El Caso Centros Poblados, también conocido como "caso MinTic" o "escándalo Abudinen", se refiere a un caso de corrupción política en Colombia denunciado en agosto de 2021, en el que la Ministra de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones MinTIC, Karen Abudinen, fue denunciada por participar en procesos irregulares de contratación pública de tecnologías de conectividad e implementación de cobertura de internet en escuelas de zonas rurales de Colombia; el Ministerio MinTIC que ella dirigió adjudicó un contrato por valor de un billón de pesos colombianos (250 millones de dólares USD) al contratista Unión Temporal Centros Poblados, que no contaba ni con la experiencia ni con las capacidades técnicas para ejecutar ese contrato, y que durante el proceso presentó tres pólizas de cumplimiento falsas. A pesar de las denuncias en los medios de comunicación, el Ministerio MinTIC de Karen Abudinen logró girar al contratista un anticipo por 70.000 millones de pesos colombianos (17,5 millones de dólares USD); el contratista incumplió el contrato, el dinero fue sacado del país y depositado en las cuentas bancarias de dos empresas, una con sede en el paraíso fiscal de Delaware, Estados Unidos de América, y otra con sede en la ciudad de Barranquilla, Colombia.
Primeras denuncias El 2 de diciembre de 2020, durante el gobierno de Iván Duque, medios de comunicación como la W Radio denunciaron irregularidades en el proceso de contratación para brindar internet a miles de escuelas rurales colombianas de las zonas más apartadas del país; se advirtió sobre un funcionario activo del MinTic de la ministra Karen Abudinen, Camilo Valencia Suescún, quien era a la vez apoderado de uno de los proponentes del proceso de licitación para ese contrato. Esta situación evidenció un conflicto de interés en el que uno de los proponentes interesados era representado por un asesor del despacho Ministerial; la respuesta a esta irregularidad por parte de algunos de los participantes de la licitación fue presentar una recusación contra la ministra Karen Abudinen; la recusación fue rechazada por el consejo de ministros del presidente Iván Duque. thumb|150px|Karen Abudinen, entonces ministra TIC El 9 de diciembre de 2020 la W Radio denunció que el MinTic de Karen Abudinen había habilitado al proponente Unión Temporal Centros Poblados para participar del proceso de licitación, a pesar de no tener experiencia en gestión de redes de internet y de estar conformado por empresas con patrimonios muy bajos; además algunas de estas empresas habían sido denunciadas por incumplir contratos de obras públicas. Lo anterior generó una brecha de duda sobre la transparencia del proceso de selección del contratista. thumb|150px|Paola Herrera una de las periodistas denunciantes El 10 de diciembre de 2020 la periodista de la W Radio Paola Herrera, denunció que la licitación establecía que el ganador sería el proponente que prometiera hacer más conexiones a internet, no el que tuviera mayor capacidad o experiencia; esto creó una situación en la que el contrato muy probablemente sería adjudicado a un proponente que no podría cumplir; frente a esto la ministra Karen Abudinen declaró: "no hay malos contratistas, sino malos supervisores"; más aún, las irregularidades fueron negadas por la ministra de manera reiterada; finalmente, el Contrato de Aporte No. 1043 de 2020 fue suscrito entre el Fondo Único de Tecnologías de la información y las Comunicaciones y la Unión Temporal Centros Poblados, este último como contratista encargado de ejecutar un billón de pesos (unos 250 millones de dólares) para llevar internet a 7277 escuelas rurales de Colombia.
Se trató de un contrato cuantioso y de complejos requisitos técnicos adjudicado a una unión temporal sin experiencia ni logística en temas de conectividad a internet; tuvo lugar en un momento crítico como lo fue la pandemia del COVID19, que llevó a los estudiantes a asistir a clase de manera remota, por lo que era crítico que en las zonas apartadas tuvieran conexión a internet; la ministra Abudinen insistió en defender su gestión y la idoneidad del contratista elegido, y declaró en entrevista con Juan Diego Alvira de Noticias Caracol: "si no cumplo, me llevan al cementerio"; además se comprometió a volver al set del noticiero en caso de un incumplimiento contractual.
Incumplimiento y pólizas falsas El 16 de junio de 2021 la W Radio denunció que seis meses después de iniciada la ejecución del contrato, y de haber recibido un anticipo por 70.000 millones de pesos colombianos ($17.5 millones de dólares USD), la Unión Temporal Centros Poblados aún no había instalado ni un solo punto de internet. Se realizó una audiencia de seguimiento al incumplimiento del contrato, a la que asistieron los representantes del Banco Itaú Colombia y del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones MinTIC; el MinTIC planteó siniestrar la Póliza de Cumplimiento del Contrato que garantizaba que, de no cumplir el contrato, el contratista estaba obligado a devolver el valor del anticipo; la póliza en poder del MinTIC parecía haber sido emitida por el Banco Itaú Colombia; sin embargo, el representante del Banco Itaú Colombia declaró que el Banco no había expedido ninguna póliza y que la garantía bancaria presentada como Póliza de Cumplimiento era falsa, por lo que el contratista incurrió en falsedad de documento; el MinTIC anunció acciones legales contra el contratista; los detalles de la audiencia de seguimiento fueron denunciados por la periodista Paola Herrera el 25 de junio de 2021.
A finales de julio de 2021, La W Radio denunció que no hubo solo una póliza falsa, como afirmó el MinTIC en la audiencia de incumplimiento del contrato, sino que en total habían sido tres pólizas falsas presentadas y aceptadas por el Ministerio MinTIC.
