El gobierno interino de Ramón J. Velásquez estuvo comprendido entre 1993 y 1994, cuando fue nombrado por el Congreso Nacional de Venezuela presidente interino, tras el proceso de destitución de Carlos Andrés Pérez y el breve gobierno interino de Octavio Lepage, terminando así los últimos ocho meses del quinquenio de Pérez y del bipartidismo en Venezuela. Velásquez fue el último de siete presidentes adecos.
El presidente Velásquez asumió como política central de su gobierno un proyecto de descentralización de la nación, creando el Ministerio de Estado para la Descentralización.
El gobierno interino legisló con una Ley Habilitante. Su política económica incluyó la suspensión de las privatizaciones que estaban siendo llevadas a cabo por el segundo gobierno de CAP y lidió con el inicio de la crisis bancaria de 1994, interviniendo sin éxito el Banco Latino.
Su política judicial incluyó sobreseimientos a los participantes de las intentonas golpistas de 1992 y fue criticada por el escándalo tras el indulto al narcotraficante Larry Tovar Acuña, donde la firma del presidente fue falsificada por su secretaria privada, quien fue condenada posteriormente.
Tras los intentos de golpe de Estado de 1992 contra CAP y bajo un clima de desconfianza, el presidente Velásquez intentó reemplazar al ministro de Defensa Radamés Muñoz y a todos los miembros de la cúpula castrense durante la mayor parte de su presidencia, hasta que se hizo por decisión del recién electo presidente Rafael Caldera en enero de 1994.
Su política exterior estuvo vinculada a los intereses de la integración latinoamericana, llevando a cabo un acuerdo entre los países del Caribe (Caricom) y el G-3.
El presidente Velásquez condecoró con la Orden del Libertador en primera clase a todo su gabinete poco antes de dejar el poder, en 1994.
Contexto
Después de que la Corte Suprema le pidiera al Congreso destituir al presidente Carlos Andrés Pérez, el entonces presidente del Congreso, Octavio Lepage fue nombrado presidente interino, estando quince días en el cargo y generando disensiones en el Congreso que favorecieron la designación de Ramón J. Velásquez, senador del partido Acción Democrática (AD) por el Estado Táchira. Asunción El 4 de junio de 1993 el Congreso eligió a Velásquez, de 76 años, como presidente constitucional. Los partidos tradicionales Acción Democrática y COPEI decidieron apoyar a Velásquez, aunque sin aportar militantes suyos para integrar el gabinete ministerial, por lo cual quedó integrado por personajes independientes. Octavio Lepage declinó imponerle la banda presidencial a Ramón J. Velásquez, por lo que lo hizo Luis Enrique Oberto.
Gabinete
Gabinete (1993-1994)OrganismoAutoridadPeríodoMinisterio de Relaciones InterioresCarlos Delgado Chapellín1993–1994Ministerio de Relaciones ExterioresFernando Ochoa Antich1993–1994Ministerio de FinanzasCarlos Rafael Silva1993–1994Ministerio de DefensaIván Darío Jiménez Sánchez1993Radamés Muñoz León1993Rafael Montero Revette1993–1994Ministerio de FomentoGustavo Pérez Mijares1993–1994Ministerio de Transporte y ComunicacionesJosé Domingo Santander1993–1994Ministerio de EducaciónElizabeth Yabour de Caldera1993–1994Ministerio de JusticiaFermín Mármol León1993–1994Ministerio de Minas e HidrocarburosAlirio Parra1993–1994Ministerio de AmbienteAdalberto Gabaldón Azuaje1993–1994Ministerio de AgriculturaHiram Gaviria1993–1994Ministerio del TrabajoLuis Horacio Vivas1993–1994Ministerio de Salud y Asistencia SocialPablo Pulido Musche1993–1994Ministerio de Desarrollo UrbanoHenry Jattar Senior1993–1994Ministerio de Familia y JuventudTeresa Albánez1993–1994Secretaría de la Presidencia de la RepúblicaRamón Espinoza1993–1994Oficina de Coordinación y PlanificaciónHernán Anzola Giménez1993–1994Corporación Venezolana de GuayanaFrancisco Layrisse1993–1994Ministerio de Estado para la CulturaJosé Antonio Abreu1993–1994Ministerio de Estado para la DescentralizaciónAllan Brewer Carías1993–1994
Plan de descentralización Velásquez asumió como política central de su gobierno un proyecto de descentralización de la nación, para lo cual creó el Fondo Intergubernamental para la Descentralización.
