La Ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos LGTBI, más conocida como Ley trans, es una ley española aprobada el 16 de febrero de 2023. La ley permitió la autodeterminación del género a partir de los 16 años, y prohibió las terapias de conversión en todo el territorio nacional. La ley especifica, además, en su artículo 46, la imposibilidad de eludir el régimen jurídico previo al cambio de sexo registral (por ejemplo, no es posible evadir una condena por violencia de género mediante un cambio de sexo legal en el registro).
Fue aprobada en el Congreso de los Diputados con 191 votos a favor, 60 en contra y 91 abstenciones, tras un prolongado debate de más de medio año en el que grupos conservadores, sectores del feminismo transexcluyente y parte de la cúpula del PSOE —opuestos al principio de autodeterminación— se enfrentaron a fuerzas progresistas y pro-LGBTI. Impulsada por el Ministerio de Igualdad del segundo Gobierno de Pedro Sánchez a través de su representante, Irene Montero, la ley generó un conflicto interno entre las fuerzas del gobierno de coalición PSOE-Unidas Podemos, que culminó con la salida del gobierno de su principal opositora, la entonces vicepresidenta socialista Carmen Calvo, así como la dimisión de una de las representantes trans más antiguas en el PSOE, Carla Antonelli.
El rey Felipe VI sancionó y promulgó la ley el 28 de febrero de 2023, siendo publicada en el Boletín Oficial del Estado el 1 de marzo de 2023, y su entrada en vigor se hizo efectiva a partir del día siguiente.
Antecedentes miniatura|derecha|292px|Países de Europa que permiten la autodeterminación de género. A nivel estatal, la «Ley 3/2007, de 15 de marzo, reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas», conocida simplemente como «Ley de identidad de género», autorizaba el cambio de sexo de las personas trans, pero no contemplaba esta posibilidad para menores o personas migrantes, y requería un diagnóstico de disforia de género y dos años de tratamiento hormonal. En un informe del 12 de diciembre de 2012, el Parlamento Europeo invitaba a los países de la Unión Europea a modificar sus leyes con el objetivo de evitar la discriminación de las personas trans. Siguiendo esta línea, Dinamarca se constituyó en 2014 como el primer país en aprobar legislación en este sentido. En España, aunque sin rango de ley, la «Instrucción de 23 de octubre de 2018, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, sobre cambio de nombre en el Registro Civil de personas transexuales» recomienda a los registros civiles a facilitar el cambio de nombre para los menores trans.
Por su parte, desde 2009, quince comunidades autónomas de España han aprobado leyes que regulan y protegen los derechos de las personas LGTBI+, aunque solo ocho reconocen la autodeterminación del género en su legislación regional. En 2014, la Ley 2/2014 de Andalucía reconoce y garantiza en su artículo 1 «el derecho a la autodeterminación de género de las personas que manifiesten una identidad de género distinta a la asignada al nacer». Las siguientes comunidades que aprobaron leyes que reconocían este derecho fueron Extremadura en 2015, la Comunidad de Madrid, Islas Baleares y Región de Murcia, todas en 2016, el parlamento navarro en 2017 y Aragón en 2018. En 2017 la Comunidad Valenciana aprobó una ley trans comunitaria donde se protegía específicamente al colectivo trans y, al año siguiente, en 2018, las Cortes Valencianas aprobaron una ley que establecía el derecho a «una autodefinición con respecto a su sexualidad, incluyendo cuerpo, sexo, género, orientación sexual, identidad de género y expresión de género». alt=Ambos activistas están en una mesa hablando frente a las personas asistentes.|miniaturadeimagen|Jesús Generelo y Charo Alises presentan, en nombre de la FELGTBI, su Comisión Ejecutiva y su equipo jurídico, su proposición de Ley ante el Defensor del Pueblo. Esto dio lugar a varias entidades, organizaciones y grupos a trabajar en diferentes propuestas para una nueva ley estatal. En 2014, la Comisión Ejecutiva de la FELGTBI+ y su equipo jurídico comenzó a trabajar en una proposición de ley contra la discriminación hacia las personas LGTBI+ que presentó al Defensor del Pueblo el 29 de septiembre de 2016 y fue registrada en el Congreso de los Diputados por parte del Grupo Confederal Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea en 2017, aunque se quedaría posteriormente en el trámite de enmiendas al convocarse elecciones generales. Asimismo, el 23 de febrero de 2018, el mencionado Grupo Confederal, junto con la Federación Plataforma Trans, nacida en 2014 tras la ley andaluza, registró otra proposición de ley en esta ocasión concreta para personas trans. Por último, en 2021, los grupos parlamentarios Republicano y Plural registraron otra proposición de ley trans cuya admisión a trámite no prosperó después de que el PSOE se abstuviera en la votación de mayo.
