El intento de autogolpe de Estado en Perú fue una ruptura del orden constitucional llevada a cabo el 7 de diciembre de 2022 por el entonces presidente Pedro Castillo con el objetivo de implantar un gobierno de carácter autoritario en el país mediante la disolución del Congreso de la República, la intervención del Poder Judicial, el Ministerio Público, la Junta Nacional de Justicia y del Tribunal Constitucional, la convocatoria a elecciones para un Congreso con facultades constituyentes, la detención de la fiscala de la Nación Patricia Benavides y la creación de un sistema de inteligencia paralelo y de una «Policía Nacional Militarizada del Pueblo» bajo mando directo del entonces presidente. La planeación del autogolpe se llevó a cabo el 6 de diciembre, luego de que Castillo se enterara del contenido de la declaración que iba a brindar Salatiel Marrufo, exjefe de asesores del Ministerio de Vivienda, al día siguiente ante la Comisión de Fiscalización del Congreso sobre la presunta participación de Castillo en actos de corrupción, siendo que aquel 7 de diciembre se iba a debatir un tercer proceso de destitución en su contra por los escándalos que involucraban tanto al presidente como a su entorno inmediato.
El día del autogolpe, por la mañana, Marrufo declaró ante la Comisión del Congreso en donde mencionó la entrega de dinero a Castillo. Paralelamente, Castillo se reunió con Aníbal Torres y la premier Bettsy Chávez para preparar el escenario en donde, a través de un mensaje televisado, anunció: La disolución del Congreso de la República. La intervención del Poder Judicial, del Ministerio Público, de la Junta Nacional de Justicia y del Tribunal Constitucional. La convocatoria a elecciones para un nuevo Congreso con facultades constituyentes. El establecimiento de un toque de queda a nivel nacional.
Al finalizar la declaración, Castillo ordenó la detención de la Fiscal de la Nación Benavides, así como el cierre del acceso al Congreso. El acto fue reconocido como un intento de golpe de Estado tanto por políticos de diversas ideologías como por los medios de comunicación y el Tribunal Constitucional.
Se trata de un incidente que guarda ciertas semejanzas con el autogolpe de 1992 perpetrado por el expresidente Alberto Fujimori.Véanse: Por otro lado, algunos congresistas como Katy Ugarte, que compartían la línea política de Castillo, rechazaron que se tratara de un golpe de Estado y atribuyeron esa intención al Congreso.
El autogolpe fracasó al generar el inmediato rechazo de todas las instituciones políticas, del Ministerio Público y de los propios ministros de Castillo, los que, en su mayoría, dimitieron. Tampoco tuvo el respaldo de las Fuerzas Armadas ni de la Policía Nacional, instituciones que expresaron su decisión de no apoyar ningún acto contrario al orden constitucional. Sin embargo, en los primeros momentos, algunos efectivos cumplieron la orden de impedir la entrada de civiles al Congreso.
El mismo día, el Congreso anunció la vacancia de Castillo, quien fue finalmente arrestado cuando se dirigía a la embajada mexicana en Lima para solicitar asilo político.
La vicepresidenta Dina Boluarte asumió el cargo como presidenta constitucional por línea de sucesión. No obstante, aquel suceso marcó el inicio de enfrentamientos por parte de Simpatizantes de Castillo (los que habían sido congregados para la «Toma de Lima») que marcharon en contra del gobierno de Boluarte, llevando al Estallido peruano de 2022-2023.
Posteriormente, el 20 de febrero de 2024, el Tribunal Constitucional emitió una sentencia respecto de la vacancia de Castillo, en la que declaró que el expresidente se había convertido en un gobernante de facto al vulnerar lo dispuesto por la Constitución, por lo que el procedimiento del Congreso se había realizado en una «situación excepcional de emergencia» y en defensa del orden constitucional.
