En 1998, Perú se sumergió en una crisis de seguridad provocada por organizaciones criminales que incluía, entre otros, asesinatos de cambistas y secuestros al paso. Ante esto, se publicaron 11 decretos legislativos para combatir la criminalidad destinándose para tal fin a la Policía Nacional del Perú (PNP) en coordinación con el Servicio de Inteligencia Nacional (SIN).
Contexto Durante la hiperinflación del primer gobierno de Alan García, aparecieron los cambistas, personas que cambiaban divisas (dólares a soles y viceversa) con tasas del cambio del mercado negro. Además, durante las décadas de 1980 y 1990, el Perú afrontaba la violencia subversiva de las organizaciones terroristas Sendero Luminoso y el MRTA.
Entre las organizaciones criminales más resaltantes de la época se encuentran: «Los injertos del Fundo Oquendo» y «Los chalecos antibalas» de alias «Momón». Las organizaciones criminales operaban con armas de guerra como explosivos, granadas, rifles automáticos como FAL, AKM o M-16 y otros equipos de estilo militar.
Historia
Incremento de la actividad criminal En 1998, la criminalidad en Perú llegó a un punto álgido. Durante los primeros meses de aquel año, se vio el incremento de los secuestros al paso (que venía incrementándose a partir de 1997) y los asesinatos de cambistas. En enero de 1998, fueron asesinados Nora Ruíz Paredes y su hija Melissa, conmocionando a la opinión pública. Ruiz era la dueña del camal de Yerbateros. En dicho año, se reportaron alrededor de 80 secuestros y en un mes se asesinaron a 26 cambistas.
Para abril de 1998, una encuesta de Imasen mostró que un 77,8% de los encuestados afirmaban que la delincuencia había crecido en el último año. El 9 de abril, Alberto Fujimori anunció que el Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) y los servicios de inteligencia de las Fuerzas Armadas se iban a desplegar para luchar contra la delincuencia. El 15, se informó que se estaban preparando normas legales para la lucha contra la delincuencia, que iban a ser enviadas al congreso. Días después, Carlos Torres y Torres Lara, presidente del congreso, declararía que «hay situaciones extremas, como la que tuvimos con el terrorismo. Hemos llegado al punto final y esto exige una medida extraordinaria y absolutamente temporal» en referencia a la intervención del SIN en la lucha contra la delincuencia.
El 5 de mayo del mismo año sería asesinado el empresario minero Luis Hochschild Plaut por la organización criminal «Los injertos del Fundo Oquendo» mientras su hijo Eduardo fue secuestrado y liberado seis días más tarde.
Los decretos de 1998 Tras los casos de Ruíz y Hochschild, el régimen de Alberto Fujimori solicitó la delegación de facultades amparándose en el artículo 104 de la constitución. Dicha solicitud fue admitida por el congreso que, a su vez, confirió al poder ejecutivo la materia específica de «enfrentar la violencia producida». Se promulgaron 11 decretos legislativos bajo el amparo de la Ley N.º 26950 del 19 de mayo de 1998. El primer decreto legislativo fue el Decreto Legislativo N.º 895 publicado el 23 de mayo de 1998. Paralelamente, José Villanueva Ruesta, ministro del interior, declaró que se estaban «adquiriendo vehículos, radios, equipos sofisticados de rastreo vehicular, satelital» como parte de una modernización policial. FechaDecreto legislativoDescripción23 de mayo N.º 895Se tipifica el delito de «terrorismo agravado» (nombre que luego fue cambiado a «terrorismo especial»). Para tal delito, cometido por «el que integra o es cómplice de una banda, asociación o agrupación criminal que porte o utilice armas de guerra, granadas y/o explosivos, para perpetrar un robo, secuestro o extorsión u otro delito contra la vida, la salud, el patrimonio, la libertad individual o seguridad pública», se definió cadena perpetua para los cabecillas de las organizaciones criminales como también a los causantes de muertes o lesiones graves además de aquellos que proporcionen armas a los delincuentes; utilicen insignias y distintivos de las fuerzas armadas o la policía para cometer sus actos; a los que proporcionen información sobre personas o patrimonios para la elaboración de planes delictivos; y a los miembros de las fuerzas armadas o de la policía que integren dichas organizaciones criminales. Se determinó penas no menores a 30 años a aquellos que hagan participar a menores de edad en la comisión del delito, además se determinó penas no menores a 25 años a aquellos que teniendo más de 16 años y menos de 18, participaran en dichos actos. La capacidad de juzgamiento se otorgó al Fuero Militar. 24 de mayo N.º 896Modificaciones al Código Penal para agravar las penas de homicidio calificado, secuestro, violación de menores, robo, robo agravado y extorsión.26 de mayo N.º 897Sobre el procedimiento especial para la investigación y juzgamiento de los delitos tipificados en el Decreto Legislativo N.º 896.27 de mayo N.º 898Sobre posesión y entrega de armas de guerra.28 de mayo N.º 899Ley contra el «pandillaje pernicioso». Se definió al «pandillaje pernicioso» como al «grupo de adolescentes mayores de doce (12) y menores de dieciocho (18) años de edad, que se reúnen y actúan para agredir a terceras personas, lesionar la integridad física o atentar contra la vida de las personas, dañar los bienes públicos o privados u ocasionar desmanes que alteren el orden interno».29 de mayoN.º 900Modificación de competencias en los procesos de habeas corpus y amparo.31 de mayoN.º 901Ley de beneficios por colaboración en los involucrados en los delitos referidos en los decretos legislativos N.º 895 y N.º 896.1 de junioN.º 902Normas complementarias a la ley de beneficios por colaboración.3 de junioN.º 903Sobre regularización de personas indocumentadas.3 de junioN.º 904Creación de la Dirección Nacional de Inteligencia para la Protección y Tranquilidad Social en el Servicio de Inteligencia Nacional (SIN). La función de dicha Dirección Nacional era coordinar con la policía nacional para el planeamiento, organización, dirección y ejecución de acciones de inteligencia para los delitos tipificados en los decretos legislativos N.º 895, 896, 897 y 898.3 de junioN.º 905Decreto sobre las funciones del Instituto Nacional de Defensa Civil, esto como parte de «la defensa nacional [que] tiene por finalidad garantizar la seguridad nacional y comprende, entre otras funciones, la de hacer frente a los desastres naturales causados por fenómenos de la naturaleza». El uso del término «terrorismo agravado» fue cuestionado porque desvirtuaba dicha figura delictiva. Se señaló que ese término buscaba reprender a los manifestantes contra el oficialismo y que se militarizaba la justicia. Por su parte, Amnistía Internacional criticó la legislación argumentando que, dicha norma junto a la «Ley anterrorista» de 1992 socavaba las salvaguardias para evitar malos tratos y torturas ya que las personas eran juzgadas en el fuero militar, al que señaló de no ser imparcial, y que daba amplios poderes a la policía durante la fase de investigación. Mientras tanto, tanto el Instituto de Defensa Legal (IDL) y la Defensoría del Pueblo criticaron la competencia de la justicia militar para juzgar a organizaciones criminales.