En 1993 Velásquez creó el Ministerio de Estado para la Descentralización. Su ministro, Allan Brewer Carías, declaró al respecto en 2020:
Política nacional
Política legislativa
Ley Habilitante miniaturadeimagen|Composición del Senado (1988-1993): de gris el partido Acción Democrática (AD).|izquierda miniaturadeimagen|Cámara de Diputados (1988-1993). Velásquez le demandó al Congreso Nacional el otorgamiento de una Ley Habilitante con la que promulgar sus decretos-leyes en el marco de la compleja situación económica y política que se estaba viviendo, la cual fue aprobada y concedida el 23 de agosto de 1993, siendo clave para el accionar gubernamental.
Política judicial El presidente Velásquez continuó con los sobreseimientos a los participantes de las intentonas golpistas contra Carlos Andrés Pérez en 1992, sobreseyendo a Diosdado Cabello. El 27 de diciembre de 1993 el ministro de la Secretaría, Ramón Espinoza, declaró: “Yo les puedo dar la seguridad de que Hugo Chávez, Arias Cárdenas y demás procesados militares y civiles saldrán en libertad antes de que Rafael Caldera asuma la presidencia”.
Indulto a Larry Tovar Acuña
En octubre de 1993 el gobierno de Velásquez estuvo vinculado al escándalo político del caso del narcoindulto, en el cual el presidente encargado indultó al narcotraficante encarcelado Larry Tovar Acuña, representante del cartel de Medellín en Venezuela. Según el ministro Allan Brewer Carías, el presidente dijo:
Velásquez declaró posteriormente ante la justicia que firmó el documento sin leerlo y fue exculpado en 1995 por dicho asunto, siendo hallada culpable su secretaria privada María Auxiliadora Jara de Tarazona. El tribunal encargado del caso declaró:«Queda demostrado que Jara se valió de astucia para sorprender la buena fe del presidente, quien otorgó la gracia indebidamente sustanciada, y el error, el engaño, excluyen el pacto corrupto».Jara fue condenada a tres años de cárcel y a Larry Tovar Acuña, quien había escapado a Colombia, le fue ordenada una orden de extradición.
Política de defensa
El ministro de Defensa Radamés Muñoz León, en compañía de algunos de sus colaboradores militares y civiles, se trasladó en un avión privado a Washington D. C. e intentó obtener el visto bueno del Departamento de Estado y el de Defensa para deponer el gobierno de transición de Velásquez, impedir las elecciones e instalar un régimen autoritario. Velásquez trató durante la mayor parte de su presidencia de reemplazar a Muñoz y a todos los miembros de la cúpula castrense, hasta que se hizo por decisión del recién electo presidente Rafael Caldera.
Human Rights Watch en un informe mencionó las denuncias de la vinculación de miembros de la policía y las fuerzas armadas al narcotráfico, así como las sospechas de que dinero del narcotráfico estaba ingresando en la campaña presidencial de 1993. En agosto de 1993 fue arrestado el general retirado de la Guardia Nacional Ramón Guillén Dávila y otros oficiales entre los que se encontraba el general de la Guardia Nacional Orlando Hernández Villegas, jefe de la unidad antidrogas y sucesor de Guillén.
El 29 de septiembre de 1993 el ministro declaró haber desmontado un intento de golpe de Estado de extrema izquierda, pero al día siguiente el Ministerio del Interior desmintió sus palabras.
Política de seguridad
El gobierno lidió con los atentados terroristas ocurridos en Caracas durante 1993, donde se perpetraron varios ataques, entre estos, el de un sobre-bomba que estalló en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) el 19 de julio.
