+Participantes en las consagraciones de ÉcôneDe izquierda a derecha, de arriba abajo: Marcel Lefebvre, Antonio de Castro-Mayer, Bernard Fellay, Bernard Tissier de Mallerais, Richard Williamson y Alfonso de Galarreta La situación canónica de la Fraternidad Sacerdotal San Pío X, un grupo fundado en 1970 por el arzobispo francés Marcel Lefebvre. Las consagraciones episcopales realizadas el 1 de julio de 2026 en Écône por la Fraternidad Sacerdotal San Pío X tuvieron lugar sin autorización pontificia. Los cuatro ordenados fueron Pascal Schreiber, Michael Goldade, Michel Poinsinet de Sivry y Marc Hanappier. Roma había comunicado formalmente su negativa semanas antes. Según el ordenamiento canónico vigente, quienes participaron en el acto quedaron sujetos a las sanciones previstas para este tipo de situaciones. La Santa Sede calificó el evento como ruptura de la comunión jerárquica, en términos similares a los empleados tras los hechos de 1998. Por lo que actualmente están en cisma y excomunión latae sententiae.
La fraternidad ha sido sujeta de mucha controversia desde al menos 1976, cuando Lefebvre fue suspendido a divinis por el papa Pablo VI, y más aún a partir de 1988, cuando Bernard Fellay, Bernard Tissier de Mallerais, Richard Williamson y Alfonso de Galarreta fueron, a ojos de la Santa Sede, ilícitamente consagrados en contra del derecho canónico en el Seminario Internacional San Pío X, en la localidad suiza de Écône, por el propio Lefebvre y Antonio de Castro-Mayer. El canon 1382 del Código de Derecho Canónico castiga este delito con excomunión latae sententiae.
Las consagraciones fueron calificadas por Roma como un “acto cismático” y como una “desobediencia al Romano Pontífice en materia gravísima y de capital importancia”. Si bien es cierto Lefebvre y la fraternidad consideraron inválido el decreto de excomunión, alegando a la existencia de un presunto estado de necesidad (el cual los eximiría según el derecho canónico de la censura), el papa Benedicto XVI terminaría retirando las excomuniones, en busca de “consolidar las relaciones recíprocas de confianza, así como intensificar y hacer estables las relaciones de la Fraternidad San Pío X con la Sede apostólica”.
El diálogo entre la sociedad y la Santa Sede están en un impasse al día de hoy, hasta el punto de que en 2013 el para entonces prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, Gerhard Ludwig Müller, asegurara que, si bien es cierto las excomuniones habían sido levantadas, los prelados seguían suspendidos de los sacramentos al haber roto la comunión con la Iglesia. A raíz de la ilicitud de algunos de sus sacramentos y la alegada invalidez de otros (véase la sección La Fraternidad de san Pío X y la visión de la Santa Sede), el Vaticano le concedió a todos los sacerdotes de la hermandad la facultad de dar válidamente la absolución sacramental, y a los ordinarios locales la autorización de darles permiso para celebrar matrimonios de los seguidores de la sociedad.
Sea como sea, el cardenal Müller afirmó en una carta fechada el 26 de junio de 2017 a la FSSPX que el restablecimiento pleno de la comunión dependerá de que sus miembros hagan la profesión de fe contenida en el motu proprio Ad tuendam fidem, aceptando explícitamente y adhiriéndose a las enseñanzas del Concilio Vaticano II, y a las posteriores del magisterio, reconociendo no solo la validez sino también la legitimidad de la misa y los sacramentos celebrados de acuerdo con los libros litúrgicos promulgados después del concilio.
