La Ley de Abolición de la Nobleza () es una ley constitucional austríaca, que se desarrolló como parte del proceso legislativo emprendido en 1919 por el parlamento de la República de Austria Alemana con el fin de eliminar cualquier aspecto de la nobleza austríaca de la política y sociedad de la recién inaugurada república, establecida tras el fracaso de la Primera Guerra Mundial y la consiguiente disolución del Imperio austrohúngaro. Fue un proceso enmarcado dentro del republicanismo germánico de esa época, con una interpretación más radical de la supresión del Antiguo Régimen, que sigue afectando algunas legislaciones centroeuropeas a día de hoy. La ley se aprobó el 3 de abril de 1919 y entró en vigor una semana después conjuntamente con la Ley Habsburgo, el otro componente destacado de esta legislación. Actualmente, forma parte de las Leyes Constitucionales Federales de la República de Austria.
En enero de 2023, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) falló en contra de una de las principales disposiciones de la ley, resolviendo que el apellido de una persona forma parte de su misma identidad, por lo que la prohibición del uso del título nobiliario como parte del apellido —celosamente mantenida por los Gobiernos austríacos durante un siglo entero— es contraria al derecho europeo. Se trata de la disposición más relevante de la ley en la actualidad y la más discutida, que ha generado tensiones, debates políticos y proposiciones de enmienda a lo largo de los años. Actualmente, las autoridades austríacas están estudiando la intención del fallo y su interpretación jurisprudencial.
Descripción La llamada Ley de Abolición de la Nobleza, las Órdenes Seculares de Caballería y Damas, y Títulos y Dignidades Relevantes () se aprobó unánimemente por la Asamblea Nacional Constituyente —nombre del parlamento austríaco de la época— con la participación de más de la mitad de los miembros de la casa. Con su puesta en práctica a partir del 10 de abril de 1919, se derogaba la institución de la nobleza hereditaria en Austria, con sus honores inherentes, así como los títulos y dignidades conferidas meramente por distinción (es decir, los no vinculados a un cargo oficial, profesión o capacidad académica o artística), siendo afectados la mayor parte de los títulos de nobleza históricos, y los beneficios asociados a ellos.
Actualmente, en conformidad con el apartado 1 del artículo 149 de la Constitución, la Ley de Abolición de la Nobleza es definida como Ley Constitucional Federal, es decir, forma parte del conjunto de normas constitucionales del país. Con ello se diferencia de forma sustancial de Alemania, que, a pesar de haber abolido la nobleza también en 1919 (en el marco de la República de Weimar), los títulos han pasado a formar parte de los apellidos de los miembros de la nobleza que así lo quisieran, y de sus herederos. En Austria, sin embargo, el uso del título como parte del nombre oficial, forma de introducción en público o en el contacto con la Administración es sancionable (actualmente se considera infracción administrativa).
Por norma general, la ley nunca contemplaba expresamente la expropiación de bienes hereditarios (es decir, de propiedad privada), exceptuando el caso de la dinastía de los Habsburgo-Lorena (véase Ley Habsburgo) y casos durante el nazismo por motivos políticos y racistas. A diferencia de Alemania, la nobleza austríaca no ha tenido que afrontar expropiaciones más generalizadas como resultado de la instauración de un régimen socialista, como fue el caso de la RDA. Por otra parte, es precisamente debido a que la alta nobleza (normalmente formada por la vieja nobleza) pudiera quedarse sus posesiones y, por tanto, su estatus en la sociedad, que en un principio la ley perjudicaba de facto sobre todo a la llamada Briefadel (títulos concedidos por cartas de privilegio), cuyos títulos muchas veces eran el único indicio de su posición social y, por tanto, prestigio. Según el historiador Roman Sandgruber, «La pérdida de los privilegios nobiliarios fue dolorosa, aunque seguramente más para la nobleza por privilegio, a la que se arrebataba así lo más importante, que para la alta nobleza, a la que no se le podían arrebatar los símbolos históricos, los castillos y bosques, y la imagen nobiliaria construida durante siglos».
Trato social El uso del trato nobiliario en la sociedad es algo complejo, y existen distintas interpretaciones de la ley según el caso e incluso el estado federado. Sobre todo se ha hecho difícil de aplicar con la divulgación de los medios digitales y sociales, y debe en todo caso respetar la libertad de expresión y cumplir con la legislación europea en esta materia. En líneas generales, dirigirse en sociedad con el título nobiliario, algo que se hace con cierta moderación en las familias de la antigua nobleza austríaca, constituye una infracción del ordenamiento público, aunque «siempre y cuando se considere un desprecio permanente o desafiante de la ley». Sin embargo, no se aplica a la mención del tratamiento protocolario por una tercera persona que no sea entidad pública (por ejemplo, el incluir la palabra Graf o la preposición von en la dirección del destinatario de una carta personal).
Algunos estados tienen una legislación más laxa aún. La directriz protocolaria del estado de Estiria, por ejemplo, aclara que el dirigirse privadamente una persona a otra —bien en persona bien en escrito— usando un título o predicado de nobleza, no es en sí un acto punible.Amt der Steiermärkischen Landesregierung (Hrsg.): Brevier über das steirische Protokoll. Graz 2016, p. 37. Añade que queda a discreción de cada destinatario cómo tratarla, si bien se pide moderación, sobre todo a empleados y representantes de las instituciones públicas y políticas (siempre tratándose de sus comunicaciones privadas, pues la legislación federal prohíbe que se haga uso en comunicaciones institucionales u oficiales). Una asesoría alemana aconseja a sus clientes que acuden a eventos de la alta sociedad austríaca que, «...en una presentación de los nobles austríacos, a los que en realidad se prohíbe usar títulos nobiliarios en público, también hay que tener en cuenta la “sensibilidad republicana” de los demás presentes». Sin embargo, aunque los tratamientos nobiliarios ya no existen per se, no son tan raros en el uso diario. También se pueden encontrar con relativa frecuencia en obituarios o lápidas.
