Jalida Yarrar (; Nablus, 9 de febrero de 1963) es una política palestina y activista feminista de izquierdas, miembro del Buró Político del Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP) y miembro del Consejo Legislativo Palestino. Fue elegida al parlamento palestino en enero de 2006 como una de los tres diputados del FPLP y ha seguido ejerciendo en su cargo desde entonces. Yarrar también es la representante palestina en el Consejo de Europa y presidenta del Comité de Prisioneros del parlamento palestino. Además, ha jugado un papel determinante en la solicitud de Palestina ante la Corte Penal Internacional. Yarrar es una activista en el campo de la defensa de los derechos humanos, especialmente los derechos de los prisioneros palestinos. Dirigió la ONG Addameer para la defensa de prisioneros y detenidos palestinos.
Jalida Yarrar ha sido arrestada en numerosas ocasiones por las autoridades israelíes, la mayoría de las cuales desembocaron en una detención administrativa, lo que supone el encarcelamiento por un tiempo indefinido sin que se presenten cargos ni se lleve a juicio al detenido. En una ocasión, un tribunal militar israelí la acusó de «incitación e implicación en actividades terroristas». El cargo de incitación se refiere a unas declaraciones públicas realizadas en 2012 en las que criticaba la ocupación israelí de Cisjordania. El tribunal la condenó a 15 meses de prisión de los que llegó a cumplir 6, tras lo que fue puesta en libertad después de una campaña de apoyo internacional.
En marzo de 2021, después de haber pasado dos años en la cárcel sin cargos, un tribunal militar israelí la condenó a dos años de prisión mediante un acuerdo con la fiscalía en la que declaraba pertenecer a una organización, el Frente Popular para la Liberación de Palestina, que es considerada como un grupo terrorista por Israel. Yarrar declaró que el acuerdo se había debido a las condiciones extenuantes de los procedimientos legales, a la falta de confianza en los tribunales militares israelíes y a la amenaza de ser condenada a 7 años si no aceptaba el acuerdo. Fue liberada el 26 de septiembre de 2021.
En 2024, fue arrestada nuevamente después del estallido de la guerra entre Israel y Hamás. En enero de 2025, fue liberada como parte del acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamás.
Biografía Su padre tenía una tienda de juguetes en Nablus. En 1985, después de una relación de cinco años y tras haber completado su máster de grado en la Universidad de Birzeit, se casó con Ghassan Jarrar, un compañero de clase que ahora trabaja como fabricante de muebles y juguetes en la localidad de Beit Furik. Su marido es un exactivista político que ha sido arrestado 14 veces por las autoridades israelíes y que ha pasado más de 10 años en cárceles israelíes en detención administrativa. La pareja tiene dos hijas, Yafa, con una licenciatura en Derecho por la Universidad de Ottawa, y Suha, con un máster de grado sobre ciencia y políticas del cambio climático. Yarrar vive con su familia en Al Bireh.
Tras la muerte de su hija Suha por un infarto en julio de 2021, las autoridades israelíes negaron a Jarrar la libertad provisional por cuestiones humanitarias, medida que había solicitado para poder atender al funeral de su hija Suha, fallecida por un paro cardíaco. Yarrar visitó la tumba de su hija una vez liberada, en septiembre de 2021.
Carrera política Ha sido una activista de derechos humanos durante muchos años. Fue detenida por primera vez el 8 de marzo de 1989, tras su participación en una manifestación en el Día Internacional de la Mujer. También estuvo activa durante varios años en apoyo de los prisioneros palestinos y trabajó entre 1993 y 2005 como directora de Addameer, una ONG en defensa de los derechos humanos y los presos palestinos ubicada en Ramala. Anteriormente trabajó para la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA) y participó activamente en el trabajo con mujeres palestinas y en la defensa de los derechos de las mujeres.
Desde 1998, año en el que asistió a una Cumbre de Defensores de los Derechos Humanos en París, las autoridades israelíes prohibieron a Yarrar viajar fuera de Palestina. En 2005, las autoridades israelíes se negaron a permitirle salir del país, la sexta negativa desde 2000, para asistir a una conferencia de derechos humanos en Irlanda organizada por Front Line Defenders (Front Line), concretamente la «Tercera Plataforma de Dublín para Defensores de Derechos Humanos». La conferencia estaba programada entre el 13 y 15 de octubre de 2005 en Dublín. Por aquel entonces todavía no había sido acusada de ningún delito por las autoridades israelíes. Desde marzo de 2006, se convirtió en la máxima líder política del Frente Popular para la Liberación de Palestina después de que el secretario general del grupo, Ahmed Saadat, fuera arrestado y puesto en régimen de aislamiento.
Dado que no obtuvo permiso para salir de Cisjordania, fue entrevistada por teléfono en 2009 con motivo del Informe Goldstone, que investigó las violaciones de derechos humanos durante la guerra de Gaza de 2008-2009.
