miniaturadeimagen|253x253px|Hernando de Soto en una entrega de títulos de propiedad. La formalización de propiedades es una de las posturas ofrecidas por el neoliberalismo en el país. El neoliberalismo en el Perú (a veces referido localmente como «neoliberalismo criollo») irrumpió en el panorama político del país a finales de la década de 1980. Su punto de inflexión llegó en la década de 1990 con la implementación del Fujishock, un conjunto de medidas económicas drásticas auspiciadas por el Gobierno estadounidense basadas en el Consenso de Washington, y con la promulgación de la Constitución política de 1993, de fuerte influencia neoliberal. Aunque sufrió un revés en 1998, durante la crisis asiática, se recuperó y se acentuó durante el período de mayor crecimiento económico, impulsado por el auge de las materias primas, entre 2003 y 2013. Es una de las implementaciones más completas y de mayor vigencia de América Latina, debido a su débil oposición.
Su principal promotor fue Hernando de Soto, que fue clave en la difusión y consolidación de la visión neoliberal entre los sectores empresariales y políticos en la década de 1980. Cuenta con el respaldo del Banco Interamericano de Desarrollo (en el conocido consenso de Washington), las empresas transnacionales y de las clases sociales de la costa peruana, aunque su respaldo en la clase media es más bien matizado o dividido.
Como ideología, al menos en manos de Alberto Fujimori, el neoliberalismo peruano se asoció con el populismo y las posturas conservadoras. Se construyó sobre las ruinas de las corrientes liberales, que habían perdido influencia en el país, pero se distanció socialmente de ellas y recurrió a prácticas que limitaron la democracia plena. Sus partidarios promueven medidas económicas como la desregulación y la privatización, incluida la eliminación de los programas sociales.
El proyecto de Fujimori ha convertido al Estado peruano en un organismo predominantemente empresarial y generador de bienes. Además, se estableció una élite económica que controla los sectores financieros, exportadores y de comunicaciones, que son los factores determinantes en el extraoficial Consenso de Lima. El país alcanzó la estabilidad económica a costa de una mayor desigualdad social y de una restricción evidente de la libertad de expresión en los sectores populares, entre los que se encuentran los indígenas. El escritor Juan Carlos Ubilluz señaló que el neoliberalismo ha buscado «una lucha contra los derechos de las comunidades rurales» y contra cualquier concepción alternativa de la economía.
Desarrollo del neoliberalismo Antecedentes Los antecedentes del neoliberalismo se remontan al fundador del pensamiento económico del país, José Manuel Rodríguez (1857-1936). Rodríguez, posiblemente inspirado en el liberalismo clásico, buscó una solución a una crisis económica posterior a la era del guano. Entre sus propuestas, se encontraba la reforma fiscal mediante la reducción de aranceles contrastado con la intervención del control de capitales. En 1912, Rodríguez fue convocado por el Ministerio de Hacienda (más adelante Ministerio de Economía y Finanzas).
A finales de los años 1940, el régimen de Manuel Odría inició un plan de flexibilización económica.
En la década de 1950, durante el segundo gobierno de Manuel Prado Ugarteche, Pedro Beltrán Espantoso fue nombrado ministro de Hacienda. Educado en la Escuela de Economía de Londres, Beltrán aplicó las primeras medidas de libre mercado. Beltrán difundió sus planes en el diario La Prensa, que promovía principalmente ideas de libre mercado propias en las décadas de 1940 a 1960. Además, llevó a cabo medidas de ajuste y pidió préstamos al Fondo Monetario Internacional (FMI). Perú fue uno de los primeros países de América Latina en tener acuerdos con el FMI. El investigador Parodi indica que, tras las medidas de estabilización fiscal de Beltrán y la Ley de Promoción Industrial de Prado, se sentaron las bases para un modelo de industrialización por sustitución de importaciones.
Tras la salida de Prado Ugarteche, la inversión nacional se redujo hasta su nivel más bajo en Latinoamérica en 1968, según Ernesto Álvarez Miranda. La clase media, invisibilizada del país, optó por buscar los reclamos sociales uniéndose a grupos oligárquicos. A finales de la década de 1960, el gobierno de Juan Velasco Alvarado buscó unificar la participación social y erradicar la lucha de clases. Con la ayuda de algunos grupos de la clase media, los militares consiguieron erradicar a la clase alta y así finalizó con la economía liberal. Es importante destacar que Velasco implementó una política industrial que resultó en el mayor crecimiento económico entre 1969 y 1974, lo que condujo al surgimiento de una burguesía nacional.
El gobierno de Francisco Morales Bermúdez fue uno de los primeros en promover el neoliberalismo sin que este se arraigara en la Constitución. Revirtió las medidas de Velasco Alvarado, estableció nuevas medidas de ajuste y eliminó la ayuda estatal a los trabajadores. Los cambios se concretaron con los decretos leyes 22264 y 22265, emitidos el 10 de agosto de 1978. El gobierno puso en marcha el Plan Túpac Amaru, un hito en el avance ideológico neoliberal de los años setenta que inició la diversificación empresarial. Al terminar el mandato, el historiador Henry Pease afirmó que el Partido Popular Cristiano (PPC) había contribuido a la inclusión de una economía social de mercado en la Constitución de 1979. Según Jürgen Schuldt, el PPC contó con la colaboración de especialistas para desarrollar un plan de gobierno destinado a implantar un «pensamiento económico neo-liberal» en el país.
En la primera mitad de los años 1980, Manuel Ulloa aplicó una nueva versión de economía liberal para atajar la crisis monetaria. Como integrante del segundo gobierno de Fernando Belaúnde, propuso eliminar el control de precios y limitar los subsidios para la clase pobre mediante un sistema de entrega de cupones inspirado en el plan de Estados Unidos. El sistema no consiguió los resultados esperados. Adicionalmente, planteó la privatización de empresas y la reforma del sistema tributario, medidas que tampoco dieron los resultados esperados para la economía del país. El equipo encargado del plan de Ulloa se desmanteló en 1984.
En 1986, el primer gobierno de Alan García revirtió el plan de Ulloa y recurrió a medidas socialistas para paliar la pobreza, como el uso de recursos acumulados del gobierno para financiar el consumo y las importaciones del país. Sin embargo, la falta de planificación del Estado para garantizar las reservas monetarias y estimular la inversión privada, así como el crecimiento de la inflación, entorpecieron el rendimiento de la administración pública del país. Una de las mayores controversias fue la estatización de 33 instituciones bancarias y financieras. El resultado fue la aparición de la banca paralela (informal). El mandato de Alan García convirtió a Perú en un Estado paria en el sector financiero. Los empresarios que habían depositado su confianza en García se sintieron decepcionados.
Implementación Fujimori puso en marcha medidas económicas fuertes al comienzo de su mandato, entre 1990 y 1991, siguiendo el Consenso de Washington. Esto incluyó revertir la nacionalización de los bancos y abandonar la política industrial manufacturera originada por Juan Velasco Alvarado. Prácticamente, Fujimori eliminó la protección excesiva que mantenía a la industria local en burbujas insostenibles y estableció una única tasa de aranceles, que resultaría clave para que Perú ingresara a la APEC.
Con el autogolpe de 1992 y aprovechando su breve periodo como gobernante de facto a través de un régimen represivo, Fujimori promulgó la Constitución de 1993, que reflejaba una marcada influencia neoliberal. En 1994 se creó el Instituto Peruano de Economía (IPE), encargado de proporcionar apoyo técnico e intelectual al Ministerio de Economía y Finanzas, uno de los ministerios fujimoristas.
Fujimori y sus allegados pensaban que en 1998 las medidas del Estado concluirían con buenos ingresos económicos, pero la crisis económica de 1997-1998 las impidió. A partir de la crisis económica, se produjo un periodo que la Comisión Económica para América Latina y el Caribe denominó la «media década perdida» (1998-2002). La oposición política criticó el proyecto neoliberal y estuvo a punto de deshacerlo cuando regresó la democracia.
Primeras medidas neoliberales El economista Hernando de Soto fundó una de las primeras organizaciones neoliberales en América Latina, el Instituto para la Libertad y la Democracia (ILD). Soto comenzó a recibir asistencia del Centro para la Empresa Privada Internacional (CEPI), una organización de la Fundación Nacional para la Democracia (NED) bajo la administración estadounidense de Ronald Reagan, para promover las libertades económicas. Entre 1988 y 1995, Soto y el ILD participaron en cuatrocientas iniciativas, leyes y reglamentos que modificaron significativamente el sistema económico del Perú. Además, Soto promovió la entrega de los títulos de propiedad a los sectores populares.
Las ideas de De Soto influyeron inicialmente en el Frente Democrático (Fredemo) de Mario Vargas Llosa, de quien fue asesor personal, aunque De Soto luego se distanciaría de la agrupación. Más tarde, De Soto fue asesor del régimen fujimorista y contribuyó a consolidar el sistema económico neoliberal, respaldado por la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep). Esta última organización se encargó de convencer a los inversionistas que se desilusionaron por las medidas económicas del primer gobierno de Alan García.
El régimen se centró en las medidas de estabilización económica, que comenzaron con el Fujishock. Estas reformas favorecieron al libre mercado y permitieron que Perú entrara en el circuito financiero internacional. Los orígenes de su estrategia fueron objeto de controversia, sobre todo la supuesta adopción del Plan Verde y las semejanzas con el gobierno de Manuel Odría. El economista José Oscátegui señalaba que las propuestas económicas no fueron obra de Fujimori ni de Vargas Llosa, sino de De Soto, y afirmaba que había «una leyenda interesada en darle crédito a sus seguidores (del fujimorismo)». En el juicio de 2009, Fujimori argumentó que sus medidas fueron necesarias para evitar que el Perú se convirtiera en un país paria en el ámbito financiero.
Se tomaron medidas como el relanzamiento del sol como la moneda histórica y las privatizaciones (desde 1991). Se crearon comités especiales para transferir empresas estatales. Según Javier Diez Canseco, el sector privado podía contratar a trabajadores de las antiguas empresas que fueron privatizadas. Solo sobrevivieron algunas empresas estatales de la venta y arrendamiento a particulares, como el Banco de la Nación y Petroperú (esta última de forma parcial y tras varios intentos de privatización total). Algunas de estas pasarían a formar parte del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado, fundado en 1999.
El Parlamento, que incluía al Frente Democrático, se oponía a las medidas económicas. Fujimori respondió con un autogolpe de Estado en 1992, apoyado por militares y empresarios. Esto le permitió imponer reformas liberales más profundas. Las reformas fueron dirigidas por el ministro de Economía Carlos Boloña, quien las anunció durante el autogolpe. El autogolpe inició con el periodo de «emergencia y reconstrucción nacional», donde se promulgó numerosos decretos ley, y concluyó con el Congreso Constituyente Democrático, responsable de establecer la Constitución de 1993 y su capítulo dedicado a la economía social de mercado. Mario Vargas Llosa criticó el autogolpe de 1992, mientras que el Foro Neoliberal (en el que participaba Vargas Llosa) calificó a Fujimori como «neofacista».