thumb|Estatua ecuestre del Generalísimo Franco, obra del escultor José Capuz, que se encontraba en la plaza del Caudillo (actual plaza del Ayuntamiento) de Valencia. Fue inaugurada en 1964 con motivo de la celebración de los «XXV Años de Paz». Fue retirada de la plaza en 1983 y trasladada a la sede de la Capitanía General de Valencia en el Convento de Santo Domingo. En aplicación de la Ley de Memoria Histórica fue llevada en 2010 a un acuartelamiento de Bétera, donde se encuentra en la actualidad.
La naturaleza del franquismo es el nombre que recibe el largo, intenso e inacabado debate historiográfico sobre qué tipo de régimen político (y de «modelo de dominación social») fue la dictadura franquista que surgió de la victoria del bando sublevado en la guerra civil española (1936-1939) y que finalizó con la muerte del dictador Francisco Franco el 20 de noviembre de 1975. El debate, en el que han intervenido historiadores, politólogos, sociólogos y juristas (y también protagonistas de los hechos), ha girado en torno a dos posturas fundamentales: los que defienden que el franquismo fue un régimen fascista y los que siguiendo la propuesta del politólogo Juan José Linz, hecha en 1964, lo consideran un régimen autoritario, pero no fascista. Aunque las dos posturas han ido acercándose a lo largo de los años no se ha alcanzado un consenso sobre el tema. Para salir del callejón sin salida en que se encontraba el debate el historiador Ismael Saz propuso en 1993 considerar al franquismo como un régimen fascistizado, alternativa que fue aceptada por algunos historiadores y que cuando menos introdujo en el debate el concepto de fascistización. En el año 2000 el historiador Enrique Moradiellos haciendo un balance del debate afirmó que «no cabe duda de que la polémica ha sido muy fructífera y ha contribuido a replantear críticamente el carácter y rasgos definitorios del peculiar sistema político encabezado por el general Franco y las razones de sus indudables fundamentos sociales y prolongada vigencia y duración histórica».
Los inicios del debate (1936-1964)
El debate sobre el tipo de régimen político que era el franquismo comenzó ya durante la guerra civil española. El bando republicano utilizó el término «fascista» para denominar al bando sublevado (mientras que este calificaba de «rojos» o «comunistas» a sus enemigos) en cuanto que representaba «un movimiento reaccionario, contrarreformista y contrarrevolucionario». Pero no todos estaban de acuerdo en que los insurgentes fueran capaces de construir un verdadero régimen fascista, empezando por el propio presidente de la República Manuel Azaña, quien en octubre de 1937 escribió en su diario:
La opinión de Azaña coincidía sorprendentemente con la del líder del hasta entonces minúsculo partido fascista español Falange Española de las JONS José Antonio Primo de Rivera encarcelado en Alicante, quien poco antes de ser condenado a muerte y fusilado el 20 de noviembre de 1936 por su apoyo al «Alzamiento Nacional» había escrito: «¿Qué va ocurrir si ganan los sublevados? Un grupo de generales de honrada intención, pero de desoladora mediocridad política. Puros tópicos elementales (orden, pacificación de espíritus…) Detrás:… la falta de todo sentido nacional de largo alcance».
El punto de vista de Azaña era, sin embargo, muy minoritario en el bando republicano. La inmensa mayoría de sus integrantes, y especialmente las organizaciones y partidos obreros, llamaban «fascistas» a los insurgentes influidos por el sentido que le había dado al término en 1933 la III Internacional: el fascismo es «la dictadura abierta y terrorista de los elementos más reaccionarios, más chauvinistas y más imperialistas del capital financiero». El término ya había sido muy empleado por las izquierdas antes de la guerra para referirse a la actuación de las derechas católicas y monárquicas. El socialista «largocaballerista» Luis Araquistáin, que en 1934 había expresado sus dudas de que en España pudiera triunfar el fascismo («En España no puede producirse un fascismo de tipo italiano o alemán»), en febrero de 1936 ya hablaba de la existencia de un «fascismo sin disfraz, adaptado a las realidades españolas», «apoyado especialmente en la propiedad territorial, en la Iglesia católica y en Ejército», aunque afirmaba que era «más parecido al de Austria y Portugal que al de Italia y Alemania». Por otro lado, referirse al bando contrario con el término «fascista», «subrayando casi exclusivamente su dimensión social y rebajando o anulando su formato político» (una coalición de «curas, aristócratas, generales cobardes y señoritos fascistas», decía el PCE), servía para unir más estrechamente al bando propio identificado por esta razón con el «antifascismo». No es casualidad que uno de los eslóganes de la propaganda republicana fuera: «Acabar con la canalla fascista».
thumb|Cartel de propaganda del bando republicano en el que se muestran caricaturizados los integrantes del bando sublevado («Los nacionales»). Además del Ejército, la Iglesia y los «moros», aparece un capitalista con monóculo y la esvástica nazi.
El bando sublevado se llamó a sí mismo «nacional», pero lo cierto fue que no les faltaban razones a los republicanos para calificarlo como «fascista» debido a la ayuda que estaba recibiendo de la Alemania nazi y de la Italia fascista y a que la construcción del «Nuevo Estado» se estaba haciendo en gran medida a semejanza de estos «regímenes totalitarios» (partido único, saludo fascista, retórica corporativa, exaltación del ‘’Caudillo’’, uso del término «Estado totalitario» en los textos legales y en los discursos, etc.). En un informe enviado a Londres a finales de 1937 por diplomáticos británicos destinados en España se decía que la España franquista mostraba «una gran absorción de los métodos e ideas del fascismo italiano» y en otro que «lo que está surgiendo en el territorio de Franco hoy es una forma de nacional-socialismo inspirado tanto por Alemania como por Italia, aunque más por ésta que por aquélla». thumb|left|Llegada de integrantes de la División Azul a la Estación del Norte de San Sebastián, siendo recibidos por la multitud con el saludo fascista (1942).