El 4 de marzo de 2025 se inició el juicio por el autogolpe de Estado, siendo los acusados Pedro Castillo, Betssy Chávez (expresidenta del Consejo de Ministros), Aníbal Torres (asesor de Chávez), Willy Huerta (exministro del Interior), el general de la Policía Nacional Manuel Lozada (jefe de la región policial Lima), el comandante policial Jesús Venero (jefe operativo de la Unidad de Servicios Especiales) y el teniente de la policía Eder Infanzón (oficial operativo de la Unidad de Servicios Especiales). Se solicitaron 34 años de prisión para Castillo; 25 años para Chávez, Huerta, Lozada, Venero e Infanzón, y 15 años para Torres. Por último, se solicitó el pago de una reparación civil de más de 65 millones de soles peruanos.
Antecedentes
En el momento de los hechos, el presidente Pedro Castillo no estaba legalmente habilitado para disolver el Congreso, dado que la Constitución peruana contempla esta posibilidad si se han rechazado al menos dos cuestiones de confianza al Poder Ejecutivo. La cuestión de confianza presentada por Aníbal Torres (presidente del Consejo de Ministros del cuarto gabinete) no podía considerarse como denegada debido a que no fue tomada en consideración ya que contenía materias de competencia exclusiva del Congreso, conforme a lo ratificó posteriormente la Sentencia del Tribunal Constitucional sobre la cuestión de confianza planteada el 17 de noviembre de 2022. Tampoco podía forzar la instalación de una asamblea constituyente que aún se encontraba en proyecto, ya que el mecanismo para cambiar la Constitución total o parcialmente no requiere del cierre del Congreso, sino de cumplir el artículo 206 de la Constitución de 1993. El politólogo Martín Tanaka señaló que «el exmandatario tenía graves limitaciones para el ejercicio del Gobierno».
Sin embargo, en septiembre de 2022 Castillo ordenó a la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI) que evaluara escenarios para cerrar el Congreso. Semanas antes del inicio del proceso de vacancia, según reportó IDL-Reporteros, los jefes de la Policía Nacional del Perú se reunieron con el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas para determinar el camino a seguir ante posibles eventualidades. El acuerdo al que llegaron fue que seguirían únicamente órdenes que no torcieran ni fracturaran el marco constitucional. Debido a dichas eventualidades, se formó un comité de crisis integrado por Raúl Alfaro, Vicente Álvarez, Segundo Mejía y Jorge Angulo. El comité tenía por objetivo tomar medidas ante cualquier escenario previsto, incluida la disolución del Congreso. Se determinó que, si Castillo quedaba fuera de la ley al ordenar cerrar el Congreso de manera inconstitucional u ordenar detener al jefe de alguna institución como el Poder Judicial o el Tribunal Constitucional, y si el Poder Judicial accedía a un pedido de arresto a Castillo por parte de la Fiscalía de la Nación, se procedería a su detención. En previsión de este escenario, se decidió vigilarlo para poder detenerlo cuando decidiera escapar y asilarse.
El 29 de noviembre de 2022, se presentó un tercer pedido de vacancia luego de reunirse 67 firmas, siendo impulsada dicho pedido por el congresista Edward Málaga. El pedido para la vacancia se fundamentaba en: «el irresponsable desmantelamiento de la administración pública y el copamiento clientelista de las instituciones del Estado» en referencia a las investigaciones relacionadas con los ministros Geiner Alvarado y Juan Silva además de los discursos de los premieres Guido Bellido y Aníbal Torres donde se fomentaba el «odio y el resentimiento», por «vínculos cada vez más evidentes con graves actos de corrupción» haciendo referencia el involucramiento de Castillo en los Casos Puente Tarata III, Ascensos Irregulares, Petroperú, Gabinete en la Sombra así como su señalamiento como presunto líder de una organización criminal y su relación con Yenifer Paredes, por «graves faltas éticas que atentan contra la dignidad de la figura presidencial» argumentando el caso de plagio en su tesis, encubrimiento personal y obstrucción a la justicia, aprovechamiento político de pacientes con cáncer y sus familiares y por «vulnerar los principios de separación y equilibrio de poderes al corromper al Poder Legislativo» en referencia al Caso Los Niños.
