El gobierno de Manuel Oribe comenzó cuando asumió la presidencia el 1 de marzo de 1835 tras ser electo como presidente de la República por la Asamblea General en la elección de 1835 y terminó con su renuncia el 24 de octubre de 1838 presionado por las condiciones políticas de la época.
En este período recibió las arcas del estado exhaustas, lo que obligó al gobierno a buscar financiamiento externo. Las políticas destacadas incluyen la creación de los departamentos de Salto, Tacuarembó y Minas (actualmente Lavalleja), el impulso a la educación terciaria mediante la constitución de cátedras en la Casa de Estudios Generales que en un futuro se convertiría en la Universidad de la República, las amnistías a los revolucionarios lavallejistas y leyes de pensiones. Además, tuvieron lugar varios alzamientos armados alentados por su opositor, Fructuoso Rivera.
Antecedentes El 1 de marzo de 1835 Manuel Oribe fue electo por la Asamblea General en forma unánime como el segundo presidente constitucional de Uruguay, con los treinta y cuatro legisladores presentes votando por Oribe. Este apoyo reflejó la reputación de la que en aquel momento gozaba Oribe, «por sus dotes morales, cívicas y militares». El hecho de ser «el candidato de Rivera» en parte explicaba su triunfo, pero eso no significaba que no hubiera tenido méritos propios. Su contribución para el establecimiento de la paz fue esencial al derrotar definitivamente a las rebeliones lavallejistas, durante las que Oribe le prestó apoyo a Rivera.
Aspiraba a una autoridad dentro del orden y unión del país, con un sistema administrativo con bases sólidas y honestas.
Asunción Al asumir su cargo como presidente de la República, Manuel Oribe pronunció en su discurso:
Gabinete El 4 de marzo de 1835 Oribe anunció su equipo de gobierno. Francisco Llambí fue designado como ministro de Gobierno y Relaciones Exteriores, Juan María Pérez como ministro de Hacienda, y Pedro Lenguas como ministro de Guerra. Otras designaciones fueron las de Juan Benito Blanco como jefe político de Montevideo y José Rondeau como jefe del Estado Mayor del Ejército. Los nombres del gabinete y el resto de los cargos políticos representaban un intento de conciliar las distintas posiciones de la elite política del país en los períodos anteriores.
Juan Benito Blanco en este nuevo gobierno asumió el 1 de abril de 1835 como jefe político del departamento de Montevideo. El 15 de octubre de 1836 Oribe lo designó como Contador General del Estado y el 6 de agosto de 1837 reemplazó a Francisco Llambí como nuevo ministro de Gobierno y Relaciones Exteriores, hasta el 1 de septiembre de 1838 que lo sustituyó Carlos Villademoros. Por su parte, antes de asumir como ministro de gobierno, Villademoros fue encargado de negocios ante Brasil, hasta que fue electo como diputado por Montevideo en la tercera legislatura de la Cámara de Representantes.
El 21 de octubre de 1836 asumió como ministro de Hacienda Francisco Joaquín Muñoz, que reemplazó a Juan María Pérez por problemas de salud relacionados con una dolencia de la vista. Muñoz se desempeñó como ministro hasta agosto del año siguiente.
Política nacional Administración pública Divisa «Defensor de las Leyes» Con el decreto de 10 de agosto de 1836, se creó una divisa consistente en una cinta blanca con el lema «Defensor de las Leyes». Su uso era obligatorio para funcionarios militares, policiales y demás funcionarios públicos, quienes debian llevarla puesta en los sombreros o en los ojales de su uniforme. El propósito de este distintivo era el de distinguir a quienes se rebelaran en contra de las autoridades, de los que adherían el bando oficialista. Los ciudadanos comunes podían usar el distintivo en los ojales de su vestimenta en señal de apoyo a las autoridades. Este se considera el origen de la divisa blanca.
Defensa Primera rebelión riverista
La oposición al oficialismo, integrada por figuras como los exministros Lucas Obes y Santiago Vázquez, contaban con el apoyo de Rivera y este a su vez actuaba como si fuera un gobierno autónomo desde su creado cargo de Comandancia General de la Campaña, al margen de la ley. Pero la situación escaló luego de que con la revolución de los farrapos en 1835 en Río Grande del Sur de los revolucionarios —que contaban con la simpatía de Lavalleja, opositor a Rivera—, llevó a Rivera a establecer relaciones con el comandante imperial en aquel estado. Oribe, al percatarse de esto, decidió asumir la comandancia general del ejército apostado en la frontera al suprimir la Comandancia General de la Campaña, pero tratando de no quebrar el vínculo con Rivera. Sin embargo, esto no le cayó bien a Rivera.
Las tensiones entre el oficialismo y la oposición nuevamente se manifestaron en la elección de alcaldes ordinarios en enero de 1836, en donde el Poder Ejecutivo y el Comandante General de la Campaña en donde cada parte realizó una campaña vigorosa que terminó con la victoria oficialista. La oposición acusó al gobierno de haber ejercido influencia en el acto electoral y levantó protestas en la prensa opositora. Producto de estas protestas se decretó el cierre de uno de estos periódicos, y la oposición tildó al gobierno de «absolutista» y «antiliberal».
