miniaturadeimagen|Proceso contra el cooperador a la fuga Harry Seidel, considerado una farsa judicial, 1962 El poder judicial de la República Democrática Alemana estaba configurado, conforme a la teoría legal del marxismo-leninismo, como un órgano de ejecución de la voluntad del Partido Socialista Unificado de Alemania (en español, PSUA; en alemán, SED), por contraste con la función de control de la actuación administrativa y de juicio y ejecución de las resoluciones judiciales común en las democracias liberales.Rainer Schröder: Justiz in den deutschen Staaten seit 1933 (forum historiae iuris, 1999) Mientras que en estos regímenes prima la libertad como valor superior del ordenamiento jurídico, los fines jurídicos del derecho en la RDA eran la convivencia ordenada y pacífica de los ciudadanos.
En el orden privado y en delitos comunes, la justicia de la RDA se caracterizaba por su flexibilidad y por una relación de proximidad entre los órganos judiciales y las partes, motivada por la voluntad de jueces y magistrados de involucrarse en las causas que ante ellos se presentaban. Sin embargo, en materias políticas, la regla era la obediencia estricta a la línea de partido. En ambos casos, era común el quebranto de las garantías procesales. En los casos más significativos, el partido se encargaba de supervisar y de enmendar la acusación presentada por el Ministerio Fiscal; para otros supuestos, el partido tenía otros mecanismos de influencia.
En los últimos años de la RDA, la práctica judicial pasó a ser más regular y coherente con respecto al procedimiento y el uso de la jurisprudencia, si bien los órganos judiciales recibían instrucciones de un órgano de gobierno secreto con representantes del Ministerio Público, el Tribunal Supremo y el Comité Central del Partido. Esto contrastaba con la evidente intervención del SED en el poder judicial de los años 50, donde las sentencias ya habían sido preparadas de antemano en casos como el de los juicios de Waldheim. La Stasi también informaba puntualmente a la Secretaría General del Partido del curso de tramitación de causas particulares, y su influencia era notoria en algunos procesos, como los llevados a cabo contra neonazis en los años ochenta.
Conforme a la teoría socialista del Estado y del Derecho, que formaba parte de los currículos de las facultades de Derecho de la RDA, el aparato del Estado, formado por la burocracia, la policía, el ejército y el poder judicial, era un instrumento de poder de las clases dominantes, y la legislación, el reflejo de su poder, conforme al concepto marxista de la superestructura. Los órganos y procedimientos judiciales de la RDA se estructuraban de acuerdo con esta teoría, formando parte de la dictadura del proletariado, legitimada por una democracia socialista que propugnaba los derechos de sufragio y petición como fuente de su poder. La unificación forzada del Partido Comunista y el Partido Socialdemócrata en el SED hizo del nuevo partido el “único representante de la clase obrera”, lo que influyó en la producción normativa y la composición de los órganos judiciales del país.
Carrera judicial El programa del SED otorgaba al poder judicial la función de “disciplinar al Estado y a la clase trabajadora para reforzar la confianza legítima de los ciudadanos”.Walter Ulbricht am 5. März 1954, zitiert nach Falco Werkentin: Politische Strafjustiz in der Ära Ulbricht. Berlin 1997, S. 48. Por ello, se solía hacer hincapié en el reclutamiento de jueces y fiscales entre “camaradas con conciencia de clase”. Se solían seleccionar candidatos con experiencia laboral previa o formación para el trabajo técnico; si carecían de ella, se les asignaban tareas en esos campos. Pocas universidades ofrecían licenciaturas en derecho, y los estudiantes solían ser cribados por el Ministerio de Justicia, el partido y la Stasi, quienes hacían un seguimiento posterior de las vidas de los licenciados. Los planes de estudio de derecho en la RDA tenían una gran carga ideológica y estaban sujetos a inspección y vigilancia continuas por parte de las autoridades; las asignaturas impartidas incluían Comunismo científico, Fundamentos de la Historia del Movimiento Obrero y Ética marxista-leninista.Siegfried Mampel: Die sozialistische Verfassung der Deutschen Demokratischen Republik. Frankfurt am Main 1982, S. 1261. En los primeros años, se recurrió a “magistrados populares” con una formación de unos pocos meses para sustituir al gran número de funcionarios de la carrera judicial recusados por haber sido colaboradores del régimen nacionalsocialista.
Los jueces debían ser seleccionados entre “personas de reconocida personalidad socialista y conciencia de clase firme”. Los consejos de distrito municipal y de distrito seleccionaban a sus jueces respectivos; la Cámara Popular elegía a los magistrados del Tribunal Supremo a propuesta del ministro de Justicia por cuatro (y después por cinco) años, lo cual equivalía, por la ausencia de separación de poderes, al nombramiento directo. Por estos motivos, la carrera judicial no solía ser atractiva. Quienes sí optaban por ella debían ser leales a la línea de partido, “contribuir activamente a la implementación eficaz de las resoluciones del partido”zitiert nach Clemens Vollnhals: Die Macht ist das Allererste. In: Justiz im Dienste der Parteiherrschaft. S. 235. y “preservar su puridad y unidad”. Los jueces díscolos solían ser fáciles de detectar: no eran reelegidos al final de su mandato, en casos excepcionales se les cesaba y en otros eran destinados como mediadores y árbitros laborales. En ocasiones extraordinarias, podían ser condenados penalmente; el juez del distrito municipal de Teterow Uwe Gemballa fue condenado a año y medio de prisión por inducción a injurias contra el Estado debido a su postura discordante con las órdenes oficiales.Zitiert nach Karl Wilhelm Fricke: DDR- Juristen im Konflikt zwischen Gehorsam, Verweigerung und Widerstand. In: Roger Engelmann, Clemens Vollnhals (Hrsg.): Justiz im Dienste der Parteiherrschaft. Ch. Links, Berlin 1999, S. 223. En esos casos, también se les podía degradar a jueces de paz.
