La caravana de personas con discapacidad se refiere a una caravana de protesta que hubo en Bolivia en 2016, en la que un grupo de personas con discapacidad decidió convocar a una marcha nacional. Esta partió desde Cochabamba hacia la sede de gobierno, La Paz, donde en muletas y sillas de ruedas caminaron 379 kilómetros por 35 días exigiendo una renta digna de Bs 500. Al llegar no les dejaron ingresar a Plaza Murillo y desde ese día acamparon por tres meses e intentaron en muchas ocasiones dialogar con el gobierno de Evo Morales sobre su pedido, cuya respuesta solo fue rechazada y se negoció con otro grupo que no se movilizó un acuerdo de 42 puntos. Según datos oficiales, hay 61,447 personas registradas con discapacidad, pero el sector solicita un nuevo censo. El Gobierno se negaba a otorgar el bono, afirmando que podría desestabilizar la economía del país. En el momento de las protestas, 21,112 personas con discapacidad grave o muy grave recibían una Renta Solidaria de 1,000 bolivianos anuales. El beneficio no se extiende a personas con discapacidad leve y moderada. Debido a eso, y que casualmente Bolivia tenía su examen periódico en la 16ava Convención de personas con discapacidad en Ginebra, Suiza llevada a cabo por la Naciones Unidas, se presentó un informe sombra en el que se detalló con pruebas toda la violación a sus derechos humanos que hubo, la ONU mandó 36 recomendaciones al Estado de Bolivia para ser respondidas hasta diciembre de 2023, entre las que se pide explicar el porqué de la violencia. En 2017, poco más de un año después del inicio de la caravana, Evo Morales firmó la ley 977 en la que se asigna un bono de Bs 250 a las personas con discapacidad.
La clasificación de discapacidad en Bolivia se basa en cuatro grados: leve, moderada, grave y muy grave. La Ley General para Personas con Discapacidad define la discapacidad como deficiencias de función físicas, psíquicas, intelectuales y/o sensoriales a largo plazo o permanentes, con diversas barreras físicas, psicológicas, sociales, culturales y comunicacionales.
Antecedentes Durante el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada en 1995, se aprobó la Ley 1678 de la persona con discapacidad, seguida por el Decreto 24807 en 1997, que instruía la creación de empleos para personas con discapacidad en empresas públicas y privadas. En 2004, bajo la administración de Carlos Mesa, las personas con discapacidad marcharon de Caracollo a La Paz, logrando modificaciones con la promulgación del Decreto Supremo Nº 27477. En 2008, durante la gestión de Evo Morales, se realizó la última modificación con el Decreto 29608. Estas leyes y decretos establecen una reserva del 4% del personal de las empresas para personas con discapacidad. Sin embargo, según Lucio Temo, responsable del Codepedis, esto no se cumple debido a que las leyes no obligan a los empresarios a acatar esta medida.
Según el Informe Mundial sobre la Discapacidad de la OMS publicado en 2011, más de mil millones de personas, lo que representa el 15% de la población mundial, viven con alguna forma de discapacidad. De ellos, cerca de 200 millones enfrentan dificultades significativas en su funcionamiento. Este estudio resalta las desigualdades en resultados sanitarios, académicos y económicos, así como altos niveles de pobreza en comparación con las personas sin discapacidad. En Bolivia hay casos no registrados en los que las personas con discapacidad carecen de certificado de nacimiento, lo que les impide acceder a sus derechos básicos. Según el Sistema de Información del Programa de Registro Único Nacional, de los 10,389,903 habitantes en Bolivia según el censo de 2012, 48,013 tienen algún tipo de discapacidad. En 2012, solicitaron una ayuda anual de alrededor de 2300 bolivianos, pero recibieron menos de la mitad.
En 2014, un grupo de personas con discapacidad inició una caravana desde Oruro hacia Brasil el 30 de abril. Inicialmente eran 14 manifestantes y aumentaron a 50. Su protesta busca un aumentar el bono para personas con discapacidad de Bs 1.000 anuales a Bs 3.500. Exigían que este incremento se extienda a todo el sector y no solo a aquellos con discapacidades graves. El objetivo de llegar a Brasil era llamar la atención a nivel internacional, ya que sienten que los representantes y el Gobierno de Bolivia ignoran sus demandas. Uno de los problemas que también enfrentan que el ejercicio del derecho al voto fue problemático debido a la falta de información en los recintos electorales y la aglomeración de personas que dificultó su desplazamiento. Samuel Cabrera Michel, quien depende de una silla de ruedas, tuvo dificultades para obtener información en el colegio John F. Kennedy y sintió discriminación debido a su condición física. Según el artículo 60 de la Ley de Régimen Electoral, se espera que el notario y los jurados electorales brinden asistencia a las personas con discapacidad, evitando que hagan fila para votar.
El viceministro de Educación Alternativa, Noel Aguirre, anunció en 2015 que las personas con discapacidad que no puedan asistir a la escuela podrán recibir educación en sus hogares a través de maestros capacitados. Se dijo que en 2016 se atendería a 90 personas con discapacidad a cargo de 18 maestros capacitados. Aguirre dijo hay 20,000 personas con discapacidad estudiando y que aproximadamente la mitad en centros de educación especial y la otra mitad en colegios regulares. Solo 100 unidades educativas en Bolivia son inclusivas. Aguirre enfatizó la importancia de seguir trabajando en la inclusión y señaló que se han implementado materiales de trabajo inclusivos y se ha adaptado parte del currículo para la enseñanza con personas con discapacidad.
