El accidente de Vandellós I fue un incidente importante que se produjo en la sala de turbinas del reactor I de la central nuclear de Vandellós (Tarragona) el 19 de octubre de 1989. Un fallo mecánico en una turbina provocó un incendio que afectó al sistema de refrigeración del reactor y al ordenador de control.
La intervención de los técnicos de la central y de los bomberos permitió extinguir el incendio y recuperar manualmente los sistemas de refrigeración afectados, llevando el reactor a una situación de parada segura.
El suceso no provocó daños en el núcleo del reactor, ni hubo emisión de radiactividad al exterior, por lo que fue clasificado como “incidente importante”, nivel 3 de la Escala Internacional de Sucesos Nucleares. Es el suceso nuclear más grave ocurrido en España y uno de los peores de Europa occidental. Como consecuencia del incidente, el Gobierno ordenó el cierre definitivo y el desmantelamiento del reactor de Vandellós I.
Desde 2003, la mayor parte de las instalaciones de la central están desmanteladas, a excepción del cajón del reactor, que permanece sellado y en fase de latencia para permitir el decaimiento de la radiactividad. La tercera y última fase del desmantelamiento está prevista a partir de 2030.
Antecedentes
thumb|250px|derecha|Central nuclear de Vandellós vista desde el Delta del Ebro en 1987
La construcción de la central nuclear de Vandellós I se enmarcó en el desarrollo del programa nuclear español durante el franquismo y en la cooperación energética entre España y Francia. La central empleaba un reactor UNGG de diseño francés, refrigerado por dióxido de carbono, moderado por grafito y alimentado con uranio natural.
Una de las características de los reactores de grafito-gas era la producción de plutonio en el combustible irradiado. Este material podía recuperarse durante su reprocesamiento y utilizarse para la fabricación de armas nucleares. La posibilidad de obtener plutonio a partir del combustible irradiado de Vandellós I ha sido relacionada con el Proyecto Islero, el programa desarrollado durante el franquismo para estudiar la viabilidad de un arma nuclear española. Un estudio elaborado por el Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional (CESEDEN) en 1971 contempló Vandellós I como posible fuente de plutonio para uso militar, y posteriormente se estudió la posibilidad de recuperar plutonio de su combustible irradiado para la fabricación de armas nucleares. No obstante, Acosta Ortega señala que no ha localizado documentación específica que demuestre que la obtención de plutonio para usos militares influyera en la elección de la tecnología de Vandellós I, y atribuye esta principalmente a la búsqueda de independencia energética, la diversificación de proveedores y el interés por estrechar las relaciones con Europa.
La central entró en servicio comercial en 1972, tenía una potencia eléctrica de 480 MW y estaba operada por Hispano-Francesa de Energía Nuclear, S.A. (Hifrensa). Fue la tercera central nuclear puesta en servicio en España, tras las de Zorita (1969) y Garoña (1971). La instalación disponía de dos grupos turboalternadores de 250 MW cada uno. El dióxido de carbono del circuito primario era impulsado a través del reactor mediante cuatro turbosoplantes, mientras que los condensadores de los grupos turboalternadores utilizaban agua de mar para su refrigeración.
En 1986, el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) requirió a Hifrensa la realización de un Programa de Reevaluación de la Seguridad de Vandellós I, que contemplaba cinco grandes modificaciones basadas en las realizadas en la central francesa de referencia de Saint-Laurent-des-Eaux. Entre ellas figuraban mejoras en la protección contra incendios y la adaptación del sistema de refrigeración de parada como sistema de refrigeración de emergencia. Parte de estas modificaciones todavía no se había implantado cuando se produjo el accidente de 1989.
En el momento del accidente, Vandellós I no contaba con una brigada de bomberos propia ni disponía de camión de bomberos ni trajes ignífugos.
Accidente miniaturadeimagen|250px|Dibujo esquemático de los componentes de una central con reactor de grafito-gas.
El 19 de octubre de 1989 la central de Vandellós I funcionaba de forma estable al 100 % de potencia. A las 21:39 se produjo un fallo mecánico en el rotor de la turbina de alta presión del grupo turboalternador principal número 2. Las ranuras de anclaje de los álabes de la rueda número 8 se fisuraron, lo que provocó el desprendimiento repentino de 36 de sus 98 álabes mientras la turbina giraba a 3000 revoluciones por minuto.
La pérdida de los álabes provocó la rotura de las conducciones de aceite y vapor, originando puntos calientes que causaron la ignición de una mezcla de aceite y aire y una primera explosión en los cojinetes. La caída de la presión de aceite hizo que se pusieran en marcha las bombas de emergencia, lo que contribuyó al derrame de una cantidad considerable de aceite en la sala de turbinas. Posteriormente, la rotura de una borna del alternador provocó una fuga del hidrógeno utilizado para su refrigeración, cuya inflamación ocasionó una segunda explosión y contribuyó a la propagación del incendio.
Se observó una gran llama a través de las ventanas de la sala de control. Enseguida el jefe de turno realizó la parada manual del reactor. A las 21:45 se llamó a Protección Civil para avisar del incendio y se solicitó la ayuda de los bomberos de la Generalitat y los de la vecina central de Vandellós II. A su vez, se telefoneó al Centro de Alarmas Principal para avisar al personal de guardia y solicitar su presencia en la central. En los primeros minutos del accidente, los dos ordenadores de la central quedaron fuera de servicio por saturación de información. Asimismo, se perdieron la red de megafonía y la red telefónica interior, y comenzó a penetrar en la sala de control un humo denso que dificultaba la visibilidad.