La abogacía en la RDA El número de abogados en ejercicio en la RDA a fecha de su desaparición era de alrededor de 530. La mayoría de ellos eran miembros del Colegio de Abogados de su distrito. Aunque legalmente se adquiría la condición de abogado por la colegiación, en la práctica los abogados eran filtrados por el Ministerio de Justicia, el PSUA y la Stasi. Como resultado, las cifras de nuevos abogados eran muy bajas, del orden de 20 nuevos letrados colegiados por año, pues solo eran seleccionados los profesionales que podían ser útiles al partido y la Stasi. La abogacía era una profesión de prestigio en el país, con una remuneración elevada y un alto grado de independencia, pero un 40 por ciento de la facturación anual tenía que ser abonada al Colegio en un pago único que cubría su seguro de responsabilidad civil. Hasta los años sesenta la abogacía era vista con hostilidad por el poder judicial, y era común seguir una estrategia de creación de indefensión en los supuestos de asignación de abogados de oficio. Posteriormente, se introdujo el concepto de “letrado socialista”, y durante el mandato de Erich Honecker más de la mitad de los abogados en ejercicio eran miembros del SED. También era común que los abogados fueran colaboradores informales de la Stasi; se estima que en las décadas de los setenta y ochenta un 16,7 por ciento de los abogados de provincias y un 34,8 por ciento de los de Berlín Este colaboraban con la policía política.Christian Booß: Im goldenen Käfig. Die politische Justiz und die Anwälte in der Arä Honecker . Bundeszentrale für politische Bildung, abgefragt am 10. Juni 2020. Además, el partido y el Ministerio de Seguridad del Estado tenían un cuerpo de abogados de confianza para comedidos específicos.
Muchas personalidades de la RDA y de la Alemania reunificada se dedicaban a la abogacía. De 1988 a 1989, Gregor Gysi fue el Decano del Colegio de Abogados de Berlín Este y a la vez Presidente del Decanato de los 15 Colegios de Abogados de la RDA. El negociador de los intercambios de prisioneros políticos por divisas entre la RFA y la RDA, Wolfgang Vogel, también era abogado; tenía licencia para ejercer en Berlín Oeste y recibía minutas en marcos alemanes. El jurisconsulto y penalista Friedrich Karl Kaul también se encargó de la defensa de activistas de izquierda en la RFA como la cazadora de nazis Beate Klarsfeld, y era el director del programa de divulgación legal de la televisión de la RDA Pregunte al Profesor Kaul. Friedrich Wolff era un conocido letrado berlinés que asumió la defensa de oficio de muchos políticos de Alemania Occidental con antecedentes en el régimen nazi, como Theodor Oberländer (1960) o Hans Globke (1963). Posteriormente defendió a antiguos líderes del régimen comunista como Erich Honecker, Hans Modrow y Werner Grossmann. Wolff también dirigió el programa de consultas legales Alles im Recht.
Muchos abogados destacados fueron figuras destacadas en el fin de la RDA. Posteriormente, algunos de ellos han sido acusados de tener lazos con la Stasi, como Gregor Gysi (miembro del PSUA y luego líder del Partido del Socialismo Democrático), el primer ministro democratacristiano Lothar de Maizière, el conservador Wolfgang Schnur, el activista de derechos civiles Rolf Heinrich y el abogado mercantil Peter-Michael Diestel, miembro de la Unión Social Alemana, un partido conservador.
La Stasi como órgano de investigación El Ministerio para la Seguridad del Estado (MfS, Stasi) también tenía potestades de seguridad pública e investigatorias, junto a las de policía y aduana, conforme a la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 1968. Su División Novena de Investigación Central se encargaba de la instrucción de todas las causas políticas, y su División Undécima tenía asignados las causas de crímenes de guerra y del régimen nacionalsocialista. Esta división tenía sus servicios centrales en la sede de la Stasi de Berlín y servicios periféricos en todos los distritos, que tenían idénticas potestades. La Stasi tenía sus propios centros de internamiento en Berlín y en el resto de los distritos, a cargo de la División Decimocuarta, de la que dependía funcionalmente la cárcel de Bautzen II, donde el Ministerio asignaba a sus cargos de confianza para ejercer funciones de intervención y control sobre los presos políticos internados. Sin embargo, pese a ser llamada “la jaula de la Stasi”, la cárcel de Bautzen II dependía orgánicamente, como todos los centros penitenciarios de la RDA, del Ministerio del Interior, y la mayoría de su personal estaba adscrito a la Policía Popular.
Indultos Se concedieron indultos a delincuentes comunes los días 7 de octubre de 1972, 1979 y 1987, en conmemoración del día nacional de la RDA.
Jurisdicción Cívica o de lo Social (Comités de Conflicto y Comités de Arbitraje) La jurisdicción cívica o de lo social estaba compuesta por "órganos de administración socialista de justicia" presididos por ciudadanos jurados, y comprendía los Comités de Conflicto y Comités de Arbitraje. La jurisdicción cívica conocía de los litigios laborales, incluidos los que se producían en el seno de las Comisiones de Promoción de la Productividad (unos órganos de participación laboral en que los trabajadores podían hacer propuestas de innovación o mejora en el proceso productivo), litigios civiles, causas delegadas por la fiscalía o los órganos judiciales; injurias, calumnias, allanamientos; y el régimen disciplinario de los centros de enseñanza obligatoria. El artículo 92 de la Constitución de la RDA de 1968 especificaba que
Jurisdicción contencioso-administrativa