thumb|250px|Escudo de la policía franquista. La tortura en la dictadura franquista ocupó «un lugar central dentro de los procedimientos policiales y carcelarios», respondiendo al entramado penal que fue «a la vez vengativo y redentorista, militarista y con claras pulsiones totalitarias». Como ha destacado César Lorenzo Rubio, durante la dictadura franquista la práctica de la tortura no solo continuó como había ocurrido en otros periodos de la historia contemporánea de España, «sino que se llevó a extremos nunca conocidos en cuanto a extensión e intensidad». «La tortura a manos de funcionarios del Estado fue una realidad incontestable, sistemática», aunque su extensión y tipología fue cambiando a lo largo del tiempo, «pero nunca desapareció del todo». Francisco Moreno Gómez ha llegado a afirmar que el franquismo creó un «estado general de tortura». Una valoración compartida por César Lorenzo Rubio: «La práctica de la tortura y los malos tratos no fue la excepción, sino la norma. No fue obra de unos pocos agentes del orden, sino de los diferentes cuerpos policiales, militares, de vigilancia penitenciaria… Sus autores no actuaron a su libre albedrío, sino dentro de un sistema que les daba amparo y cobertura. La Brigada Político Social, epítome de la represión política, contó con la colaboración de médicos forenses, secretarios, jueces y fiscales; quienes, a su vez, aplicaron leyes y normativas dictadas por unos gobiernos conscientes y responsables del uso que se les dio».
La tortura en la zona rebelde de la Guerra Civil Española (1936-1939) thumb|300px|Milicianos republicanos caídos prisioneros de los sublevados durante la Batalla de Guadarrama. En la zona sublevada de la guerra civil española la tortura tuvo «un uso endémico y firmemente enraizado en la práctica policial ―especialmente en la policía política― y, por extensión, en el funcionamiento de la maquinaria de enjuiciamiento criminal». Se ha llegado a afirmar que en la zona rebelde se practicó la tortura judicial, ya que en ocasiones se recurría a ella durante el proceso de instrucción y por indicación del juez militar. Las torturas más frecuentes fueron los golpes a los detenidos en distintas partes del cuerpo y el empleo de diversas formas de humillación. También se recurrió a colocar astillas bajo las uñas o a arrancarlas o el uso de electrodos en las partes más sensibles del cuerpo como los genitales ―este último tipo de tortura fue introducido al parecer por los agentes de la Gestapo que asesoraron a la policía franquista―. Las mujeres por su parte sufrieron formas específicas de tortura, que incluían la mutilación del clítoris o la violación, y de humillación como las rapaduras de pelo.
Las torturas y los malos tratos se fueron extendiendo conforme el bando rebelde fue ocupando territorios de la zona leal a la República y se realizaban no solo en comisarías, en cuarteles y en cuartelillos de la Guardia Civil ―estos últimos especialmente en las zonas rurales― y en centros de detención provisionales sino en los locales de Falange. Los verdugos eran los miembros de los distintos organismos policiales y parapoliciales bajo la autoridad suprema del Ejército, entre los que se encontraba el Servicio de Información y Policía Militar (SIPM). Todo ello fue posible porque desde el golpe de Estado en la zona rebelde «se suspendieron las garantías procesales y se impuso un régimen arbitrario de detenciones».
Las torturas y los malos tratos también se produjeron en las prisiones, en los centros de retención provisionales y en los campos de concentración donde los internos ―muchos de ellos sin haber sido acusados formalmente de ningún delito― soportaron unas condiciones de vida deplorables marcadas por «la carestía, la enfermedad, el hacinamiento y la corrupción». No era infrecuente que los que propinaban las palizas a los presos fueran falangistas o familiares de víctimas a los que se dejaba entrar en el establecimiento. Las mujeres por su parte eran objeto de humillaciones y de agresiones sexuales ―en algunas prisiones eran sacadas del recinto por falangistas para violarlas―. Los internos eran objeto de brutales castigos propinados por los funcionarios, muchos de ellos excombatientes, excautivos o familiares de víctimas de la represión en la retaguardia republicana, o por los cabos de vara que reaparecieron en el mundo penitenciario y que también actuaron en los campos de concentración. Los prisioneros de los campos de concentración calificados como «desafectos» también fueron obligados a realizar trabajos forzados en batallones formados al efecto.
Primer franquismo (1939-1959)
Desde su inicio «la dictadura franquista estaba marcada por el signo de la violencia represiva, dentro de la cual la tortura, como forma extrema de aniquilación del enemigo… fue un elemento fundamental». Nada más acabar la guerra civil el cónsul británico en Barcelona ya advertía de lo extendido de su uso. En su informe del 24 de agosto de 1939 exponía lo siguiente:
thumb|300px|Sede de la Dirección General de Seguridad en la Puerta del Sol en Madrid. Fue el centro de torturas más importante del franquismo.
El 5 de enero de 1939, en plena ofensiva de Cataluña, el gobierno franquista reunido en Burgos había creado el Servicio Nacional de Seguridad ―posterior Dirección General de Seguridad (DGS)―, que ocuparía el lugar del Servicio de Información y Policía Militar (SIPM) que había actuado durante la mayor parte de la guerra. Al principio su jefe fue el coronel José Ungría Jiménez, director del SIPM, y después del 23 de septiembre, fecha en que se aprobó la organización de la DGS en cuatro grandes comisarías (Fronteras, Información, Orden Público e Identificación), fue José Finat y Escrivá de Romaní, conde de Mayalde. Partiendo de la información recabada durante la guerra por diversos organismos franquistas, la DGS comenzó a elaborar un enorme fichero de antecedentes político-sociales que en 1944 ya abarcaba unos tres millones de personas fichadas. Y creó el Cuerpo de Policía Armada, formado inicialmente por excautivos y excombatientes. La reorganización del aparato policial franquista se completó con la Ley de Policía de marzo de 1941, que creó el Cuerpo General de Policía. En el preámbulo de la ley se decía que la «nueva policía» no debía regirse por el «apoliticismo» y que debía tener como objetivo «la vigilancia permanente y total indispensable para la vida de la Nación, que en los estados totalitarios se logra merced a una acertada combinación de técnica perfecta y lealtad». En el preámbulo también se hacía referencia a la «policía política, como órgano más eficiente para la defensa del Estado». thumb|left|300px|José Finat y Escrivá de Romaní, jefe de la DGS, junto al líder nazi Himmler en San Sebastián, junto con Gerardo Caballero. De la función específica de perseguir los «delitos sociales y políticos» se ocuparía la Brigada Político-Social (BPS), que sería conocida simplemente como «la Social» y que desde un principio recibió el asesoramiento de agentes de la Gestapo, dirigidos por Paul Winzer destinado en la embajada alemana en Madrid, especialmente en cuanto al uso de diversos métodos de tortura para obtener información o confesiones de los detenidos (latigazos; ahogamientos mediante «la bañera»; corrientes eléctricas; aplastamiento de testículos y dedos; colgamiento con las manos atadas a la espalda; quemaduras en las plantas de los pies y en otras partes del cuerpo) y en técnicas de espionaje e infiltración en grupos de oposición ―el propio José Finat, director general de Seguridad, viajó a la capital alemana para reunirse con Himmler―. La colaboración entre la policía franquista y la Gestapo se remontaba a la guerra civil cuando en noviembre de 1937 se firmó un protocolo secreto por el cual policías del bando sublevado irían a Berlín para ser adiestrados ―ese protocolo secreto fue ampliado por un nuevo acuerdo de colaboración firmado el 31 de julio de 1938―.
En Madrid las torturas tenían lugar en la sede de la DGS en la Puerta del Sol, donde entre otros destacó el comisario Roberto Conesa, y en las comisarías, una de ellas, la de Buenavista, también sede del SIPM, cuyos agentes también participaron en las torturas a los detenidos. En Barcelona el centro principal de torturas fue la sede de la Jefatura Superior de Policía de la Vía Layetana, donde destacaron como torturadores los inspectores de la Brigada Político-Social Pedro Polo Borreguero y los hermanos Antonio Juan Creix y Vicente Juan Creix, a las órdenes del comisario Eduardo Quintela Bóveda. Tanto en Madrid como en Barcelona, como en otras capitales, los policías, singularmente los miembros de la Brigada Político-Social, se ensañaron especialmente con los miembros de partidos políticos de izquierda (PCE, PSOE) y de organizaciones obreras (CNT, FAI, UGT, Juventudes Libertarias) que intentaban reorganizarse en la clandestinidad. Fue el caso, entre muchos otros, de los anarquistas Esteban Pallarols Xirgu o Enrique Marco Nadal, que intentaron reorganizar la CNT ―hasta once de los catorce comités nacionales de la CNT que se formaron en la década de 1940 fueron detenidos por la policía―, o los miembros de las Juventudes Libertarias Fausto González Alonso y José Martínez Guerricabeitia, o los comunistas Gregorio López Raimundo, Heriberto Quiñones, Pedro Vicente, Antonio Palomares, Bonifacio Fernández, Eduardo Sánchez Biedma o Casto García Roza ―muertos estos tres últimos a causa de las torturas―, que intentaron reorganizar el PCE o el PSUC, o el socialista Tomás Centeno. La policía actuaba con total impunidad pues gozaba de la complicidad de los jueces que no solo nunca imputaron a ningún agente, aunque las pruebas de las torturas fueran evidentes, sino que procesaban por desacato o por desobediencia a la autoridad a los detenidos que osaban denunciarlas. La falta de garantías procesales durante la detención y el interrogatorio ―los detenidos carecían de asistencia legal; no existía límite “de facto” para presentar una acusación formal; se menospreciaba la presunción de inocencia, etc.― hacían el resto. thumb|Sede de la Jefatura Superior de Policía en la Vía Layetana de Barcelona. Fue el centro de torturas más importante en Cataluña durante la dictadura franquista.
Un informe de la embajada de Gran Bretaña en España de 1949 remitido al Foreign Office decía lo siguiente:
También recurrieron a la tortura y a otros métodos de «guerra sucia» la Guardia Civil y el Ejército en su lucha contra la guerrilla antifranquista, especialmente durante el denominado «trienio del terror» (1947-1949). No sólo fueron torturados los guerrilleros apresados ―que en muchas ocasiones acabaron siendo fusilados sin juicio o aplicándoles la «ley de fugas»―, sino también sus familias y los presuntos «colaboradores» de las montañas y zonas rurales. La actuación de la Guardia Civil y el Ejército fue revalidada por el Decreto Ley para la Represión del Bandidaje y el Terrorismo, de 18 de abril de 1947. De hecho poco después el general Franco proclamó el estado de guerra en la provincia de Teruel donde actuaba la Agrupación guerrillera de Levante y Aragón.