El juicio político de Guillermo Lasso fue un procedimiento legislativo llevado a cabo por la Asamblea Nacional del Ecuador de conformidad a los parámetros establecidos por la Constitución de la República, debido a las acusaciones de corrupción en empresas públicas dentro del caso Encuentro. Luego de las investigaciones realizadas por la Comisión Multipartidista Ocasional para la verdad, justicia y la lucha contra la corrupción en el caso «El Gran Padrino», se presentó un informe no vinculante que dio paso a que el Pleno de la Asamblea apruebe iniciar el trámite de enjuiciamiento político contra el primer mandatario el 4 de marzo de 2023.
El trámite del juicio político inició el 16 de marzo, siendo su admisibilidad aprobada por dictamen de la Corte Constitucional, el 29 de marzo. Posteriormente, el trámite del juicio pasó a manos de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, donde se presentaron las respectivas pruebas, además de varias comparecencias de funcionarios y exfuncionarios del gobierno de Lasso. Dicha comisión debía presentar un informe al respecto, pero el presidente de la comisión, Fernando Villavicencio, presentó por su cuenta un informe borrador, que finalmente fue rechazado al ser sometido a votación por la Comisión de Fiscalización. Tras aquello, el Pleno de la Asamblea Nacional dio paso al proceso de juicio político en una votación realizada el 9 de mayo.
El juicio político, como tal, se dio el 16 de mayo de 2023, con la interpelación de los asambleístas Viviana Veloz y Esteban Torres. Posteriormente, el presidente Lasso comapreció ante el Pleno Legislativo, sin embargo, no ejerció su derecho a la réplica, cosa que sí hicieron sus interpelantes. Tras estas intervenciones, el Presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, abrió el debate. No obstante, el presidente Lasso, a primera hora del día siguiente, disolvió el parlamento a través del decreto 741, en el que activó el artículo 148 de la Constitución Nacional, denominado «muerte cruzada», argumentando «grave crisis política y conmoción interna» en el país. Con esta medida, el gobierno obstruyó por completo el desenlace del juicio político.
Antecedentes Caso Encuentro
El medio de comunicación digital La Posta, publicó un reportaje periodístico denominado El Gran Padrino el 9 de enero de 2023, en el que detallaba una presunta trama de corrupción dentro de las empresas públicas que giraría en torno a Danilo Carrera Drouet, cuñado del presidente Guillermo Lasso.
Según el reportaje, Leonardo Cortázar, quien fue denominado como un «zar de las eléctricas», y sería vinculado a políticos como el asambleísta Ronny Aleaga (de RC), y Gary Moreno (hermano del expresidente Lenin Moreno), para posicionarse dentro de CNEL, tuvo conversaciones con el ministro César Monge para que él y otros operadores se queden dentro de la institución tras el cambio de gobierno, llegando a un acuerdo, y que, tras el fallecimiento de Monge, su viuda intercedió por ellos ante el presidente Lasso para que no los deje fuera (según declaraciones de Cortázar). Las averiguaciones posicionaban a Cortázar como operario de Rubén Cherres Faggioni, amigo de Danilo Carrera.
El reportaje de El Gran Padrino se detalla que Guillermo Lasso desde el inicio de su mandato se planteó tener un equipo de asesores privados que supervisen a las empresas públicas para que tengan mayor rentabilidad usando una visión de experiencia desde el sector privado, y es por ello que le da la supervisión del manejo de las empresas públicas a su cuñado, Danilo Carrera; sin embargo, él no quiso ser solo un asesor -según La Posta- sino que hizo posible el nombramiento de Hernán Luque Lecaro como nuevo presidente del Directorio de la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (EMCO), para poder dirigir las empresas a través de él. Según Boscán, varios proveedores de las empresas públicas señalaron que durante el período en que la trama operó, se les fueron solicitados el pago de coimas. Específicamente, proveedores de CNEL y CELEC afirmaron -según La Posta- que no solo les pedían dinero para participar y ganar en concursos, sino para que también se les hagan efectivo los pagos.