La sociedad, por el otro lado, mantiene que fue canónicamente establecida, que nunca ha sido canónicamente suprimida, y que, en “la presente crisis de la Iglesia”, cuando “la herejía, e incluso la apostasía están ampliamente difundidas entre el clero”, “la Iglesia suple misericordiosamente la jurisdicción” para el bien de los fieles. Protocolo de 1988 izquierda|miniaturadeimagen|Pablo VI dándole el anillo cardenalicio a Joseph Ratzinger. En mayo de 1988, el arzobispo Marcel Lefebvre y el cardenal Joseph Ratzinger, prefecto para la Congregación para la Doctrina de la Fe, firmaron un protocolo que buscaba regularizar el estatus canónico de la FSSPX. La primera parte del protocolo era doctrinal, en la cual Lefebvre aceptaba que la FSSPX: Traducción no oficial del francés.
prometiera fidelidad a la Iglesia católica y al papa; aceptara la doctrina del magisterio encontrada en la sección 25 de Lumen gentium; se comprometiera a evitar toda polémica y a tener una actitud positiva al estudio y a la comunicación con la Santa Sede; reconociera la validez de la misa y los sacramentos tal como fueron promulgados por Pablo VI y Juan Pablo II; y prometiera respetar la disciplina común de la Iglesia y sus leyes, incluyendo las provisiones especiales garantizadas a la FSSPX.
La segunda parte del protocolo era jurídica, y en ella se negociaban los derechos y responsabilidades de la fraternidad como grupo, así como la condición de los individuos afiliados a la FSSPX, incluyendo que: Traducción no oficial del francés.
la hermandad sea canónicamente erigida como una sociedad de vida apostólica clerical de derecho pontificio dentro de la Iglesia latina, con las especiales provisiones para el culto público, cuidado de las almas y otras actividades apostólicas; se requiera aprobación a los estatutos de la sociedad canónica de vida apostólica por parte del papa, para asegurar la obediencia doctrinal; los obispos locales y la Santa sede le confieran a los sacerdotes jurisdicción sobre los fieles; la sociedad tenga garantizado el derecho a celebrar los ritos litúrgicos tridentinos; los adherentes a la FSSPX permanezcan bajo la jurisdicción del obispo diocesano, pero puedan solicitar los sacramentos administrados por los sacerdotes de la FSSPX; una comisión pontificia especial de siete miembros que incluya a dos miembros de la fraternidad sea establecida para coordinar las relaciones entre la curia y los obispos diocesanos, de tal modo que se puedan resolver conflictos relativos a las comunidades religiosas que tengan lazos jurídicos o morales con la FSSPX; una propuesta para consagrar lícitamente a un miembro de la FSSPX como obispo sea presentada por Juan Pablo II; el superior general de la sociedad envíe cartas dimisorias a cualquier obispo que acepte ordenar miembros de la sociedad de vida apostólica; una amnistía sea garantizada a los lugares de adoración ilícitos de la FSSPX, erigidos sin la autorización de los obispos locales; y se pueda resolver por decreto la convalidación de los matrimonios inválidos existentes celebrados por sacerdotes de la FSSPX .
Ratzinger y Lefebvre sugirieron en el protocolo que:
la consagración de un miembro de la FSSPX como obispo parece útil por “razones prácticas y psicológicas“; miniaturadeimagen|Juan Pablo II en 1984,a nivel doctrinal, el superior general no debe ser el miembro de la FSSPX que se consagraría como obispo, sino que debe ser miembro de la comisión pontificia por motivos de estabilidad.
El protocolo debía ser presentado a Juan Pablo II para su aprobación. Sin embargo, Lefebvre declaró su intención de consagrar un obispo como su sucesor, incluso sin mandato pontificio.
