El gobierno de Dina Boluarte en el Perú inició el 7 de diciembre de 2022, tras su juramentación como jefa de Estado, cargo al que accedió por sucesión constitucional luego de la vacancia presidencial de Pedro Castillo, declarada por el Congreso de la República a raíz de un intento de autogolpe de Estado. Su gestión culminó el 10 de octubre de 2025, tras una nueva vacancia presidencial aprobada por el Parlamento peruano.
El gobierno, de tendencia meramente de derecha conservadora en sus inicios, con participación de la izquierda populista del interior del país en sus últimos años, y que contó con la mayor impopularidad desde 1980, ha enfrentado manifestaciones de descontento y alegaciones de represión policial hacia los manifestantes por parte de organismos de derechos humanos. Es el gobierno más largo desde el 2016 en Perú, y fue considerado como el gobierno más impopular del mundo.
Desde marzo de 2023, según la RM 061-2023-PCM, su Gobierno decretó el eslogan de gobierno es «Con Punche Perú». Anteriormente el eslogan usado fue «Juntos por un Perú en paz».
Toma de mando
El 7 de diciembre de 2022, cuando Pedro Castillo intentó disolver el Congreso de la República durante el tercer proceso de vacancia presidencial en su contra, Dina Boluarte condenó el intento como una «ruptura del orden constitucional» y asumió la presidencia después de la declaratoria de vacancia e intento de fuga de Castillo. Boluarte se convirtió así en la primera mujer de la historia republicana en asumir el cargo.
En su primer discurso ante el Congreso denunció al presidente Castillo y declaró su voluntad de formar un gobierno de unidad nacional para resolver la crisis política.
Estallido peruano
miniaturadeimagen|«No a la dictadura asesina» se puede apreciar en una banderola ondeada por unos manifestantes en la Plaza Dos de Mayo.
Desde el mismo día de la juramentación de Dina Boluarte como presidenta de la República, se desataron a lo largo del país (especialmente en los departamentos del sur) protestas y movilizaciones ciudadanas exigiéndose diversas demandas. Entre las principales demandas de los manifestantes estaba la disolución del Congreso, la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, nuevas elecciones generales, la liberación de Castillo (en ciertos sectores) y la instalación de una asamblea constituyente. Los grupos parlamentarios coincidieron en la necesidad de nombrar rápidamente un gobierno de unidad, en un intento de calmar las protestas suscitadas en el país desde la llegada de Boluarte, convocadas por varias organizaciones sociales —principalmente sindicales, indígenas, estudiantiles, campesinas— de izquierda.
Entre diciembre de 2022 y diciembre de 2023 se desataron múltiples acontecimientos de violencia que terminaron en tragedia como en Apurímac (10-12 de diciembre), Ayacucho (15 de diciembre) y Juliaca (9 de enero), así como también episodios controversiales como la intervención policial a San Marcos (21 de enero). En el transcurso de las protestas se bloquearon carreteras lo que produjo desabastecimiento de alimentos y combustibles, suscitándose enfrentamientos para la liberación de Pichanaqui (16 de diciembre), Ica (25 de enero) y Madre de Dios (11 de febrero). Los episodios con mayor repercusión política fueron la segunda marcha de los Cuatro Suyos (19-21 de enero), la tercera Toma de Lima (19 de julio) y la paralización de Puno (diciembre-marzo).
A causa de estos acontecimientos que dejaron varios fallecidos por la represión policial, el Ministerio Público, representado por la fiscal de la Nación Patricia Benavides, inició una investigación a Boluarte, incluido a sus ministros, por los presuntos delitos de genocidio, homicidio agravado y lesiones graves, siendo el delito de genocidio archivado por el fiscal de la Nación Juan Carlos Villena al no encontrarse elementos para proseguir. A pesar de ello, Villena presentó una denuncia constitucional por los delitos de homicidio calificado, lesiones leves y graves por omisión impropia, a la que se sumó otra denuncia constitucional en dicha línea presentada por la fiscal de la Nación Delia Espinoza. Varias de las manifestaciones antigubernamentales posteriores, incluyendo las de algunos de los familiares de los desaparecidos, suelen utilizar el lema «Dina asesina», incluyendo una canción del mismo nombre.
Posterior al estallido de 2022-2023, se han reportado continuamente manifestaciones y enfrentamientos en contra del gobierno en diversas ciudades del país, y escenas de rechazo a diversos personajes políticos ligados al gobierno. Por su parte, el congreso de la República archivó las denuncias constitucionales presentadas por las muertes en las protestas, acto que fue calificado como «blindaje». Mientras tanto, la presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del congreso declaró que: «No existen elementos probatorios irrefutables que acrediten que los denunciados utilizaron la estructura organizativa del Estado con la intención de causar muertes y lesiones». El informe del congreso al respecto indicó que no se identificaron órdenes directas ni actuación dolosa ni vínculo causal entre las decisiones que se tomaron y los resultados que se dieron, siendo que no existía elementos suficientes de convicción para proseguir con la denuncia tras la evaluación de las pruebas, los descargos de los denunciados y los testimonios recabados.