Sin embargo, la principal anomalía que se descubrió es la vinculación que tenía Rubén Cherres Faggioni con la mafia albanesa.
Comisión ocasional sobre caso El Gran Padrino izquierda|miniaturadeimagen|Comparecencia del periodista Andersson Boscán (derecha) del medio La Posta, ante la Asamblea Nacional. Boscán hizo entrega de toda la documentación de la investigación periodística a la Comisión ocasional. El 18 de enero de 2023, la Asamblea Nacional creó la Comisión Multipartidista Ocasional para la verdad, justicia y la lucha contra la corrupción en el caso El Gran Padrino. la Asamblea aprobó la creación de la comisión con 94 votos a favor, 2 en contra y 28 abstenciones. La comisión fue conformada por Viviana Veloz (por RC), Pedro Zapata (del PSC), Diego Esparza (asambleísta independiente), Rodrigo Fajardo (de la ID), Gruber Zambrano (del oficialismo), Augusto Guamán (independiente de oposición) y Mireya Pazmiño (de los denominados «rebeldes» de Pachakutik). Pachakutik protestó debido a la designación de Mireya Pazmiño como representante de su bancada ya que ha tenido distanciamiento con ellos, pero Yeseña Guamaní (ID) expresó que la asambleísta Pazmiño no tiene una expulsión en firme por parte de la bancada, por lo que sería apta para su representación; ante esto la mayoría del bloque de Pachakutik se abstuvo de votar. Luego de intervenciones de otros asambleístas que manifestaban inconformidad con la creación de la comisión ocasional ya que otras comisiones permanentes podrían llevar la investigación; y, que la finalidad también debería ser investigar irregularidades sobre los presuntos aportes de dinero por parte del crimen organizado a la campaña del asambleísta Ronny Aleaga, pretensión que fue rechazada. Finalmente se decidió oficializar la comisión y se solicitó a las demás comisiones de la Asamblea se abstengan de investigar el caso El Gran Padrino.
Trámite de juicio político Solicitud de juicio político miniaturadeimagen|Entrega del informe no vinculante de la Comisión ocasional legislativa a cargo del caso Gran Padrino La bancada Unión por la Esperanza, en conjunto a la bancada del Partido Social Cristiano, suscribieron respaldo a la solicitud de juicio político presentado el 16 de marzo de 2023, por la asambleísta Viviana Veloz (RC), Mireya Pazmiño (Pachakutik «rebelde»), Pedro Zapata (socialcristiano), Rodrigo Fajardo (ex Izquierda Democrática). En total consiguieron 59 firmas de respaldo, dando inicio oficial al trámite de juicio político. Sin embargo, varios analistas y expertos en Derecho constitucional expresaron que existían varios errores al momento plantear las acusaciones.
Los alcances se realizaron desde el mismo día que se planteó la solicitud. En el primer alcance del 16 de marzo, Viviana Veloz enmendó errores sobre la invocación de normas respecto de las atribuciones del órgano lesgislativo; en el segundo alcance del 23 de marzo, se corrigió la invocación de los artículos 278 y 281 del Código Orgánico Integral Penal con respecto a los tipos penales de concusión y peculado, ya que inicialmente se citó dichos artículos sin tomar en consideración las reformas legales que los había modificado desde el 2021. El asambleísta Fernando Villavicencio también señaló que en el pedido de interpelación se mencionaba como jurisprudencia la sentencia 0038 de la Corte Constitucional, misma que trataba sobre una indemnización a una asociación de fabricantes de alimentos para animales.