La opinión de la Santa Sede Dos días después de las consagraciones en Écône, Juan Pablo II publicó el motu proprio Ecclesia Dei, en el cual declaraba que las consagraciones ilícitas fueron un acto cismático que conllevaba un “verdadero rechazo del Primado romano”, y que cinco de los obispos involucrados en la ceremonia incurrieron en excomunión. El papa argumentaba que “La raíz de este acto cismático se puede individuar en una imperfecta y contradictoria noción de Tradición: imperfecta porque no tiene suficientemente en cuenta el carácter vivo de la Tradición [...] Pero es sobre todo contradictoria una noción de Tradición que se oponga al Magisterio universal de la Iglesia, el cual corresponde al Obispo de Roma y al Colegio de los Obispos Recordó además que “la adhesión formal al cisma constituye una grave ofensa a Dios y lleva consigo la excomunión debidamente establecida por la ley de la Iglesia” Es notable destacar que en el motu proprio se omite mencionar entre los excomulgados al monseñor Castro-Mayer, que actuó como coconsagrador, y que en teoría también debería haber sido sancionado. Esto ha llevado a la interpretación de que las excomuniones de los otros cinco participantes no se trataría de una excomunión latae sententiae (automática), sino ferendae sententiae (a través de un proceso). El razonamiento se basa en que Juan Pablo II habría realizado una amonestación a Lefebvre, exigiendo que no realizara las consagraciones. Sin embargo, Castro-Mayer decidió su participación después de la amonestación. En consecuencia, Lefebvre y los cuatro consagrados fueron excomulgados por desobediencia grave a la solicitud de no ordenar ilícitamente a los obispos, mientras Castro-Mayer habría sido excomulgado automáticamente Se argumenta también que esto implicaría que el estado de necesidad apelado por la fraternidad no podría ser aplicado a este caso.
Pontificia Comisión Ecclesia Dei Al mismo tiempo, Juan Pablo II crearía la Pontificia Comisión Ecclesia Dei (PCED), buscando facilitar “la plena comunión eclesial” a los miembros y adherentes de la FSSPX que “deseen permanecer unidos al Sucesor de Pedro en la Iglesia católica”, “conservando sus tradiciones espirituales y litúrgicas, según el protocolo firmado el pasado 5 de mayo por el cardenal Ratzinger y por el arzobispo Lefebvre”.
Pontificio Consejo para los Textos Legislativos En 1996, el Pontificio Consejo para los Textos Legislativos (PCTL) respondió una consulta del obispo de la diócesis de Sion en Suiza, Norbert Brunner, dictaminando que en el caso de los diáconos y presbíteros de la fraternidad sin duda alguna se daban los dos requisitos para la adherencia formal al cisma. Por el otro lado, el Consejo también aseguraba que la participación ocasional en actos litúrgicos del “movimiento lefebvriano”, siempre que se dé en desunión doctrinal y disciplinar con el movimiento, no puede ser considerado como una adherencia formal a este El Consejo también distinguía entre el pecado del cisma del crimen canónico, siendo que el último implica que las condiciones listadas en los cánones del 1323 al 1324 del Código de Derecho Canónico se cumplan.
Probabilidad de cisma En 1999, la PCED afirmó que era probable, aunque no certero, que los sacerdotes de la FSSPX se encuentren adheridos al cisma, implicando su excomunión. En el documento también menciona la validez, pero ilicitud de los sacramentos de la fraternidad, a excepción del matrimonio y la confesión, siendo esta última válida para los fieles que se encuentran en un estado de genuina ignorancia sobre la invalidez del sacramento en el caso de la fraternidad. Por otra parte, las personas que asisten a las misas de la hermandad no por su rechazo a la sujeción al romano pontífice o a la comunión con otros miembros de la Iglesia, sino por el amor a la misa tridentina, no se encontraban excomulgados. Aun así, argumentaba que mientras más frecuente sea la asistencia a las capillas de la sociedad, más probabilidad existe de que caigan en una mentalidad cismática, que implicaría adherencia al cisma y con ello excomunión. La comisión juzgó que la documentación enviada a ella en 1998 claramente indicaba que muchos en la autoridad de la FSSPX cabían dentro de la definición de “cisma”.
Impedimento moral miniaturadeimagen|Marcel Lefebvre celebrando misa en 1981.