miniatura|El Generalísimo Francisco Franco en 1975. El tardofranquismo constituye la última etapa de la dictadura franquista que termina con la muerte de Francisco Franco el 20 de noviembre de 1975. Se suele situar su comienzo en octubre de 1969 cuando se forma el gobierno «monocolor» presidido de facto por el almirante Carrero Blanco, el principal consejero de Franco (tres meses antes el Caudillo había designado como su «sucesor a título de rey» al príncipe Juan Carlos de Borbón). Esta etapa también se identifica como la de la crisis final del franquismo, cuyo inicio algunos historiadores lo sitúan en el «juicio de Burgos» de diciembre de 1970. Solo unos meses después de la muerte de Franco Jorge de Esteban y Luis López Guerra ya constataban que «desde los inicios de la década de los 70 se hizo evidente para la gran mayoría de españoles que el país, tras una etapa de aparente calma, entraba de nuevo en una situación de crisis declarada, que se manifestaba sobre todo en dos datos: crecientes conflictos en el presente y aguda inseguridad cara al futuro».
La historia política de esta última etapa de la dictadura estuvo marcada, según Javier Tusell, por la decadencia física y personal del general Franco,«Dotado de buena salud y lucidez manifiesta hasta mediados de los años sesenta, las Memorias de algunos de sus colaboradores, desde Fraga a López Rodó, parecen probar que a partir de ese momento se produjo en él un deterioro muy acentuado. Los límites del mismo no son fáciles de precisar… A veces incluso en cuestión de un espacio de tiempo equivalente a unos pocos minutos podía parecer que era un anciano atento que musitaba comentarios inteligentes a lo que se le decía o una persona extraviada en su propio mundo incapaz de comunicarse con el exterior. […] Una de las características de la enfermedad de Parkinson fue el aparente debilitamiento de su voluntad, de manera que dio la sensación a partir de esos momentos de no ser capaz de practicar el arbitraje entre tendencias que le había caracterizado en tiempos precedentes. Además, dio la impresión de resultar influible… Otra característica de la enfermedad de Parkinson fue que esta contribuyó a multiplicar su inexpresividad, lo que le convertía en una especie de esfinge para muchos de sus visitantes. […] Como muchos ancianos, en fin, sentía derrumbarse un mundo al que había estado firmemente asido desde hacía muchos años. […] Seguía inmerso en un clima mental de nacionalcatolicismo… Nunca aceptó la idea del pluralismo político, y menos aún organizado de forma legal… Tampoco existe ninguna prueba de que pensara que a su muerte se debieran producir cambios sustanciales en su régimen» (Tusell, 2007, págs. 240-241).«La decadencia de Franco se reflejaba en el hecho de que cada vez se mantenía más apartado de las tareas políticas. […] Hasta casi los setenta años había jugado unas cuantas partidas de tenis con [el doctor] Vicente Gil, o bien se iba a cabalgar por los bosques cercanos al palacio [de El Pardo]. Estas actividades ya no eran factibles. Los viernes continuaban celebrándose las reuniones, ya fuera del consejo de ministros o de la comisión delegada. A finales de la década de 1960 se las redujo drásticamente sólo a sesiones matinales y luego sólo quincenales. Ya no comenzaba las reuniones con largos repasos de los acontecimientos nacionales e internaciones, sino que permanecía sentado y en silencio a lo largo de la totalidad de las sesiones. […] La medicación que tomaba para la enfermedad de Parkinson hacía que cada vez se volviera más indeciso» (Preston, 1998, pág. 929; 938). la desunión de la clase política del régimen, la parálisis provocada por la incertidumbre sobre el futuro y el crecimiento de la influencia social de la oposición antifranquista. Luis Suárez Fernández ha apuntado, refiriéndose al régimen franquista, que «entre 1969 y 1975 no había muchas ideas claras».
Según Borja de Riquer, «los últimos seis años del régimen franquista explican con precisión por qué aquella dictadura no tuvo continuidad tras la muerte del general Francisco Franco. En efecto, la erosión y crisis política que sufrió aquel régimen autoritario fue tan profunda que las opciones que pretendían perpetuarlo se vieron progresivamente desbordadas y deslegitimadas».
