La Constitución de la República de El Salvador es la ley fundamental que rige al Estado salvadoreño desde el 20 de diciembre de 1983. Fue adoptada en su forma original por la Asamblea Constituyente de 1982 tras el golpe de Estado de 1979 que derrocó al general Carlos Humberto Romero y las tres sucesivas pero infructuosas juntas cívico-militares.
Desde su entrada en vigencia, se han realizado más de treinta y cuatro reformas, las cuales han cambiado de manera significativa su texto original. Entre las reformas más importantes destacan las realizadas entre 1991 a 1996, como consecuencia de los Acuerdos de Paz del 16 de enero de 1992 firmados en el castillo de Chapultepec (Ciudad de México), y las reformas hechas desde 2024, especialmente el cambio del artículo 248 que establecía el requerimiento de dos legislaturas sucesivas para modificar la Constitución. Este último acto, combinado con la habilitación que se le ha dado al presidente Nayib Bukele —quien gobierna el país desde 2019— para presentarse a la reelección de manera indefinida, ha provocado críticas entre analistas políticos y jurídicos opositores salvadoreños, así como preocupación de parte de la comunidad internacional.
Antecedentes
Desde su formación como Estado independiente en 1824, El Salvador ha contado con doce leyes fundamentales, siendo la más reciente y que se encuentra en vigencia la Constitución de 1983. Sin embargo, desde su independencia de España los salvadoreños ya habían adoptado las constituciones de las Provincias Unidas de 1823 y 1824. El Salvador, como parte de la República Federal, adoptó su primera constitución el 12 de junio de 1824. Sin embargo, cuando la República Federal desapareció en 1841, el Estado salvadoreño adoptó una nueva constitución ese mismo año, siendo la primera que realizó como una entidad plenamente independiente.
Historia El 15 de octubre de 1979, el presidente Carlos Humberto Romero fue derrocado y sustituido por la Junta Revolucionaria de Gobierno. El primer acto del nuevo gobierno provisional fue suspender la vigencia de la Constitución de 1962 que había servido de respaldo legal a los regímenes autoritarios del Partido de Conciliación Nacional (PCN). A mediados de 1981, en plena guerra civil, la Junta Revolucionaria de Gobierno prometió iniciar un proceso de democratización y convocar comicios para elegir una Asamblea Constituyente.
La Asamblea Constituyente elegida en marzo de 1982, de sesenta miembros, tenía la tarea de elaborar una nueva constitución. Se esperaba que este nuevo documento institucionalizara (aunque quizás con modificaciones) las medidas de reforma adoptadas por los distintos gobiernos militares después de 1979; también serviría como plan maestro para un sistema de gobierno democrático representativo. Además de diseñar la estructura de dicho gobierno, la Asamblea Constituyente era responsable de establecer el calendario de las elecciones presidenciales de 1984.
La mayoría de los diputados de la Asamblea Constituyente pertenecían a partidos políticos conservadores. Estos partidos obtuvieron aproximadamente el 52 % del total del voto popular. El Partido Demócrata Cristiano (PDC), de tendencia moderada, consiguió el 35.5 %. Estos resultados se tradujeron en veinticuatro escaños para el PDC y treinta y seis para una coalición de derecha poco cohesionada integrada por la Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), el Partido de Conciliación Nacional (PCN), Acción Democrática (AD), el Partido Popular Salvadoreño (PPS) y el Partido de Orientación Popular (POP).
Representantes de estos cinco partidos publicaron un manifiesto en marzo de 1982, en el que condenaban tanto el comunismo como el socialismo demócrata cristiano y declaraban que ambas ideologías habían sido rechazadas por el pueblo a través de las urnas. Los líderes de la coalición sugirieron que se estaban preparando para limitar la influencia demócrata cristiana en la redacción de la Constitución y para excluir al PDC de la participación en el gobierno interino que sería designado por la Asamblea Constituyente.
La Asamblea Constituyente Los objetivos originales y excluyentes de la coalición de derecha no se cumplieron. Durante su existencia (desde abril de 1982 hasta diciembre de 1983), la Asamblea Constituyente se vio presionada por diversas fuentes (principalmente, el gobierno de los Estados Unidos y las fuerzas armadas salvadoreñas). Enviados estadounidenses de la Casa Blanca y del Congreso presionaron a los líderes políticos salvadoreños para que incorporaran al PDC al gobierno interino y preservaran las medidas de reforma (en particular, la reforma agraria). Estaba en juego la continuidad de la ayuda estadounidense (tanto económica como militar), sin la cual El Salvador habría tenido dificultades para sostener su transición democrática ante la creciente presión militar y política del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional-Frente Democrático Revolucionario (FMLN-FDR), los grupos de oposición guerrilleros (FMLN) y políticos (FDR) de izquierda que se unificaron en 1981 en un intento por tomar el poder por medios subversivos.
El alto mando militar de El Salvador reconoció esta realidad y prestó su considerable influencia a la causa de la continua participación del PDC en el gobierno. Los democratacristianos habían sido incorporados a las juntas por instigación de oficiales reformistas; para 1982, el PDC y los militares habían llegado a un entendimiento práctico basado en su interés común de mantener buenas relaciones con los Estados Unidos, ampliar la participación política, mejorar las condiciones económicas del salvadoreño promedio y contrarrestar el desafío de la izquierda marxista. En realidad, este último objetivo era primordial y abarcaba los otros tres. La opinión popular y las manifestaciones de apoyo a reformas específicas ejercieron una influencia menor sobre los diputados. Por ejemplo, grupos campesinos organizaron concentraciones frente a las cámaras de la Asamblea Constituyente para presionar por la continuidad de los decretos de reforma agraria.