Pliego Petitorio Las personas con discapacidad que se manifestaron en 2016 marcharon específicamente por tres puntos
Una renta digna de BS 500 para todas las personas con discapacidad Que el carnet de las personas con discapacidad grave y muy grave sea indefinido, es decir que no tengan que ir a renovar cada vez. Que se cree una comisión que revise los baremos que miden la gravedad de una discapacidad.
Cronología
Vigilias en diferentes ciudades
Cochabamba Las personas con discapacidad llevaron a cabo medidas de presión en Cochabamba desde enero de 2016 exigiendo un bono mensual de Bs 500 y la ampliación de los beneficiarios y están instalados frente a la Gobernación de esa ciudad y se colgaron en sus sillas de ruedas en el puente Viaducto para llamar la atención. La protesta se extendió a otras regiones. La Defensoría del Pueblo ha solicitado al Gobierno la apertura del diálogo, mientras que las autoridades no han respondido formalmente a la demanda. Los manifestantes argumentan que el bono anual de Bs 1.000 es insuficiente y piden su ampliación a todo el sector. Demandan la presencia de los ministros de la Presidencia y de Salud para iniciar un diálogo y evitar una marcha a La Paz. Enviaron cartas a autoridades sin recibir respuesta hasta el momento. Rosemery Guarita, representante del sector en Cochabamba, decidió crucificarse en el puente del Viaducto en busca de atención y diálogo por parte de las autoridades. El sector demanda un pago mensual debido a que el monto actual no es suficiente para cubrir sus necesidades médicas.
Santa Cruz Personas con discapacidad afiliadas a la Federación Cruceña de Discapacitados (Fecrupdi) hacen vigilia en la Brigada Parlamentaria cruceña exigiendo al Gobierno el pago de un bono mensual de 500 bolivianos. La medida de presión se lleva a cabo a nivel nacional, con 52,451 personas con discapacidad participando en los nueve departamentos del país, incluyendo 11,233 en Santa Cruz. El pedido de la demanda, que no ha sido atendido, fue establecido en un congreso nacional. Como medidas bloquearon la salida de los parlamentarios en la Brigada en Santa Cruz. La situación generó tensiones y relegó la posesión de la nueva directiva de la Brigada. La oposición propuso abordar la demanda, pero los parlamentarios del MAS se opusieron. Los manifestantes no permitieron la salida de ninguna persona hasta que se firme un documento que garantice una solución a su exigencia. Posteriormente levantaron el bloqueo realizado cuando los parlamentarios cruceños se comprometieron a formar una comisión para redactar una ley que establezca esta renta mensual de 500 bolivianos para más de 18,000 personas con discapacidad grave en el país.
El Comité Cívico de Santa Cruz se unió a la demanda de las personas con discapacidad que cumplen diez días de vigilia en la Brigada Parlamentaria Cruceña. Dos personas con discapacidad se colgaron del edificio de la Brigada Parlamentaria exigiendo el bono. La comisión formada para redactar una ley en este sentido aún no ha tenido éxito completo. En el marco de las celebraciones de Semana Santa, el arzobispo de Santa Cruz, Monseñor Sergio Gualberti, dice que lavará los pies de 12 personas con discapacidades en la Catedral cruceña. Esta acción simbólica representa una purificación y busca enviar un mensaje de servicio a los más necesitados y una solicitud a las autoridades para que atiendan las demandas de este sector de la sociedad.
En diferentes ciudades como Potosí, Oruro, Trinidad, Tarija y El Alto también se están llevando a cabo protestas similares.
Según el viceministro de Presupuesto y Contabilidad Fiscal, Jaime Durán, incrementar la Renta Solidaria para personas con discapacidad de 1,000 a 6,000 bolivianos anuales representaría un costo de 368.6 millones de bolivianos para el Tesoro General de la Nación. En ese momento, el beneficio se otorgaba a 22,102 personas en situación de discapacidad grave, pero el sector también demanda que se extienda a personas con discapacidad moderada y leve, sumando un total de 61,447 beneficiarios. El Gobierno ha ejecutado proyectos a favor de las personas con discapacidad por más de 50 millones de bolivianos en áreas como educación, salud y desarrollo productivo. A pesar de las limitaciones presupuestarias, el Gobierno dice mostrarse dispuesto a reunirse y llegar a un acuerdo con el sector para frenar las medidas de presión. La ministra de Salud, Ariana Campero, anunció que se discutirán temas como la calificación de discapacidad, carnetización, incremento del bono, vivienda y trabajo. Se invitará a los gobiernos municipales a participar en las mesas según sus competencias. El ejecutivo de la Confederación de Personas con Discapacidad, Roberto Nacho, afirmó que los acuerdos serán socializados con las bases. El diálogo sería el 17 y 18 de marzo en Oruro. Se critica la movilización de algunos sectores a quienes apuntan de crear paralelismos y se reafirma la legitimidad de la Confederación Boliviana de Personas con Discapacidad.
Personas con discapacidad de ocho departamentos anuncian una marcha hacia La Paz el 19 de marzo para exigir un bono mensual de Bs 500. El Gobierno considera que esta demanda es inviable. Los representantes del sector sostienen que no han recibido apoyo suficiente en los últimos años. El Comité de Movilización de personas con discapacidad anuncia que asistirán al diálogo convocado por el Gobierno si reciben una invitación formal, pero ratifican su marcha desde Cochabamba hasta La Paz. A pesar de los llamados del obispo para que levanten la protesta, los manifestantes continúan luchando y aceptaron rezar junto al religioso. El Gobierno estableció un cronograma de trabajo para reunirse con el sector y convocó a mesas de diálogo en diferentes ciudades. Sin embargo, los dirigentes consideran que esta iniciativa busca dividirlos.