thumb|El Partido Demócrata Cristiano creía que robusteciendo los derechos políticos, sociales y los derechos humanos a nivel constitucional impedirían que el Gobierno de Salvador Allende cayeran en cualquier lógica totalitaria. El Estatuto de Garantías Democráticas, también conocido como Estatuto de Garantías Constitucionales o como Pacto de garantías democráticas, fue una reforma constitucional impulsada y aprobada por el gobierno de Eduardo Frei Montalva como condición del Partido Demócrata Cristiano (PDC) para apoyar con sus votos en el Congreso la ratificación de Salvador Allende como presidente de Chile, luego de su triunfo en la elección presidencial del 4 de septiembre de 1970.
La reforma apuntaba a asegurar la libertad de expresión, el derecho a reunión, el sistema nacional de educación, la inviolabilidad de la correspondencia, los derechos de los trabajadores y sus organizaciones sindicales, la libertad ambulatoria y su régimen, el fortalecimiento de la propiedad privada, la limitación de la expropiación irracional, los derechos de las diversas organizaciones sociales y las bases constitucionales de la fuerza pública para impedir el paramilitarismo, entre otros.
Antecedentes Según lo establecido por la Constitución de 1925, en Chile no existía segunda vuelta electoral, por lo tanto, si un candidato presidencial no alcanzaba la mayoría absoluta de los votos, entonces el Congreso Pleno debía elegir como presidente a uno de los dos candidatos más votados. La utilización del Congreso Pleno para elegir al presidente había ocurrido en tres de las últimas cuatro elecciones previas a 1970 (1946, 1952 y 1958) y en esas tres ocasiones el Congreso Pleno había votado a favor del candidato con la más alta mayoría relativa de los votos. La elección del 4 de septiembre de 1970 había dado como sorpresivo ganador a Salvador Allende con una mayoría relativa de 36,63 %, seguido por el candidato de la derecha Jorge Alessandri con un 35,29 % y en tercer lugar por el democratacristiano Radomiro Tomic con un 28,08 % de los votos. Por lo tanto, en votación a efectuarse el 24 de octubre, el Congreso Pleno —integrado por los ciento cincuenta diputados y cincuenta senadores— debía elegir a Allende o Alessandri y se esperaba que, por tradición y por ser primera mayoría, Allende fuera ratificado como presidente. Sin embargo, la Unidad Popular (UP) por sí sola contaba solo con 85 votos de 200 en total, por lo que necesitaba el apoyo del Partido Demócrata Cristiano, que sumaba 75 votos, para alcanzar la mayoría.
La «fórmula Alessandri» El comando de Alessandri, por su parte, inmediatamente puso en duda el triunfo de Allende. El domingo 6 de septiembre su vocero, Enrique Ortúzar, cuestionó el resultado, mientras que el propio Alessandrí recién rompió su silencio el 9 de septiembre, cinco días después de la elección, mediante un comunicado dirigido a la opinión pública en donde solo se limitó a agradecer a sus votantes y a afirmar:
Esta declaración de Alessandri inició una especulación acerca de la posibilidad de que el Congreso Pleno lo eligiera a él, segunda mayoría, en vez de Allende, para que después renunciara y en una nueva elección ganara nuevamente el Partido Demócrata Cristiano, al punto que el domingo 13 El Mercurio refrendó dicha postura:
Posición del PDC Radomiro Tomic se reunió con Allende en la mañana del sábado 5 de septiembre para saludarlo por su triunfo y en los días siguientes Allende comenzó a recibir el saludo de varias figuras y parlamentarios de la colectividad. Dentro del gobierno, no obstante, existía desazón en el gobierno por el resultado. Por razones formales el presidente Eduardo Frei aún no podía reconocer a Allende como presidente electo, sin embargo, a su juicio, un gobierno de la UP llevaría directamente al establecimiento de un Estado «marxista-leninista» en Chile. Si bien la directiva del PDC emitió una declaración el martes 8 rechazando las declaraciones de Ortúzar del día 6, Frei y el gobierno evitaron referirse públicamente sobre el tema. Por lo tanto, al interior del partido había dos posturas: una dispuesta a apoyar a Allende y otra que lo rechazaba.
Negociación del estatuto
Apertura del PDC a las «garantías» El PDC se refirió por primera vez al concepto de «garantías» el martes 8 de septiembre cuando anunció, a través de un comunicado, la conformación de una comisión especial «encargada de estudiar una proposición de las medidas que el Partido considera fundamentales para garantizar en Chile la preservación del Régimen Político Democrático y la realición periódica de elecciones para renovar autoridades del país». La idea fue reafirmada la noche del jueves 10 en cadena nacional por el senador Benjamín Prado, presidente del PDC, quien aseguró que el proceso electoral no había concluido y afirmó que «el señor Allende debe dar garantías a todos los chilenos de que en su gobierno permanecerán vigentes los valores fundamentales de una sociedad pluralista».
Allende respondió dos días después. Ante una multitudinaria concentración de adherentes, afirmó que estaba abierto al diálogo con el PDC: «La Democracia Cristiana tiene perfecto derecho a platear sus posiciones. Yo le digo que los dirigentes de la Unidad Popular no nos negamos al diálogo».
