. Reconociendo que la separación durante la reunificación familiar se asocia con impactos adversos en la salud mental ocasionando niveles más altos de estrés postraumático, síntomas de depresión, suicidio y mayores dificultades de vida post-migración en el grupo separado en comparación con aquellos que no estaban separados.

La Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, adoptada en 1984, advierte que prácticas como la separación familiar prolongada pueden constituir formas de trato inhumano. Este tipo de separación, no solo es una afrenta a la dignidad humana, sino que también puede causar un daño psicológico irreparable tanto en niños como en sus padres. Por otro lado, la Declaración Universal de Derechos Humanos, si bien no es un tratado vinculante, establece desde 1948 principios fundamentales sobre la protección de la familia, señalando que esta constituye el núcleo esencial de la sociedad y merece una protección especial por parte del Estado y la comunidad. Este documento subraya además la importancia de ofrecer cuidados y asistencia especiales a la maternidad y la infancia, reforzando la idea de que la integridad y unidad familiar no solo son derechos humanos fundamentales, sino también pilares sobre los que se construye una sociedad justa y equitativa.

El extenso período de espera para la reunificación de familias ha expuesto a muchas parejas a un intenso estrés emocional, intensificando inquietudes relacionadas con la fertilidad, paternidad y probando la estabilidad de sus uniones matrimoniales. Al encontrarse en medio de retrasos administrativos durante el trámite de sus solicitudes, estas parejas se enfrentan a la difícil situación de vivir alejadas por años. Esta circunstancia ha presionado tanto algunas relaciones que algunos han contemplado la separación como una solución al desgaste emocional experimentado.Además, ha contribuido a decisiones difíciles como el aborto no deseado.

Un estudio realizado por Institut Universitaire Jeunes en Difficulté (IUJD), de 146 familias que experimentaron la reunificación en Quebec, mostro cómo las rupturas relacionales repetidas pueden tener consecuencias psicosociales importantes a corto y largo plazo para los niños.Los efectos traumáticos de la separación familiar en niños son bien documentados, incluyendo tasas más altas de TEPT y trastornos depresivos que pueden continuar en la adultez, afectando negativamente el rendimiento académico, la formación de vínculos y la salud mental. La política de separación familiar fue activamente opuesta por profesionales de la salud y organizaciones médicas, siendo calificada por la Academia Americana de Pediatría como "abuso infantil sancionado por el gobierno" y por Médicos por los Derechos Humanos como consistente con la definición legal de tortura y desaparición forzada temporal bajo el derecho internacional de los derechos humanos.

El sitio web de Québec Réunifié ha publicado un informe que muestra como Quebec es el único gobierno que impone cuotas. Los tiempos de espera para la reunificación familiar son los más largos del mundo, señalando que incluso los gobiernos europeos de extrema derecha no aplican medidas comparables a los cuotas mencionados. Contexto El reagrupamiento familiar en Canadá constituye una de las principales categorías de inmigración, permitiendo que ciudadanos canadienses o residentes permanentes patrocinen a sus familiares cercanos para que se unan a ellos en Canadá y obtengan la residencia permanente. Contrariamente a ciertas creencias populares, el parrainage se limita generalmente a cónyuges, parejas de hecho, parejas conyugales y sus hijos dependientes, aunque en circunstancias excepcionales, otros miembros de la familia pueden ser elegibles bajo condiciones específicas. Para ser un patrocinador válido, se deben cumplir ciertos requisitos financieros establecidos por Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC), incluido el compromiso de proveer para las necesidades básicas del patrocinado sin recurrir a asistencia gubernamental, cuya duración varía según la edad del patrocinado.

Existen varios mitos en torno a la inmigración por regroupement familial, como la idea errónea de que contribuye a la escasez de vivienda, a la recesión económica, o que sobrecarga el sistema de salud canadiense. No obstante, los patrocinados deben ser económicamente sostenidos por sus patrocinadores y pasar controles de salud y antecedentes, desmintiendo estas percepciones. Además, se enfatiza la importancia de verificar la autenticidad de las relaciones para prevenir fraudes matrimoniales.

La noción de reunión familiar como categoría de inmigración ha mantenido una posición "fuerte y duradera" en el contexto de la inmigración canadiense. La variedad de personas que podrían ser incluidas en la categoría de reunión familiar ha variado desde solo cónyuges y familiares directos hasta cualquier pariente sin importar el grado. Durante la mayor parte del , la gama de familiares que podrían ser patrocinados se mantuvo bastante estable, salvo breves períodos de cambio.

