La despenalización de la homosexualidad en Ecuador tuvo lugar el 25 de noviembre de 1997, cuando el Tribunal Constitucional emitió una sentencia en el Caso 111-97-TC en que declaró inconstitucional el primer inciso del artículo 516 del Código Penal, que tipificaba las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo como un delito con una pena de cuatro a ocho años de reclusión. El dictamen puso fin a más de cien años de criminalización de la homosexualidad y fue el resultado de una demanda presentada por diferentes agrupaciones LGBT que se habían articulado como respuesta a los abusos policiales de los que habitualmente eran víctimas las personas pertenecientes a la diversidad sexual en Ecuador.
La homosexualidad había sido prohibida en el país en 1871, pero por mucho tiempo el tema fue poco tratado. Esto cambió en la década de 1970, cuando las personas LGBT comenzaron a ganar visibilidad gracias al aumento de la población urbana y al efecto de eventos internacionales como los disturbios de Stonewall. No obstante, esto causó un incremento en la represión policial, particularmente en los años de presidencia de León Febres-Cordero Ribadeneyra (1984-1988), cuando se cometieron violaciones a los derechos humanos de diferentes grupos de personas, entre ellas las poblaciones LGBT. Durante los años siguientes la represión policial persistió, por lo que organizaciones como FEDAEPS comenzaron a explorar estrategias para cambiar la ley.
En 1997, Ecuador vivía momentos de protestas sociales y de reclamos ciudadanos que presentaron el ambiente propicio para lograr la despenalización de la homosexualidad. Esta época estuvo marcada por manifestaciones de estudiantes, colectivos de mujeres, agrupaciones indígenas y demás actores sociales que reclamaban por las violaciones de derechos humanos y torturas cometidas por la policía durante el gobierno de Febres-Cordero. Adicionalmente, en febrero del mismo año el país había vivido una ola de protestas que desembocaron en la destitución del presidente Abdalá Bucaram. En medio de este contexto, tuvo lugar en la ciudad de Cuenca la redada del bar Abanicos, un establecimiento para público LGBT que fue intervenido violentamente por la policía la noche del 14 de junio de 1997. Los detenidos en el bar sufrieron abusos, torturas y violaciones por parte de los gendarmes y otros reos durante su detención.
Los eventos ocurridos en el bar Abanicos se convirtieron en el catalizador que provocó por primera vez en la historia del país la articulación de los distintos grupos de personas pertenecientes a la diversidad sexual en un frente para buscar la despenalización de la homosexualidad. Este frente fue bautizado como Triángulo Andino y estuvo conformado por las organizaciones FEDAEPS, Coccinelle, Famivida y Tolerancia. Luego de las primeras discusiones, las organizaciones decidieron que la mejor estrategia era presentar una demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 516 del Código Penal, para lo cual necesitaban recoger mil firmas de apoyo. El proceso de recolección de firmas marcó la primera vez en la historia de Ecuador en que personas LGBT se tomaron calles y espacios públicos. Entre estos eventos destacó la primera marcha de personas LGBT del país, que tuvo lugar el 27 de agosto de 1997 y recorrió las calles de Quito hasta desembocar en la Plaza Grande.
El 24 de septiembre de 1997, se presentó la demanda junto con 1400 firmas de apoyo, cuya argumentación se basó en tres puntos: que la homosexualidad no era una enfermedad, que la ley vigente iba en contra del principio constitucional de la no discriminación y que los derechos sexuales eran derechos humanos. El 25 de noviembre de 1997, el Tribunal Constitucional despenalizó la homosexualidad en Ecuador por unanimidad. El dictamen entró en vigencia dos días después con su publicación en el Registro Oficial. Según una encuesta realizada por el diario Hoy en 1997, el 62 % de los ecuatorianos estaba a favor de la despenalización de la homosexualidad.
Antecedentes
thumb|left|La homosexualidad en Ecuador fue penalizada en 1871, durante el gobierno de Gabriel García Moreno. La homosexualidad fue criminalizada en Ecuador por primera vez en el Código Penal de 1871, promulgado durante el gobierno del presidente conservador Gabriel García Moreno. El artículo 401 de este cuerpo legal penalizaba la homosexualidad masculina (a la que hacía referencia con el término «sodomía»), con una pena de cuatro a ocho años de reclusión. Esta pena se mantuvo igual en el Código Penal de 1906, aunque pasó al artículo 364 y se agregó un inciso para los casos en que el delito fuera cometido por ministros de culto o maestros. El artículo 401 del Código de 1871 indicaba:
En 1933, el psicoanalista y escritor ecuatoriano Humberto Salvador publicó el libro Esquema sexual, que alcanzó gran éxito en Latinoamérica, y en el que se posicionó en contra de la criminalización de la homosexualidad en Ecuador con base en puntos de vista clínicos y científicos. También hizo referencia a lo contradictorio que era el hecho de que la ley solo prohibiera la homosexualidad masculina (sodomía) y no la femenina, por lo que concluyó que quizás los autores del Código Penal sentían atracción hacia su mismo sexo y que «por lo mismo, la represión, —hablando en términos freudianos—, adquirió en ellos caracteres de máxima violencia». Indicó además: «Se ha dicho que los que más duramente atacan a un desvío sexual, son los que lo practican o lo aman en secreto. Y es ésta una evidente verdad psicológica».