El lunes 14 la comisión especial del PDC, compuesta por Prado, Renán Fuentealba, Patricio Aylwin, Jaime Castillo y Luis Maira, aprobó en general la solicitud de garantías a Allende, y el texto comenzó a ser afinado durante los días siguientes.Después de una semana, el Consejo Nacional del partido aprobó el texto el martes 22 y al día siguiente, en la noche, la directiva acudió a la casa de Allende y se lo entregó personalmente. En la mañana del jueves 24, el PDC entregó una versión del documento a los medios de comunicación y anunció la realización de la Junta Nacional del partido los días 3 y 4 de octubre, ocasión en la que el PDC iba a definir si apoyaba a Allende o no de cara al Congreso Pleno fijado para el 24 de octubre.
Garantías solicitadas En el texto dado a conocer públicamente, las garantías solicitadas a Allende estaban resumidas en siete puntos:
Mantención del régimen democrático vigente. Reconocimiento a la existencia de los partidos políticos y el libre acceso a los medios de comunicación en igualdad de condiciones. Respeto al derecho de universidades, partidos y otras organizaciones para mantener medios de comunicación. Subsistencia de la libertad de prensa y de expresión. Subsistencia del régimen político separado en tres poderes independientes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), sin la intervención de otros órganos «que actúen en nombre de un supuesto poder popular». La mantención de la «libertad y orientación pluralista» del sistema educacional chileno, junto con la autonomía académica, administrativa y financiera de las universidades. El «más amplio respeto» a organizaciones comunitarias como sindicatos, cooperativas, juntas de vecinos y centros de madres. Y el respeto a las estructuras orgánicas de las Fuerzas Armadas y de Carabineros, junto con no crear organizaciones armadas paralelas a las instituciones vigentes.
La directiva DC, no obstante, también entregó a Allende un segundo documento, más detallado, el cual no fue dado a conocer públicamente a petición del mismo Allende para facilitar la discusión interna dentro de la UP. En este segundo documento, el PDC también exigía «que se reserve a los comandantes en jefe de las tres ramas de las Fuerzas Armadas y al general director de Carabineros, la facultad plena para el nombramiento de jefes, oficiales y personal de dichas instituciones, de acuerdo a criterios técnicos y a las necesidades de ellas». En otras palabras, solicitaba privar al presidente del control civil sobre las Fuerzas Armadas.Esta proposición solo se conocería nueve días después, luego de que el embajador de Estados Unidos Edward Korry la filtrara a El Mercurio.
Respuesta de la UP Allende respondió al emplazamiento seis días después, el martes 29, con la entrega a Benjamín Prado de un documento que representaba su posición y de la Unidad Popular. Su respuesta, en el fondo, no rechazaba de manera explícita la solicitud de garantías, pero tampoco la aceptaba, pues si la UP se allanaba de manera inmediata a la demanda de garantías, hubiese sido una manera de admitir o reconocer que «representaba una amenaza para la democracia».
En el texto —redactado en realidad por José Tohá y Jacques Chonchol—, Allende manifestó estar de acuerdo con «la necesidad de garantizar la plena subsistencia de un régimen de convivencia democrática y de libertades» y valoró las coincidencias programáticas entre los programas del Partido Demócrata Cristiano y la Unidad Popular. No obstante, declinó plegarse a las garantías y detalló que eran principios que la UP ya defendía. Si había una garantía, aseguró, era él mismo:
El único punto que Allende rechazó de manera clara y categórica era la posibilidad de perder la facultad de nombramientos de los altos mandos en Carabineros y las Fuerzas Armadas: «Debo expresar, al respecto, que soy intransigente defensor de las prerrogativas del Jefe de Estado. Afirmo que, como Primer Mandatario, ni siquiera la Unidad Popular tendrá derecho a intervenir en la designación de los Altos Mandos, porque esto es una atribución privativa del Presidente de la República, y seré celoso cautelador de mis atribuciones constitucionales».
Acuerdo de estatuto El Consejo Nacional del Partido Demócrata Cristiano no tardó en responder y al día siguiente, el miércoles 30, manifestó su parecer: en un comunicado afirmó que si bien valoraba los criterios planteados por el senador Allende, el documento que entregó «no contiene una respuesta completa y satisfactorias a las proposiciones concretas que el Partido Demócrata Cristiano le formuló para traducir sus planteamientos en garantías reales y efectivas». Por lo tanto, agregó en la declaración pública, «la Democracia Cristiana considera indispensable que esos criterios se traduzcan en un Estatuto Jurídico de garantías democráticas que tengan consagración constitucional mediante un Proyecto elaborado de común acuerdo, que se estudie, presente y apruebe por el Parlamento en el plazo más breve posible».
Según Benjamín Prado, de no acordar un estatuto era prácticamente imposible que los parlamentarios democratacristianos votaran a favor de Allende; lo más probable era que recibieran la orden de abtenerse y después la directiva de Prado sería reemplazada «por una más dura».
Si el PDC se abstenía, Allende podía ser elegido presidente con los votos de la UP. Pero tras la respuesta del Partido Demócrata Cristiano, ahora la postura de Allende era incorporar el estatuto a la Constitución —excepto lo referente a eliminar las prerrogativas presidenciales en materia de nombramiento de altos mandos en Fuerzas Armadas— y formar una comisión mixta para su redacción. Así se lo hizo saber al Comando Nacional de la Unidad Popular —a través de Orlando Budnevich, del Partido Social Demócrata—, que se reunió el 1 de octubre para tomar una decisión. Aceptar el estatuto, según Allende, demostraría buena voluntad por parte de la Unidad Popular y, además, permitíría la posibilidad de incorporar derechos sociales a la Constitución.