Antecedentes miniatura|El general Franco presidiendo el desfile militar de la Victoria (Madrid, 5 de junio de 1969). En segundo plano el príncipe Juan Carlos a quien al mes siguiente Franco lo designaría como su sucesor «a título de rey». En la década de 1960 los políticos franquistas se plantearon el futuro del régimen después de la muerte del Generalísimo Francisco Franco (en 1962 había cumplido setenta años). Se definieron dos posturas: La de los «inmovilistas», cuyo proyecto consistía en asegurar la continuidad del régimen franquista y mantener todo el entramado institucional y los principios del mismo definidos en las Leyes Fundamentales del Reino mediante la instauración (que no la restauración) de la monarquía («católica, social y representativa», no la liberal derrocada en 1931) en la persona del hijo de Juan de Borbón, Juan Carlos, que desde 1948 estaba bajo la tutela del Caudillo. Los «inmovilistas» estaban integrados por la mayoría de los «tecnócratas» vinculados al Opus Dei y cuyo valedor era el almirante Carrero Blanco —el principal consejero del Caudillo y presidente del gobierno de facto— y por la «vieja guardia» falangista del Movimiento Nacional. La de los «aperturistas» que se proponían introducir algunos cambios que estuvieran en consonancia con la transformación que estaba viviendo la sociedad española gracias al gran crecimiento económico que había experimentado España desde que en 1959, con la aprobación del Plan de Estabilización, se había abandonado el caduco modelo autárquico (al desarrollo económico le debía seguir el desarrollo político, defendían los «aperturistas»). Los «aperturistas» procedían del Movimiento y sus principales representantes eran tres ministros: Manuel Fraga Iribarne, ministro de Información y Turismo; Fernando María Castiella, ministro de Asuntos Exteriores; y José Solís Ruiz, ministro-secretario general del Movimiento y delegado nacional de Sindicatos. Este último aprovechando los dos importantes cargos que ocupaba se propuso revitalizar el Movimiento, entonces poco más que una estructura burocrática, abriéndolo a la participación popular mediante la creación de «asociaciones políticas» dentro del mismo, y también la Organización Sindical propiciando la participación de los trabajadores. El objetivo último era extender la base social del régimen. Una parte de los «aperturistas», incluido Solís Ruiz y posiblemente Fraga, se oponían a la «solución monárquica» de Carrero Blanco y apostaban por un sistema presidencialista parecido al gaulismo (es decir, asegurar la continuidad del régimen con un militar «revestido como regente»; posiblemente el general Muñoz Grandes, pero este no gozaba de buena salud: fallecería en 1970).
El historiador Borja de Riquer ha destacado que las diferencias que separaban a «inmovilistas» y «aperturistas» radicaban en su «diferente diagnóstico sobre los cambios experimentados por la sociedad española y la naturaleza de la contestación política y social». Mientras los primeros consideraban que para hacer frente a la «subversión» era necesario reafirmar «los principios fundamentales del régimen, y no su desnaturalización con unas reformas que acabarían llevándole a la perdición», los segundos pensaban que «el desfase entre las estructuras políticas vigentes y la realidad social y cultural española hacía imprescindible una adaptación del régimen a los nuevos tiempos que evitase una crisis provocada por el creciente anacronismo del franquismo».
El logro principal de los «aperturistas» fue la aprobación de la Ley de Prensa de 1966, promovida por Fraga. Sin embargo, José Solís no consiguió sacar adelante el Estatuto de Asociaciones del Movimiento y se encontró con que las elecciones a enlaces y jurados sindicales fueron aprovechadas por las clandestinas y antifranquistas comisiones obreras para escalar posiciones dentro de la Organización Sindical. En cambio, los «inmovilistas» dieron dos pasos muy importantes en su proyecto político: la aprobación de la Ley Orgánica del Estado de 1967 y la designación en julio de 1969 por Franco de Juan Carlos como su sucesor, quien inmediatamente juró la Ley de Principios del Movimiento Nacional y recibió el título de príncipe de España (no el de príncipe de Asturias, que había sido el tradicional de la monarquía española). En su discurso en las Cortes proponiendo a Juan Carlos de Borbón, Franco dijo una frase que será recordada muchas veces en los años siguientes y sobre todo tras su muerte: que con el nombramiento de su sucesor todo iba a quedar «atado y bien atado».
El fracaso del continuismo inmovilista (1969-1973)
El gobierno «monocolor» miniatura|izquierda|El «aperturista» José Solís en 1962 cuando era ministro-secretario general del Movimiento, cargo que perdió al formarse el gobierno «monocolor» presidido de facto por el almirante Carrero Blanco. miniatura|Laureano López Rodó (derecha) en noviembre de 1968 durante la inauguración de una exposición de Joan Miró en Barcelona cuando era ministro Comisario del Plan de Desarrollo. En el centro el entonces ministro de Información y Turismo Manuel Fraga Iribarne y a la izquierda el alcalde de Barcelona José María de Porcioles. El triunfo incontestado del almirante Carrero Blanco con el nombramiento de don Juan Carlos como sucesor del general Franco acentuó el enfrentamiento en el seno del gobierno entre los «tecnócratas» y los «aperturistas», cuyo episodio final lo constituyó el «escándalo Matesa» que estalló en agosto de 1969, ya que en él se vieron indirectamente implicados dos ministros «tecnócratas» del Opus Dei (Juan José Espinosa San Martín, de Economía, y Faustino García-Moncó Fernández, de Comercio, que presentaron su dimisión). El escándalo intentó ser aprovechado por los ministros «aperturistas», José Solís Ruiz y Manuel Fraga Iribarne, para desbancar a los «tecnócratas» del gobierno (difundiendo los hechos en la prensa del Movimiento que ellos controlaban; el diario oficial Arriba los calificó de «desastre nacional»). Sin embargo, el resultado final fue el contrario al esperado: los «tecnócratas» salieron reforzados al aceptar Franco las demandas de Carrero a favor de un «gobierno unido y sin desgaste». Carrero Blanco le entregó a Franco un dosier muy negativo sobre Solís y Fraga, y también sobre el ministro de Asuntos Exteriores Fernando María Castiella. De Fraga sacó a colación la Ley de Prensa de 1966 que estaba permitiendo los ataques «a la forma de ser española y a la moralidad pública». «La Prensa explota en buena parte la pornografía como instrumento comercial. [...] Las librerías están plagadas de propaganda comunista y atea; los teatros representan obras que impiden la asistencia de las familias decentes, los cines están plagados de pornografía...», se decía en el informe.