Debido a la detección de errores, se requirió un informe previo de la Unidad Técnica Legislativa (UTL), existió un pedido de reconsideración de votos que apoyaron la moción; y también se dio plazo de tres días para que los acusadores completen y subsanen la solicitud de interpelación; por lo que la solicitud de juicio permaneció 8 días en total en la presidencia de la Asamblea y en el Consejo de Administración Legislativa (CAL). Finalmente, el 24 de marzo de 2023, el CAL decidió resolver mediante la votación de sus siete miembros sobre el juicio, de los cuales con cinco votos pertenecientes a Virgilio Saquicela (independiente, presidente de la Asamblea), Marcela Holguín (de RC, primera vicepresidenta de la Asamblea), Darwin Pereira (Pachakutik, segundo vicepresidente de la Asamblea), Ronny Aleaga (de RC) y Esteban Torres (del PSC), se dio paso al juicio.
Dictamen de admisibilidad de la Corte Constitucional 250px|izquierda|miniaturadeimagen|Sede de la Corte Constitucional en Quito. La solicitud de enjuiciamiento político contra Lasso fue remitida por parte del Consejo de Administración Legislativa de la Asamblea Nacional a la Corte Constitucional el 24 de marzo de 2023. De conformidad con lo dispuesto en la normativa jurídica, la Corte tendría 6 días plazo para emitir el dictamen correspondiente, es decir, hasta el 30 de marzo. En la noche del 24 de marzo, mediante sorteo público, fue designada la jueza constitucional Teresa Nuques para que sea la ponente en la causa de solicitud de juicio político y elabore un proyecto de dictamen. Guillermo Lasso, quien se encontraba participando de la XXVIII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno en República Dominicana, rechazó lo que él calificó como «golpe de Estado legislativo» e hizo un llamado a la Corte Constitucional a que se respete el Estado constitucional de derecho.
El lunes 27 de marzo, la jueza Nuques presentó su proyecto de dictamen ante el Pleno, el cual fue convocado para que se emita el dictamen final. El proyecto concluía en no admitir la solicitud de juicio político, sin embargo, al no alcanzar los 6 votos necesarios para la aprobación del proyecto, por lo que se hizo un resorteo de la causa designando como nuevo ponente al juez Richard Ortiz, y el presidente de la Corte Alí Lozada, manifestó que actuará como un segundo ponente.
El 28 de marzo, por medio de tweets el medio La Posta comunicó que se había emitido un dictamen de admisibilidad del juicio en el caso 1-23-DJ, sin embargo, a través de redes sociales, la Corte desmintió esos rumores.
En la noche del 29 de marzo de 2023, luego de que en la tarde se presentó el nuevo proyecto de dictamen por los jueces Ortiz y Lozada, se procedió al emitir la decisión del Pleno que consistía en dar aprobación a la admisibilidad del juicio político en contra del presidente de la República Guillermo Lasso. La decisión fue tomada con cinco votos a favor y tres votos en contra.
Sin embargo, la decisión de admisibilidad fue aprobada únicamente sobre la acusación de peculado, y no admitió las dos acusaciones de concusión. También la Corte Constitucional hizo un llamado de atención a los asambleístas solicitantes por supuesta falta de prolijidad en la activación de la figura de juicio político; exhortando al parlamento a realizar el proceso de enjuiciamiento en el marco legal y constitucional.
Fase de solicitudes de pruebas y sustentación Tras la admisibilidad del juicio político por parte de la Corte Constitucional, el Consejo de Administración Legislativa (CAL) de la Asamblea Nacional resolvió el 31 de marzo iniciar el juicio político contra el presidente Lasso. El organismo dispuso a la Comisión de Fiscalización que avoque inmediatamente conocimiento de la solicitud. A su vez, el 3 de abril, la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, avocó conocimiento del juicio político. Según el protocolo del trámite, se debe notificar a las partes implicadas, no obstante, el presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio dilató la notificación al presidente, por lo que Lasso se dio por notificado, mediante un documento enviado a Villavicencio el 6 de abril. Debido a dicha demora, el 7 de abril, el CAL aprobó una resolución en la que se exige a la Comisión de Fiscalización que no dilate el procedimiento del juicio político.