Las sanciones internacionales contra el gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua son medidas adoptadas por Estados Unidos, Canadá, Suiza y la Unión Europea contra altos funcionarios públicos pertenecientes al gobierno de Daniel Ortega, como respuesta a la represión de la Protestas en Nicaragua de 2018 y acusaciones de violaciones a los derechos humanos tanto de la oposición política como de la población civil.

Las sanciones internacionales tienen como objetivo principal afectar al entorno más cercano que rodea a Daniel Ortega y a sus principales colaboradores, y no así a todo el país, tratando de esa manera de evitar en lo menos posible que dichas sanciones no afecten también al pueblo nicaragüense.

Antecedentes

Los orígenes de las sanciones internacionales contra el gobierno de Daniel Ortega se remontan a las Protestas en Nicaragua de abril de 2018, cuando durante ese año y según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) fueron asesinadas unas 328 personas a manos de las fuerzas de seguridad del estado y también a manos de simpatizantes seguidores del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) cuyo líder es Daniel Ortega. Dichas muertes causaron una gran conmoción no solo en Nicaragua sino también a nivel internacional y en varios países.

En cambio, Daniel Ortega calificó a las protestas antigubernamentales como enemigos de la "Revolución Sandinista" y justifico las detenciones políticas alegando que se estaba gestando un supuesto "Golpe de Estado" contra su gobierno por parte de la oposición política, señalando además que no eran 326 los fallecidos sino solamente eran unos 200 muertos.

Estados Unidos

2018 El 18 de julio de 2018 y algunos meses después de las protestas y asesinatos de abril de 2018, los senadores republicanos Marco Rubio y Ted Cruz junto al senador demócrata Dick Durbin presentaron un proyecto de LEY en el Senado de los Estados Unidos para penalizar a los miembros del Gobierno sandinista, pues lo acusan de se responsables de las muertes de personas que participaron en las protestas.

El 22 de agosto de 2018 fue sancionado el comisionado Francisco Díaz Madriz, jefe de la Policía Nacional y consuegro del presidente Ortega.

El 27 de noviembre de 2018, el gobierno del presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva en donde sanciona a la Vicepresidenta de Nicaragua Rosario Murillo (esposa de Daniel Ortega) y a su asesor de seguridad Néstor Moncada Lau, acusándolos por corrupción y graves abusos a los derechos humanos. El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos señaló que la orden ejecutiva firmada por el propio Presidente de los Estados Unidos implica el bloqueo de cualquier "propiedad o intereses en propiedades" de Murillo que estén en manos de un estadounidense o bajo jurisdicción estadounidense.

Además, la sanción también prohíbe a cualquier ciudadano estadounidense realizar negocios con Rosario Murillo o Moncada y la Casa Blanca comunicó que la entrada de los sancionados al país también ha quedado suspendida y prohibida.

2019 El 17 de abril de 2019 se anuncian sanciones económicas contra el hijo de Ortega, Laureano Ortega y el Banco Corporativo SA (Bancorp), siendo acusados de facilitar la corrupción dentro del país. 21 de junio de 2019, en coordinación con Canadá, Estados Unidos anuncia sanciones contra Gustavo Porras Cortés, Orlando Castillo, Sonia Castro y Oscar Mojica por "apoyar la represión sistemática y la violación de derechos humanos".

El 7 de noviembre de 2019, El Secretario de Estado, Mike Pompeo, decreta sanciones contra dos comisionados acusados de violaciones a los derechos humanos, los cuales son Roberto José López, Ramón Avellán y al presidente del Consejo Supremo Electoral, Lumberto Campbell. El 12 de diciembre es sancionado el hijo de Ortega, Rafael Ortega, así como tres empresas que están bajo control de Rafael Ortega Murillo.

2020 El 5 de marzo de 2020 se anuncian sanciones a la Policía Nacional de Nicaragua, así como a tres comisionados que son Juan Antonio Valle Valle, Justo Pastor Urbina y Luis Pérez Olivas. Se anuncia el congelamiento de sus activos en Estados Unidos, así como prohíbe a los ciudadanos estadounidenses hacer negocios con ellos.

El 22 de mayo de 2020, el Jefe de Estado Mayor del Ejército de Nicaragua, Julio César Avilés y el Ministro de Hacienda, Iván Acosta, son sancionados y son señalados de apoyar la represión contra opositores al gobierno. El 17 de julio, se anuncia un nuevo paquete de sanciones al hijo de Ortega, Juan Carlos Ortega y el testaferro de Ortega, José Mojica.

El 9 de octubre de 2020 son sancionados la fiscal general, Ana María Guido, el secretario de la presidencia, Paul Oquist y la Caja Rural Nacional, una empresa cooperativa cercana al gobierno de Daniel Ortega.

El 21 de diciembre de 2020 se colocan sanciones al vicepresidente de la Corte Suprema, Marvin Aguilar, el diputado Walmaro Gutiérrez y el comisionado policial Fidel Domínguez.

2021 El 9 de junio de 2021, tras las detenciones arbitrarias de candidatos opositores para las elecciones generales de 2021, Estados Unidos en respuesta anuncia sanciones contra la hija de Ortega, Camila Ortega, el presidente del Banco Central de Nicaragua, Leonardo Ovidio Reyes, el militar Julio Rodríguez Balladares y el diputado Edwin Castro, quienes son acusados de promover la represión y persecución de candidatos opositores.