El siguiente cambio en la legislación concerniente a la diversidad sexual ocurrió en el Código Penal de 1938, que cambió la palabra «sodomía» por «homosexualismo» y de este modo amplió el delito para abarcar las relaciones sexuales lésbicas. No obstante, el inciso segundo continuó refiriéndose solo a personas de sexo masculino. Este artículo fue originalmente el 491, pero años después se trasladó al numeral 516 del Código Penal y se mantuvo sin modificaciones hasta 1997, cuando la homosexualidad fue despenalizada por el Tribunal Constitucional. El artículo contenía los siguientes tres incisos:
Represión policial thumb|right|La policía solía acorralar a las personas LGBT en la puerta de la Circasiana del Parque El Ejido. Las últimas décadas del vieron un aumento considerable en la visibilidad de las personas LGBT en Ecuador, influenciado por las olas migratorias a las grandes ciudades que tuvieron lugar durante la década de los 70, así como al impacto de eventos internacionales como los disturbios de Stonewall o Mayo de 1968 en Francia. Sin embargo, el aumento de la visibilidad de las personas LGBT trajo consigo un incremento en los abusos y detenciones policiales, con el apoyo de políticos conservadores. Esto provocó posteriormente el nacimiento del activismo LGBT en el país y de los esfuerzos por despenalizar la homosexualidad.
Los abusos policiales vieron un marcado recrudecimiento durante el gobierno de León Febres-Cordero Ribadeneyra (1984-1988). En mayo de 1985, Febres-Cordero creó los escuadrones volantes, un grupo de fuerzas especiales de la policía que cometió violaciones sistemáticas a los derechos humanos y actos de tortura con el consentimiento del gobierno. Entre los grupos perseguidos se hallaban trabajadoras sexuales, personas pertenecientes a las poblaciones LGBT o cualquier hombre con características que ellos consideraran «afeminadas». Según el testimonio de activistas de la época, el gobierno de Febres-Cordero instauró el pánico en las personas de la diversidad sexual, que preferían correr ni bien veían acercarse a un patrullero de policía o un escuadrón volante. Luego de ser detenidos, los datos y fotografías de muchas personas LGBT aparecían en periódicos el lunes siguiente con titulares discriminatorios como «cayeron por depravados» o «cayeron por maricones». Otros detenidos murieron a manos de la policía, como el caso de un joven homosexual cuyo cadáver apareció al día siguiente amarrado a un árbol del parque con más de veinte heridas punzantes, u otro cuyo cadáver que fue encontrado con signos de tortura en el río Machángara.
La persecución a las personas LGBT por parte de la policía se mantuvo en la década de 1990. De acuerdo con el testimonio del activista Jorge Medranda, las mujeres transgénero y los hombres homosexuales con características consideradas «afeminadas» recibían el peor trato durante las redadas en bares y discotecas y solían ser golpeados y halados del cabello para ser detenidos. En medio de estas incursiones, una de las estrategias utilizadas para evitar la detención era el cambiar de parejas de baile entre hombres gais y mujeres lesbianas para aparentar ser parejas heterosexuales. En los casos en que las redadas eran más rápidas, las mujeres lesbianas solían enfrentarse a la policía para darle tiempo a los hombres y a las mujeres transgénero de poder escapar del lugar.
Inicio del proceso de despenalización Durante la década de 1990, la Fundación Ecuatoriana de Acción y Educación para la Promoción de la Salud (FEDAEPS), que oficialmente estaba dedicada a la prevención de la propagación del VIH pero que también realizaba actividades a favor de los derechos de las personas LGBT, fortaleció los nexos que tenía con organizaciones extranjeras, entre ellas la Asociación Internacional de Gays y Lesbianas (ILGA), por medio de conversaciones en que compartían estrategias para activismo y empezó a enviar denuncias sobre los atropellos contra las personas de la diversidad sexual. El 7 de noviembre de 1994, aprovechó la presencia en el país de una comitiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y les presentó un informe con los datos recopilados sobre los casos de abusos policiales. La CIDH acogió la denuncia y exhortó a Ecuador a que cumpliera los tratados internacionales en cuanto al respeto y protección de las personas de sexualidades diversas, pero el país ignoró el pedido.
Durante esta experiencia, FEDAEPS comenzó a enfocar sus esfuerzos en resaltar la importancia de lograr la despenalización de la homosexualidad en el país. De particular ayuda en este propósito fueron los contactos de la fundación con la ILGA, que durante su conferencia mundial de 1995, que tuvo lugar del 18 al 25 de junio en Río de Janeiro, llamó a impulsar campañas para despenalizar la homosexualidad en Ecuador, Chile y Nicaragua.
Luego de la destitución del presidente Abdalá Bucaram a principios de 1997 y la toma de posesión de Fabián Alarcón como presidente interino, las organizaciones LGBT extranjeras aliadas a FEDAEPS empezaron a realizar plantones en los foros internacionales a los que asistía el presidente Alarcón para exigirle la despenalización de la homosexualidad. De forma paralela, integrantes de FEDAEPS iniciaron un proceso de cabildeo en el Congreso para buscar la posibilidad de eliminar la criminalización de la homosexualidad, para lo que mantuvieron reuniones con diputados como José Cordero, del partido Democracia Popular. En medio de este contexto, tuvo lugar en Cuenca la redada del bar Abanicos, evento reconocido como el catalizador del proceso de despenalización.
Redada del bar Abanicos