Antecedentes históricos La política de inmigración canadiense, desde el Acta de Inmigración de 1910 hasta 1978, mostro prácticas discriminatorias y racistas explícitas e implícitas contra diversos grupos étnicos. Esta legislación otorgaba al Gabinete el poder de prohibir la entrada a Canadá a inmigrantes pertenecientes a cualquier raza que considerara indeseable, basándose en sus costumbres, hábitos, modos de vida y métodos de posesión de propiedades, así como en su supuesta incapacidad para asimilarse fácilmente. Un ejemplo destacado de la aplicación de este poder fue la Orden del Consejo del 14 de marzo de 1919, que prohibía la entrada de inmigrantes de las razas alemana, austriaca, húngara, búlgara o turca, salvo con el permiso del Ministro de Inmigración. Además, en 1919 se invocó este poder para prohibir el desembarco en Canadá de Dukhobors, Hutteritas y Menonitas.

La raza asiática fue objeto de prohibición de entrada en 1923, con ciertas excepciones que se eliminaron en 1930, dejando solo la posibilidad de entrada para la familia inmediata, hasta que esta prohibición se levantó en 1956. Las regulaciones de inmigración de 1954 y 1956 limitaban las admisiones a ciudadanos de países específicamente listados, manteniendo una discriminación implícita hasta 1962, cuando se aplicó un requisito general de entrada para todos, dando preferencia a aquellos con familia extendida en Canadá.El Acta de Inmigración también incluía poderes para imponer requisitos financieros basados en la raza, como se evidenció en 1908 y 1914, cuando se exigía a los inmigrantes asiáticos poseer una cantidad mínima de dinero significativamente mayor que a otros inmigrantes. Además, se impuso una regla de paso continuo que, en la práctica, excluía a inmigrantes de ciertas regiones, como la India, debido a la imposibilidad de realizar un viaje directo a Canadá.

La discriminación también se extendió específicamente a personas de origen chino y japonés, con actos y regulaciones que restringían severamente su entrada y residencia en Canadá, incluyendo tasas de entrada elevadas y, en el caso de los ciudadanos canadienses de ascendencia japonesa, la deportación durante y después de la Segunda Guerra Mundial. La discriminación contra los judíos, aunque no estaba codificada en leyes específicas, se ejecutó a través del abuso de la discrecionalidad por parte de las autoridades de inmigración, negando efectivamente la entrada a Canadá a los judíos que huían de la persecución nazi y el Holocausto.Un periodo en el que las leyes y regulaciones se utilizaron explícita e implícitamente para excluir a individuos y grupos basándose en su raza, nacionalidad o etnicidad, hasta que cambios legislativos comenzaron a eliminar estas prácticas discriminatorias en la década de 1960 y 1970, buscando establecer criterios de admisión que no discriminaran por motivos de raza, origen nacional o étnico, color, religión o sexo.

Sistema de inmigración de dos niveles En el "sistema de inmigración de dos niveles" se refiere a cómo las propuestas de política de inmigración de la provincia de Quebec resultan en un tratamiento preferencial para inmigrantes económicos (aquellos seleccionados en función de su capacidad para contribuir a la economía, como trabajadores calificados) en detrimento de otras categorías, como aquellos que buscan reunificación familiar. Bajo tal sistema:

Primer nivel: Inmigrantes económicos que serían admitidos más rápidamente debido a la percepción de que llenan un vacío laboral inmediato o satisfacen necesidades económicas. Estos inmigrantes podrían tener acceso a más recursos, un proceso de aplicación más rápido o reglas más flexibles. Segundo nivel: Otros inmigrantes, como aquellos que vienen a través de programas de reunificación familiar o como refugiados. Estos inmigrantes podrían enfrentar tiempos de espera más largos, menos recursos o criterios más estrictos.

El uso del término "sistema de inmigración de dos niveles" lleva una connotación negativa, sugiriendo que es injusto o discriminatorio al otorgar un trato preferencial a un grupo sobre otro. La creación de tales sistemas puede generar tensiones políticas y sociales, y es un tema de debate en muchas naciones que luchan por equilibrar las necesidades económicas con consideraciones humanitarias y familiares.

Si bien este nuevo enfoque beneficiaría a las empresas al proporcionarles el talento necesario, se prevé que prolongará los tiempos de espera para aquellos que buscan la reunificación familiar. Actualmente, el tiempo de espera en Quebec para procesar una solicitud de reunificación familiar es de unos 34 meses. La proporción de inmigrantes económicos se eleva a 65%, este tiempo aumenta a tres años, según fuentes federales.Esto trae un efecto secundario no deseado, ya que los inmigrantes calificados que Quebec optan por trasladarse a otras provincias o territorios de Canadá, en lugar de enfrentarse a largos períodos de separación de sus familias.

Políticas migratorias y cuotas A diferencia de otras provincias canadienses, Quebec tiene autonomía para decidir el número de residentes permanentes que acepta anualmente, incluyendo aquellos seleccionados para la reunificación familiar, lo que implica la obtención del Certificado de Selección de Quebec (CSQ) además de la aprobación federal por parte de Inmigración, Refugiados y Ciudadanía Canadá (IRCC). Esta doble capa de tramitación ha resultado en retrasos considerables, particularmente evidenciados en los tiempos de procesamiento para la reunificación familiar, que actualmente triplican los plazos promedio en comparación con el resto de Canadá, llegando a superar los 34 meses.