Postura del gobierno acerca de las protestas Al inicio de las manifestaciones, el gobierno hizo un llamado a «la calma, a la tranquilidad y a la paz social». Sin embargo, tras la escalada de las manifestaciones se dictó el estado de emergencia en diversas regiones comunicando Boluarte que «he dado las instrucciones para que se recupere pacíficamente el control del orden interno sin afectar los derechos fundamentales de la ciudadanía». Tras las muertes en Apurímac, Boluarte siguió manifestándose estar a favor de las manifestaciones sin generar violencia y declaró que había dado órdenes de que la policía no usara armas letales, declarando que no era responsable de las decisiones tomadas en el gobierno anterior, que se habían instalado mesas de diálogo y explicando que algunos pedidos no eran viables. Tras lo acontecido en Ayacucho lamentó la muerte acaecidas. Para el 17 de diciembre de 2022, la presidenta manifestó que algunas marchas no eran completamente legítimas al constatarse que en estas se dieron tomas de aeropuertos, ataques a comisarías, entre otros actos vandálicos. A la par, saludó la «Marcha por la Paz». Boluarte criticó a los actos de los manifestantes, acusándolos de promover la anarquía y el «quiebre» del Estado de derecho para tomar el poder, además de denunciar un supuesto financiamiento del extranjero e intenciones separatistas de ciertos grupos tras la propuesta de algunos dirigentes de la «República independiente del Sur». Además, se decidió el impedimento de entrada al país de Evo Morales por «efectuar actividades de índole política proselitista, lo que constituye una clara afectación a nuestra legislación migratoria, a la seguridad nacional y al orden interno del Perú». También, tras los acontecimientos en Juliaca, expresó su pesar por las muertes, indicó que se debía rechazar la violencia, que no iba a renunciar, su disposición a ser investigada por la fiscalía y solicitó al gobernador de Puno, Richard Hancco, dialogar luego de ser declarada persona non grata. Posteriormente, Boluarte declaró en contra de «mensajes que nos desunen, que nos polarizan, que nos ponen uno contra el otro» y ofreció dialogar aunque fue rechazada por el Comando Nacional Unitario de Lucha (CNUL) y la dirigente Maruja Inquilla, quien indicó que se pedía que renuncie.
La responsabilidad de las muertes fue incluso atribuida a los propios opositores al acusarlos de instigar las protestas, así como al detenido expresidente Castillo. A pesar de ello, en su mensaje a la Nación, pidió «perdón, en nombre del Estado, a los deudos de todos los fallecidos, civiles, policías y militares y también a los heridos», anunciando su cooperación con la fiscalía. Se destinó ayuda económica a los familiares de las víctimas.
Reconocimiento internacional
Los líderes extranjeros tomaron diversas posturas en su reconocimiento de Boluarte. Miembros del Foro de São Paulo como Luiz Inácio Lula da Silva de Brasil y Gabriel Boric de Chile reconocieron a Boluarte. Estados Unidos ha reconocido a Boluarte como presidente. España también apoyó, abogando por el regreso al «orden constitucional».
Líderes como Andrés Manuel López Obrador de México, Gustavo Petro de Colombia, Alberto Fernández de Argentina y Luis Arce de Bolivia denunciaron al gobierno de Boluarte como un golpe de derecha, apoyando las afirmaciones de Pedro Castillo de que es el presidente legítimo bajo un «gobierno de excepción». El presidente de México, llamó a Boluarte «Presidenta espuria»; tras ello, ambos países redujeron sus relaciones diplomáticas a «encargados de negocios». Aspecto político
Primeras negociaciones miniaturadeimagen|Representantes de la CIDH reunidos con la presidenta Dina Boluarte durante las protestas sociales de 2022. A partir del 8 de diciembre de 2022, la presidenta Dina Boluarte anunció que se reuniría con todos los grupos parlamentarios, siendo ella misma una presidenta sin rótulo, y por tanto sin ningún partido o grupo que la apoye de forma continua en el Congreso.. En dicho contexto, se reunió con la mayoría de los grupos parlamentarios de centro y derecha, en particular Fuerza Popular, Avanza País, Renovación Popular, Acción Popular, Integridad y Desarrollo y grupos de izquierda como Juntos por el Perú- Cambio Democrático y Perú Bicentenario.. El último grupo político en reunirse con Boluarte fue el del Partido Patriótico del Perú (PPP), manifestando Herbert Caller que su partido estaba a favor del adelanto de elecciones.
Según diputados de Perú Libre, la presidenta Boluarte le ofreció a su ex partido un lugar en el gobierno, a lo que los parlamentarios se negaron.. Pocas horas después, el líder del partido Vladimir Cerrón confirmó que el partido se negó a ingresar al gobierno y rechazó la convocatoria del grupo por parte del presidente..
Todos los grupos parlamentarios, y en especial el centro y la derecha, anunciaron que no se incorporarían al gobierno,. prefiriendo todos un gobierno técnico de unidad nacional, y especialmente la izquierda, exigiendo la convocatoria de unas elecciones generales.
Propuesta de adelanto electoral
El 12 de diciembre de 2022, minutos después de la medianoche, la presidenta Boluarte propuso adelantar las próximas elecciones a abril de 2024 y luego, ante las crecientes protestas, a diciembre de 2023. Posteriormente, el 16 de diciembre, luego de un largo debate en el Pleno del Congreso, se rechazó la propuesta de adelantar las elecciones. Sin embargo, el Parlamento reconsideró la propuesta el 20 de diciembre y permitió elecciones anticipadas.
A pesar de que con el tiempo la iniciativa no se materializó, la propia presidenta cerró el debate sobre el adelanto electoral y confirmó su compromiso de concluir su mandato en 2026.
Retiro de prefectos y subprefectos designados durante el gobierno de Pedro Castillo En diciembre de 2022, el gobierno oficializó la salida de 24 prefectos designados durante la gestión anterior, al estar involucrados en los hechos de protestas y, algunos, haber firmado las planillas del MOVADEF o estar vinculados directamente con Perú Libre. Luego, se dio por concluido la designación de 1076 subprefectos distritales nombrados en la anterior gestión y se reorientó las funciones de los prefectos y subprefectos entregándoles una laptop y un libro llamado «Guía del Buen Prefecto y Subprefecto, además de brindarles capacitación».
Conversaciones con políticos