El 3 de diciembre de 2022, el ministro de Defensa Daniel Barragán renunció, lo que dio lugar a diversas especulaciones. Según se recogió, Castillo le habría pedido a Barragán que solicitara a las autoridades de las Fuerzas Armadas que no hicieran nada si «varios miles de reservistas toman el Congreso el próximo 15 de diciembre». Ante los rumores de un posible autogolpe de Estado, Barragán los descartó diciendo que «son especulaciones, yo rechazo ese estribillo del fin de semana, no hay nada de golpe de Estado». En reemplazo de Barragán, juró Emilio Gustavo Bobbio como ministro de Defensa.
El 4 de diciembre de 2022, el entonces mandatario señaló que ratificaba su «compromiso con la democracia, el Estado de derecho, la Constitución» y que rechazaba rotundamente que su gobierno «esté tramando un cierre del Congreso para evitar una vacancia».* En respuesta, ante un eventual cambio, el entonces titular del Ministerio de Justicia, Félix Chero, anunció que «nada ni nadie desde el Ejecutivo quebrantará el Estado constitucional de derecho».* Aquel mismo día, Wilson Barrantes fue designado como nuevo jefe de la DINI a pesar de su presunta cercanía con el MOVADEF.Por su parte, la empresaria Sada Goray declaró que le había entregado 4 millones de soles a Salatiel Marrufo, exjefe de asesores del Ministerio de Vivienda, y que él le había dicho que era un pedido del presidente Castillo. Goray detalló que Marrufo le pidió 20 mil dólares «para comprarle un carro al sobrino del presidente» y 1 millón de soles para realizar pagos a congresistas a fin de que no votaran a favor de la primera vacancia contra Castillo.
El 5 de diciembre de 2022, María del Carmen Alva (Acción Popular), Norma Yarrow (Avanza País) y Martha Moyano (Fuerza Popular) realizaron una vigilia ante el temor de represalias por parte del Poder Ejecutivo. Estas y otros congresistas de la vigilia formaban parte de la coalición Bloque Democrático, conformada por bancadas congresales opositores a Castillo que, para entonces, no tenían buena coordinación entre ellos. María del Carmen Alva comentó a la prensa que no había una clara comunicación con el Poder Ejecutivo para responder a las acusaciones de «incapacidad moral»: «¿Cuál es el problema de venir acá y enfrentar este tema? Definitivamente, [Castillo] tiene rabo de paja». La presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Lady Camones, vaticinó que «tenemos una posibilidad de cierre [...], a nosotros nos da esas alertas que tenemos que cuidar». El debate de la tercera moción de vacancia por incapacidad moral permanente contra el presidente Pedro Castillo se programó para el 7 de diciembre de 2022. La moción se intensificó luego de las declaraciones brindadas en el noticiero matutino Buenos Días, Perú por el exjefe de la DINI, José Fernández Latorre, quien aportó una serie de audios a las investigaciones por organización criminal y encubrimiento personal en su despacho. El entonces mandatario señaló que presentaría su defensa frente a la vacancia porque se basaba en «dichos de terceros».Por su parte, el Equipo Especial PNP del Equipo de Fiscales contra la Corrupción del Poder (EFICCOP), liderado por Harvey Colchado y encargado de las investigaciones contra Castillo, coordinó con Eliu Arizmendiz, abogado de Marrufo, para que solicite al presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso, Héctor Ventura, una citación para que pueda declarar ante el Congreso debido a que Marrufo temía que si Castillo no era vacado podía tomar represalias en su contra. Luego, una persona con identidad desconocida coordinó con la Comisión de Fiscalización para que Marrufo declare antes de debatirse la moción de vacancia, que había sido programada para las 3 de la tarde.Jara, U. (2023) Así cayó Castillo. p. 142