thumb|Fachada del edificio del Congreso de los Diputados. La Comisión de Responsabilidades fue una comisión parlamentaria de las Cortes Constituyentes de la Segunda República Española encargada de depurar las responsabilidades contraídas durante la monarquía de Alfonso XIII, especialmente a partir de la instauración en 1923 de la dictadura de Primo de Rivera. En principio era la continuación de las dos Comisiones establecidas en 1922 y 1923 por los dos últimos gobiernos constitucionales del reinado de Alfonso XIII para ocuparse de las responsabilidades por el desastre de Annual y cuya base de trabajo había sido el Expediente Picasso. Sin embargo, la Comisión de Responsabilidades republicana no llegaría a realizar ninguna actuación sobre este asunto, porque se centró en las responsabilidades del exrey Alfonso XIII y de los exministros de la dictadura.
La ley de 26 de agosto de 1931 de la Comisión de Responsabilidades le atribuyó a esta tales competencias que la convirtió en un órgano judicial en abierta contradicción con varios artículos del proyecto de Constitución que las Cortes estaban debatiendo. Así que para que sus atribuciones y resoluciones no pudieran ser invalidadas en cuanto se aprobara la Constitución se optó por incluir la ley en la Carta Magna de la República (la misma solución que se adoptó con la Ley de Defensa de la República de 21 de octubre de 1931). Así en la disposición transitoria segunda se decía: «La ley de 26 de agosto próximo pasado, en la que se determina la competencia de la Comisión de responsabilidades, tendrá carácter constitucional transitorio hasta que concluya la misión que le fue encomendada, y la de 21 de octubre conservará su vigencia asimismo constitucional mientras subsistan las actuales Cortes Constituyentes, si antes no la derogan expresamente».
Las nuevas Cortes surgidas de las elecciones de noviembre de 1933, con mayoría del centro y de la derecha, no reanudaron la Comisión de Responsabilidades sino que decidieron el 10 de mayo de 1934 que «los sumarios y diligencias de todas clases» en poder de la Comisión pasasen al Tribunal Supremo para continuar «la sustanciación de cada asunto». Así que el Alto Tribunal abrió la instrucción «para depurar las responsabilidades en que pueda haber incurrido el mando con motivo de los sucesos ocurridos en la Comandancia General de Melilla en los meses de julio y agosto de 1921», pero el 9 de julio de 1935 dictaminó el archivo de la causa porque no se apreciaban más hechos punibles que los ya juzgados (la única sentencia dictada por el «desastre de Annual» había sido el arresto militar de seis meses del general Dámaso Berenguer). Sobre las posibles responsabilidades políticas, el Supremo concluyó que las únicas que pudieran derivarse estarían sujetas «al juicio de la historia, y sólo [sic] exigibles por la opinión pública o por medio de sus órganos representativos».
Antecedentes miniatura|300px|Cadáveres encontrados en Annual.
Entre finales de julio y principios de agosto de 1921 se produjo la mayor derrota del Ejército colonial español en el Protectorado de Marruecos. En el que sería conocido como el «Desastre de Annual», murieron más de 8 000 hombres —la mayor parte de ellos soldados de reemplazo— incluido el general Fernández Silvestre que comandaba las tropas y que durante varios años había sido miembro de la Casa Militar del rey Alfonso XIII. El territorio de control efectivo español en el Protectorado se vio reducido a las plazas de Ceuta y Melilla, y a Tetuán y Larache, con lo que se perdieron todos los avances conseguidos en la anterior campaña, la de 1912-1913. Los vencedores de Annual, la República del Rif liderada por Abd el-Krim, se apoderaron de 20 000 rifles y de 200 cañones e hicieron varios centenares de prisioneros españoles.
La conmoción que causó en España la tragedia fue enorme. El gobierno presidido por el conservador Manuel Allendesalazar intentó ocultar los hechos imponiendo la censura a la prensa, pero estos se acabaron conociendo y el 11 de agosto dimitió. Alfonso XIII le encargó formar gobierno al viejo líder conservador Antonio Maura que logró contar con el apoyo de los dos partidos del turno, de los catalanistas de Francesc Cambó, de los reformistas de Melquiades Álvarez e incluso de los republicanos de Alejandro Lerroux. Los socialistas no se pronunciaron. Maura apoyó la decisión que había tomado Allendesalazar antes de dimitir de nombrar al general Picasso, miembro del Consejo Supremo de Guerra y Marina, máximo órgano judicial de la jurisdicción militar, para que elaborara un informe sobre lo ocurrido en Marruecos, pero sin incluir los planes y las órdenes del alto mando, aunque una disposición de 1 de septiembre le autorizaba a examinar a todo el personal militar pues en ella se precisaba que la investigación «se contraería a los hechos realizados […], sin excepción alguna».