Contexto y tramitación alt=Se observa a decenas de personas llevando sujetando la bandera por las calles de Madrid en medio de la manifestación.|miniaturadeimagen|Activistas y personas participantes en la Manifestación del Orgullo Estatal de 2021 sujetan una gran bandera trans con las firmas de todas aquellas instituciones y entidades que se han sumado a la campaña en apoyo de la nueva ley. En 2020, al comienzo de la XIVlegislatura española, conformada por los socios de gobierno de Unidas Podemos y el Partido Socialista Obrero Español, el Ministerio de Igualdad, dirigido por Irene Montero, manifestó su voluntad de crear una ley que permitiese la «libre autodeterminación de género», que se había establecido como condición para la formación del pacto de coalición de gobierno en 2019. Esto generó una reacción negativa por parte de un sector del PSOE, que culminó con la publicación el 9 de junio de 2020 de un comunicado de prensa firmado por la exvicepresidenta Carmen Calvo, el ex Secretario de Organización José Luis Ábalos y otros cargos del partido, en el que se afirmaba que «El denominado 'derecho a la libre determinación de la identidad sexual' o 'derecho a la autodeterminación sexual' carece de racionalidad jurídica». Algunas figuras del propio partido, sin embargo, expresaron públicamente su desaprobación ante el comunicado: Carla Antonelli, entonces diputada del PSOE en la Asamblea de Madrid, afirmaría que no se sentía representada por un documento «envuelto en seda no emanado de ningún congreso». El conflicto, tanto a nivel interno en el PSOE como entre los dos partidos del gobierno, retrasó la tramitación del texto.miniaturadeimagen|Setenta activistas trans y madres de menores trans. liderados por Mar Cambrollé, durante la huelga de hambre frente al Congreso de los Diputados en demanda del desbloqueo de la Ley Trans.Desde ese momento, se llevaron a cabo varias campañas y estrategias para dar a conocer la propuesta, sensibilizar sobre las necesidades de las personas LGTBI+ y solicitar el desbloqueo del proyecto de ley por parte del PSOE, así como diferentes reuniones con Carmen Calvo con la intención de acercar posturas. Desde octubre de 2020 a junio de 2022, la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans, Bisexuales, Intersexuales y más (FELGTBI+), Chrysallis. Asociación de familias de infancia y juventud trans, Fundación Triángulo y sus entidades miembro impulsaron la campaña de visibilización #ExigimosLaIgualdadTrans, que recorrió España para movilizar a la ciudadanía. En la misma línea, las entidades llevaron a cabo también campañas online como #SíalosDerechos: 10 cosas que mejorarán con la aprobación de la Ley. Por otro lado, el 10 de marzo de 2021, un grupo de 70 activistas y familias de personas trans, encabezado por Mar Cambrollé, presidenta de la Federación Plataforma Trans, inició una huelga de hambre indefinida frente al Congreso de los Diputados para reclamar el desbloqueo a la tramitación del proyecto de ley trans que el PSOE estaba manteniendo. Esta sería desconvocada dos días más tarde ante el compromiso de los Grupos Parlamentarios de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Más País, Candidatura d'Unitat Popular (CUP) y Compromís de registrar una proposición de ley trans más amplia para sortear el bloqueo gubernamental si el Gobierno no llegaba a un acuerdo en el consejo de Ministros del 23 de marzo para que se tramitase como anteproyecto de ley. En consecuencia, el 17 de marzo, los mencionados grupos junto con nuevos adherentes, tales como Junts per Catalunya, Partido Nacionalista Vasco, Nueva Canarias y Coalición Canaria, registraron la Proposición de Ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans. Unidas Podemos apoyó la acción, pero no se unió a la firma de esta nueva vía legislativa, ya que consideró que la vía ministerial era más efectiva. El 18 de mayo se votó la admisión a trámite de dicha ley, siendo rechazada y decayendo su tramitación por los votos en contra de los partidos de derecha Vox y Partido Popular, y la abstención del PSOE. No obstante, finalmente las presiones y acuerdos por parte del activismo lograron consolidar el compromiso de Pedro Sánchez, que devolvió la ley al camino de tramitación inicialmente elegido y apartó a Carmen Calvo.
Tras meses de negociaciones, el 29 de junio de 2021, el Ministerio de la Igualdad presentó en el Consejo de Ministros el anteproyecto de Ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI. El documento incluía la libre autodeterminación del género para mayores de 16 años, y preveía la eliminación de la necesidad de presentar informes médicos o años de terapia hormonal sustitutoria, trámites hasta el momento necesarios para optar a la modificación en el Documento Nacional de Identidad según la legislación vigente en aquel momento. El anteproyecto, además, recogía en un solo documento dos leyes que se habían marcado como proyecto para el Ministerio, una trans y otra LGBT, por lo que quedó fuera una de las demandas históricas del colectivo trans, como era una ley específica para las personas trans.
izquierda|alt=Pancarta pidiendo una ley trans nacional durante la marcha del orgullo LGBT en Valladolid en 2022|miniaturadeimagen|Pancarta pidiendo una ley trans nacional durante la marcha del orgullo LGBT en Valladolid en 2022. El 27 de junio de 2022, el documento volvió a ser tramitado por el Consejo de Ministros, donde fue aprobado, pasando a ser proyecto de ley. La nueva revisión no incluía modificaciones al apartado de autodeterminación de género del anteproyecto original: el texto permitiría el cambio de sexo legal a partir de los 12 años mediante autorización judicial, entre los 14 y 16 con consentimiento de los representantes legales, y a partir de los 16 de forma libre.
El 8 de septiembre de 2022, se anunció que la Mesa del Congreso tramitaría el proyecto por vía urgente, a petición del Gobierno, reduciendo a la mitad los plazos marcados por el reglamento del Congreso.