La Asamblea Constituyente delegó la redacción de la Constitución a una comisión especial integrada por representantes de los principales partidos políticos. Acordó restablecer la Constitución de 1962 (con algunas excepciones) hasta que se elaborara y aprobara una nueva carta magna. Al mismo tiempo, los diputados votaron a favor de ratificar la validez de los decretos emitidos por los gobiernos de la junta militar, tales como los que promulgaban reformas agrarias, bancarias y de comercio exterior. Tras restablecer un marco jurídico funcional, la Asamblea Constituyente se arrogó la facultad de actuar como poder legislativo mediante la aprobación de decretos constituyentes.
Dado que no podía funcionar como poder legislativo y ejecutivo a la vez, la Asamblea Constituyente debía aprobar el nombramiento de un presidente y varios vicepresidentes provisionales. Durante las elecciones presidenciales, solo los miembros de la Asamblea Constituyente tenían derecho a voto. Muchos observadores creían que Roberto d'Aubuisson Arrieta, líder de ARENA y elegido presidente de la Asamblea Constituyente el 22 de abril de 1982, y Mario Andrew Valdez, cirujano de San Salvador, seleccionado al azar para actuar como vicepresidente, asesor civil sobre asuntos presidenciales y elegido el 10 de diciembre de 1982, eran los candidatos más probables. Sin embargo, los supuestos vínculos de d'Aubuisson con la derecha violenta jugaron en su contra. Se informó que Estados Unidos y el alto mando salvadoreño ejercieron una fuerte presión en contra del nombramiento de d'Aubuisson, principalmente argumentando que su imagen negativa fuera de El Salvador complicaría (si no impediría) la provisión de ayuda sustancial por parte de Washington. Aparentemente influenciados por este argumento, los miembros de la Asamblea Constituyente nombraron a Álvaro Magaña Borja (un político moderado con vínculos con las fuerzas armadas) para el cargo el 26 de abril. Durante la votación, el PDC, el PCN y el minoritario AD se unieron en una coalición y eligieron a Magaña, derrotando al candidato de ARENA, Hugo César Barrera, por un margen de 36 a 17 con 7 abstenciones. D'Aubuisson acusó al coronel Jaime Abdul Gutiérrez Avendaño, miembro de la Junta Revolucionaria de Gobierno, de amañar las elecciones a favor de Magaña. El gobierno provisional comenzó el 2 de mayo de 1982, convirtiéndose en el primer presidente civil desde Arturo Araujo en 1931. En un esfuerzo por mantener el equilibrio político, el gabinete de Magaña incluyó miembros de los tres principales partidos: ARENA, PDC y PCN.
Disputa agraria A pesar de su derrota en la cuestión de la presidencia provisional, ARENA continuó manteniendo la llave del poder en El Salvador a través de su liderazgo de la mayoría conservadora en la Asamblea Constituyente. Los «areneros» (seguidores de este partido) manifestaron su frustración con el proceso político principalmente en el ámbito de la reforma agraria. En mayo de 1982, Magaña propuso una suspensión parcial de la fase III de la reforma (el programa Tierra al Labrador) para la temporada de cosecha de 1982-1983 con el fin de evitar pérdidas agrícolas ocasionadas por la transferencia de títulos de propiedad.
La coalición liderada por ARENA aprovechó esta propuesta y la amplió para incluir cerca del 95 % de las propiedades de la fase III. Esta acción fue interpretada por las partes interesadas (en El Salvador y en el extranjero) como un intento de la derecha por eliminar la reforma agraria y fomentar el desalojo de los beneficiarios de tierras (un proceso que ya estaba en marcha en ese momento), aunque su alcance era difícil de cuantificar; esto condujo directamente a una limitación por parte del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de los Estados Unidos a la ayuda militar y a los Fondos de Apoyo Económico (FAE) a El Salvador.
Aunque el electorado interno más importante de ARENA —la élite económica— continuó abogando por la limitación (si no la eliminación) de la reforma agraria, era evidente que tales esfuerzos en la Asamblea Constituyente tendrían repercusiones negativas. El hecho de que el liderazgo de ARENA no tuviera en cuenta esta realidad y su aparente incapacidad o falta de voluntad para buscar el compromiso y la conciliación en este y otros asuntos contribuyeron a su eventual pérdida de influencia entre los delegados de centroderecha del Legislativo y la cúpula militar.
Pacto de Apaneca En agosto de 1982, en un intento por controlar a los areneros e impedir que sabotearan no solo las reformas, sino también el incipiente sistema democrático, Magaña (aparentemente a instancias de los jefes militares y de los Estados Unidos) reunió a representantes de ARENA, PDC y PCN para negociar una «plataforma básica de gobierno». En lo que se conoció como el «Pacto de Apaneca», las partes acordaron ciertos principios generales en materia de democratización, protección de los derechos humanos, promoción del desarrollo económico, preservación de las reformas económicas y sociales y protección de la seguridad del país frente al violento conflicto con las fuerzas subversivas de izquierda.
En términos organizativos, el pacto estableció tres comisiones: una Comisión Política para elaborar un calendario y directrices para futuras elecciones, una Comisión de Derechos Humanos para supervisar y promover mejoras en ese ámbito y una Comisión de Paz para explorar posibles soluciones al conflicto armado. Las directrices establecidas por el pacto aliviaron en cierta medida la caótica situación gubernamental; también fueron significativas para integrar a ARENA en una asociación gubernamental formal con actores más moderados (como el PDC) y comprometer a los areneros (al menos en principio) con la preservación de cierto grado de reforma.