Problemas de salud Yarrar ha sufrido episodios de trombosis venosa profunda y su abogado ha denunciado que no dispone de un cuidado médico apropiado para su enfermedad en las prisiones israelíes. En julio de 2010, un médico la informó de que las pruebas indicaban que necesitaba un escáner cerebral urgente para establecer un diagnóstico neurológico exacto. Dado que en Cisjordania, donde se encontraba detenida en ese momento, no había equipamiento médico para realizar este diagnóstico, el Ministerio de Salud palestino le informó de que el sistema sanitario palestino cubriría los costes de su hospitalización en Amán, pero no en Israel. Como diputada del Consejo Legislativo Palestino, la expatriación para pruebas médicas debería estar garantizada. Un oficial israelí de la Administración Civil en los territorios ocupados declaró que no había ninguna amenaza de seguridad para Israel en un posible traslado de Yarrar a Jordania. El 29 de agosto, cuando ya se encontraba en el Puente Allenby (en la frontera palestino-jordana), el servicio de inteligencia israelí, Shin Bet, la declaró una amenaza de seguridad para la región. La exvicepresidenta del Parlamento Europeo, Luisa Morgantini, pidió a la Eurocámara que interviniese para exigir a Israel que dejase a Yarrar ir a Amán para recibir su tratamiento médico. Finalmente se le permitió viajar a Amán.
Orden de expulsión miniaturadeimagen|Manifestación en París por la liberación de algunas presas palestinas, incluida Jalida Yarrar.
El 20 de agosto de 2014, unos cincuenta soldados israelíes rodearon la casa de Jarrar en Ramala, tras lo que un agente israelí le dio una orden de expulsión en la que se la declaraba una amenaza para la seguridad de la región y se le exigía que abandonase su lugar de residencia, Ramala, y se trasladase a la Gobernación de Jericó, donde tendría que vivir sometida a un estricto protocolo de restricción de movimientos durante seis meses. La orden debía ejecutarse inmediatamente. Ella rechazó la orden y declaró: «La ocupación es la que debe abandonar nuestra patria». Ramala, según los Acuerdos de Oslo, se encuentra ubicada en la denominada Área A, bajo plena jurisdicción palestina.'Urgent Appeal: Palestinian Legislative Council Member Khalida Jarrar Expelled to Jericho,' Addameer org. 20 August 2014. Yarrar se negó a firmar la orden.
Presentó una apelación contra esta orden ante un tribunal israelí, que rebajó el periodo de restricción de movimientos de 6 meses a 1 solo mes. En cualquier caso, nunca llegó a irse de Ramala. Según un columnista del diario israelí Haaretz, fue su negativa a ser deportada la que ocasionó su arresto en abril de 2015.
Detención administrativa, juicio y condena El 2 de abril de 2015, cerca de las 1:15 de la madrugada, fue detenida en su domicilio por soldados israelíes. Su marido afirma que una unidad de unos 50 o 60 soldados rompieron la puerta principal y se adentraron en la casa, aunque aparte de esta acción no se comportaron de manera violenta. No se le informó de ninguna causa para su arresto, aunque un comandante, un tal capitán Yihye, afirmó que ella había ignorado una orden anterior del ejército de abandonar su casa. Los soldados trataron de evitar que marido y mujer se abrazaran antes de que se la llevaran, pero Yihye intervino para permitirlo. Después de que los soldados se llevasen a Jarrar, su marido se encontró a una de sus hijas esposada. Según la orden de arresto, a Yarrar se la relacionaba con la «incitación e implicación en actos de terrorismo». Fue interrogada durante cuatro horas y encarcelada en la prisión de HaSharon. Los soldados confiscaron dos ordenadores y un teléfono móvil de su casa. El comandante en jefe del Comando Central, el general Roni Numa, emitió una orden de detención administrativa de seis meses contra ella; dicha orden permite al ejército israelí detener a cualquier persona de manera indefinida, sin presentar cargos contra él y sin informarle de qué se le acusa. A pesar de las protestas internacionales, esta orden se confirmó el 8 de abril. El diario israelí Haaretz condenó la detención sin pruebas de Yarrar y condenó el uso excesivo que Israel hace de este procedimiento. El derecho humanitario internacional acepta la detención administrativa en casos excepcionales y sólo como último recurso, aunque diversas asociaciones en favor de los derechos humanos argumentan que Israel, que afirma que estas detenciones frustran posibles ataques, sobrepasa los límites con su uso abusivo de esta práctica.
miniaturadeimagen|Ayman Odeh junto con la parlamentaria palestina Jalida Yarrar, poco después de la liberación de esta última en 2016.
Los diputados israelíes de origen palestino, incluido Ahmad Tibi, exigieron su liberación inmediata, mientras que Aida Touma-Suleiman la calificó de «una detención política de una diputada electa que se opone a la ocupación». Un defensor de los presos palestinos que se dedica a mejorar sus condiciones de vida, Kaddoura Fares, declaró que el momento concreto del arresto despertaba sospechas en torno a si la medida adoptada por Israel contra Jarrar era una especie de venganza, teniendo en cuenta su papel al supervisar los procedimientos relativos a la Corte Penal Internacional (CPI), y el hecho de que la orden de detención se ejecutase inmediatamente después de que la Autoridad Nacional Palestina fuese aceptada como miembro del CPI. Su marido también declaró que podía tratarse de una represalia por el ingreso de Palestina en el CPI. Amnistía Internacional destacó que Jarrar padece problemas de salud crónica que se pueden agravar con una detención indefinida sin cargos ni pruebas. Cincuenta y ocho diputados del Parlamento Europeo protestaron contra su arresto en una carta abierta a Federica Mogherini, en la que declaraban que los intentos de realizar un desplazamiento forzoso de una persona bajo un régimen de ocupación, condición en la que Jarrar se encontraba en 2014, constituyen una violación del Cuarto Convenio de Ginebra. Haaretz afirmó en el momento de su arresto: