thumb|Restos óseos encontrados en una fosa de la guerra civil en el municipio de Prats de Llusanés.
La represión en la zona sublevada durante la guerra civil española fue la represión política que se desplegó en la «zona nacional» durante la guerra civil (1936-1939) contra los militares que permanecieron leales a la República, contra las autoridades que no secundaron la sublevación y contra los dirigentes, militantes y simpatizantes de los partidos y organizaciones obreras y de izquierdas y de los partidos republicanos que apoyaban al gobierno del Frente Popular. Y también contra personas destacadas de izquierda como el poeta Federico García Lorca. Su objetivo fue eliminar a los que se opusieran al golpe de Estado y atemorizar a la población para atajar cualquier intento de resistencia real o potencial. Para algunos historiadores, como Santos Juliá, Javier Rodrigo o Michael Richards, la represión buscaba también erradicar las diferentes tradiciones socialistas, anarquistas, liberales y demócratas.
La «limpieza» de la retaguardia sublevada se llevó a cabo de forma sistemática, consciente y meditada; no fue «el resultado de un mero estallido espontáneo de violencia irracional y pasional como consecuencia de las hostilidades». Los verdugos ejercieron lo que Julián Casanova ha denominado «represión de clase», especialmente evidente en el mundo rural. De ahí que las víctimas principales de la represión fueran la clase obrera y campesina y la clase media republicana.
El resultado de la represión fue la eliminación física de unas ciento treinta mil personas, ejecutadas extrajudicialmente en los llamados «paseos» y «sacas», predominantes en los primeros meses de la guerra ―los cadáveres aparecían al amanecer en las cunetas, en los descampados o junto a las tapias de los cementerios―, o juzgadas en consejos de guerra sumarísimos sin garantía procesal. En ellos se aplicó lo que Ramón Serrano Suñer calificó de «justicia al revés», que consistía en acusar de rebelión a quienes se habían mantenido fieles a la República. Según Javier Rodrigo, la represión que llevaron a cabo los sublevados fue «el despliegue de violencia política más enervado, sangriento y cruel de la historia de España».
El principal responsable de la represión fue el ejército sublevado, aunque los ejecutores del terror en ocasiones y sobre todo al principio, fueran grupos de falangistas, de requetés, o de voluntarios derechistas. «Sus jefes y oficiales nunca pusieron freno a una represión que siempre controlaron, pese a la apariencia de “descontrol” que rodeó a muchas “sacas” y “paseos”». Por otro lado, la Iglesia católica no solo no alzó su voz contra la persecución sino que la justificó al considerar que lo que se estaba viviendo en España no era una guerra civil sino una «cruzada por la religión, por la patria y por la civilización».
Enrique Moradiellos ha afirmado, en lo que coinciden otros historiadores, que los protagonistas de la represión sellaron un «inmenso “pacto de sangre”» que aseguró su fidelidad al régimen franquista e impidió cualquier tipo de reconciliación con los vencidos, que «quedaron mudos de terror y paralizados por el miedo durante mucho tiempo». Pasada la primera posguerra, el objetivo fundamental de la Dictadura fue ocultar esta «matanza fundacional del franquismo», esperando que pasara el tiempo y todo quedara en el olvido y solo permaneciese la versión de los vencedores. Finalmente, la ley de amnistía de 1977, permitió que nadie tuviera «que responder ante ningún tribunal de justicia».
Características generales La eliminación de los adversarios
thumb|El general Franco y el general Mola junto con otros generales sublevados. Palacio de Capitanía General (Burgos). Fecha desconocida.
La represión violenta y sistemática fue un componente esencial del golpe de Estado en España de julio de 1936 que dio origen a la guerra civil. En las Instrucciones reservadas que dio el general Mola durante la preparación del golpe ya se hacía hincapié en ello. En la Instrucción n.º 1 del 25 de abril de 1936 se decía lo siguiente:
En la instrucción n.º 5, del 20 de junio, insistía en el recurso a la violencia extrema en este caso dirigida contra los militares que no se sumaran a la sublevación:
En los bandos que proclamaron los generales insurrectos en los que declaraban el estado de guerra, supuesta base legal para el golpe y por el que asumían todos los poderes del Estado, aparecía el doble objetivo de la represión: eliminar a los que se opusieran al golpe de Estado y sembrar el miedo y el terror entre la población para atajar cualquier intento de resistencia real o potencial. Un ejemplo fue el bando de guerra que proclamó el general Queipo de Llano en Sevilla el 23 de julio de 1936 en el que se amenazaba con ser «pasadas por las armas inmediatamente [a] todas las personas que compongan la Directiva del gremio» que se pusiera en huelga «y además [a] un número igual de individuos de éste discrecionalmente escogidos». Añadiendo en el punto siguiente: «advierto y resuelvo que toda persona que resista las órdenes de la autoridad o desobedezca las prescripciones de los bandos publicados o que en lo sucesivo se publiquen, será también fusilada sin formación de causa».
Un decreto de 28 de julio de la Junta de Defensa Nacional extendió el estado de guerra a toda España ―estaría vigente hasta 1948― y en él se establecía que incurriría en el delito de rebelión militar todo aquel que defendiera, activa o pasivamente, el orden constitucional republicano. Entre otras cosas en ese bando firmado por el general Miguel Cabanellas, jefe de la Junta de Defensa Nacional, se decía:
Objetivos thumb|Barrer España, póster propagandístico del bando sublevado que incita a la represión contra comunistas, anarquistas, masones, intelectuales y separatistas para "limpiar" el país.
El objetivo de los sublevados en los territorios que habían caído en sus manos tras el golpe de julio de 1936 y en los que fueron ocupando fue acabar con cualquier vestigio de república. Así lo justificó el propio general Franco en febrero de 1937, cinco meses después de haberse convertido en el Caudillo de la zona sublevada: «En una guerra civil, es preferible una ocupación sistemática de territorio, acompañada de una limpieza necesaria, a una rápida derrota de los ejércitos enemigos que deje el país infestado de adversarios». Un mes más tarde insistiría en la necesidad de la «redención moral de las zonas ocupadas»:
En plena ofensiva de Asturias el coronel Juan Yagüe celebró el 1 de octubre de 1937 el «Día del Caudillo», primer aniversario de la exaltación de Franco a la Jefatura del Estado, en su localidad natal de San Leonardo (provincia de Soria). Allí, vestido con la camisa azul falangista, pronunció un discurso aclamado por sus paisanos en el que tras afirmar que había que «exterminar» a todos los dirigentes obreros dijo lo siguiente:
Yagüe dijo en otra ocasión:
Según el historiador Michael Richards, «se trató de una represión dirigida por el Estado con la intención de llevar a cabo un proyecto político reaccionario» que se realizó «de acuerdo a un plan preconcebido para purgar la sociedad». Por su parte el también historiador Gutmaro Gómez Bravo ha destacado que «el régimen político más violento de la historia española surgió de las cenizas de una guerra civil en la que ya se habían puesto en marcha la mayor parte de los mecanismos de eliminación, física o civil, del enemigo, empezando por su clasificación, separación en grupos y traslado de sus lugares de origen». La razón la expuso el propio Franco: «los criminales y sus víctimas no pueden vivir juntos».
Víctimas y verdugos La «limpieza» de la retaguardia sublevada se llevó a cabo de forma sistemática, consciente y meditada ―«no era el resultado de un mero estallido espontáneo de violencia irracional y pasional como consecuencia de las hostilidades», ha afirmado Enrique Moradiellos―. Desde el principio tuvo un carácter selectivo: fue dirigida inicialmente contra los militares que no se sumaron a la rebelión, contra las autoridades políticas ―gobernadores civiles, alcaldes, concejales, presidentes de las diputaciones, etc.―, contra los dirigentes de los partidos políticos republicanos y de izquierdas ―especialmente si eran diputados a Cortes por el Frente Popular (cuarenta fueron asesinados) o eran masones― y contra los líderes de las organizaciones obreras ―también personas destacadas de izquierdas como el poeta Federico García Lorca, cuyo certificado de defunción recurría a un eufemismo como le ocurrirá a miles de víctimas ejecutadas extrajudicialmente: «a consecuencia de heridas producidas por hechos de guerra»―. Casi todos ellos fueron fusilados sin juicio previo o «paseados» en las primeras semanas de la guerra o más tarde conforme los rebeldes fueron ocupando territorios que tras el golpe habían quedado bajo el control de la República ―«no eran asesinados para dar un escarmiento ejemplar, para que se enteraran sus seguidores, como a veces se dice, sino para arrebatarles el poder, para echar abajo el modelo de sociedad y el sistema de libertades que defendían», ha afirmado Julián Casanova―.
thumb|Grupo de falangistas saludando desde el balcón de su sede de Sevilla en septiembre de 1936. Los falangistas fueron uno de los principales perpetradores de la represión llevada a cabo por los sublevados.
Sus cuerpos quedaron abandonados en las cunetas o junto a las tapias de los cementerios. Por ejemplo, en Galicia fueron fusilados o «paseados» sus cuatro gobernadores civiles ―el de La Coruña, Francisco Pérez Carballo, fue fusilado junto con los dos oficiales que resistieron junto a él en el edificio del gobierno civil; la esposa de Pérez Carballo, Juana Capdevielle, que había abortado tras conocer que su marido había sido ejecutado, fue violada y asesinada por una escuadra falangista, que dejó su cuerpo abandonado en el campo―. En ocasiones, si no conseguían apresar a la persona que buscaban, asesinaban a su familia, como les sucedió al padre, a tres hermanos y a un tío del gobernador civil de Cáceres que fueron «paseados» ―el resto de la familia fue encarcelada y el negocio del padre saqueado―.
Tras los dirigentes, la violencia en la retaguardia sublevada se cebó con los militantes o con los simples simpatizantes de los partidos del Frente Popular y de las organizaciones obreras ―que «cayeron como moscas», subraya Julián Casanova―, así como con determinados colectivos como los maestros, cuyos miembros más progresistas eran especialmente odiados por los conservadores, los católicos y los falangistas ―varios cientos de maestros fueron ejecutados en las primeras semanas sin pasar por ningún tribunal―. También fueron objeto de la violencia personas que simplemente habían sido denunciadas por sus vecinos como elemento «significado y contrario al Movimiento Nacional» [sic]. Los cuerpos aparecían al amanecer en las cunetas, en los descampados o junto a las tapias de los cementerios.
thumb|left|María Domínguez, primera alcaldesa en la historia de España, fue detenida y «paseada» en Fuendejalón (provincia de Zaragoza) a principios de noviembre de 1936.