Las elecciones presidenciales de Venezuela se llevaron a cabo el domingo 28 de julio de 2024, con el fin de elegir al presidente para un mandato constitucional de seis años. Observadores internacionales determinaron que las elecciones no fueron libres ni justas, al producirse en un contexto en el que el gobierno de Nicolás Maduro controlaba todos los poderes del Estado y reprimía a la oposición política.

Las elecciones estuvieron precedidas por el Acuerdo de Barbados sobre garantías electorales firmado entre el gobierno y la oposición en 2023, que, desde su firma había sido violado repetidamente por el gobierno de Nicolás Maduro. Se señaló que Maduro buscaba con estas elecciones legitimarse a nivel internacional para salir de las sanciones económicas. ONGs y partidos políticos venezolanos denunciaron el uso de desinformación, amenazas de muerte y agresiones físicas por parte de partidarios del chavismo y del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Durante el periodo de actualización del registro electoral, la jornada presentó retrasos importantes para los electores y en el exterior se solicitaron requisitos que no estaban contemplados en la normativa electoral. De los aproximadamente 5.5 millones de venezolanos en el extranjero que estarían habilitados para votar, solo 69211 electores pudieron inscribirse o actualizar sus datos en embajadas del exterior. El gobierno nacional por su parte sancionó y cerró establecimientos, arrestando también a sus dueños si se consideraba que habían apoyado u hospedado al equipo de María Corina Machado durante su gira de campaña. Durante el inicio de la campaña electoral, se denunció el uso de recursos estatales para promover la candidatura de Nicolás Maduro y el aumento de detenciones y noticias falsas contra opositores.

La jornada de votación se realizó con aparente normalidad, siendo una excepción un ataque de motorizados en Maturín en el que fue herida de bala una mujer de tercera edad. Después del cierre de las mesas electorales, la oposición denunció que en varios centros de votación se había detenido la totalización de las actas y que los testigos estaban siendo obligados a retirarse. Durante el escrutinio de los votos, una persona fue asesinada y hubo varios heridos en el estado Táchira. En su primer boletín, el Consejo Nacional Electoral declaró a Nicolás Maduro como ganador, con un presunto 51.20 % de los votos, y otorgando a Edmundo González un 44.20 %, justificando el retraso en anunciar los resultados en un «hackeo» del sistema. A pesar del supuesto carácter de irreversibilidad de los resultados anunciados, quedó una brecha de más de dos millones de votos que no fueron adjudicados a ningún candidato en el primer boletín, suficientes para cambiar el resultado de la elección.

La oposición rechazó las cifras, declarando que Edmundo González había ganado con el 70 % de los votos de acuerdo con las actas electorales de que disponían. Los candidatos Enrique Márquez, Claudio Fermín y Antonio Ecarri también exigieron la publicación de las actas de escrutinio. Diversos países mostraron su rechazo a los resultados, señalaron irregularidades, y pidieron que se publicaran las actas de escrutinio.

Medios como El Espectador e Infobae señalaron que la declaración oficial de resultados del CNE del 29 de julio, en la que Maduro recibió un 51.20000 % de apoyo con una precisión del 0.0001 %, y González y otros recibieron un 42.20000 % y un 4.60000 % de apoyo, respectivamente, con la misma precisión, era estadísticamente improbable y era un indicador de fraude electoral.

Después de las elecciones, el CNE pospuso y posteriormente suspendió tres auditorías post electorales críticas, incluyendo una sobre el sistema de comunicación que hubiese confirmado si ocurrió un «hackeo». Entre los observadores internacionales, el Panel de Expertos Electorales de las Naciones Unidas declaró que las elecciones no cumplieron las medidas «de integridad y transparencia», y el Centro Carter concluyó que las elecciones no podían considerarse democráticas.

Los resultados provocaron una serie de protestas que iniciaron el 29 de julio a nivel nacional en rechazo al fraude electoral, primero de manera espontánea y luego de manera organizada. Maduro fue juramentado para un tercer período el 10 de enero de 2025, pero no terminó su mandato, pues el 3 de enero de 2026 tropas estadounidenses atacaron Venezuela, en donde fue capturado y trasladado a Estados Unidos.

Antecedentes

El proceso se ha desarrollado con muchas dificultades, en medio de una crisis institucional, siendo continuadas por una convocatoria irregular de una elección presidencial en 2018 por parte de la Asamblea Constituyente de cuestionada legitimidad; produciendo una crisis presidencial, lo que dio inicio a una serie de negociaciones desde el año 2022 en Noruega, México y Barbados.«La oposición venezolana denunció que el régimen activó “una serie de acciones que buscan zafarse de los acuerdos producto del mecanismo de negociación de México”. Entre quienes acudieron solícitos a abrazar a Maduro al Palacio de Miraflores se encuentran José Brito, Luis Parra, Timoteo Zambrano y Bernabé Gutiérrez, todos diputados del actual órgano legislativo bolivariano.» Todas estas negociaciones fueron abandonadas por parte del gobierno nacional, por lo que consecuentemente el oficialismo negoció sus condiciones en el acuerdo de Caracas en febrero de 2024 con una minoría política que representa a menos del 4 % de los electores. La porción mayoritaria representada por la Plataforma Unitaria Democrática basa sus acuerdos en Barbados.

Tras la renuncia de la anterior junta directiva principal del Poder Electoral en el mes de junio de 2023, al aproximarse las elecciones primarias organizadas por la PU y la posterior convocatoria de la Asamblea Nacional para elegir la nueva directiva del organismo electoral; en agosto, la ONG Súmate denunció que al menos 92 candidatos a rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE) estaban vinculados con el chavismo, señalando que el artículo 9 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales prohíbe a los integrantes del Consejo tener alguna afiliación política. Súmate también declaró que uno de los postulados había sido condenado por homicidio y extorsión en 1998, que 46 candidatos repetían la candidatura tras postularse en 2021 y que para el momento eran diputados de la Asamblea Nacional oficialista.