Política económica
miniaturadeimagen|La inflación durante el gobierno interino de Ramón J. Velásquez, el último tramo en color naranja.|izquierda Entre sus medidas gubernamentales estuvo la implantación del Impuesto al valor agregado, la reestructuración del impuesto sobre la renta, la Ley de Impuestos a los Activos Empresariales y la Ley de Protección al Consumidor sobre encomienda a los gobernadores y alcaldes respecto a las atribuciones de fiscalización y control de precios.
Después de que el Banco Latino se quedara sin liquidez, uno de los mayores de Venezuela para aquel entonces, el gobierno de Velásquez lo intervino, nombrando una nueva directiva para este, lo que generó pánico y una retirada masiva de capitales de la banca. El Ministerio de la Defensa le había confiado la mayoría de sus fondos al Banco Latino y experimentó problemas para pagar la nómina de sus empleados.
En noviembre de 1993 se suspendió el programa de privatizaciones iniciado por el gobierno anterior, con la intención de que terminara de definirse después de las elecciones de diciembre de ese año. Debido a esto, se congeló la venta de la línea aérea Aeropostal, un autódromo, dos compañías de electricidad, un hotel y un molino azucarero.
Política energética
Apagón general de 1993
Política en derechos humanos En 1989 el activista de la organización no gubernamental PROVEA Sergio Rodríguez Yance fue detenido por ser supuestamente uno de los instigadores de los sucesos del Caracazo, siendo visitado por una comisión de Amnistía Internacional mientras estuvo detenido y siendo liberado posteriormente. El 23 de septiembre de 1993 Rodríguez Yance participó en una marcha estudiantil en la que se generaron hechos violentos y represión policial. Rodríguez Yance murió por una herida de un perdigón durante la manifestación, provocando manifestaciones y el rechazo de organizaciones como Amnistía Internacional.
Política de infraestructura
Política cultural
Política exterior El gobierno de Velásquez consideró que sería contraproducente la salida constante del presidente interino, por lo que se decidió delegar la política exterior a la Cancillería. Reanudó las relaciones diplomáticas con la dictadura de Alberto Fujimori en Perú el 18 de junio de 1993. El gobierno también estuvo vinculado a los intereses de la integración latinoamericana, participando de las reuniones de la Comunidad Andina y del Grupo de los Tres (G-3), así como en el acuerdo realizado entre los países del Caribe (Caricom) y el G-3.
Elecciones generales de 1993 miniaturadeimagen|284x284px|Visita del candidato Rafael Caldera al presidente Ramón J. Velásquez. Palacio de Miraflores, 26 de septiembre de 1993.|izquierda
Denuncias de fraude electoral El presidente interino Ramón J. Velásquez de Acción Democrática (AD) elogió el proceso electoral de 1993; los partidos La Causa Radical, Convergencia y el Movimiento al Socialismo (MAS) denunciaron fraude electoral basándose, en parte, en que los votos y las actas hicieron escala entre las mesas y el CSE pasando por dependencias militares del Fuerte Tiuna. Rafael Caldera se declaró presidente antes de los resultados, basándose en encuestas privadas. En estados como Trujillo y Anzoátegui fueron anulados 110.000 votos aproximadamente, con lo cual los candidatos de AD y Copei lograron su elección. También se hallaron en una escuela de Caracas actas de mesa, sellos del CSE y votos legales, supuestamente depositados en urnas, lo que se denunció ante la juez Mildred Camero.miniaturadeimagen|300x300px|Ramón J. Velásquez entrega la banda presidencial a Rafael Caldera en 1994.El candidato de La Causa Radical, Andrés Velásquez, obtuvo el 21,95% y presentó denuncias por irregularidades, diciendo que se impidió a funcionarios de su partido presenciar el conteo de votos, mientras que hubo miembros de AD y Copei en todos los centros de mesa. Andrés Caldera, hijo del presidente, también fue a la Fiscalía a denunciar. El 10 de diciembre de 1993 hubo cacerolazos en los barrios populares del norte y el oeste de Caracas.