Entonces, el 18 de julio Rivera realizó una proclama, en la que se levantó en armas en contra del gobierno. Desde el gobierno se decretó el uso de una divisa blanca (véase más arriba) para distinguir a los que apoyaban la causa oficialista de los rebeldes. En cambio, los sublevados inicialmente adoptaron una divisa de color celeste como el de la escarapela nacional, pero que la fueron sustituyendo por una divisa de color rojo. Rivera hace unos meses había vendido sus estancias para financiar su campaña, y obtuvo el apoyo de milicias de Paysandú, Durazno y Soriano, y también de las fuerzas comandadas por el general Lavalle, unitario argentino. Las fuerzas constitucionales estaban integradas en su mayoría por la Guardia Nacional comandadas por el general Ignacio Oribe, aunque también las integraba las fuerzas comandadas por Lavalleja. El 19 de septiembre de 1836 tuvo lugar la Batalla de Carpintería, en donde se estrenaron las divisas blancas y coloradas. El resultado de este enfrentamiento fue la victoria de las fuerzas del gobierno. Con el fin de la batalla se restauró la paz y se exiliaron a algunos partidarios de Rivera, como Obes y Vázquez que se refugiaron en Río de Janeiro, prohibiéndoseles el ingreso al país. Otros como los unitarios Rivadavia, Agüero y Cruz fueron enviados a Santa Catalina. Pero con respecto a los tenientes que pugnaron por la causa riverista, Oribe de forma conciliadora accedió a su pedido de clemencia, por lo que se ganó el respeto de sus adversarios.
Segunda rebelión riverista
Batalla de Palmar
Derechos humanos Amnistía a los revolucionarios de 1832 A fines de marzo de 1835 Oribe se presentó ante la Asamblea General para solicitar autorización de un subsidio a los militares emigrados durante las revoluciones de 1832 y 1834, con el argumento de que a pesar de que se habían levantado en armas en contra de las autoridades constitucionales, ellos habían servido distinguidamente durante la guerra de independencia. Este pedido se tradujo en la ley n.° 96 del 16 de junio de 1835, en la que la Asamblea General autorizó al Poder Ejecutivo para proceder con este propósito en la forma que estimara «compatible con la tranquilidad pública y circunstancias del erario».
Con esta autorización legislativa, Oribe dictó dos decretos. En el primero, daba un tercio del sueldo a los jefes y oficiales emigrados, con la condición de que residieran en Argentina y no en otra parte. Para Eduardo Acevedo, esta condición era anómala, teniendo en cuenta que el núcleo del movimiento revolucionario lavallejista se encontraba en Buenos Aires, pero en su opinión coherente con la nueva política de solidaridad entre ambos países que Rosas impulsó y Oribe aceptó. El segundo decreto les permitió volver al país a todos los emigrados que quisieran volver.
Ante estos decretos, Juan Antonio Lavalleja pidió desde Buenos Aires la devolución o pago de los bienes que le fueron embargados debido a sus alzamientos armados durante la administración de Rivera. Oribe procedió con este pedido, levantando las trabas existentes, refiriendo al «respeto que le merecía la propiedad particular». A esta serie de medidas, que se alejaban de la posición del gobierno de Rivera, se le sumó otra que, mediante la ley n.° 126 del 21 de junio de 1836, autorizaba al Poder Ejecutivo a proceder al pago de todas las propiedades ocupadas por causas políticas en las revoluciones de 1832 y 1833, previa justificación legal y de la forma que lo permitieran las arcas estatales.
Libertad para los esclavos introducidos al territorio nacional Desde 1825 estaba prohibido el tráfico de esclavos y declarada la libertad de vientres por ley de la Sala de Representantes de la Provincia Oriental y la prohibición del tráfico de esclavos se reafirmó de derecho con la nueva la Constitución, sin embargo, este tráfico continuó de hecho durante varios años. Debido a ello, se aprobó la ley n.° 156 de 16 de junio de 1837, por la cual se declaró libres a todos los negros que en adelante fueran introducidos al país. Además, estableció un régimen de tutela de estas personas hasta su mayoría de edad, o los mayores de veinticinco años durante tres años, para «conciliar esta libertad con su estado de civilización».
Economía y finanzas Ya desde el interinato de Carlos Anaya se conocía que el Erario Nacional estaba en una situación comprometida y bajo riesgo de bancarrota. En ese período, Oribe —antes de llegar a la presidencia— solicitó la adopción de medidas para paliar la situación, como la suscripción de un tratado comercial con Gran Bretaña de forma de poder acceder posteriormente a un empréstito que pudiera salvar los fondos del estado. Ya dentro del gobierno de Oribe, el ministro de Hacienda propuso un plan para salir de la crisis, que consistía en atender los compromisos con vencimiento inmediato mediante la conversión de la deuda existente a pólizas de corto plazo y de interés bajo, organizar el crédito público, aumento de la carga fiscal a través de la ampliación del sistema tributario, restricciones al gasto público de forma de nivelar los ingresos y egresos, prever estrictamente la amortización y cancelación de la deuda pública, pedir un emprésito para convertir la deuda en una obligación de largo plazo e instituir un libro de deudas y rentas públicas, entre otras medidas.
Entre los remedios propuestos estaba el dar en enfiteusis las tierras públicas de pastoreo. Hasta ese momento sólo se habían dado 1164 leguas, cuando las tierras bajo régimen fiscal ascendían a 4000 leguas. Estas últimas, si se colocaban al precio de mil pesos cada una, el Estado obtendría cuatro millones de pesos. Por lo que si se establecía un interés del 2,5% el Estado recibiría unos cien mil pesos. Otra medida propuesta era enajenar los solares urbanos del ejido de Montevideo que no eran de renta apreciable y podían venderse. También establecer un impuesto al sector ganadero, proporcional a las ganancias obtenidas en ese sector sobre la base del 33% del capital, base imponible que se duplicaría en tiempo de paz. Por otra parte, proponía establecer impuestos sobre los alquileres de inmuebles urbanos, considerando el aumento de la población que estaba aconteciendo.