A las 22:00 llegaron los primeros bomberos provenientes de la central de Vandellós II y de L’Hospitalet de l’Infant. A las 22:11, el director de la central comunicó el incidente a la Sala de Emergencias (SALEM) del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), y al gobernador civil de Tarragona que activó el Plan de Emergencia Nuclear de Tarragona (PENTA) en nivel 0.
Según Fèlix González, jefe del parque de bomberos de Reus, cuando llegaron a la central la barrera de acceso estaba levantada y el personal no imprescindible estaba siendo evacuado. Josep Pino, jefe del parque de bomberos de Amposta, afirmó que los técnicos abandonaron las dependencias afectadas y que algunos recogían muestras de agua mientras otros contactaban con Francia. Según su testimonio, se oían gritos de «se va el reactor, se va el reactor».
miniaturadeimagen|Evolución de la temperatura del CO2 refrigerante durante el accidente
Durante el incendio se rompieron dos juntas flexibles del circuito de agua de circulación del condensador del grupo turboalternador principal número 2. La entrada de agua de mar, junto con las pérdidas de agua desmineralizada y el agua utilizada en la extinción, provocó la inundación de las zonas inferiores de la instalación y de la cava del reactor. El volumen acumulado se estimó en unos 4000 m³, de los cuales aproximadamente el 65 % procedía del mar. Dos de los cuatro turbosoplantes que refrigeraban el reactor quedaron fuera de servicio, seguidos por las bombas de refrigeración que se encontraban en funcionamiento. También quedó indisponible el sistema de refrigeración de parada y se produjeron fallos intermitentes en el control automático del suministro de agua al sistema de refrigeración auxiliar.
Hacia las 23:00, el equipo de emergencia constató dificultades para mantener la refrigeración del reactor. A la 1:30 del 20 de octubre el incendio se consideró controlado y comenzaron las labores de achique del agua de la inundación mediante bombas de la propia central y de los bomberos. Hacia las 2:00 se había controlado la situación y a las 4:00 se dispuso de una tercera vía de enfriamiento que permitió conducir el reactor a una situación de parada segura. El incendio fue declarado extinguido a las 4:00.
Durante el accidente, la temperatura del reactor no superó los 330 °C, frente a los 650 °C correspondientes a la temperatura de fusión de los elementos combustibles. No se produjeron pérdidas de dióxido de carbono del circuito primario ni se registraron daños personales durante las operaciones de mitigación. El CSN indicó que no se identificaron emisiones radiactivas que supusieran riesgo para el personal de intervención o para la población.
Reacciones
Como reacción inmediata al accidente, el 23 de octubre de 1989 la Dirección General de la Energía requirió a Hifrensa la solicitud de un nuevo permiso de explotación, condicionado a la emisión de un informe favorable por parte del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN). Poco después se suspendió la autorización de funcionamiento de la central.
Tras esta suspensión, Hifrensa estudió la posibilidad de reanudar la explotación de la central. El plan contemplaba operar inicialmente a media potencia con el grupo turboalternador no afectado y sustituir posteriormente la turbina dañada por otra procedente de una central francesa en proceso de desmantelamiento. Hifrensa estimaba que el reactor y el turbogenerador no afectado podrían volver a operar en unos meses, mientras que la instalación de un segundo grupo requeriría aproximadamente quince meses.
En los días posteriores al accidente, los alcaldes de Montroig, Tivisa, Pratdip y La Ametlla de Mar solicitaron al Gobierno la paralización de las dos centrales nucleares de Vandellós. El alcalde de Vandellós, sin embargo, no se sumó a la petición. Un mes después del accidente, el 17 de noviembre de 1989, el Parlamento de Cataluña pidió por unanimidad que Vandellós I no volviera a funcionar. Días más tarde, unas 35 000 personas se manifestaron en Barcelona para exigir el cierre definitivo de la central de Vandellós I y el desmantelamiento progresivo de las centrales nucleares de Cataluña.
Consecuencias
thumb|250px|Las centrales Vandellós I (izquierda) y Vandellós II (derecha) en 2013
Nueve meses después del accidente, el Gobierno español decretó el cierre definitivo de la central y su desmantelamiento, debido al elevado coste de las modificaciones de seguridad necesarias para reanudar la operación. El Gobierno estimó el coste del desmantelamiento en 40 mil millones de pesetas (240 millones de euros). En la primera fase de desmantelamiento (1994-1997) se extrajo todo el combustible de la central – que fue trasladado a Francia para su almacenaje y reprocesado – y se retiraron todos los residuos de operación.
En 1998, el Ministerio de Industria y Energía autorizó la transferencia de la titularidad de la central a la empresa pública Enresa para la segunda fase del desmantelamiento. Entre 1998 y 2003, Enresa desmanteló y demolió las estructuras, sistemas y componentes de la central, excepto el cajón del reactor. Este fue sellado en abril de 2000 y se instaló sobre él una nueva estructura de protección contra la intemperie, cuyo montaje finalizó en junio de 2001. En junio de 2003 concluyó la segunda fase del desmantelamiento y el reactor quedó en fase de latencia para permitir el decaimiento de la radiactividad, una espera de unos 25 años. El 7.º Plan General de Residuos Radiactivos prevé ejecutar la tercera fase del desmantelamiento a partir de 2030, con una duración estimada de quince años.