La caída de «Momón» Jorge Luis Campos Milla, alias «Momón», era el líder de una organización criminal conocida como «Los chalecos antibalas». Capturado en abril de 1988, consiguió salir en libertad 6 años después gracias al consejo del narcotraficante Reynaldo Rodríguez López, alias “El padrino”, quien le aconsejó que podía reducir su condena por buena conducta. Una vez en libertad, «Momón» tuvo el apoyo de Nelson Becerra Jara, alias «Coco», un trabajador de un estudio de abogados a través del cual "Momón» obtenía datos de sus víctimas. Sin embargo, en 1997, tras un frustrado intento de secuestro, «Momón» empezó a dirigir sus acciones contra los cambistas, a quienes asesinaba para robarles y huir con el botín en un carro conducido por sus cómplices. «Momón» sería el responsable del asesinato de 11 cambistas además de 11 secuestros.
Su captura vino tras secuestrar al empresario Paul Felipe Hermosa Mattos, por quien pedía 400 mil soles por su liberación. El día del pago del rescate, «Momón» se apersonó al lugar sin saber que estaba rodeado de agentes camuflados en la zona. Al momento de su captura, tras una balacera, «Momón» recibió 2 disparos en las piernas, junto a él fueron capturados toda su banda mientras que el empresario salió en libertad. «Momón» fue juzgado en el Fuero Militar y condenado a cadena perpetua. Sin embargo, en el año 2001 se le quitó la sentencia y fue juzgado nuevamente recibiendo 35 años de prisión y enviado al penal de Challapalca.
La caída de «Los injertos del Fundo Oquendo» «Los injertos del Fundo Oquendo» estaban liderados por Jacinto Valentín Aucayauri Bellido, alias «Cholo Jacinto». La banda fue desarticulada en 1998 (su líder, el «Cholo Jacinto», estaba preso desde el año 1997, obteniendo la semilibertad en el año 2000. Sin embargo, para el año 2002 sería capturado y en el año 2005 condenado a 27 años de prisión por su participación en secuestros y asesinatos).
Desarticulación de otras bandas Paralelamente a la desarticulación de la organización criminal de alias «Momón» y «Los injertos del Fundo Oquendo» fueron desarticulados «Los chacales de El Agustino», «Los Huachanos», «Los Killers» y «Los asaltantes de cambistas». Dichas bandas eran consideradas de alta peligrosidad. Para septiembre de 1998, se desarticuló 33 bandas criminales organizadas incautándose armas de guerra, dinero y vehículos. Para 1999, entre las organizaciones desarticuladas estaban «Los hienas del norte» (liderada por Jorge Luis Mansilla Paiva, alias «Panetón»), «Los injertos de Raucana», «Los marranos del cono sur», «Los cínicos de Ventanilla», «Los comanches», «La jauría de Comas», «Los Destroyers», entre otros.
Derogación de decretos Entre el 24 de mayo de 1998 y el 25 de octubre de 1999 fueron procesados 827 criminales por el delito de terrorismo agravado, siendo que 362 de ellos habían sido sentenciados. De los 362, 90 habían sido condenados a cadena perpetua siendo uno de ellos Juan José Andrade Palacio, líder de la «Nueva Generación» de Trujillo, quien además fue el primero que afrontó juicio por dicho delito en julio de 1998. Para entonces, la evaluación de lo realizado era visto como positivo.
En el año 2001, durante el gobierno de Alejandro Toledo, mediante la Ley N.º 27569 se derogó los decretos legislativos N.º 895 y 897. El decreto 895 fue declarado inconstitucional por el Tribunal Constitucional.
Véase también
Crisis de seguridad en Perú de 2021-presente
Referencias
Categoría:Delincuencia en el Perú Categoría:Crimen en Perú Categoría:Perú en 1998 Categoría:Policía Nacional del Perú Categoría:Gobierno de Alberto Fujimori Categoría:Servicio de Inteligencia Nacional (Perú)