Terminada la guerra civil, los vencidos siguieron calificando desde el exilio al régimen instaurado por el general Franco como «fascista», a lo que contribuyó el propio ‘’Caudillo’’ con su alineamiento con el Eje y con sus discursos de exaltación de los «regímenes totalitarios». Así lo consideraron también buena parte de los académicos y de la opinión pública de los países aliados que combatían a las potencias fascistas. Tras la derrota de estas la identificación del franquismo con el fascismo se acentuó y se generalizó aún más. Prueba de ello fue la condena formal del régimen de Franco aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en diciembre de 1946:
En los medios académicos se siguió considerando al franquismo como un «régimen fascista», entre otras razones porque la definición de lo que era el «fascismo» ―entendido como sinónimo de «reacción»― seguía siendo deudora de la que había formulado la III Internacional. Así, el fascismo era explicado por su función social: era el instrumento utilizado por la burguesía para defender el orden capitalista amenazado por las organizaciones obreras e impedir el triunfo de la revolución socialista. Sin embargo en las décadas posteriores algunos autores marxistas «renovadores» comenzaron a cuestionar la relación estrecha entre fascismo y capitalismo establecida por la «ortodoxia» de la III Internacional, lo que suscitó dudas sobre si el franquismo se podía considerar como una dictadura estrictamente fascista (así lo advirtieron, por ejemplo, Reinhard Kühnl o Nicos Poulantzas). Algunos se plantearon caracterizarla como bonapartista; otros la redujeron a una simple dictadura militar.
El «debate Linz» (1964-1990) En 1964 el sociólogo español Juan José Linz, profesor de la Universidad de Yale, publicó un artículo titulado «An authoritarian Regime: Spain» en el que cuestionaba la consideración del régimen franquista como «fascista» y lo calificaba como un «régimen autoritario». Linz definía así los regímenes autoritarios:
A partir de entonces (especialmente tras su publicación en castellano en 1974 por iniciativa del franquista «reformista» Manuel Fraga Iribarne) se abrió un largo e intenso debate ―también llamado el «debate Linz»―. El punto de partida de Linz era la teoría del totalitarismo formulada en plena guerra fría que definía dos tipos de regímenes políticos: las democracias liberales y los regímenes totalitarios, en los que se incluían el fascismo, el nazismo y el comunismo soviético. Tras analizar el régimen franquista Linz llegó a la conclusión que no se le podía aplicar la categoría de régimen totalitario (y mucho menos el de régimen democrático) por lo que concibió una categoría intermedia: régimen autoritario.
thumb|250px|El Generalísimo Francisco Franco, con el uniforme del Movimiento, pronunciando un discurso en las Cortes (probablemente el 8 de julio de 1964, inaugurando la VIII Legislatura). Al fondo los procuradores, también de uniforme. En la parte inferior, tres obispos, también procuradores en representación de la Iglesia Católica.
El rechazo a la propuesta de Linz por parte de los historiadores, politólogos y sociólogos vinculados con la oposición antifranquista (a los que Ismael Saz ha denominado la «izquierda historiográfica») fue radical pues creían que lo que Linz pretendía era «blanquear» la dictadura franquista tomando como referencia exclusivamente los años sesenta y olvidando completamente el primer franquismo. De hecho destacados ideólogos y políticos franquistas se apuntaron a la tesis de Linz, como Ramón Serrano Suñer en su libro de 1973 Entre Hendaya y Gibraltar (olvidando, por ejemplo, que cuando él era ministro de la Gobernación Franco promulgó el Fuero del Trabajo de 1938 en el que se declaraba expresamente el carácter «totalitario» del régimen). En 1974, el mismo año en que se publicó el artículo de Linz en castellano, los sociólogos Eduardo Sevilla Guzmán y Salvador Giner publicaban en la revista antifranquista editada en París, Cuadernos de Ruedo Ibérico (número 43-45), un artículo en el que denunciaban que la tesis de Linz podía entenderse como una forma de «absolución» del régimen franquista al subrayar que no estaba exento «de caracteres benévolos o ampliamente tolerantes» (sin embargo Sevilla Guzmán y Giner no consideraban al franquismo como un régimen fascista, incluido dentro del «absolutismo totalitario» o totalitarismo, sino que lo calificaban como «despotismo moderno» o «absolutismo despótico», en el que también incluían al salazarismo y a muchas dictaduras sudamericanas y africanas contemporáneas).
Pero la tesis de Linz no fue criticada exclusivamente por sus supuestas implicaciones «políticas» sino sobre todo por su carácter «formalista» y su falta de atención a las dimensiones sociales y clasistas de los regímenes políticos («la carencia de referencias a las clases y grupos sociales que apoyaban al régimen o se beneficiaban de él, o, viceversa, a las clases y grupos sociales que sufrían los efectos del régimen y estaban excluidos de sus beneficios»). Además se cuestionaron aspectos concretos de la definición propuesta por Linz como la «contraposición entre una “ideología” fascista (precisa, definida y centrada en sí misma) y una “mentalidad” autoritaria (amplia, difuminada y abierta a muchos componentes ideológicos); el carácter relativo del “pluralismo político limitado”, que sólo afectaría a las clases dominantes y ocultaría las concordancias políticas fundamentales en el seno de ese grupo; la posible confusión entre “desmovilización” (como apatía inducida desde el poder) y falta de muestras de rechazo u oposición entre las masas, olvidando la existencia de una disconformidad de fondo ahogada por el temor a la represión; etc.».