El 27 de octubre de 1921 el diputado socialista Indalecio Prieto hizo una sonada intervención en las Cortes sobre las responsabilidades de lo sucedido en Marruecos. Tras realizar un relato esperpéntico de lo que era la guerra de África (dijo, por ejemplo, que Melilla era «un lupanar y una ladronera»), lanzó acusaciones directas contra el rey Alfonso XIII, que provocaron continuas protestas de la mayoría de los diputados y la intervención del presidente de la Cámara en defensa de la persona «que, por su prerrogativa, está aquí fuera de toda crítica». Pero Prieto continuó: el Alto Comisario Berenguer había sido nombrado por «su gran influencia sobre el ánimo de cierta personalidad»; el general Silvestre había actuado de la forma que lo hizo porque había sido autorizado por el monarca... Y acabó con una frase que provocó un gran tumulto: «Aquellos campos de dominio [de Marruecos] son hoy campos de muerte: ocho mil cadáveres parece que se agrupan en torno de las gradas del trono en demanda de justicia». En un discurso posterior pronunciado fuera del Parlamento dijo: «una catástrofe como la de Annual en los pueblos que tienen vitalidad se liquida con una revolución que derriba al causante de la misma». Por todo ello Prieto fue procesado judicialmente.
El general Picasso tardó casi un año en elaborar el que sería conocido como el Expediente Picasso. Lo presentó el 10 de julio de 1922 al Consejo Supremo de Guerra y Marina, presidido por el general Francisco Aguilera. Se trataba de un resumen de unas cuatrocientas páginas, en el que imputaba al Mando en primer lugar, ya que «con inconsciencia, con incapacidad, con aturdimiento o temeridad ha provocado el derrumbamiento de la artificiosa construcción del territorio». Picasso proponía el procesamiento de 37 militares pero el Consejo amplió su número hasta 70, incluyendo al Alto Comisario. Por ello el general Berenguer hubo de presentar su dimisión. «El expediente revelaba hechos dramáticos y acciones, algunas heroicas, otras cobardes, y subrayaba la desorganización, la incompetencia y los errores estratégicos del mando».
Inicialmente los socialistas mostraron su desconfianza sobre el informe que pudiera elaborar el general Picasso y sobre su virtualidad política y judicial. Así lo manifestó el diputado socialista Indalecio Prieto: «Quien quiera enterarse de lo ocurrido en la zona de Melilla, por esta información […], no se enterará de nada […]. Veinte generaciones de ratones harán sus nidos en esta montaña de papel. He aquí en qué parará toda la depuración de responsabilidades a través de las investigaciones oficiales». En mayo de 1922 Prieto volvió a insistir: «Al cabo de los meses transcurridos, no hay ante el país ni la sombra de la existencia de una responsabilidad, ni siquiera un propósito evidenciado de que en busca de la responsabilidad se camine con paso firme y seguro. Picasso no existe; Picasso ya, en labios de los españoles, es una ficción, una entelequia, en lenguaje vulgar, señor ministro de la Guerra, un camelo».
La opinión de Prieto y de los socialistas cambió radicalmente cuando pudieron conocer el contenido del Expediente Picasso gracias a la decisión del nuevo gobierno presidido por el también conservador José Sánchez Guerra —que el 7 de marzo de 1922 había sucedido a Antonio Maura, quien había presentado su dimisión al rey por las disensiones internas en el seno de su gobierno— de llevarlo al Congreso de los Diputados pocos días después de haber sido entregado al Consejo Supremo de Guerra y Marina. Así, el anteriormente escéptico Indalecio Prieto se deshizo en halagos al Gobierno de Sánchez Guerra por la «prueba de exquisito y de extraordinario respeto dada a la función de la soberanía del Parlamento» y al propio general Picasso, «dignísimo general del Ejército español que ha instruido ese expediente».
El 21 de julio, solo unos pocos días después de haber sido llevado al Congreso el Expediente Picasso, se formó una comisión parlamentaria de responsabilidades integrada por veintiún diputados (once conservadores, siete liberales, un catalanista, un republicano y un socialista; este último Indalecio Prieto) y presidida por el diputado liberal Niceto Alcalá Zamora. Conforme la opinión pública fue conociendo el contenido del Expediente fue creciendo la indignación y la exigencia de responsabilidades. De hecho, «durante la segunda mitad de 1922, el Expediente Picasso se convirtió en el centro de la vida política en España».
La Comisión hizo público su dictamen el 14 de noviembre de 1922. En realidad fueron tres dictámenes: el de la mayoría conservadora, que defendía que las responsabilidades eran exclusivamente militares y que ya las estaba juzgando el Consejo Supremo de Guerra y Marina; el de los liberales, que también apuntaba al mando militar pero incluía al gabinete conservador de Allendesalazar; y el del socialista Indalecio Prieto, que hacía responsables del «desastre de Annual» a todos los gobiernos de los partidos del turno desde 1909 y exigía el procesamiento del Alto Comisario Berenguer y el del general Felipe Navarro, que todavía estaba prisionero de Abd el-Krim. También pedía que fueran juzgados por el Senado por prevaricación los Gobiernos de Allendesalazar y de Maura. La sesión del Congreso de los Diputados en que se debatieron los dictámenes fue tormentosa, sobre todo cuando intervinieron Indalecio Prieto, que había viajado a Marruecos y hablado con las víctimas, y el conde de Romanones, que había perdido un hijo en los combates. De hecho los liberales, secundando a Romanones, abandonaron el hemiciclo cuando se votó el dictamen de Prieto, para que fuera rechazado únicamente con los votos de los conservadores.