En julio de 2021 el Ministerio MinTIC abrió un proceso para declarar la Caducidad del Contrato contra el contratista Unión Temporal Centros Poblados, debido al incumplimiento contractual evidenciado, y a la presentación de Pólizas de Cumplimiento de Contrato falsas para ganar la licitación; para su defensa el contratista decidió contratar al abogado Jorge Pino Ricci, conocido por su relación cercana con Miguel Nule Velilla, contratista vinculado al escándalo del Carrusel de la Contratación. A través de su abogado el contratista Unión Temporal Centros Poblados intentó aplazar en varias ocasiones el trámite del proceso de Caducidad del Contrato; no obstante, el 19 de julio de 2021 se declaró la caducidad, lo que significó que el contrato finalizó inmediatamente, y se hizo efectiva la cláusula penal por el valor de treinta y nueve mil quince millones de pesos ($39.015.000.000), aproximadamente doce millones de dólares.
El 5 de agosto de 2021 se reportó que el ministerio MinTIC abrió una investigación a la firma interventora del contrato, consorcio PE 2020 C Digitales, conformado por las empresas Telemediciones, PMO Solycom S.A.S. y Eurocontrol S.A. sucursal Colombia; el contrato de interventoría tenía un valor de $19.000.000.000 COP, y esta firma estaba encargada de verificar en el terreno, si la Unión Temporal Centros Poblados efectivamente estaba instalando los puntos de internet como estaba contratado; además, la interventoría tenía también la función de recibir de la Unión Temporal Centros Poblados los soportes correspondientes, como requisito para posteriormente entregar al MinTIC los conceptos, favorables o desfavorables, para la entrega de los anticipos; en este caso de corrupción la interventoría entregó al MinTIC los conceptos favorables, dando así aprobación al desembolso de los anticipos a pesar de que el contratista Unión Temporal Centros Poblados no entregó los soportes correspondientes; la firma interventora aprobó dos desembolsos y por eso el MinTIC de Karen Abudinen logró realizar un primer desembolso por $70.000.000.000 COP ($17,500,000 USD).
De acuerdo al reporte de los medios de comunicación, del total del dinero del anticipo ($70.000.000.000 COP), $58.300.000.000 COP fueron depositados en las cuentas bancarias de la empresa Nuovo Security LLC en Delaware; el resto del dinero, $11.900.000.000, fue depositado en las cuentas de la empresa INSELSA S.A.S. con sede en Barranquilla.
El 19 de agosto de 2021 el diario El Espectador informó que el empresario Efraín Eduardo González Hamburger, uno de los fundadores de la empresa Nuovo Security LLC, al enterarse por los medios de comunicación que la empresa estaba bajo investigación, denunció ante la Fiscalía General de la Nación de Colombia que su socio, Juan Carlos Cáceres Bayona, negoció el contrato para proveer equipos a la Unión Temporal Centros Poblados; en el documento producto de esta negociación Cáceres falsificó la firma de González con el fin de gestionar la sociedad Nuovo Security LLC; Nuovo Security LLC es una empresa cuya actividad económica es la venta e instalación de cámaras de seguridad; también realiza comercio al por menor de computadores, equipos periféricos, programas de informática y equipos de telecomunicaciones; tiene filiales en Barranquilla (Colombia) y en el paraíso fiscal de Delaware (Estados Unidos de América).
Ese mismo día se reportó que el abogado y empresario Emilio Tapia estaba implicado en el Caso Centros Poblados; Tapia es el dueño en la sombra de la empresa ICM Ingenieros, que hace parte de la Unión Temporal Centros Poblados, y es conocido por ser uno de los protagonistas del saqueo a las arcas de Bogotá, cuando hizo parte del denominado "Carrusel de la Contratación". Según el expediente de la Fiscalía, Juan Carlos Cáceres Bayona era dueño de la empresa Nuovo Security LLC y, junto a Emilio Tapia, tenían el control de todas las empresas que hacían parte de la Unión Temporal Centros Poblados: ICM Ingenieros, Novotic, Intec de la Costa y Omega Building S.A.S. Otro involucrado en el escándalo fue el empresario de la costa Caribe Ottomar Lascarro Torres, quien controlaba dos de estas empresas, utilizadas para que Emilio Tapia lograra adjudicarse el contrato con el ministerio MinTIC: Omega Building S.A.S. e Intec de la Costa.
El 24 de agosto de 2021 se denunció que la póliza falsa que amparaba el pago de varios millones de dólares, había sido revisada y aprobada en el MinTIC de Karen Abudinen en solo 18 minutos; los encargados de la verificación en el MinTIC no corroboraron la información sobre las pólizas.
El 24 de agosto de 2021, el juez Alberto Mario Ospino, del Juzgado Promiscuo Municipal de Puerto Colombia, Atlántico, en respuesta a una acción de tutela presentada por el abogado de la Unión Temporal Centros Poblados, ordenó suspender la Caducidad y continuar con el Contrato. Está situación generó gran indignación en el país porque la tutela no se presentó en Bogotá D.C., ciudad donde se firmó el contrato, si no en el apartado pueblo de Puerto Colombia, donde solo hay un juez promiscuo, ubicado en el área de influencia de los propietarios de las empresas que conforman la Unión Temporal Centros Poblados; de esta misma zona es originaria la Ministra de las TIC Karen Abudinen, y esto generó fuertes sospechas sobre el trasfondo de ese fallo judicial; la decisión judicial se conoció a nivel nacional y en respuesta a esto, el juez promiscuo procedió con rapidez a revertir su propia sentencia al declarar improcedente la acción de tutela, y al día siguiente 25 de agosto de 2021, volvió a estar vigente la Caducidad del Contrato.