Las protestas en Perú de 2023 correspondieron a una serie de movilizaciones realizadas a partir del 4 de enero de 2023 hasta el 7 de diciembre de 2023, tras un período de tregua, de las protestas que se venían dando en el país desde diciembre de 2022 luego del autogolpe de Estado fallido del presidente Pedro Castillo y su posterior destitución y arresto. Estas fueron convocadas por la Coordinadora Macrorregional del Sur —una organización afiliada a la izquierda política conformada por diversos dirigentes de departamentos ubicados al sur del país— en un asamblea realizada el 28 de diciembre de 2022, asamblea donde, además, se acordó exigencias de índole política. A esta convocatoria se unieron diversas organizaciones sociales de izquierda y afines. Estas protestas fueron calificadas, por medios como Infobae y Semana Económica, además del exministro del Interior Rubén Vargas, como la «segunda ola».
La mayoría de las manifestaciones se realizan en el sur del país en contra del gobierno de Dina Boluarte así como en contra de los representantes ante el Congreso de la República. Aunque inicialmente se planteó una plataforma de lucha con objetivos a cumplir, con el tiempo estos objetivos fueron variando priorizándose la renuncia de Boluarte, el adelanto inmediato de elecciones generales, el cierre del congreso y un referéndum para una asamblea constituyente, siendo el pedido de liberación de Pedro Castillo un pedido más afín a colectivos y organizaciones más cercanos al expresidente. Además, se realizaron vigilias para exigir justicia para las víctimas reportadas en los enfrentamientos con la policía.
El 9 de enero ocurrió la denominada represión policial en Juliaca, con un saldo de 18 manifestantes muertos, lo que generó el rechazo por parte de la comunidad aimara. Como parte de las marchas, se realizó el 19 de enero la autodenominada «Segunda Marcha de los Cuatro Suyos» (o, cronológicamente, la cuarta «Toma de Lima»), calificada por el gobierno como un supuesto «golpe de Estado» civil. El principal centro de reunión de dirigentes regionales y manifestantes fue el campus principal de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que fue sometido a una criticada intervención policial el 21 de enero, donde fueron detenidas más de 200 personas.
Durante las protestas se han reportado, por algunos de los manifestantes, ataques a la propiedad privada y pública (sedes judiciales, comisarías, etc.), intentos de toma de aeropuertos, bloqueo de vías para inducir el desabastecimiento en Lima y extorsión. Por el otro bando, se ha denunciado el uso desproporcionado de la fuerza por parte de las fuerzas del orden, a la par que racismo y discriminación. El Ministerio Público realizó 300 diligencias y abrió 57 carpetas fiscales.
Una nueva etapa de las manifestaciones surgió a mediados de 2023, con el apoyo de organizaciones políticas de centro. Destacó la tercera Toma de Lima.
Se ha discutido el impacto económico cuando el Banco de Crédito del Perú advirtió que la persistencia de esas protestas conllevaría a un menor PBI anual. Según Julio Velarde, junto al fenómeno de El Niño, el impacto fue alrededor de un de ese año. Sin embargo, acorde a expertos consultados por Infobae, las protestas no fueron un factor directo que condujo a una parte de la población a la situación de pobreza en 2023.
Antecedentes
Acciones previas Tras el intento de autogolpe de Pedro Castillo, el 7 de diciembre de 2022 diversas manifestaciones se realizaron a nivel nacional, incluido a las regiones que eligieron al posteriormente destituido mandatario. Luego de establecerse una tregua por Navidad y año nuevo, se planificó en el sur del país nuevas movilizaciones. Uno de los representantes en Arequipa, Jorge del Carpio Lazo, secretario general de la Federación Departamental de Trabajadores de Arequipa (FDTA), invitó a diversos dirigentes a reunirse el 28 de diciembre de 2022. Más de 70 dirigentes se reunieron en el Primer Encuentro Macroregional de Organizaciones Sociales, «rumbo al paro nacional», realizado en el local de la FDTA, donde se firmó un acta convocando a nuevas movilizaciones. Entre las regiones representadas en la reunión de la FDTA estaban Puno, Cusco, Apurímac, Moquegua, Madre de Dios, Ayacucho y Arequipa. El propio Carpio Lazo confirmó el comunicado en una sesión pública. Fruto de ello, se conformó la Coordinadora Macrorregional del Sur el 29 de diciembre de 2022, un día después de la asamblea macrorregional.
Algunas propuestas de dichos frentes y colectivos son similares a las ocurridas en diciembre de 2022. El propósito de estas manifestaciones se concretan en el documento pactado entre varios dirigentes el 28 de diciembre donde se especificaron los siguientes puntos:
Cierre del congreso (que tildan de «golpista»). Renuncia de Dina Boluarte, además de recibir una sanción por los 30 asesinados por «su lucha en su derecho a la protesta». Adelanto de elecciones inmediatas (para «el año 2023»). Convocatoria a una «Asamblea Constituyente plurinacional y popular». Liberación de Pedro Castillo por su «ilegal detención». miniaturadeimagen|Manifestantes acampados en la plaza Manco Cápac en diciembre de 2022. Manifestantes coordinaron posibles acciones para intensificar sus protestas. En Puno, que según el decano del Colegio de Periodistas mostró una falta de cobertura de la prensa de Lima, se planificaron el cese de mototaxis y la suspensión de rutas en la ciudad de Azángaro. En Madre de Dios, se eligió un representante del comité de lucha, Elvis Apaza Vilcaapaza, que trabajó en la minería artesanal sin autorización del Estado. En Lima se mantuvo como lugar de encuentro la plaza Manco Cápac, donde los manifestantes permanecieron días anteriores. Sin embargo, luego fueron desalojados. Según la Defensoría del Pueblo, se convocaron alrededor de 20 movilizaciones a nivel nacional, 10 de ellos para el 4 de enero.