El 15 de noviembre de 2021, tras la celebración de las elecciones generales en las que Daniel Ortega fue reelegido en medio de acusaciones de fraude electoral, Estados Unidos anuncia sanciones contra el Ministerio Público, así como a nueve funcionarios del gobierno de los cuales son José Chavarría, Luís Ángel Montenegro, Rodolfo López, José Antonio Castañeda, Mohamed Lashtar, Salvador Castrillo, Sadrach Rocha, Leónidas Centeno y Francisco Valenzuela.

2022 El 10 de enero de 2022, tras la quinta investidura presidencial de Daniel Ortega, el gobierno de Joe Biden anuncio una nueva ronda de sanciones contra seis funcionarios del gobierno entre los que están el jefe departamental del Ejército Bayardo Pulido, la directora subdirectora de TELCOR Nahima Díaz y Celina Delgado, el presidente del consejo de administración de ENIMINAS Ramón Calderón Vindell, la ministra de defensa Rosa Barahona y el Jefe de Estado Mayor del Ejército Bayardo Rodríguez.

El 10 de marzo de 2022, Estados Unidos sanciona a nueve funcionarios por ser "actores corruptos y antidemocráticos". Entre los sancionados se encuentran los miembros del Consejo Supremo Electoral Brenda Rocha, Cairo Amador y Lumberto Campbell, así como al diputados sandinistas Edwin Castro, Walmaro Gutiérrez, Carlos Wilfredo Navarro, Gustavo Porras Cortés, así como a la presidenta del Partido Liberal Constitucionalista, María Haydeé Osuna.

El 17 de junio de 2022, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos anuncia sanciones a la empresa minera estatal llamada Empresa Nicaragüense de Minas (ENIMINAS), así como al presidente de dicha corporación, Ruy Delgado López, por presuntos vínculos con el gobierno de Rusia. El 24 de octubre de 2022 se anuncian nuevas sanciones contra el sector minero de Nicaragua citando una presunta financiación para reprimir a opositores al gobierno y se anuncia la sanción del funcionario Lenín Cerna.

2023 El 19 de abril de 2023, El Secretario de Estado, Antony Blinken, anuncia la sanción de tres jueces nicaragüenses de los cuales, son señalados de participar en la despojación de la ciudadanía de más 300 nicaragüenses. Se nombra a Nadia Tardencilla, Ernesto Rodríguez Mejía, y Octavio Rothschuh como los responsables directos de dichas acciones.

2024 El 21 de marzo de 2024 se anuncian sanciones contra la Procuradora General Wendy Morales y se le acusa de ser cómplice de la represión política del gobierno de Ortega-Murillo, confiscar propiedades de 300 nicaragüenses y apoyar el cierre arbitrario de más de 3.500 organizaciones civiles.

El 15 de mayo de 2024, se anuncian sanciones a más de 250 personas vinculadas con el gobierno de Daniel Ortega, así como empresas y mineras vinculadas al gobierno.

2026 El 26 de febrero de 2026, el gobierno de Donald Trump anuncia sanciones en contra de Johana Flores, Leonel Gutíerrez, Denis Membreño, Celia Reyes y Aldo Sáenz. El 16 de abril de 2026 se anuncian sanciones contra varios funcionarios del gobierno, incluyendo empresarios extranjeros relacionados al sector minero como lo son Santiago Bermúdez y Feiwu Bian.

Canadá

2019 El 21 de junio de 2019 y en coordinación con Estados Unidos, Canadá también decidió sancionar a la vicepresidenta Rosario Murillo y junto a ella a más de 14 personas, entre ellas a su hijo, Laureano Facundo Ortega Murillo; al jefe de la Policía Nacional de Nicaragua, Francisco Javier Díaz Madriz; al asesor de Seguridad Nacional de la presidencia, Néstor Moncada Lau; y al Secretario General de la Alcaldía de Managua, Fidel Antonio Moreno Briones entre otros. Sin embargo, no se especificó de qué manera serían penalizados. El motivo por el cual Canadá decidió aplicar estas sanciones contra "miembros clave" del Gobierno de Ortega, se debe a que se comprobó "violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos" en el país centroamericano.

2021 El 14 de julio de 2021, el Gobierno de Canadá anuncio nuevas sanciones contra 14 personas relacionadas al gobierno de Ortega entre los que se encontraba su hija Camila Ortega Murillo. Tras las elecciones generales de 2021, el gobierno canadiense anuncio nuevas sanciones contra 11 funcionarios del gobierno incluido a los alcaldes de Matagalpa, Estelí y Jinotega, además de la presidenta de la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua, Alba Luz Ramos y el asesor económico de la presidencia, Bayardo Arce Castaño.

Unión Europea En octubre de 2020 la Unión Europea sancionó a los comisionados Ramón Avellán y Francisco Díaz Madriz, la exministra de Salud, Sonia Castro, y el asesor presidencial, Néstor Moncada Lau.

Ucrania En febrero de 2021, la Verkhovna Rada de Ucrania aprobó sanciones económicas contra el presidente Ortega y su gobierno. Las sanciones fueron en respuesta al envío de Ortega de una delegación al territorio de Crimea ocupado por Rusia en noviembre de 2020.

Lista de individuos sancionados