Un caso aparte es la palabra Herr (‘señor’), que se usa en alemán para el tratamiento de cualquier interlocutor o destinatario varón (lo mismo que en español). Por tanto, a diferencia de Graf, Ritter y similares, con las que una persona no puede presentarse en público ni dirigirse a las autoridades, es más difícil discernir cuando lo hace una persona que se considera con derecho a dicha dignidad. Sin embargo, no lo puede incluir en su apellido o en contextos donde su significado nobiliario no deja lugar a interpretaciones. La palabra Freiherr que deriva de ella está del todo prohibida en este tipo de usos.
Trato vinculado a un cargo o profesión Actualmente existen en Austria más de un millar de títulos concedidos por una posición profesional o académica, altos cargos públicos y concesiones honoríficas. Algunos de estos títulos tienen su origen en títulos concedidos en el pasado por el Consejo Imperial a personas que destacaban por sus habilidades o por sus cargos en la corte o al servicio de la alta nobleza. Algunos de estos términos incluían la palabra Rat (consejo), siendo el más prominente Geheimrat (concedido a los funcionarios más altos de la corte), que se prohibió en el marco de la ley. En Alemania, en cambio, se usaba hasta los años 1940.
Una notable excepción es el título Hofrat (lit. ‘consejo de la corte’), que se usaba durante gran parte del y, aunque hoy se considera anticuado, algunos aún se enorgullecen de lucirlo. Se ha usado en dos grupos principales de personas: altos funcionarios de la Administración pública, concretamente en cargos específicos, y profesionales que han destacado en sus respectivos campos. En el caso de los funcionarios se trata de un título profesional, y por tanto inherente a su cargo; mientras que en el caso de los profesionales, cada caso debe aprobarse por el Consejo de Ministros. Se suele conceder a catedráticos de universidades, autores y legisladores de prestigio, presidentes de grandes empresas, directores y jefes de plantas de hospitales y galardonados con premios relevantes. El título se podría traducir en español como ‘excelencia’, mientras que su cognado, el título Exzellenz, se usa únicamente para embajadores y cónsules generales (por su internacionalidad); se trata de un título que en tiempos del Imperio se usaba en conjunto con Geheimrat.
En el caso de los cargos de la Iglesia católica (la fe mayoritaria en Austria), aún se emplean título como Eminenz (‘eminencia’) o Exzellenz para cardenales, obispos y arzobispos; en el caso de la Iglesia ortodoxa, también se emplean para los patriarcas. Aunque algunas legislaciones republicanas intentaban en el pasado limitar su uso también, aquello resultaba complicado ya que ni se consideran títulos nobiliarios ni son otorgados por las autoridades del Estado.
Legalidad
Uso y sanciones Las infracciones previstas en esta ley son administrativas y solo afectan el uso propio del tratamiento y no su uso por terceros (alejándose algo del propósito original de la ley de 1919). Según el artículo 5 de la correspondiente ley, el uso de designaciones, títulos y dignidades nobiliarias, tanto en la comunicación con la Administración (a nivel nacional, regional o local) como en entrevistas y comunicados públicos, son punibles. También lo es la inclusión de símbolos de uno mismo referentes a la nobleza (como escudos de armas). Sin embargo, la tenencia y uso demostrativo, educativo y en círculos privados de objetos ya existentes que llevan integrados títulos o símbolos de la nobleza, siendo propiedad privada, no es sancionable salvo en casos de «desprecio desafiante de la ley».
La legislación afecta también a ciudadanos austríacos que ostentan títulos extranjeros, aunque solo en cuanto a su utilización en Austria en los supuestos mencionados (también aplicable a austríacos con ciudadanía múltiple). Por ejemplo, un ciudadano austríaco que ostente el título español de conde, será sancionado si lo utiliza en Austria en los supuestos de la ley. Un caso algo complejo son los títulos concedidos por algunos de los Estados históricos de Alemania a ciudadanos austríacos, siendo de hecho títulos alemanes, ya que la ley alemana de 1919 permitía la inclusión del título como parte del apellido y el uso de los predicados von y zur, prohibidos en la ley austríaca. El uso público de estos apellidos (por ejemplo en la prensa en alemán) no puede prohibirse, ya que Austria no puede exigir la aplicación de su ley a Alemania ni a nivel internacional. Lo que sí está expresamente prohibido es su uso dentro del sistema público y político austríaco o en comunicaciones con las autoridades.
Sin embargo, un ciudadano no austríaco residente en Austria puede dirigirse a las autoridades con su apellido también cuando este incluye uno de los mencionados predicados. Lo mismo ocurre con nombres similares en otros idiomas, en este caso admitidos incluso para ciudadanos austríacos. Por ejemplo, el presidente austríaco Alexander Van der Bellen lleva en su nombre la preposición neerlandesa van. Esta condición ha suscitado críticas por parte de opositores a la ley, que denuncian «la doble vara de medir» en este respecto.
Cuantía de la multa