El 15 de agosto de 2023 la Asamblea Nacional oficialista se declaró en sesión permanente para designar a los nuevos rectores del CNE.

El 24 de agosto el Parlamento eligió y juramentó a los nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral, siendo juramentados en sus cargos: Elvis Amoroso, Rosalba Gil, Carlos Quintero, Aime Nogal y Juan Carlos del Pino.

En agosto de 2023, el Tribunal Supremo de Justicia intervino a la junta del Partido Comunista de Venezuela, designando una nueva junta ad hoc liderada por Henry Parra.

El 28 de septiembre, el CNE oficializa su ofrecimiento de asistencia técnica a las primarias opositoras con el uso de las máquinas de votación y el uso de centros electorales, con la fecha de los comicios si era postergada para el 19 de noviembre. La respuesta del presidente de la Comisión Nacional de Primaria (CP), Jesús María Casal, afirmó que el cronograma pautado para celebrar el proceso y la fecha del 22 de octubre se mantiene. Casal dijo que fue planteada la posibilidad al CNE de facilitarles el acceso en algunos centros de votación de los que dispone el organismo. De haber voluntad de apoyar el proceso de la primaria por parte del CNE, el organismo debería tomar en cuenta lo que se le pide desde la Comisión Nacional de Primaria; esto respecto a los inhabilitados al proceso porque, de acuerdo a su reglamento, no hay problema en que estos participen. Agregó que la asistencia técnica no se puede ver igual a como se había planteado con anterioridad en el mes de junio porque ya está adelantado el proceso.

La respuesta del CNE fue reconfirmada el 2 de octubre reiterando su ofrecimiento y asegurando que es el único ente con competencia exclusiva para organizar elecciones en el país. El 17 de octubre, el gobierno de Maduro y la Plataforma Unitaria firman en Bridgetown (Barbados) dos acuerdos provisionales sobre «la promoción de derechos políticos y garantías electorales para todos» y «la protección de los intereses vitales de la Nación». Jorge Rodríguez expresa en Barbados durante una rueda de prensa de los acuerdos del diálogo que las primarias es algo minúsculo con poca trasendencia que es algo interno de cada organización política. El 25 de enero de 2024 Jorge Rodríguez, en calidad de jefe de la delegación negociadora, exige que los facilitadores del proceso del proceso de negociación viajen al país para verificar el cumplimiento del Acuerdo de Barbados. Sin embargo, horas más tarde declara que «no hay forma» de que María Corina Machado sea elegible para cargos públicos. Maduro, por su parte, aseguró que los acuerdos estaban «heridos de muerte».

El 22 de abril de 2024, el Tribunal intervino a la organización política Primero Justicia, designando a José Brito como presidente de una junta directiva ad hoc de la organización. Julio Borges, fundador del partido, indicó que Maduro «pretende robarse la tarjeta de Primero Justicia entregándose a un alacrán que es un instrumento de su régimen. Todo esto lo hacen para intentar crear frustración, pero no podrán».

Sistema electoral El Consejo Nacional Electoral (CNE) anunció el cierre del plazo de postulaciones para las elecciones presidenciales del 28 de julio en Venezuela. María Corina Machado, líder opositora, ha señalado que Nicolás Maduro solo podría ganar mediante fraude. El sistema de votación en Venezuela ha sido automatizado desde 2004.

En abril de 2013 el candidato Henrique Capriles solicitó la auditoria del 46 % de las cajas de votación no auditadas al azar en un primer momento.http://www.eluniversal.com/nacional-y-politica/130418/cne-se-hara-auditoria-de-verificacion-al-46-de-cajas-no-auditadas La auditoría fue avalada por Capriles, argumentando que ella «tendría que haber sido llevada a cabo junto a una revisión de los cuadernos de votación», Tibisay Lucena presidenta en ese momento rechazo la solicitud sosteniendo que las elecciones eran automatizadas y no manuales. En agosto de 2017, Antonio Mugica, director de la empresa Smartmatic que brindó soporte tecnológico a los comicios de las elecciones a la Asamblea Nacional Constituyente , denunció en una entrevista televisada sobre la manipulación de las elecciones que los resiultados tenían al menos un millón de votos más de los que tenían constancia.

En Venezuela, el Reglamento General de la Ley Orgánica de Procesos Electorales limita la observación electoral a ciudadanos venezolanos y a organizaciones nacionales, mientras que las entidades internacionales pueden asistir a los comicios bajo la figura del «acompañamiento electoral».

El periodista Eugenio Martínez, experto en el sistema electoral venezolano, resaltó que las máquinas de votación generan códigos Hashtag no secuenciales para evitar la reconstrucción del orden de los votantes. Martínez también mencionó que el sistema ha sido sometido a numerosas auditorías que no han encontrado pruebas de manipulación. Enrique Márquez, exrector del CNE y candidato presidencial, consideró que cualquier intento de fraude sería evidente y fácilmente detectable. Según él, el único riesgo de fraude radica en la abstención y la falta de participación ciudadana. Márquez sostuvo que el voto masivo de la ciudadanía era la mejor defensa contra cualquier intento de manipulación.

Las encuestas mostraron una ventaja significativa para el candidato opositor Edmundo González.

Después de las elecciones, el CNE pospuso y posteriormente suspendió tres auditorías post electorales críticas, incluyendo una sobre el sistema de comunicación que hubiese confirmado si ocurrió un «hackeo».

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