Se anunció la instalación de un centro de monitoreo del Ministerio de Defensa. Además, desde la policía, se organizó un informe inteligencia para identificar nuevas participaciones en Lima y regionales y reconocer grupos de posibles azuzadores. Según América Noticias, entre los posibles líderes de las marchas están Lourdes Huanca Atencio (de la Federación Nacional de Mujeres Campesinas, Artesanas, Indígenas, Navitas y Asalariadas del Perú), Enrique Castañeda Tello (líder de la Asociación Ágora Popular), Andrés Huamaní Quispe (líder de Rímac Llaqta), Ciro Silva Paredes (presidente del Comité de Lucha Región Lima Metropolitana), Vladimir Molina Espinoza (representante de Brigadas 14 N) y Felipe Domínguez, dirigente arequipeño. En Puno, el entonces comandante general de la Cuarta Brigada de Montaña propuso defenderse con hondas y huaracas pero esta recomendación fue descartada por el ejército. La Defensoría del Pueblo, por su parte, realizó coordinaciones con la Policía Nacional del Perú para reducir excesos. Por otro lado, Juan Carlos Liendo, jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), renunció a su puesto. Antes de tomar el cargo en la DINI, Liendo había declarado sobre una supuesta «insurgencia terrorista». Ante la pregunta realizada por el periodista Enrique Patriau, del diario La República, sobre estas declaraciones, Boluarte aseguró que la permanencia de Liendo en la dirección del DINI estaba en evaluación. Roger Arista Perea fue designado como nuevo jefe de la DINI.
Adicionalmente, el director del Consejo Nacional de Transporte Terrestre, Martín Ojeda, manifestó que el transporte interprovincial realizaría sus operaciones con normalidad. A pesar de esto, se incrementaron los precios de las rutas terrestres al sur del país. En Arequipa, el secretario del mercado principal Avelino Cáceres, Yasmani Callo Vargas, señaló tener abastecimiento de productos para una semana. Se anunció la restricción en la atención entre las 3 y las 8 de la mañana. Por el lado de seguridad nacional, se anunció que más de 2 mil militares se desplegarían en el departamento de Arequipa y a lo largo de la Panamericana Sur, según el jefe de la Tercera División del Ejército Johny León. Entretanto, se tomaron varias medidas de precaución como la suspensión de las rutas interregionales del Ferrocarril Transandino.
Radicalización de propuestas En Puno, se conformó un nuevo comité de lucha el 28 de diciembre para que sea el encargado de dirigir las protestas y unificar gremios políticos. El 31 de diciembre se realizó extraoficialmente una asamblea reservada en Juliaca donde se acordó radicalizar las acciones y no permitir ninguna instancia de diálogo hasta el logro de los objetivos propuestos. Según el dominical Panorama, aquella asamblea reservada contó con la participación de Lucio Ccallo Ccallata, fichado por la Dirección contra el Terrorismo y colaborador cercano de Pedro Castillo. Además de Ccallo, en la reunión estuvieron presentes Félix Suasaca Suasaca (presidente del Frente de Defensa Unificado en contra de la Contaminación de la Cuenca del Río Coata y del Lago Titicaca), Pedro Quispe Quisocala, Alexander Pilco Ticona y Zenón Quispe Quispe (dirigentes del SUTEP Puno), Flora Quispe Flores (secretaria de Orientación y Promoción de la Mujer Docente), Amador Núñez Mamani (presidente del Frente de Organizaciones Populares de Puno), Orlando Sanga Yampasi (presidente de las Rondas Campesinas Urbanas de la Provincia de San Román), Ántero Pimentel Esquivias (secretario de Actas de las Cuatro Zonas), Fidel Salas Zapana (presidente de la Organización de Transportistas de Juliaca), Ernesto Flores Mamani (secretario de Actas de la Plaza Comercial Internacional San José), Claudio García Choqueluque (expresidente del Frente de Defensa del Sector Chilla), Pedro Jallurana Jiménez (expresidente de la Federación de Transportistas de Puno), Mary Luz Chahuara Benito (presidenta de la Organización de Mujeres Micaela Bastidas de Juliaca) y Pável Yábar Gonzales.
Interpretación de sus propuestas En el sector gubernamental, representantes sociales mostraron preocupación sobre los motivos de los protestantes. Luego de enterarse de las nuevas marchas, la vigente presidenta Dina Boluarte cuestionó el 31 de diciembre desde Cusco con un «¿qué cosa vamos a conseguir?». Para la defensora del Pueblo, Eliana Revollar, las consideró de inviables al ser completamente políticas y que carecen de una imagen visible para su negociación. Por otro lado, el ministro del Interior Víctor Rojas coordinó con dirigentes de Arequipa y Puno en los primeros días de enero para gestionar acciones para salvaguardar el orden interno. El cardenal Pedro Barreto propuso negociaciones.
El excongresista por Apurímac, Richard Arce, señaló para RPP y Radio Nacional la existencia de un «aprovechamiento/conflicto político» más allá de las manifestaciones sociales. En su columna de Perú 21 (13 de enero), vaticinó que al concretar que en el escenario de la salida de Boluarte y la disolución del congreso, «sería el escenario ideal del vacío de poder para llevarnos a la anarquía». Finalmente, en una entrevista para France 24 el 17 de enero, negó que las protestas se traten de una confortación de la «élite de Lima» y provincias sino del descontento generado por el congreso hacia la población. Versión en Youtube.